Héctor Nicolás Gallardo Garcia

Expediente 62/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
62/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
15/02/2019

Partes del expediente

  • Héctor Nicolás Gallardo Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de febrero de dos mil diecinueve. CAUSA ESTADO. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término que concede el artículo 98, de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de veintinueve de enero de dos mil diecinueve, mediante el cual SE DESECHÓ DE PLANO la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, sin que se hubiese recurrido. En consecuencia, se declara que el aludido proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ARCHIVO Por otro lado, tomando en consideración que no existe actuación pendiente por desahogar, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el cuaderno de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN En consideración a lo anterior y toda vez que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que el presente cuaderno de antecedentes de amparo encuadra en la hipótesis contenida en el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del aludido acuerdo, por lo que se estima que el mismo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez que transcurran cinco años a partir del presente acuerdo, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Marbella Juárez García, Secretario que autoriza. Doy Fe.Rcl

  2. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE PROMOVENTE EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, veintinueve de enero de dos mil diecinueve. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por ********************, por conducto de su apoderada, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. SE RECONOCE PERSONERÍA. Se reconoce a ********************, el carácter de apoderada de ********************, en términos de la carta poder que se exhibe con el libelo y con apoyo en los artículos 6 y 10 de la Ley de Amparo. Establecido lo anterior, se procede al análisis de la procedencia o improcedencia de la demanda de cuenta. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 61, fracción XXIII, 62, 107, fracción IV, 113, todos de la Ley de Amparo, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los numerales transcritos se desprende que el estudio de las causas de improcedencia debe emprenderse en forma oficiosa; por esa razón, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de garantías debe examinar el escrito de demanda y de advertirse la existencia de alguna causa que torne improcedente el juicio, deberá desecharla de plano. Asimismo, que el juicio de amparo es improcedente cuando se endereza contra actos dictados fuera de juicio y cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Cabe destacar que, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediata y directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o gobernado que tutela nuestra constitución federal, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio del que dimanan, es decir, que aún y cuando obtenga sentencia favorable, será imposible restituirle el derecho quebrantado, por ejemplo cuando se trata de una privación de la libertad o de un bien, que el tiempo del que se le privó no será posible restituirle. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna de los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, es decir, violaciones meramente formales respecto a derechos que surgen y se generan durante el trámite del juicio o al procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si fueran violados, la sentencia podría tener como efecto la restitución de los mismos; por esa razón, si los actos no afectan de manera directa los derechos sustantivos de las partes, tales aspectos podrán hacerse valer como violaciones procesales al promoverse el juicio de amparo contra la determinación que le ponga fin al juicio o procedimiento judicial de que se trate. Sentado lo anterior se tiene que, respecto del acto que aquí reclama el promovente del amparo: consiste en la falta de emisión de laudo dentro del juicio laboral ********************, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Se expone tal aserto, en razón de que el acto reclamado en esencia, se hace consistir en la omisión de dictar laudo en los autos del expediente laboral ******************** del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad capital; al considerar que con ello se transgrede en su agravio, la garantía prevista por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no respetarse los plazos y términos que prevé la Ley Federal del Trabajo, para el pronunciamiento del laudo; acto reclamado, que no constituye un acto en juicio de imposible reparación, pues no afecta de modo directo e inmediato un derecho sustantivo tutelado por medio de las garantías individuales. El numeral 17 Constitucional mencionado, establece en lo conducente que en los Tribunales se impartirá justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; esto es, el mencionado precepto protege al gobernado al establecer que los tribunales deben resolver controversias de su competencia conforma a las reglas señaladas en las leyes orgánicas y de procedimientos respectivas. Por tanto, cuando el acto reclamado consiste en la tutela de los plazos y términos fijados en las leyes secundarias, como en el caso acontece, es improcedente el juicio de amparo, porque no se viola de manera directa e inmediata un derecho sustantivo protegido por la Constitución. Ahora bien, los artículos 885, 886, 887 y 889, de la Ley Federal del Trabajo establecen: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo ..." "Artículo 886. Del proyecto de laudo formulado por el auxiliar, se entregará una copia a cada uno de los miembros de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber recibido la copia del proyecto, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación