Héctor Omar Terrones Ruiz Esparza

Expediente 1802/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1802/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Héctor Omar Terrones Ruiz Esparza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese el oficio signado por la autoridad responsable Recaudador de Rentas de Gómez Palacio, Durango, para que obre como legalmente corresponda. Acuerdo. Atento a su contenido, téngasele informando las gestiones tendentes para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, de conformidad con el artículo 193, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  2. Incidental

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Escrito. Agréguese a los presentes autos el escrito remitido por ********************, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita acceso al expediente electrónico. Asimismo, proporciona el correo electrónico ********************@prodigy.net.mx. Consulta expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 3 y 21 de la Ley de Amparo, y demás relativos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la compareciente acceder al expediente electrónico del presente juicio, a través del usuario "********************". En consecuencia, se instruye al Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice el trámite correspondiente. Notifíquese.

  3. Incidental

    Por lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, se declara legalmente incompetente para decidir el juicio de amparo 685/2023, promovido por Ernesto Domínguez Vázquez, por los motivos expuestos en el considerando primero de esta resolución. Notifíquese.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a quince de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y al estimarse que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia respecto del cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo por la autoridad responsable, tomando en consideración, en su caso, las constancias agregadas en autos. Acuerdo. A fin de estar en posibilidad de proveer respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer los antecedentes que interesan: 1. El quejoso José Reyes Salazar del Bosque, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Delegado en Coahuila del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Saltillo, consistentes en la omisión de emitir respuesta y su respectiva notificación al escrito presentado el trece de diciembre de dos mil diecinueve. 2. Demanda que se turnó a este Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, quedando registrada con el número estadístico 965/2020-III-A, en cuyo expediente se emitió acuerdo el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, en el que se admitió a trámite la citada demanda. 3. Seguida la secuela del procedimiento por todas sus etapas, el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia constitucional en la que se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión al referido quejoso, contra los actos reclamados al Delegado en Coahuila del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Saltillo, para los siguientes efectos: "1. Notificar al quejoso la resolución o acuerdo recaído a su solicitud. Lo anterior en el domicilio que para tal efecto señaló el quejoso en su escrito de solicitud de trece de diciembre de dos mil diecinueve. Lo que deberá acreditar con constancias fehacientes en el plazo de tres días siguientes a la notificación de la ejecutoria de esta sentencia constitucional, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo." 4. Por acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria el juicio de amparo en que se actúa, por ello, en esa fecha se requirió por primera vez a la autoridad responsable Delegado en Coahuila del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Saltillo, para que cumpliera con los efectos del fallo protector. 5. Por acuerdo de diecinueve de enero de dos mil veintidós, se dio vista con el cumplimiento otorgado por la autoridad responsable, dictándose el cumplimiento respectivo en auto de tres de febrero de dos mil veintidós. 6. En proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintidós la parte quejosa interpuso inconformidad en contra del auto de cumplimiento dictado por este órgano jurisdiccional, mismo que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito de esta ciudad, mismo que resolvió en los siguientes términos: "ÚNICO. Se declara FUNDADO el recurso de inconformidad interpuesto por José Reyes Salazar del Bosque, contra el proveído de tres de febrero de dos mil veintidós, emitido por el Juez Primero de Distrito en La Laguna, en el juicio de amparo indirecto 965/2020." 7. En cumplimiento a lo determinado por la superioridad, se requirió cumplimiento a la autoridad responsable Delegado en Coahuila del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Saltillo. 