Hector Octavio Perez de Alba Aleman
Expediente 1572/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2024.
Datos del expediente
- Expediente
- 1572/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/01/2024
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Hector Octavio Perez de Alba Aleman
Actuaciones
- Incidental
Diferimiento. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos, se advierte que a la fecha no se ha notificado el auto de veintiséis de diciembre de dos mil veintitrés a la autoridad responsable Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. En consecuencia, para dar oportunidad a que se cumplimente lo anterior, se difiere la audiencia incidental señalada para este día y, en su lugar, se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL NUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para que tenga verificativo. Lo anterior, se determina de conformidad a lo establecido en el artículo 16 Octies, fracciones I y II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona diversas disposiciones relativas a las vacaciones de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de septiembre de dos mil veintitrés. Notifíquese. mesa II
- Principal
Recepción de la demanda de amparo. Se tiene por recibida la demanda promovida por *, por derecho propio, contra actos de la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Radicación. Fórmese el expediente impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el numeral 3° de la Ley de Amparo, y regístrese con el número 1572/2023-II. Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el promovente señala como acto reclamado el siguiente: La resolución de veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, emitida en el toca *, del índice de la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en la que modificó el auto de veintisiete de septiembre de este año, para que subsistieran las medidas de protección en contra del aquí quejoso, así como también ordenó su salida del domicilio conyugal ubicado calle Serenata número 98, colina del Sur, alcaldía Álvaro Obregón, código postal 01430, en esta ciudad de México. Admisión. Con apoyo en los numerales 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 115, 117 y demás relativos de la legislación reglamentaria, SE ADMITE A TRÁMITE la demanda de amparo. Incidente de suspensión. Tramítese por cuerda separada el incidente de suspensión por así haberlo solicitado. Informe con justificación de la autoridad responsable. De conformidad con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, pídase su informe justificado a la autoridad responsable, el cual deberá rendir en el plazo de quince días, computado legalmente; de igual forma, acompañe copia certificada de las constancias con las que pretenda apoyarlo, mismas que remitirá completas, debidamente selladas, foliadas, rubricadas y estar relacionadas con los actos reclamados. Asimismo, se le hace de su conocimiento que en caso de omisión se presumirán ciertos los actos que se le reclama, salvo prueba en contrario; además, se harán acreedoras a una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, prevista en los preceptos 237, fracción I, 260, fracción II, y 262, fracción I, de la Ley de Amparo. Fecha de la audiencia constitucional. En términos del artículo 115 del referido ordenamiento legal, se señalan las ONCE HORAS DEL TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para que tenga verificativo. Fecha que se fija tomando en cuenta el periodo vacacional que gozará este órgano jurisdiccional correspondiente al segundo semestre de dos mil veintitrés, esto es, del uno al quince de enero de dos mil veinticuatro, en términos del artículo 16 sexies del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona diversas disposiciones relativas a las vacaciones de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de septiembre de dos mil veintitrés, conforme al calendario anual de vacaciones aprobado el veinticinco de septiembre del presente año, por la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo. Notificación a las autoridades. Con fundamento en los artículos 26 fracción II, 28, 29 y 30 de la Ley de Amparo, se hace saber a las autoridades responsables que los subsecuentes proveídos de mero trámite o de poca importancia, lo que incluye, por regla general cualquier diferimiento de la audiencia constitucional, no les serán notificados por oficio, sino por lista, la cual pueden consultar en la página web oficial del Consejo de la Judicatura Federal, con la liga http://www.dgepj.cjf.gob.mx. Encuentra sustento a lo anterior, en lo conducente, la siguiente jurisprudencia: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Manifestación respecto a causales de sobreseimiento. