Hector Molina Valdez y Otros.
Expediente 755/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 755/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/10/2017
Partes del expediente
- Hector Molina Valdez y Otros.
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a seis de octubre de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se tuvo por no presentada la demanda, en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción I, del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente.
- Principal
Ciudad de México, a veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por los quejosos, en atención a su contenido, no ha lugar a tener por desahogada la prevención formulada en auto de treinta y uno de agosto pasado (foja 9 a 12), ya que la denominación de las autoridades que señalan como responsables son imprecisas, como se indicó en el acuerdo de siete del mes en curso (foja 16), por lo que no se tiene por desahogada la prevención formulada en autos. Ahora, de la certificación de cuenta, se advierte que el plazo concedido a la parte quejosa por acuerdo de la fecha citada en primer término, para que desahogara la prevención formulada en autos, transcurrió del cinco al dieciocho del mes en curso, sin que lo hubiera hecho satisfactoriamente, en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se conminó, y con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda.
- Principal
Ciudad de México, a siete de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por los quejosos, en atención a su contenido, no ha lugar a tener por desahogada la prevención formulada en proveído de treinta y uno de agosto pasado (fojas 9 a 12). Lo anterior es así, pues respecto del señalamiento de las autoridades responsables, entre otras ".Fiscalía desconcentrada de la Delegación TIáhuac, Coordinación Territorial TLH 1 con detenido.", ".Fiscalía desconcentrada de TIáhuac, Coordinación Territorial TLH 2 sin detenido." y ".Fiscalía Central de Investigación para la atención del delito de narcomenudeo.", es claro que subsiste la imprecisión que motivó se les previniera en los términos del auto destacado, en el sentido de que dichas fiscalías y coordinaciones cuentan con diversas unidades y servidores públicos adscritos a las mismas. Atento a lo anterior, por única ocasión se interrumpe el plazo indicado en el acuerdo mencionado, por ello, hágase de su conocimiento la imprecisión anotada, toda vez que se encuentran en posibilidad de subsanarla y una vez que transcurra el plazo concedido para tal efecto se acordará lo procedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en la página 1323 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, abril de 2005, del rubro siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY RELATIVA SE INTERRUMPE CON LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO CORRESPONDIENTE Y HASTA EN TANTO SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO QUE LE RECAIGA".
- Principal
Ciudad de México, a treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete. Vista la demanda promovida por Hector Molina Valdez, Gustavo Molina Sandoval, Carlos Molina Sandoval y Cecilio Tomas Molina Aguilar, contra actos del Agente del Ministerio Público número 28, y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 755/2017. Previamente al análisis de la procedencia del juicio, de conformidad con los artículos 108, 112 y 114 de la Ley de Amparo, el juez debe examinar el escrito de demanda, y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna deficiencia, irregularidad u omisión, señalará con precisión en el auto relativo en qué consisten, a efecto de que la parte quejosa esté en posibilidad de corregirlas o subsanarlas, según sea el caso. En ese sentido, con fundamento en el último de los preceptos invocados, prevéngase a los quejosos para que en el plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, subsanen la irregularidad en que incurrieron, acorde con la fracción III del numeral 108 de la ley de la materia. En efecto, de la lectura integral de la demanda se aprecia que los justiciables señalaron como autoridad responsable, entre otras, al "Agente del Ministerio público numero 28ª."; sin embargo, es un hecho notorio para este juzgado que las Agencias del Ministerio Público actualmente se identifican por la Coordinación Territorial a la que pertenecen y a cada una de éstas se encuentra adscrito un responsable de agencia, contando cada uno de ellos con diversos Agentes del Ministerio Público, y éstos a su vez se encuentran adscritos a diferentes Unidades de Investigación, Con o Sin Detenido, así como a diversos turnos, asimismo, existen diversas Fiscalías y Agencias del Ministerio Público especializadas, por lo que en el sentido en que se encuentra denominada dicha autoridad es indudable que este órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado para requerirle su informe de ley, al desconocerse a qué Unidad de Investigación, Con o Sin Detenido, a