8. En proveídos de veintinueve de marzo, dos de junio y nueve de agosto de dos mil veintitrés, se requirió el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin recibir respuesta alguna por la autoridad responsable. Se declara no cumplido el fallo protector. En tales condiciones, se estima que tal hecho constituye una notoria evasiva en el cumplimiento del fallo protector, ya que no obstante los diversos requerimientos por este órgano jurisdiccional, las citadas autoridades responsables han sido omisas en acatar lo ordenado. Incidente de inejecución. De ahí, si la actitud desplegada por las autoridades responsables se traducen en una evidente omisión en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; por ello, de conformidad con el acuerdo general número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las salas y a los tribunales colegiados de circuito, resulta procedente remitir los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia, en términos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal. Por tanto, fórmese cuaderno de antecedentes por separado, déjese constancia de este proveído así como de las demás constancias que se requieran para lograr su cabal cumplimiento. Sirve a lo anterior, la jurisprudencias 137/2008 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, octubre 2008, página 442, con número de registro 168712, del texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA EN AMPARO INDIRECTO. EN TÉRMINOS DEL ACUERDO GENERAL 5/2001 DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE PREVINO EN EL CONOCIMIENTO DEL RECURSO DE REVISIÓN. Con motivo de la reforma al párrafo séptimo del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 11 de junio de 1999, se facultó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a expedir acuerdos generales a efecto de remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito todos los asuntos en los que se hubiere establecido jurisprudencia, los que no revistan interés o trascendencia, o en los que el mismo Alto Tribunal estime innecesaria su intervención. En ejercicio de tal facultad, el 21 de junio de 2001 el Tribunal Pleno emitió el Acuerdo General 5/2001, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y al envío de los de su competencia originaria a los Tribunales Colegiados de Circuito. Entre estos últimos se encuentran los incidentes de inejecución a que se refiere el artículo 105 de la Ley de Amparo, derivados de sentencias en que se concede el amparo, dictadas por Jueces de Distrito o Tribunales Unitarios, conforme al punto quinto, fracción IV, que en relación con el punto décimo, fracción I, del mismo Acuerdo General, se enviarán directamente al Tribunal Colegiado de Circuito que tenga jurisdicción sobre el órgano jurisdiccional que hubiese dictado la sentencia respectiva, o al especializado que hubiese prevenido en el conocimiento de la revisión, cuando en el circuito existan dos o más tribunales, o en su caso, al que se encuentre en turno. En consecuencia, si se suscita un conflicto competencial entre Tribunales Colegiados de Circuito especializados, pero uno de ellos previno en el conocimiento del amparo en revisión en que se concedió la protección constitucional, a éste compete conocer del incidente de inejecución de sentencia respectivo, debiendo atenderse para ello al Acuerdo General referido, emitido por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, con independencia de los acuerdos administrativos que pudieran existir, como son los de returno que emite el Consejo de la Judicatura Federal, que no pueden estar por encima de un Acuerdo General Plenario de este Alto Tribunal, como lo es el 5/2001, que desarrolla una facultad derivada directamente de la Constitución Federal, relacionada con la delegación de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los Tribunales Colegiados de Circuito". Así como la jurisprudencia 9/2001 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, octubre 2001, página 336, con número de registro 188634, del texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA. Del contenido de las jurisprudencias y tesis aisladas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido con relación al sistema legal sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, derivan los siguientes principios: 1. Cuando causa ejecutoria una sentencia de amparo la autoridad judicial correspondiente debe vigilar su cumplimiento, sin que pueda acordar el archivo del expediente, mientras aquél no ocurra. 2. En tanto no se cumpla con la sentencia de amparo debe requerir a la autoridad o autoridades responsables, a fin de que realicen los actos necesarios para ello. 3. Si no se logra el cumplimiento tendrá que acudir al superior o superiores, a fin de que intervengan para lograrlo. 4. Si no se consigue, de oficio o a instancia de parte, deberá abrir el incidente de inejecución de sentencia, acordando que, en virtud de no haberse cumplido con la sentencia que otorgó la protección constitucional, se remita el asunto a la Suprema Corte, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, a saber: que cese en sus funciones a la autoridad contumaz y se le consigne penalmente ante el Juez de Distrito que corresponda. 5. Si durante el trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la responsable demuestra el cumplimiento, se declarará sin materia el incidente. 6. Si la responsable no demuestra haber cumplido, el Pleno del más Alto Tribunal emitirá resolución en términos de lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con el funcionario o funcionarios que desacataron la sentencia de amparo. 