Héctor Morales Flores
Expediente 42/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 42/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Héctor Morales Flores
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede. Causa estado En consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a doce de febrero de dos mil dieciséis. Agréguense a los autos los informes justificados rendidos por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Actuaria de su adscripción; por tal motivo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con dichos informes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. De igual forma, con apoyo en los numerales 9 y 26, fracción II, de la ley en cita, se tienen como sus delegados a las personas que mencionan, y por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio que indican. También, con fundamento en los arábigos 119 y 123 del cuerpo normativo en mención, se tienen por ofrecidas a su favor las pruebas documentales que anexan, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Ahora bien, de acuerdo a las constancias que obran en autos, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Tratándose de omisiones, esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Aunado a lo anterior, es preciso aclarar que para actualizarse la causal de improcedencia en estudio, es requisito sine qua non que la Autoridad responsable destruya total e incondicionalmente todos los efectos del acto reclamado, de modo que las cosas vuelvan al estado que guardaban con anterioridad a la pretendida violación, de tal manera que el acto ya no pueda agraviar al quejoso. La anterior consideración encuentra apoyo, en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Puntualizado lo anterior, en el caso concreto, se advierte que la parte quejosa, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra del acto reclamado en contra de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Actuario de su adscripción, con sede en esta ciudad, el cual hizo consistir en la omisión de emplazar a la parte demanda denominada Colegio Cuautla Arboleada, sociedad civil, en el expediente laboral 01/891/15-III. Al rendir su informe justificado, el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Actuaria de su adscripción, manifestaron que es cierto el acto que se les reclama; sin embargo, de las constancias que obran el en presente asunto, en específico del acuerdo de tres de febrero del año en curso, se colige que la parte demandada Colegio Cuautla Arboleda, sociedad civil, por conducto de Aida Isela Gutiérrez Cedeño y Silvia Pacheco Tapia, en su carácter de Presidenta y Secretaria, respectivamente, del Consejo Directivo de dicha empresa, compareció al juicio laboral 01/891/15-III. Remitiendo para tal efecto copia certificada del proveído citado en el párrafo que antecede; documental a la cual se le concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Razón por la cual, si el peticionario de amparo reclama la omisión por parte de las responsables en emplazar a la parte demandada Colegio Cuautla Arboleda, sociedad civil, sociedad anónima de capital variable, y ésta ya compareció en el juicio laboral de origen, como se desprende de las constancias que obran en autos; es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado. Por tanto, la pretendida violación cesó en sus efectos al desaparecer la omisión de mérito, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos procesales como si se hubiere otorgado la protección constitucional. No obsta a la anterior determinación, el hecho de que la parte quejosa hubiese solicitado la protección constitucional en el sentido de que se conminara a la responsable a continuar con el procedimiento dentro de los términos que marca la ley, e incluso al dictado del laudo, en virtud de que en caso de concederse el amparo, sólo sería en cuanto a la etapa procesal en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, lo que aconteció en la especie, pues la etapa de emplazar a la parte demanda ya se ocurrió (subsanó), razón por la cual cesó la conducta omisiva reclamada y con eso la denegación de justicia de que se duele la quejosa En mérito de lo anterior, es necesario citar la tesis 2a. CV/2013 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2005150, cuyo rubro y texto establecen: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Bajo esa tesitura, no sería dable sostener que tratándose de violaciones al segundo párrafo del artículo 17 del Pacto Federal (denegación de justicia), los efectos de la concesión abarquen necesariamente hasta el dictado del laudo o concluir con prontitud todo el procedimiento laboral, pues de acuerdo al criterio previamente citado, el Juez de Distrito debe acotar los efectos protectores a la etapa en que se llevó a cabo el acto tildado de inconstitucional. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia identificada con el número 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Cabe señalar, que el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos del acto que señaló como reclamado. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Luis Mariano Sánchez Martínez, Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, derivada de la sesión celebrada el dos de febrero de dos mil dieciséis, ante el licenciado Luis Daniel Domínguez López, que autoriza. Doy fe.GV
- Principal
Cuernavaca, Morelos a catorce de enero de dos mil dieciséis. Admisión de la demanda. En atención a su contenido, con apoyo en lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112 y 115 de la ley de la materia, se admite la demanda de amparo. Del incidente de suspensión. Se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, para la celebración de la audiencia constitucional. Vista al Ministerio Público Federal.
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