qué turno, a qué Fiscalía o Agencia especializada se encuentra adscrito el Agente del Ministerio Público que indica. Asimismo, señalaron como autoridades responsables, a la "Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México" y "Procuraduría General de la República"; esto es, de manera genérica, sin embargo, constituye un hecho notorio para este órgano de control constitucional que dichas procuradurías son instituciones públicas que cuentan con diversas unidades administrativas y servidores públicos, por lo que en el sentido en que se encuentran denominadas dichas autoridades es indudable que este órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado para requerirles su informe de ley. En efecto, no debe perderse de vista que en el juicio de amparo el señalamiento de las autoridades responsables, debe ser de tal forma que permita su específico emplazamiento, ya que de la interpretación sistemática del precepto 108, fracción III, en relación con el 26, fracción II, inciso a) y 28, fracción I, de la ley reglamentaria, se advierte que es obligación de este juzgado practicar el emplazamiento y las notificaciones a las autoridades responsables por medio de oficio que se entregue en el domicilio de su oficina principal. Por tanto, a fin de que se pueda cumplir con el correcto llamamiento al presente juicio de las autoridades responsables, aunado a que los promoventes de la acción constitucional se encuentran obligados a señalar con precisión su denominación, requiéraseles para que en el plazo concedido en párrafos que anteceden precisen específicamente la denominación correcta de las autoridades responsables. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el entonces único Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, publicada en la página 186 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, septiembre de 1993, cuyo rubro establece: "AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISIÓN QUIÉNES SON LAS". Circunstancia que se considera indispensable aclaren a efecto de establecer la relación procesal y por tanto la litis constitucional planteada que en su caso será motivo de estudio al momento de dictarse la sentencia. Sin que se soslaye que a pesar de tratarse de un asunto en materia penal, la suplencia prevista en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, no autoriza a cambiar los elementos del juicio de amparo que los promoventes señalaron, como lo es la indicación de las autoridades responsables. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia que aparece publicada en la página 593 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, publicada en la página 593 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO AUTORIZA A CAMBIAR NI ACTO RECLAMADO, NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO". En el entendido que el requerimiento que se formula únicamente podrán desahogarlo los quejosos, no así los autorizados, porque si bien el precepto 12 de la Ley de Amparo confiere amplias facultades a quienes son nombrados en esos términos, el señalamiento de los elementos del juicio (autoridades responsables), sólo corresponde a los titulares de la acción constitucional de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, publicada en la página 68 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, junio de 2011, del rubro siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA". En la inteligencia que al desahogar tal requerimiento, deberán proporcionar las copias de demanda que sean necesarias para correr traslado a las autoridades que señalen, para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional, así como para tramitar el incidente de suspensión que solicita. Con la precisión de que con el original del escrito de desahogo se deberán exhibir las copias necesarias para correr traslado a cada una de las partes. No es obstáculo para prevenir a los amparistas, lo que dispone el artículo 110 de la ley de la materia, en específico en su segundo párrafo, porque a criterio de este juzgado dicho numeral debe interpretarse no de manera aislada, sino de forma integral y sistemática con el diverso 20 de la misma legislación, como se hace enseguida. El precepto primeramente citado, establece: "Artículo 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos en que la demanda se presente en forma electrónica. El órgano jurisdiccional de amparo, de oficio, mandará expedir las copias cuando el amparo se promueva por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos, lo mismo que en asuntos del orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, así como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio". De la lectura de este artículo, este órgano jurisdiccional considera lo siguiente: 1. Establece las formas en que puede presentarse la demanda de amparo, bajo dos supuestos, a saber: a) Por escrito; y b) Por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos. 2. Determina que cuando se presente en forma escrita, la parte quejosa debe exhibir las copias a que se refiere el primer párrafo. 