7. En la hipótesis de que ante una sentencia ejecutoria que otorgó el amparo y, en su caso, ante las gestiones de la autoridad judicial federal correspondiente, para lograr su cumplimiento, la autoridad o autoridades responsables comuniquen que acataron la sentencia, el Juez de Distrito, el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito o el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, deberán dictar un acuerdo dando vista al quejoso con ese informe, apercibiéndolo de que, de no desahogarlo dentro de un determinado plazo, se resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el referido informe y con los demás elementos con los que se cuente. 8. Vencido el plazo otorgado, en el supuesto de que no se haya desahogado la vista, el Juez de Distrito, el Tribunal Unitario de Circuito o el Tribunal Colegiado de Circuito, dictarán un acuerdo, debidamente fundado y motivado, en el que decidan si la sentencia de amparo fue cumplida o no. 9. En el caso de que la determinación sea en el sentido de que no se ha cumplido la sentencia, remitirán el asunto a la Suprema Corte, siguiéndose las reglas previstas en los puntos 4 a 6 anteriores. 10. Por el contrario, si resuelven que la sentencia de amparo se cumplió, deberán ordenar la notificación personal al quejoso del acuerdo respectivo, a fin de que esté en aptitud de hacer valer el medio de defensa procedente. 11. Para efectos del inciso 8, el juzgador de amparo se limitará, exclusivamente, a verificar si se cumplió o no la ejecutoria (inclusive si sólo fue el núcleo esencial del amparo), cotejando dicha ejecutoria con el acto de la responsable, pero absteniéndose de hacer pronunciamiento sobre cualquiera otra cuestión ajena. 12. Ante la determinación del Juez de Distrito, del Tribunal Unitario de Circuito o del Tribunal Colegiado de Circuito, correspondientes, podrán presentarse para el quejoso cuatro diferentes situaciones, respecto de las cuales estará en aptitud de hacer valer diferentes medios de defensa, en caso de que no esté de acuerdo con el pronunciamiento de cumplimiento: A. Que estime que no se dio en absoluto el cumplimiento, en cuyo caso procederá la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, la que se interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia, impugnándose, obviamente, el acuerdo del Juez o del tribunal que tuvo por cumplida la sentencia; B. Que considere que si bien se dio el cumplimiento, éste fue con exceso o defecto, procediendo el recurso de queja ante la autoridad jurisdiccional que corresponda; C. Que estime que habiéndose otorgado un amparo para efectos, que dejó plenitud de jurisdicción al órgano jurisdiccional responsable o dejó a la autoridad administrativa responsable en aptitud de emitir una nueva resolución, subsanando las irregularidades procesales o formales que dieron lugar a la protección constitucional, al emitirse la nueva resolución se trató de un acto nuevo, procederá el amparo, en relación con lo que resulte ajeno a la sentencia cumplimentada; D. Que llegue a la conclusión de que no obstante que se dio el cumplimiento, formalmente, al emitirse una nueva resolución ésta fue esencialmente idéntica al acto reclamado en el juicio de amparo en el que se pronunció la sentencia que se pretendió cumplimentar; en este supuesto podrá promover el incidente de repetición del acto reclamado. 13. Si lo que se interpone es la inconformidad y ésta resulta procedente se estará en las mismas condiciones especificadas en los puntos 5 y 6 mencionados. 14. Si después de haber causado ejecutoria una sentencia que concede el amparo e, incluso, después de haberse cumplido, el quejoso estima que las autoridades responsables realizaron un nuevo acto en el que incurrieron en repetición del reclamado, procederá plantear ante el órgano jurisdiccional competente que corresponda el incidente respectivo, siguiéndose idéntico trámite al señalado en los puntos 4 a 6 anteriores, relativos al incidente de inejecución de sentencia". Multa. En ese mismo sentido, se hace efectivo el apercibimiento decretado en los proveídos de referencia y se impone a la autoridad responsable Delegado en Coahuila del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Saltillo, una multa equivalente a la unidad de medida y actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicado por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformada y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. En la inteligencia de que este juzgado se reserva enviar del oficio para la aplicación de dicha sanción, hasta en tanto el tribunal colegiado confirme esta determinación. Requerimiento. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Delegado en Coahuila del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Saltillo, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir del siguiente al en que sea notificada del presente proveído, informe a este juzgado federal la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo recaído a su solicitud dentro del oficio número SP/DPSH/903/2021, en el domicilio ubicado en el Edificio del Poder Judicial de la Federación, en el Boulevard Nazario Ortiz Garza, número 910, Colonia Saltillo 400, en esta ciudad . Apercibimiento. Para el caso de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá en lo particular una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por doscientos, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Escrito. Finalmente, se tiene por recibido el escrito signado electrónicamente por el autorizado de la parte quejosa, y en relación a las manifestaciones dígasele que este juzgador se proveyó al respecto en párrafos que anteceden. Notifíquese.

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