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64 del ordenamiento legal invocado, requiérase a las partes para que en el supuesto de que haya ocurrido alguna causa de improcedencia en el presente juicio, la comuniquen de inmediato, apercibidas que de no hacerlo, se harán acreedoras a una multa por el equivalente a treinta unidades de medida y actualización, con fundamento en el numeral 251 de la Ley de Amparo. Intervención al Agente del Ministerio Público Federal adscrito. De conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo, dése la intervención que corresponde al representante social, lo cual se materializará a través del oficio que para tal efecto se entregue en el domicilio donde desarrolla sus funciones, en aras de privilegiar la integración pronta del expediente en que se actúa, con apoyo en el numeral 17 Constitucional. Además, se le da acceso al expediente electrónico mediante el usuario "*"; en cumplimiento al acuerdo de doce de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el cuaderno de varios 1/2021, en el que se proveyó de conformidad la solicitud realizada por el representante social en ese sentido; lo que se toma como hecho notorio en términos del arábigo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Señalamiento de la tercera interesada. Con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se reconoce como tal a: -*. En tales condiciones, con fundamento en el precepto 115 de la Ley de Amparo, túrnense los presentes autos al actuario judicial de la adscripción para que se constituya en el inmueble indicado y con copia de la demanda de amparo y auto admisorio, la emplace al presente juicio. En caso de dejar citatorio o aviso, el actuario judicial deberá comunicarle que tiene el lapso de dos días hábiles para acudir al local de este órgano jurisdiccional a darse por emplazada mediante comparecencia, pues de no hacerlo, se les practicarán conforme a lo dispuesto en el arábigo 27, fracción I, inciso b), de la ley reglamentaria. Asimismo, la requiera para que en el plazo de tres días hábiles, computado legalmente, señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este juzgado de distrito; de omitir lo anterior, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, sin ulterior acuerdo, se le realizarán por medio de lista. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa. Con apoyo en el numeral 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio el ubicado en *. Autorizados. Conforme a la certificación de cuenta, respecto a los profesionistas que menciona, se les autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones y documentos e imponerse de los autos de acuerdo con la última parte del segundo párrafo del precepto 12 de la Ley de Amparo, al no contar con sus cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, al igual que a las restantes personas que designa. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la tesis 2a. VIII/2020, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 4456, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital 2021840, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO". Proporciona correo electrónico y teléfonos. No ha lugar a tener el correo electrónico y números de teléfonos que proporciona como medio oficial para recibir notificación, en virtud de que el artículo 26 de la Ley de Amparo, únicamente contempla que las notificaciones se llevarán a cabo de manera personal, por oficio, por lista y por vía electrónica a las partes que así lo soliciten expresamente, pero para que sean realizadas en la última vía mencionada es necesario que previamente proporcionen el nombre de usuario y que expresamente soliciten dicha notificación electrónica; por lo que las notificaciones vía telefónica, o bien, vía correo electrónico, no son medios de comunicación procesal contemplados en la referida ley. Habilitación de horas y días inhábiles. Con apoyo en el dispositivo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza para que las notificaciones que se ordenen en forma personal en este expediente así´ se practiquen. Digitalización. Con fundamento en los artículos 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, y 3º, fracción XII del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformados mediante el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena digitalizar cualquier documento que se reciba de manera física, para ser integrado al expediente electrónico con Firma Electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad y que cuente con los permisos necesarios; de igual forma, se ordena integrar el expediente físico, en el cual únicamente deberán constar los documentos que se reciba de manera física, y aquellos que genere el personal del órgano jurisdiccional, para practicar las notificaciones que se ordenen a cabo en este procedimiento. Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la divulgación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo atendiendo a lo previsto en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí´ señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. Transición al expediente electrónico. Se informa a las partes que a partir de este proveído se integrará únicamente el expediente electrónico, de conformidad con en el artículo 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. De conformidad con el Acuerdo General citado, se ordena digitalizar cualquier documento que se reciba de manera física, para ser integrado al expediente electrónico con Firma Electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad y que cuente con los permisos necesarios; en el entendido que al expediente físico únicamente se deberán integrar los documentos que se reciban de manera física, y aquellos que genere el personal del órgano jurisdiccional, para practicar las notificaciones que se ordenen llevar a cabo en este procedimiento. De igual manera, conforme al acuerdo citado, hágase del conocimiento de las partes que únicamente las promociones que se reciban de manera física, serán digitalizadas e integradas al expediente electrónico con firma electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad, no así las que se reciban de manera electrónica, las cuales ya se encuentran digitalizadas y firmadas por ese medio, debido a su naturaleza. Notifíquese; personalmente a la tercera interesada, por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Mesa II
