Héctor Omar Castro Hernández

Expediente 749/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
749/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
06/10/2023

Partes del expediente

  • Héctor Omar Castro Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, en el que este juzgado desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. En cumplimiento al artículo 20, fracción II, del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción una vez que trascurran tres años; contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido; entretanto, resguárdese en el "Archivo de Trámite" de este juzgado por el plazo de tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo-.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio del secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el estado de Guanajuato, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 473/2023 del índice de este Juzgado que se envió para notificar al quejoso ***********, el auto de ocho de septiembre del año en curso, por el cual este órgano jurisdiccional desechó su demanda. Dese de baja la comunicación de mérito y háganse las anotaciones conducentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  3. Principal

    Registro de demanda********************Vista la demanda presentada por propio derecho por ********************, en contra de actos de la Magistrada Propietaria de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal del Estado, que considera violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 20 constitucionales.********************Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); regístrese con el número 749/2023-4********************De la lectura integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa pretende impugnar el acto que, preliminarmente, se hace consistir en:********************Autoridades responsables:********************Actos reclamados:************************************************************Magistrada Propietaria de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal del Estado ********************La resolución de quince de agosto de dos mil veintitrés emitida en el toca ********************, del índice de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en la que se confirma la exclusión de los medios de prueba asumida en la audiencia intermedia de veintisiete de junio del dos mil veintitrés, celebrada en la causa penal ********************, del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región del Estado con sede en Acámbaro, Guanajuato, respecto de los testimonios a cargo de los menores de iniciales ****************************************************************************************************En el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrari. Del último precepto deriva que cuando se impugnan actos dentro de un juicio, es procedente el amparo indirecto siempre y cuando aquellos sean de imposible reparación. ********************El concepto de irreparabilidad ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: ********************a) Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación para efectos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de reparar con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado la violación del derecho fundamental de que se trate;******************** b) No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y, reparables, si el afectado obtiene una sentencia favorable. ********************A efecto de distinguir entre un derecho sustantivo y otro de carácter procesal o adjetivo, la doctrina jurisprudencial ha venido clarificando con el paso de las épocas, sin asignarles un orden, que los derechos sustantivos son prerrogativas como la vida misma, a las propiedades o posesiones, la integridad personal, el patrimonio, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la libertad en sus múltiples manifestaciones, tales como la libertad personal, de conciencia, de expresión, de asociación, de tránsito; otros derechos como al honor, a la intimidad, a la privacidad e inviolabilidad de las comunicaciones particulares, la dignidad, la igualdad de las personas, la inviolabilidad del domicilio como prolongación a la libertad individual, o cualquier otro de los valores supremos consagrados en la Constitución Federal o también denominados "los bienes de la vida". ********************Por otro lado, los derechos adjetivos o instrumentales, también llamados procesales, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes sustantivos. ********************Ilustra lo anterior la jurisprudencia I.8o.C. J/2 (10a.) emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes:********************"DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida."********************De esta forma, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció que un acto dentro del juicio es de "ejecución irreparable" cuando afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, como pueden serlo la vida, la propiedad, la posesión, la salud, el derecho a la intimidad persona, entre otros, y nunca en los casos en que solo afecta derechos adjetivos o procesales, de tal forma que cualquier violación procesal, sea cual sea, puede ser en todo caso impugnada en el momento en que se promueva el amparo directo en contra de la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. ********************En ese tenor, si lo que se pretende tutelar con el dictado de la sentencia que se emita en el juicio de origen, es precisamente uno de esos valores supremos que reconoce la Constitución Federal, entonces, serán derechos adjetivos aquellos de carácter formal o intraprocesal que instrumenten todo el procedimiento con el que se aspira a la obtención de esa tutela sustantiva. ********************Esto es, serán derechos adjetivos aquellos que encauzan el procedimiento, o con la intervención e impulso de las partes, con vista a la obtención de una sentencia favorable para alguna de ellas; de manera que, si se consigue que el fallo definitivo le favorezca, las infracciones a estas normas procesales se habrán extinguido sin haber causado afectación a los derechos sustantivos del gobernado, pues precisamente el objetivo de tutela sustantiva la protección o reconocimiento de derecho sustantivo en sí se habría colmado con la obtención de ese fallo favorable. ********************Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se desprende que el quejoso reclama, la resolución de quince de agosto de dos mil veintitrés emitida en el toca ********************, del índice de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en la que se confirma la exclusión de los medios de prueba consistentes en los testimonios a cargo de los menores de iniciales ****************************************De ahí que, la resolución reclamada no incide en sus derechos sustantivos como puede ser la vida, la propiedad, la salud o la intimidad personal, sino sólo y, eventualmente, en un aspecto procedimental, ya que ese actuar jurisdiccional únicamente depara consecuencias dentro del propio procedimiento -al afectarse una cuestión formal o procesal - sin que trascienda a la persona o bienes del justiciable más allá de lo meramente procedimental, lo cual resulta indispensable para actualizar la procedencia excepcional del amparo indirecto contra actos intraprocesales. ********************Máxime que, de la lectura de la demanda no se advierte que la exclusión del ofrecimiento probatorio implique por sí una carga injustificada al imputado, de ejecución inmediata, que trastoque sus derechos sustantivos.