Héctor Omar Vindiola Morales
Expediente 777/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 777/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz con sede en Xalapa.
- Héctor Omar Vindiola Morales
Actuaciones
- Principal
MESA I-A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos; se advierte que, en la especie, mediante proveído de veintiuno de julio pasado, se desechó la demanda de garantías promovida por Héctor Omar Vindiola Morales, el cual se notificó el treinta y uno de agosto siguiente (foja 42 vuelta); como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Por tanto, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción, ello de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA I-A "... Agréguese el oficio del Juzgado Segundo Mixto de Primera Instancia de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 239/2017 del índice de este Juzgado, por los motivos que ahí expone. Dese de baja en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, vista la razón asentada por el Actuario adscrito al Juzgado Segundo Mixto de primera Instancia de Miahuatlán de Porfirio Díaz, de la que se advierte la imposibilidad para notificar el auto de veintiuno de julio de esta anualidad, a la parte quejosa, toda vez que fue puesto en libertad el uno de julio de esta anualidad. En consecuencia, con fundamento en el 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar dicha determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos... Vista la demanda de amparo promovida por Héctor Omar Vindiola Morales, contra actos del Juzgado Primero de Distrito del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 777/2017. Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia con relación a la demanda de amparo. En el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo; la cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resienta una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". De dichos preceptos, se advierte que para que el juicio de amparo sea procedente, se requiere que el quejoso cuente con interés jurídico o con interés legítimo. Ahora bien, de conformidad con el artículo 107 de la Constitución Federal, para efectos del juicio de amparo, tendrá el carácter de parte agraviada quien cumpla con las siguientes condiciones: 1) Aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) Alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) Demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Por otra parte, debe entenderse que la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales, como en la especie, necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. En tal contexto, los artículos transcritos revelan que, el ejercicio de la acción constitucional está reservada únicamente a quien resiente una afectación real y actual en su esfera jurídica, siempre que la norma, acto u omisión reclamados violen derechos humanos. La noción de afectación jurídica para que proceda la acción constitucional, presupone: 1) La existencia de un derecho legítimamente tutelado; y, 2) La afectación de ese derecho, por el acto de autoridad. De modo que al ser transgredido ese derecho por la actuación de una autoridad o por la Ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando el cese de esa transgresión. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo; destacando que, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal cuestión acontezca, es menester que el derecho objetivo se haga cargo de ellos, a través de una o varias de sus normas. Es decir, la génesis de la acción constitucional, en el caso concreto, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado por el ordenamiento legal objetivo, cuyo derecho constituye el interés jurídico que, entre los intereses que pueden concurrir en un gobernado, para que sea jurídico, y por consiguiente, legalmente protegido, precisa estar reconocido y amparado por la norma legal (derecho positivo vigente), de tal manera que cuando con los actos de autoridad se afecte ese derecho, irrogue agravio real, personal, directo y actual en su esfera jurídica. Se requiere como mínimo, aunque no exclusivamente, la demostración de una afectación en cierta esfera jurídica, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. En el caso, el solicitante de amparo se duele de que la autoridad responsable no ha dado contestación a sus escritos de petición, ya que le han sido rechazados en razón de que la dirección a la que los ha dirigido no es la indicada, toda vez que dicha dirección cambió. En ese contexto, de lo manifestado expresamente por el quejoso en su escrito de demanda, se advierte que la autoridad responsable no ha recibido los escritos de petición que refiere haberle formulado el impetrante, en razón de que éste los ha dirigido a una dirección diversa a la del local que ocupa la autoridad responsable, ya que indica, ésta ha cambiado; por tanto es evidente que dicha autoridad no ha estado en posibilidad de conocer los escritos de petición que le ha formulado el solicitante de amparo, y así darle contestación a los mismos, por causas ajenas a la responsable, ya que el propio quejoso señala que desconoce su domicilio correcto. En ese sentido, el solicitante de amparo no demuestra haber resentido una afectación en su esfera jurídica, pues no acredita haber hecho llegar sus escritos a la autoridad responsable para que ésta estuviera en aptitud de darles contestación, por lo que al no recibir dicha autoridad los escritos, no estaría trasgrediendo los derechos fundamentales del quejoso; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia invocada. En esas condiciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61 fracción XII, se desecha de plano la demanda de amparo. Por otra parte, vista la certificación de cuenta y tomando en consideración lo solicitado por el quejoso en su escrito de demanda, se le informa que la dirección que aparece en el sistema intranet del Poder Judicial de la Federación del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, es la siguiente: AV. CULTURAS VERACRUZANAS NO. 120 COL. LA RESERVA TERRITORIAL XALAPA, VER. C.P. 91096. Asimismo, se le informa que en dicho sistema se observa que la dirección del Juzgado Primero de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, con sede en Villa Aldama, es la siguiente: LERDO DE TEJADA S/N CONGREGACION CERRO DE LEON VILLA ALDAMA 91345 Tomando en consideración que el quejoso está interno en el Centro Federal de Readaptación Social, número Trece CPS-OAXACA, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por reenvío del numeral 2° de la Ley de Amparo, líbrese despacho al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, encomiende a quien corresponda, a efecto de que se constituya en dicho centro, lugar en donde se encuentra privado de su libertad el quejoso le notifique el presente auto. Si por cuestiones de seguridad no es dable para la autoridad que corresponda notificar el auto citado al quejoso, requiérase a tal autoridad para que, por los medios que se estime conveniente, lo ponga a disposición del justiciable a fin de que este pueda conocer efectivamente lo que se les notifica, lo cual deberá asentar en la razón respectiva. Una vez que se haya llevado a cabo la diligencia de notificación de referencia, se sirva remitir de inmediato a este Órgano Jurisdiccional el despacho citado. De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de sus publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella..."
- Principal
MESA I-A "... Vista la demanda de amparo promovida por Héctor Omar Vindiola Morales, contra actos del Juzgado Primero de Distrito del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 777/2017. Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia con relación a la demanda de amparo. En el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo; la cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resienta una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". De dichos preceptos, se advierte que para que el juicio de amparo sea procedente, se requiere que el quejoso cuente con interés jurídico o con interés legítimo. Ahora bien, de conformidad con el artículo 107 de la Constitución Federal, para efectos del juicio de amparo, tendrá el carácter de parte agraviada quien cumpla con las siguientes condiciones: 1) Aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) Alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) Demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Por otra parte, debe entenderse que la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales, como en la especie, necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. En tal contexto, los artículos transcritos revelan que, el ejercicio de la acción constitucional está reservada únicamente a quien resiente una afectación real y actual en su esfera jurídica, siempre que la norma, acto u omisión reclamados violen derechos humanos. La noción de afectación jurídica para que proceda la acción constitucional, presupone: 1) La existencia de un derecho legítimamente tutelado; y, 2) La afectación de ese derecho, por el acto de autoridad. De modo que al ser transgredido ese derecho por la actuación de una autoridad o por la Ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando el cese de esa transgresión. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo; destacando que, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal cuestión acontezca, es menester que el derecho objetivo se haga cargo de ellos, a través de una o varias de sus normas. Es decir, la génesis de la acción constitucional, en el caso concreto, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado por el ordenamiento legal objetivo, cuyo derecho constituye el interés jurídico que, entre los intereses que pueden concurrir en un gobernado, para que sea jurídico, y por consiguiente, legalmente protegido, precisa estar reconocido y amparado por la norma legal (derecho positivo vigente), de tal manera que cuando con los actos de autoridad se afecte ese derecho, irrogue agravio real, personal, directo y actual en su esfera jurídica. Se requiere como mínimo, aunque no exclusivamente, la demostración de una afectación en cierta esfera jurídica, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. En el caso, el solicitante de amparo se duele de que la autoridad responsable no ha dado contestación a sus escritos de petición, ya que le han sido rechazados en razón de que la dirección a la que los ha dirigido no es la indicada, toda vez que dicha dirección cambió. En ese contexto, de lo manifestado expresamente por el quejoso en su escrito de demanda, se advierte que la autoridad responsable no ha recibido los escritos de petición que refiere haberle formulado el impetrante, en razón de que éste los ha dirigido a una dirección diversa a la del local que ocupa la autoridad responsable, ya que indica, ésta ha cambiado; por tanto es evidente que dicha autoridad no ha estado en posibilidad de conocer los escritos de petición que le ha formulado el solicitante de amparo, y así darle contestación a los mismos, por causas ajenas a la responsable, ya que el propio quejoso señala que desconoce su domicilio correcto. En ese sentido, el solicitante de amparo no demuestra haber resentido una afectación en su esfera jurídica, pues no acredita haber hecho llegar sus escritos a la autoridad responsable para que ésta estuviera en aptitud de darles contestación, por lo que al no recibir dicha autoridad los escritos, no estaría trasgrediendo los derechos fundamentales del quejoso; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia invocada. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la sustentan, la tesis XXI.2o.P.A.11A (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 1386, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. SI EL ACTO RECLAMADO EN EL AMPARO LO CONSTITUYE LA NEGATIVA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE A RECIBIR EL ESCRITO RELATIVO, CORRESPONDE AL QUEJOSO ACREDITAR QUE SE CONSTITUYÓ ANTE ÉSTA. Los elementos del denominado derecho de petición son: 1) Debe formularse de manera pacífica y respetuosa; 2) Ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada, y 3) El peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. En ese sentido, si el acto reclamado en el amparo lo constituye la negativa de la autoridad responsable a recibir el escrito que contiene la petición relativa, corresponde al quejoso acreditar que se constituyó ante ésta, en virtud de que para la existencia de la conducta negativa se requiere, necesaria y previamente, la solicitud del particular." Asimismo, apoya a lo anterior la tesis II.T.Aux.11A, emitida por el Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México , publicada en la página 3143, Tomo XXX, Septiembre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ACUSE DE RECIBO ORIGINAL QUE CONTIENE LA PETICIÓN FORMULADA A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, CUANDO ÉSTA NO DÉ RESPUESTA EN EL PLAZO LEGAL A LA SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE QUE HA OPERADO LA AFIRMATIVA FICTA, ES SUFICIENTE PARA ACREDITARLO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). El artículo 135 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México establece que las autoridades del Poder Ejecutivo de dicha entidad, Municipios y organismos descentralizados con funciones de autoridad de carácter estatal o municipal se encuentran obligadas a dar contestación a las solicitudes que les formulen los particulares, estableciéndose que la omisión de cumplir con dicha disposición dentro del plazo de treinta días genera consecuencias legales, como la afirmativa ficta, la cual se actualiza cuando se trate de peticiones que den inicio a procedimientos regulados por el Código Administrativo local, con las excepciones que éste establece, para lo cual no sólo es necesario el transcurso del tiempo, sino que debe obtenerse una certificación por parte de la autoridad de que aquélla ha operado, o bien, en caso de que se omita atender la petición relativa en el plazo de tres días hábiles, basta para acreditarla la presentación del documento con acuse de recibo original que contenga la petición formulada en la que aparezca claramente, o sello fechador original de la dependencia o la constancia de recepción con firma original del servidor público respectivo. Por tal motivo, al ser el interés jurídico un derecho subjetivo que deriva de una norma objetiva, y siendo que el propio legislador estableció que la presentación del indicado acuse de recibo produce todos sus efectos legales ante las autoridades administrativas, es evidente que cuando la autoridad no dé respuesta a la señalada solicitud de certificación, dicho acuse es suficiente para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo." En esas condiciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61 fracción XII, se desecha de plano la demanda de amparo. Por otra parte, vista la certificación de cuenta y tomando en consideración lo solicitado por el quejoso en su escrito de demanda, se le informa que la dirección que aparece en el sistema intranet del Poder Judicial de la Federación del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, es la siguiente: AV. CULTURAS VERACRUZANAS NO. 120 COL. LA RESERVA TERRITORIAL XALAPA, VER. C.P. 91096. Asimismo, se le informa que en dicho sistema se observa que la dirección del Juzgado Primero de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, con sede en Villa Aldama, es la siguiente: LERDO DE TEJADA S/N CONGREGACION CERRO DE LEON VILLA ALDAMA 91345 Tomando en consideración que el quejoso está interno en el Centro Federal de Readaptación Social, número Trece CPS-OAXACA, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por reenvío del numeral 2° de la Ley de Amparo, líbrese despacho al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, encomiende a quien corresponda, a efecto de que se constituya en dicho centro, lugar en donde se encuentra privado de su libertad el quejoso le notifique el presente auto. Si por cuestiones de seguridad no es dable para la autoridad que corresponda notificar el auto citado al quejoso, requiérase a tal autoridad para que, por los medios que se estime conveniente, lo ponga a disposición del justiciable a fin de que este pueda conocer efectivamente lo que se les notifica, lo cual deberá asentar en la razón respectiva. Una vez que se haya llevado a cabo la diligencia de notificación de referencia, se sirva remitir de inmediato a este Órgano Jurisdiccional el despacho citado. De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de sus publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella..." (SE NOTIFICA POR ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE 30 DE AGOSTO DE 2017. CONSTE)
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