- Incidental
Apertura del incidente. Vista la demanda promovida por *, por derecho propio, contra actos de la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; fórmese el incidente de suspensión impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo 1572/2023-II. Informe previo. Con fundamento en los numerales 138, fracción III, y 140 de la Ley de Amparo, pídase a dicha autoridad su informe previo, el cual deberá rendir en el plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS legalmente computado, para tal efecto remítase copia simple de la demanda de amparo, en la inteligencia que si no lo hace en el lapso concedido, se presumirán cierto el acto reclamado de conformidad con el numeral 142 de la Ley de Amparo, requiriéndole que precise si es o no cierto el acto que se le atribuye, pudiendo expresar las razones que considere pertinentes sobre la procedencia o no de la suspensión. Audiencia incidental. En términos del arábigo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL DOS DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para que tenga verificativo. Notificación a autoridad responsable. Con fundamento en los artículos 26 fracción II, 28, 29 y 30 de la Ley de Amparo, se hace saber a la autoridad responsable que los subsecuentes proveídos de mero trámite o de poca importancia, lo que incluye, por regla general cualquier diferimiento de la audiencia incidental, no les serán notificados por oficio, sino por lista, la cual pueden consultar en la página web oficial del Consejo de la Judicatura Federal, con la liga http://www.dgepj.cjf.gob.mx. Encuentra sustento a lo anterior, en lo conducente, la siguiente jurisprudencia: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Suspensión de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 107, fracción X, constitucional, así como en los diversos 128 y 139 de Ley de Amparo, para proveer sobre la presente medida cautelar, corresponde al juzgador de amparo fijar los efectos y condiciones de la suspensión que se solicita. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente reclama de la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; La resolución de veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, emitida en el toca 2262/2023, del índice de la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en la que modificó el auto de veintisiete de septiembre de este año, para que subsistieran las medidas de protección en contra del aquí quejoso, así como también ordenó su salida del domicilio conyugal ubicado calle Serenata número 98, colina del Sur, alcaldía Álvaro Obregón, código postal 01430, en esta ciudad de México. Además, decretó el uso del domicilio familiar a favor de la aquí tercera interesada, así como de la menor hija de las partes, atendiendo a presuntos hechos relacionados con violencia familiar en su modalidad emocional; lo que repercute en la estabilidad familiar y en la salud emocional de la hija de las partes; por ende, también ordenó la salida del quejoso del domicilio familiar, y lo requirió para que en el plazo de tres días desocupe de manera voluntaria el aludido domicilio. A su vez, el promovente solicita que se otorgue la medida cautelar para el efecto de que no se ejecute la orden de desalojo que ordenó su salida del domicilio conyugal. De igual forma, en la presente suspensión se tomará en consideración lo sustentado en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, Tomo I, Libro 63, Febrero de 2019, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2019200, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA". Con el propósito de determinar si resulta o no procedente la suspensión provisional solicitada, por cuestión de técnica jurídica se deben analizar, en el orden en que se asientan, los aspectos siguientes: a) La certeza de los actos reclamados. b) Si su naturaleza permite su paralización. c) Si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo; y, En razón de que el acto reclamado, cuyos efectos se solicita suspender, se encuentra acreditado con las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad realizó la parte quejosa, se tiene por presuntivamente cierto. Luego, el quejoso solicita la medida cautelar contra la resolución de la sala que confirmó las medidas adoptadas por el juez responsable, el cual es un acto positivo cuyos efectos son susceptibles de ser paralizados; por tanto, si el acto combatido, por su naturaleza, es susceptible de ser suspendido, lo procedente es verificar si se satisfacen los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo para conceder la medida cautelar solicitada, a saber: a) Que la haya solicitado el quejoso; y, b) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. El primero de ellos, se cumple plenamente pues el quejoso solicitó la suspensión del acto reclamado. Además, se precisa que el quejoso, compareció al presente asunto como demandado en el juicio de origen; por ende, con fundamento en los artículos 197, 202 y 218 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se tiene por acreditado su interés al ser parte en dicho procedimiento. En cuanto al segundo de los requisitos se toma en consideración que con la concesión de la medida cautelar no