Héctor Odiseo Moreno Sánchez

Expediente 626/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 16 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
626/2015
Año
2015
Actuaciones
16
Última actuación
17/12/2015

Partes del expediente

  • Héctor Odiseo Moreno Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, para interponer recurso de revisión contra el proveído de veintiséis de noviembre de dos mil quince, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto concluido. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental. Finalmente, agréguese a los autos el oficio 3112/2015-B, signado por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Acuña, Coahuila de Zaragoza, atento a su contenido, acúsese recibo al Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Distrito Judicial de Acuña, Coahuila de Zaragoza, de su oficio 1610/2015, mediante el cual devolvió diligenciado el despacho 313/2015-DS, índice de este órgano jurisdiccional.

  2. Principal

    Vista la cuenta, agréguese a los autos el oficio 1610/2015, signado por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Acuña, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado, el despacho 281/2015-DS, del índice de este Juzgado de Distrito; por tanto, acúsese recibo del despacho de cuenta, y dése de baja en el Libro de Gobierno correspondiente, para los efectos estadísticos y legales procedentes. Por otra parte, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la tercera interesada Organización de Educación y Beneficencia de Acuña, Coahuila y/o Colegio México, omitió cumplir con el requerimiento ordenado en proveído de veintinueve de octubre de dos mil quince, de señalar domicilio para oír y recibir notificaciones personales en esta ciudad, dentro del término que le fue concedido; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, por lo que con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor, se ordena efectuar la notificación de las subsecuentes que le resulten de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se fije en los estrados de este tribunal, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; sin que sea óbice a lo anterior, que mediante proveído de veintiséis de noviembre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto (fojas 168 a 172).