********************La anterior postura es la más acorde con el propósito que el legislador previó al redactar la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, previamente trascrita, consistente en evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional, de suerte que sólo excepcionalmente se susciten cuestiones de esa naturaleza. ********************Luego, será cuando se dicte sentencia cuando podrá advertirse con certidumbre la trascendencia o no del acto reclamado, y será hasta entonces cuando la parte quejosa, conforme con las reglas que rigen el juicio de amparo, podrá combatir tal cuestión; no debe perderse de vista que, de obtener resolución favorable, la eventual violación reclamada habría sido inocua.********************Apoya lo anterior, por las consideraciones que la sustentan la tesis jurisprudencial 1a./J. 23/2021 (11a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, Diciembre de 2021, Tomo II, página 1319, que señala: ********************"JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO.********************Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en la contradicción de tesis, en ejercicio de sus arbitrios judiciales realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas al resolver si la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia - su no admisión en el auto de apertura a juicio- constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. ********************Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la exclusión de medios de prueba. Al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente, por excepción será necesario que afecte materialmente derechos sustantivos. ********************Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose de la exclusión probatoria, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto debe ser entendido el acto que excluye pruebas y el auto de apertura a juicio que no las incluye. Éste es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral (mediante la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba). Herramienta que está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba). En esa tesitura, el amparo, por regla general, es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la exclusión de medios de prueba constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos. Escenario en el que el amparo sí debe ser procedente." ********************Asimismo sirve de sustento la tesis jurisprudencial 1a./J. 6/2021 (11a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, página 1743, cuyo rubro y texto señalan: ********************"JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO QUE ADMITE MEDIOS DE PRUEBA, Y PARA IDENTIFICAR LOS CASOS DE EXCEPCIÓN, ES NECESARIO REALIZAR UN ANÁLISIS HERMENÉUTICO TENDIENTE A DILUCIDAR SI AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS. ********************Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, en ejercicio de sus arbitrios judiciales, realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas, al resolver si el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba en el proceso penal acusatorio constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. ********************Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la admisión de medios de prueba y, al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente por excepción será necesario que se afecten materialmente derechos sustantivos.******************** Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose del auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto, debe ser entendido el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, el cual es un acto de índole adjetiva - intraprocesal- que sirve como vehículo para trasladar los medios de prueba de la etapa intermedia al juicio oral para su valoración definitiva; vehículo que está ya protegido de manera sustancial por la institución del Juez de Control y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, cualquier ilegalidad o ilicitud del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque en la sentencia definitiva no se tome en cuenta, o porque se le considere sin valor jurídico, o bien porque se obtenga una sentencia favorable al quejoso. En esa tesitura, el amparo por regla general es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la admisión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la admisión de pruebas en el auto de apertura a juicio constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos fundamentales independientemente del propio proceso penal y de la valoración de dichas probanzas en el juicio oral; escenario en el que el amparo sí es procedente. De ahí que cuando se presenta un acto dentro del proceso penal que haga procedente el juicio de amparo -de imposible reparación-, dicho acto debe implicar que se le deje de ver en el plano del proceso penal y se le encuadre en el juicio de protección constitucional."**************************************** No se lo soslaya, como se desprende de las jurisprudencias antes transcritas, que puedan existir supuestos en los que la exclusión o admisión de pruebas dentro del proceso penal acusatorio, pueda conllevar la violación a derechos sustantivos de manera irreparable, cuando estas impliquen cargas injustificadas al imputado. ********************Sin embargo, en el caso concreto, la resolución que se impugna, por virtud de la cual confirman la exclusión de los medios de prueba consistentes en los testimonios a cargo de los menores de iniciales ********************, para este órgano jurisdiccional, no constituye una violación irreparable a sus derechos humanos o una carga injustificada al aquí quejoso, sino que en su caso implicaría una vulneración meramente procesal, misma que podrá ser impugnada en amparo directo, en caso de que la sentencia que dirima la controversia de origen no le sea favorable.********************En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sentido, procede desechar de plano la demanda de amparo, en términos del diverso 113 de la ley de la materia.********************Debe decirse que la causa de improcedencia en estudio no contraviene el principio pro homine, previsto en los párrafos primero y segundo del artículo 1º de la Constitución Federal, ni el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio efectivo, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, porque estas disposiciones no implican que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra aquéllos que afecten los derechos sustantivos o fundamentales del quejoso, según la actual redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. ********************Es decir, los preceptos mencionados en modo alguno autorizan a las personas a utilizar el juicio de amparo como medio para defender sus prerrogativas que no son sustantivas.

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