se deben infringir disposiciones de orden público ni se vulnere el interés social. Si bien es cierto la estimación de orden público e intereses corresponde al legislador, también lo es que no es ajena a la función del juzgador, pues deberá precisarla en cada caso, atendiendo a sus particularidades. Así para efectos de la suspensión, se produce esa afectación cuando con la medida cautelar se priva a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes o se le infiere un daño que dé se otra manera no se resentirá. En este orden de ideas, con fundamento en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es NEGAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, toda vez que de otorgarse se contravendría el orden público y el interés social. En el caso, el quejoso señala que por resolución de veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, modificó el auto de veintisiete de septiembre de este año, para que subsistieran las medidas de protección en su contra quejoso, así como también ordenó la salida del domicilio conyugal ubicado calle Serenata número 98, colonia del Sur, alcaldía Álvaro Obregón, código postal 01430, en esta ciudad de México, atendiendo a los presuntos hechos relacionados con violencia en su modalidad emocional; asimismo se tomó en consideración la actual situación de las partes de constantes discusiones, lo que genera un ambiente de tensión, hostil y desarmonía, lo que repercute en la estabilidad familiar y en la salud emocional de la hija de las partes. En esas circunstancias, como se adelantó, no resulta factible conceder la suspensión solicitada, toda vez que conforme a lo dispuesto por los artículos 27 y 29, fracción I, de la Ley General de Acceso a la Mujer a una Vida Libre de Violencia, debe prevalecer el interés superior de prevenir actos de violencia dentro de la familia, así como juzgar con perspectiva de género en relación con la denuncia de posibles hechos de violencia señalados por una mujer en su perjuicio; por ende, no se actualiza el segundo supuesto del artículo 128 de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior, la tesis 1a.CXII/2016, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1151, Libro 29, abril de 2016, Tomo II, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2011438, de rubro siguiente: "VIOLENCIA FAMILIAR. EL DICTADO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN NO VULNERA LOS DERECHOS AL DEBIDO PROCESO, AUDIENCIA O PROPIEDAD DEL PRESUNTO AGRESOR." Además, el artículo 128 de la Ley de Amparo, expresamente ordena lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial." El artículo transcrito establece que no serán objeto de suspensión: a. Las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona; y, b. La ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Ahora, el artículo 282, fracción b) inciso I, del Código Civil para la Ciudad de México, establece: "Artículo 282.- Desde que se presenta la demanda, la controversia del orden familiar o la solicitud de divorcio y solo mientras dure el juicio, se dictarán las medidas provisionales pertinentes; asimismo en los casos de divorcio en que no se llegue a concluir mediante convenio, las medidas subsistirán hasta en tanto se dicte sentencia interlocutoria en el incidente que resuelva la situación jurídica de hijos o bienes, según corresponda y de acuerdo a las disposiciones siguientes: B.Una vez contestada la solicitud: I.- El Juez de lo Familiar determinará con audiencia de parte, y teniendo en cuenta el interés familiar y lo que más convenga a los hijos, cuál de los cónyuges continuará en el uso de la vivienda familiar y asimismo, previo inventario, los bienes y enseres que continúen en ésta y los que se ha de llevar el otro cónyuge, incluyendo los necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que esté dedicado, debiendo informar éste el lugar de su residencia." Así también, los artículos 27 y 34 Quater, fracción VII, de la Ley General de Acceso de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, dispone: "Artículo 27.- Las órdenes de protección: Son actos de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima, son fundamentalmente precautorias y cautelares, deberán otorgarse de oficio o a petición de parte, por las autoridades administrativas, el Ministerio Público o por los órganos jurisdiccionales competentes, en el momento en que tengan conocimiento del hecho de violencia presuntamente constitutivo de un delito o infracción, que ponga en riesgo la integridad, la libertad o la vida de las mujeres o niñas, evitando en todo momento que la persona agresora, directamente o a través de algún tercero, tenga contacto de cualquier tipo o medio con la víctima.- En materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales Electorales y los órganos jurisdiccionales electorales locales podrán solicitar a las autoridades competentes el otorgamiento de las medidas a que se refiere el presente Capítulo." "Artículo 34 Quáter.