  3. Principal

    Vista la cuenta, agréguese a los autos el 1080/2015, signado por la Presidenta de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, con sede en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, y anexo, a través del cual, remite copia certificada del laudo que recayó dentro del expediente laboral 369/2013, formado con motivo de la reclamación seguida por el aquí quejoso Héctor Odiseo Moreno Sánchez, en contra de Organización de Educación y Beneficencia de Ciudad Acuña, Asociación Civil; por lo tanto se provee lo siguiente: Del estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante escrito recibido ante la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el doce de agosto del año en curso (fojas 1 a 5), Héctor Odiseo Moreno Sánchez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad responsable, y por los actos siguientes: Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. Por el acto reclamado siguiente: ".IV.- ACTO RECLAMADO.- 1.- Reclamo de las Autoridades Responsables la omisión de tramitar dentro de los plazos y términos establecidos por la LEY FEDERAL DEL TRABAJO, de tramitar EL JUICIO ORDINARIO LABORAL promovido por HECTOR ODISEO MORENO SANCHEZ, dentro de los autos del expediente número 369/2013 de la JUNTA ESPECIAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, con Residencia en Acuña Coahuila. 2.- Reclamo también, las violaciones procesales que la responsable comete al omitir dar cumplimiento a la Garantía de Seguridad Jurídica preconizada por el artículo 17 Constitucional, al no administrar la Justicia en los plazos y términos señalados por LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, por no dictar el LAUDO correspondiente en el expediente laboral, origen de la presente Demanda de Garantías." Por otra parte, de lo dispuesto por los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo vigente, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia prevista en el numeral 61 de dicha ley, la cual por ende, acarrea el sobreseimiento del juicio de amparo. En el caso, de las constancias que adjuntó la Presidenta de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, con sede en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, que obran en autos, se advierte de manera indudable la actualización de una de ellas, la cual se invoca previamente a la celebración de la audiencia constitucional, atendiendo al criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2ª./J.10/2003, visible a página trescientos ochenta y seis, tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 184572, cuyo tenor literal es el siguiente: (. . .) En efecto, en el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo; dado que al oficio número 1080/2015, que remitió la autoridad antes referida, adjuntó copia certificada del laudo dictado el diecisiete de noviembre del año en curso, en los autos del expediente laboral 369/2013, del que deriva el acto reclamado Documental pública a la que se le concede valor probatorio pleno de acuerdo con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo , en términos de su numeral 2° , por haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento cincuenta y tres, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, con número de registro 394182, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Al respecto, cabe invocar el contenido de los artículos 61, fracción XXI, y 63, fracción V, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobreventa alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior...". La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica del quejoso, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Así, a guisa de ejemplo se obtiene que, bien puede ocurrir que en el supuesto de instaurarse una demanda de amparo contra una clausura por tiempo indefinido practicada por una autoridad administrativa respecto de un local comercial, substanciado el amparo; la responsable advirtiera la inconstitucionalidad del acto y decidiera de motu proprio levantar el estado de clausura reclamado, a fin de evitar mayores daños y perjuicios al quejoso; o también pudiera actualizarse, de darse el caso que la ley que contemplaba la disposición incumplida que conllevó a la clausura o la norma que faculta a la autoridad administrativa a imponer esa sanción se derogue. De manera que por cualquiera de los citados supuestos, se llega a la conclusión de que han cesado los efectos del acto reclamado de manera total e incondicional y por consecuencia, se restituye al quejoso en la esfera jurídica de sus garantías, como si se le hubiera concedido el amparo. Como ilustración de los supuestos en que se actualiza de la causal mencionada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus resoluciones ha pronunciado diversos criterios entre los cuales se tiene, el siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos." Igualmente, sirve de ejemplo la tesis del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." Así, los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. (. . .) La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales del quejoso, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado. (. . .) Ahora bien, no debe confundirse la cesación de los actos reclamados, con la consumación de éstos, dado que ésta, implica la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, cuya diferencia reside en que si bien, ambas son semejantes en cuanto a que durante la secuela del juicio de amparo desaparece el acto reclamado, el distintivo de la fracción XVI, que el tildado de inconstitucional, se agota o consuma por virtud de haber transcurrido su vigencia o el tiempo de su validez, lo que entonces ocasiona que se deje de lesionar los intereses del particular, sin resarcirlo en sus derechos pues se dan como irreparables las afectaciones padecidas. Es decir, si el acto cuya constitucionalidad se controvierte, implica una sanción o restricción vigente al momento en que se promueve el juicio o éste se encuentra en trámite y, la vigencia de la medida reclamada o de la sanción se cumple en sus términos dando fin al acto y deja de irrogar un perjuicio alguno, con la diferencia que estos se consuman en perjuicio del quejoso, a diferencia de la cesación de efectos, el resultado de esta causal no devuelve las cosas al momento en que se encontraba hasta antes de la violación, quedando sin reparación alguna, contrario a la analizada causal que arriba al sobreseimiento. En efecto, la parte quejosa reclamó la omisión de dictar el laudo dentro de los autos del juicio laboral 369/2013, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Acuña, Coahuila de Zaragoza. En el caso, de las constancias que en copia certificada remitió la Presidenta de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, con sede en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, se advierte que en los autos del juicio laboral 369/2013, el proyecto de laudo de cuatro de noviembre de este año, fue elevado a la categoría de laudo, el diecisiete del presente mes y año, adjuntando copia debidamente certificada de dichas constancias, lo que implica la desaparición total del acto reclamado. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, procede sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, con apoyo en el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. Con motivo de lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para once horas con cincuenta minutos del dos de diciembre de dos mil quince (foja 133).

  4. Principal

    Vista la cuenta, agréguese a los autos el oficio 1039/2015, signado por la Presidenta de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, con sede en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, remitido vía fax, y anexo que acompaña; atento a su contenido, téngasele remitiendo copia del acta de entrega de proyecto, donde consta la entrega de un tanto a los representantes de Gobierno, Capital y Trabajo, que recayó dentro del expediente laboral 369/2013, asimismo, informa que una vez que sea elevado a la categoría de laudo serán remitidas a este órgano jurisdiccional las constancias respectivas; circunstancia de la que este Juzgado de Distrito queda enterado para los efectos legales a que haya lugar.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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