3. Dispone la expedición oficiosa de tales copias en los casos indicados en el segundo párrafo, que es el que da lugar a la interpretación que se realiza. Así, este órgano de control constitucional estima que cuando la demanda se presente en forma escrita, la parte quejosa está obligada a exhibir las copias respectivas, como lo establece claramente -sin que tenga duda alguna al respecto-, el primer párrafo en consulta. Por otra parte, también considera que cuando la demanda se presente por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos, el órgano jurisdiccional de amparo expedirá oficiosamente las copias correspondientes, en los siguientes supuestos: a) En asuntos del orden penal; b) En asuntos del orden laboral, tratándose de trabajadores; c) Cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces; d) Cuando se puedan afectar los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros; y e) Cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio. Luego, en el primer supuesto indicado, que es el que interesa, esto es, "en asuntos del orden penal", la disposición en consulta debe interpretarse -a criterio de este juzgado-, en estricta vinculación con el anunciado artículo 20, que dispone: "Artículo 20. El juicio puede promoverse por escrito, comparecencia o medios electrónicos en cualquier día y hora, si se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En estos casos, cualquier hora será hábil para tramitar el incidente de suspensión y dictar las providencias urgentes a fin de que se cumpla la resolución en que se haya concedido. Para los efectos de esta disposición, los jefes y encargados de las oficinas públicas de comunicaciones estarán obligados a recibir y transmitir, sin costo alguno para los interesados, los mensajes en que se demande amparo por alguno de los actos enunciados, así como las resoluciones y oficios que expidan las autoridades que conozcan de la suspensión, fuera de las horas del despacho y a pesar de que existan disposiciones en contrario de autoridades administrativas". Con base en lo expuesto, la interpretación conjunta de los numerales de que se trata, lleva a este órgano de control constitucional a considerar que, en asuntos del orden penal, la expedición oficiosa de copias resulta exclusiva para los supuestos a que alude este último precepto, con independencia de la forma de presentación de la demanda, lo que se justifica dada la trascendencia de la afectación en la esfera jurídica del quejoso y la urgencia que el caso amerita. A criterio de este juzgado, considerar lo contrario podría llevar a innumerables abusos por parte de los gobernados demandantes de amparo que no se encuentren en los supuestos del artículo último en cita, pues cuando en un "asunto del orden penal" se reclamen, verbigracia, el no ejercicio de la acción penal, la determinación de reserva, la negativa a expedir copias en una averiguación previa o proceso, la violación al derecho de petición, e incluso con mayor ejemplificación de los abusos mencionados el supuesto de la orden de aprehensión reclamada de múltiples autoridades, en que ha habido situaciones que superan las quinientas, entre otros muy variados casos, ya que en tales hipótesis bastaría que la parte quejosa presentara únicamente el original de la demanda, sin copia alguna, para que se tuviera que ordenar su expedición oficiosa, cuando no existe justificación para ello. Lo anterior se estima así, porque en primer lugar, si bien es cierto que la redacción del segundo párrafo del artículo 110 que se comenta no establece excepción alguna en cuanto al tema de que se trata, esto es, la expedición oficiosa de copias al disponer de manera genérica "lo mismo que en asuntos del orden penal", no menos cierto resulta que tampoco establece que esa expedición de copias deba hacerse en todo caso, de ahí la interpretación que se realiza. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número electrónico 2010048, del rubro siguiente: "COPIAS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. CASO EN EL QUE EL PROMOVENTE NO ESTÁ OBLIGADO A EXHIBIRLAS, POR SUS CONDICIONES DE POBREZA Y MARGINACIÓN, EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL NUMERAL 110 DE LA LEY DE AMPARO". Apercibidos que de no dar cumplimiento al presente requerimiento, se procederá de conformidad con el párrafo segundo del dispositivo 114 la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Por otra parte, se tiene como representante común de los quejosos al justiciable nombrado en primer término en la demanda. Por otro lado, como se solicita, todas las notificaciones deberán de realizarse por lista de acuerdos que se publica en este juzgado, en virtud que se señalaron para tal efecto los estrados, asimismo, ténganse como autorizada(s) en los términos que se precisan a la(s) persona(s) mencionada(s).
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