- Las órdenes de naturaleza jurisdiccional, además de las previstas en otros ordenamientos, podrán consistir en una o varias de las siguientes acciones: VII. La desocupación por la persona agresora, del domicilio conyugal o de pareja, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento del mismo, y en su caso el reingreso de la mujer en situación de violencia una vez que se resguarde su seguridad;" Por tanto, cuando la suspensión provisional se solicita respecto de la medida precautoria citada, debe negarse por existir disposición legal que establece que aquéllos actos no serán objeto de suspensión, por disposición del legislador. Así las cosas, si el acto reclamado lo constituye la resolución que ordenó la salida del domicilio conyugal del quejoso, ante la manifestación de la tercera interesada de que éste realizó actos de violencia familiar en su contra y de su hija, resulta patente que debe negarse la suspensión de tal acto, pues atendiendo la regla general prevista en el penúltimo párrafo del artículo 128 de la Ley de Amparo, de concederse se estaría actuando en contra de lo dispuesto por el precepto transcrito. Aunado a lo anterior, de concederse la medida cautelar para los efectos solicitados tendría efectos restitutorios plenos, que son exclusivos de la sentencia que se dicte en el juicio de amparo de donde emana este incidente de suspensión; en consecuencia, no se satisface el requisito previsto en el penúltimo párrafo del artículo 128, penúltimo, de la ley de la materia, para otorgar la suspensión pedida. Similar criterio adoptó el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver el recurso de queja Q.C.319/2022, en sesión de treinta de septiembre de dos mil veintidós. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa. Con apoyo en el numeral 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio el ubicado en División del Norte 406, interior 101, colonia Del Valle, código postal 03100, alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. Autorizados. Conforme a la certificación de cuenta, respecto a los profesionistas que menciona, se les autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones y documentos e imponerse de los autos de acuerdo con la última parte del segundo párrafo del precepto 12 de la Ley de Amparo, al no contar con sus cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, al igual que a las restantes personas que designa. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la tesis 2a. VIII/2020, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 4456, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital 2021840, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO". Proporciona correo electrónico y teléfonos. No ha lugar a tener el correo electrónico y números de teléfonos que proporciona como medio oficial para recibir notificación, en virtud de que el artículo 26 de la Ley de Amparo, únicamente contempla que las notificaciones se llevarán a cabo de manera personal, por oficio, por lista y por vía electrónica a las partes que así lo soliciten expresamente, pero para que sean realizadas en la última vía mencionada es necesario que previamente proporcionen el nombre de usuario y que expresamente soliciten dicha notificación electrónica; por lo que las notificaciones vía telefónica, o bien, vía correo electrónico, no son medios de comunicación procesal contemplados en la referida ley. Habilitación de horas y días inhábiles. Con apoyo en el dispositivo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza para que las notificaciones que se ordenen en forma personal en este expediente así´ se practiquen. Digitalización. Con fundamento en los artículos 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, y 3º, fracción XII del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformados mediante el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena digitalizar cualquier documento que se reciba de manera física, para ser integrado al expediente electrónico con Firma Electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad y que cuente con los permisos necesarios; de igual forma, se ordena integrar el expediente físico, en el cual únicamente deberán constar los documentos que se reciba de manera física, y aquellos que genere el personal del órgano jurisdiccional, para practicar las notificaciones que se ordenen a cabo en este procedimiento. Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la divulgación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo atendiendo a lo previsto en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí´ señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. Transición al expediente electrónico. Se informa a las partes que a partir de este proveído se integrará únicamente el expediente electrónico, de conformidad con en el artículo 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. De conformidad con el Acuerdo General citado, se ordena digitalizar cualquier documento que se reciba de manera física, para ser integrado al expediente electrónico con Firma Electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad y que cuente con los permisos necesarios; en el entendido que al expediente físico únicamente se deberán integrar los documentos que se reciban de manera física, y aquellos que genere el personal del órgano jurisdiccional, para practicar las notificaciones que se ordenen llevar a cabo en este procedimiento. De igual manera, conforme al acuerdo citado, hágase del conocimiento de las partes que únicamente las promociones que se reciban de manera física, serán digitalizadas e integradas al expediente electrónico con firma electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad, no así las que se reciban de manera electrónica, las cuales ya se encuentran digitalizadas y firmadas por ese medio, debido a su naturaleza. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable. Mesa II
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