a las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de aquellas pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas." "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." "Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta." Conforme a lo dispuesto por los preceptos anteriormente transcritos, se desprende que dentro de los diez días siguientes al en que el secretario auxiliar declare cerrada la instrucción, éste debe formular por escrito proyecto de resolución del que entregará copia a cada uno de los miembros de la Junta; posteriormente, dentro de los cinco días siguientes, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que estime necesarias para el esclarecimiento de la verdad; una vez transcurrido dicho plazo, se presentan los siguientes supuestos: a) En caso de que se hubiera solicitado la práctica de las mencionadas diligencias por alguno de los miembros de la Junta, ésta, con citación a las partes, señalará día y hora para su desahogo, ello dentro de un plazo de ocho días. b) Transcurrido el término de cinco días concedido a los integrantes de la Junta, o el correspondiente al desahogo de las diligencias solicitadas, el presidente de la Junta citará a los miembros de aquélla para la discusión y votación del proyecto de laudo, evento que debe realizarse dentro de los diez días siguientes al en que hubieran concluido, por una parte, el término de cinco días o, por otra, el desahogo de las diligencias respectivas. c) Si el proyecto de resolución fuere aprobado sin adiciones o modificaciones se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato, de lo contrario, se ordenará al secretario que redacte el laudo de acuerdo con lo aprobado, lo que se hará constar en el acta correspondiente." De lo anterior se desprende que, una vez cerrada la instrucción, el plazo general para la emisión del laudo es de treinta y tres días hábiles. Por tanto, el retardo de que se duele el quejoso no transgrede de manera directa e inmediata un derecho sustantivo protegido por la Constitución; máxime si se toma en consideración la fecha que bajo protesta de decir verdad, aduce el quejoso se decretó cerrada la instrucción (cinco de diciembre de dos mil dieciocho) y al momento de la presentación de la demanda de amparo (veintiocho de enero de dos mil diecinueve), no ha mediado el plazo general para la emisión del laudo, puesto que sólo transcurrieron veinticinco días hábiles, pues deben descontarse los días inhábiles y el segundo periodo vacacional de que disfruto el personal de la junta responsable, el cual, como se desprende de la certificación secretarial de cuenta, comprendió del veinte de diciembre pasado al cuatro de enero en curso; por lo que este juzgador estima que no ha transcurrido un plazo razonable para que el referido Tribunal esté en aptitud de dictarlo; pues es necesario que transcurran los plazos previstos, en el caso, al menos treinta y tres días hábiles. En ese sentido, el acto que por esta vía reclama el quejoso, se reitera, es notoriamente improcedente, pues, al no haber transcurrido los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, no existe una dilación o paralización total en el procedimiento de origen, que produzcan una afectación a sus derechos sustantivos. Tiene aplicación en lo conducente, la tesis jurisprudencial siguiente. "Época: Novena Época Registro: 182160 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Febrero de 2004 Materia(s): Laboral Tesis: 2a./J. 8/2004 Página: 226 LAUDO. LA OMISIÓN DE SU DICTADO, A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL PARA ELLO, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis de jurisprudencia P./J. 24/92, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 56, agosto de 1992, página 11, que los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, son impugnables ante el Juez de Distrito en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Por otra parte, el propio Tribunal Pleno precisó en la jurisprudencia P./J. 113/2001 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 2001, página 5, que el artículo 17 constitucional garantiza a favor de los gobernados el disfrute de diversos derechos, entre los que se encuentra el acceso efectivo a la administración de justicia, la cual debe impartirse de manera pronta y expedita mediante el cumplimiento por parte de la autoridad jurisdiccional de los plazos y términos dispuestos por la ley. En ese orden, la omisión de pronunciar el laudo, a pesar de haber transcurrido el plazo previsto en los artículos 885 a 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una violación que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, pues con ello se difiere la resolución del juicio, aun cuando el laudo que en el fondo del asunto llegare a emitirse resultara favorable a sus intereses, ya que la violación a la garantía individual no podría ser remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo y, por ende, la vía para la impugnación de aquella omisión es el amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues el efecto vinculatorio de la sentencia concesoria será obligar a la Junta a obrar en el sentido de respetar la garantía violada emitiendo el laudo relativo. Contradicción de tesis 159/2003-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, y por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito. 30 de enero de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Verónica Nava Ramírez. Tesis de jurisprudencia 8/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del trece de febrero de dos mil cuatro.". En razón de lo anterior, y toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, procede el desechamiento de la demanda por su notoria e indudable improcedencia. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ********************, por conducto de su apoderada, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.Rcl

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