Héctor Patricio Ramírez Juárez
Expediente 294/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 294/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/04/2019
Partes del expediente
- Héctor Patricio Ramírez Juárez
Actuaciones
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. Téngase a la presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, rindiendo su informe justificado y remitiendo copias certificadas de la constancia relativa al acto que en esta instancia se reclama; en tal razón, agréguense a sus autos para que obren como correspondan. En otro contexto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el sobreseimiento del juicio de garantías se debe decretar cuando sobrevenga una causa de improcedencia, lo cual se puede dar en cualquier momento del juicio; pues bien, en el presente caso, este Juzgado de Distrito estima que referente al acto reclamado por Héctor Patricio Ramírez Juárez, sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causal de improcedencia de que se trata, también es de utilidad transcribir la fracción I, del artículo 77, de la Ley de Amparo: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y (.)" La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo IX, Junio de 1999, página 38, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo sumario, a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, el acto reclamado por Héctor Patricio Ramírez Juárez, se hace consistir en la omisión por parte de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad, en pronunciar el acuerdo respectivo a sus escritos presentados el siete de febrero, dos de marzo, cuatro de abril, dos de julio, y dos de agosto de dos mil dieciocho, en los que uniformemente le solicita se requiera a la parte demandada dentro del juicio laboral, proporcione el último domicilio que tenga registrado en sus archivos del C. Hugo Valdéz, así como de los testigos que fueron propuestos por el aquí quejoso, a fin de lograr su comparecencia dentro del expediente laboral 210/E06/2016. Posteriormente, del propio informe justificado rendido por la autoridad responsable y de la constancia que en copia certificada se anexa, relativa al expediente administrativo laboral 210/E06/2016, se desprende el proveído de veintidós de abril de dos mil diecinueve, en el cual se pronunció en cuanto a lo solicitado por la parte agraviada, del que se advierte, en lo que aquí interesa, que requirió a la parte demandada para que dentro del términos de tres días, contados a partir de su debida notificación, le informara si en sus archivos tiene registrado algún domicilio del absolvente Hugo Valdez y de los testigos, y en su caso aportara los mismos, a fin de continuar con el procedimiento laboral. Subsanándose con ello la omisión que en esencia generó la causa de pedir del doliente; siendo inconcuso que han cesado los efectos del acto reclamado. Constancia a la que, por ser expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones, se le atribuye el valor de prueba plena, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el numeral 2°, de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, respecto del acto reclamado atribuido a la autoridad señalada como responsable, al haber sobrevenido la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de la materia, en relación con el 63, fracción V, del invocado ordenamiento. No constituye obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento de este juicio de garantías sin que preceda audiencia constitucional, pues la causal de improcedencia de que se habla es notoria, y a nada práctico conduciría esperar hasta el desahogo de la audiencia para tal determinación, si el resultado del fallo sería en el mismo sentido, lo cual es acorde con la garantía establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la administración de justicia tiene que ser pronta y expedita. Tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia, 2a./J. 10/2003, emitida por la Segundad Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, del mes de marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Finalmente, en virtud de lo antes expuesto, se ordena dejar sin efectos la audiencia constitucional que se encuentra programada para las diez horas con veinticinco minutos del tres de mayo de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
II...De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), notifico al tercero interesado XT, SEM-LAB, sociedad Anónima de Capital variable, por conducto de su apoderado legal, el proveído de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, por medio de lista, al no haber acudido a este juzgado a recibir la notificación de referencia de manera personal.
- Principal
De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), notifico al quejoso Héctor Patricio Ramírez Juárez, el auto de cinco de abril de dos mil diecinueve, por medio de lista, al no haber acudido a este juzgado a recibir la notificación de referencia de manera personal.
- Principal
De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b) y c), de la Ley de Amparo, emplazo al presente juicio a la persona moral tercero interesada XT, SEM-LAB, S. A de C. V., por conducto de su representante legal, como está ordenado en el auto de cinco de abril de dos mil diecinueve, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación y emplazamiento respectivos de manera personal.
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