Hector Miguel Medina Ocejo

Expediente 292/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
292/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
18/08/2021

Partes del expediente

  • Hector Miguel Medina Ocejo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d) de la ley en comento, contra de la resolución de treinta de julio de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que HA CAUSADO ESTADO el mismo, para todos los efectos legales. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado no haya realizado el cómputo a efecto de saber si ya transcurrió el término a la autoridad responsable, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la Ley de la Materia, lo anterior, en atención a que se determinó sobreseer en el presente juicio; por tanto, dicha resolución no les irroga perjuicio alguno. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso b), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido. Ha´gase las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el Sistema Integral de Seguimientos a expedientes -SISE- y en el libro de gobierno concerniente. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, dos de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos sin mayor proveído el oficio y anexo de cuenta, suscrito por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de San Luis Potosí, toda vez que mediante acuerdo de treinta de julio de dos mil veintiuno, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Finalmente, en atención a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Norma Elizabeth López Rodríguez, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, encargada del despacho, por encontrarse en su periodo vacacional el Titular del Juzgado en términos del artículo 141 de la Ley de Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de julio de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CR./CJD./003/2730/2021 quien actúa ante el licenciado David Jorge Siu Huerta, Secretario del Juzgado que autoriza y da fe. (Firmado electrónicamente)DJSH/oalf

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como las constancias que integran el presente asunto, se advierte que el acto reclamado por el que se admitió a trámite la demanda de amparo consiste en el siguiente: - La omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, de acordar el escrito presentado el diecinueve de marzo del año en curso, en la oficialía del referido tribunal. Ahora bien, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, en virtud de que es inexistente el acto reclamado. El precepto y fracción citados son de la literalidad siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (...)" El precepto transcrito prevé la posibilidad de sobreseer en el juicio cuando no exista el acto reclamado o cuando no se pruebe la existencia de éste en la audiencia constitucional. Por lo cual se trata de dos supuestos diversos a saber: Uno, cuando el acto no existe antes de la presentación de la demanda de amparo. Dos, cuando durante la secuela procesal del juicio de amparo no se prueba que existe el acto reclamado. La primera hipótesis se da en el caso, por las razones siguientes: El escrito de solicitud de amparo fue presentado por medios digitales el catorce de junio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, contra el acto del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, que hizo consistir en la omisión de acordar el escrito presentado el diecinueve de marzo del año en curso, en la oficialía del referido tribunal, dentro del juicio laboral 491/2016/M4. De las constancias remitidas en su informe justificado por la autoridad responsable -Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí-, consistente en copia certificada del acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, dictado en el sumario laboral de origen -la cual tiene valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con su artículo 2o-, se acredita que es inexistente el acto reclamado, en virtud de que desde esa data la autoridad del conocimiento cumplió con la omisión atribuida en el juicio de origen que se le reclama en este juicio de amparo. De lo anterior se advierte que la obligación a cargo de la autoridad responsable reclamada en este juicio constitucional, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (catorce de junio de dos mil veintiuno), había quedado cumplida, de lo cual la promovente de amparo era sabedor, pues el acuerdo relativo se le notifico´ el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, según se advierte del sello que obra al reverso del multicitado acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Por lo cual, resulta indudable que si en el presente juicio de amparo el acto reclamado consistió en la omisión de acordar el escrito presentado el diecinueve de marzo del año en curso, dentro del juicio laboral 491/2016/M-4, y la autoridad del conocimiento acredito´ haber acordado el referido ocurso, se concluye que tal imputación no existía al momento de la presentación de la demanda de amparo. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA, en el presente juicio de amparo. No se soslaya que conforme a lo dispuesto por los citados precepto y fracción, el sobreseimiento del juicio de amparo procede cuando se actualizan los siguientes supuestos: 1.- De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o 2.- Cuando la parte quejosa no probare su existencia en la audiencia constitucional. Sin embargo, si bien por regla general se debe esperar a la celebración de la audiencia constitucional a fin de que la parte quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado que dio origen al juicio de amparo indirecto; lo cierto es que esa es la regla general, que en el caso, sufre una excepción, en términos de la primera parte de la invocada fracción. En apoyo a la citada consideración, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 49/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2015699, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, Materia Común, página 386, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTI´CULO 63, FRACCIO´N IV, DE LA LEY DE AMPARO". Es así, porque, en la especie, se advierte actualizada la primera de las hipótesis antes referidas (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado) pues como se ha visto, la omisión de acordar el escrito planteado por la parte quejosa era inexistente desde antes de la presentación de la demanda de amparo, lo que conlleva que, en el particular, no tenga razón de ser el medio de control constitucional, pues pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 Constitucional; de ahí que, se insiste, resulta procedente el sobreseimiento fuera de audiencia. Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada en lo conducente, la jurisprudencia 10 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -que resulta aplicable en términos de lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente-, con registro digital 917544, visible en la Octava Época del Apéndice 2000, Tomo VI, Materia Común, página 12, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTO RECLAMADO, SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO´ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Así, acorde al razonamiento expuesto y a la tesis de jurisprudencia en cita, la cual resulta de aplicación obligatoria al caso, según dispone el artículo 217 de la Ley de Amparo, se estima pertinente acotar que para decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de celebrar la audiencia constitucional resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice de una forma fehaciente, que no pueda ser desvirtuada, aun y cuando las partes ofrezcan pruebas; es decir, su materialización debe ser tal que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancias que en el caso se surten a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que la quejosa pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que a la fecha de la presentación de su demanda era inexistente el acto reclamado. En esa virtud, se deja sin efectos la fecha para la celebración de la audiencia constitucional señalada en autos. Finalmente, en atención a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese; y personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma la licenciada Norma Elizabeth López Rodríguez, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, encargada del despacho, por encontrarse en su periodo vacacional el Titular del Juzgado en términos del artículo 141 de la Ley de Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de julio de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CR./CJD./003/2730/2021, quien actúa ante el licenciado David Jorge Siu Huerta, Secretario del Juzgado que autoriza y da fe. (Firmado electrónicamente)

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintinueve de julio de dos mil veintiuno. Téngase por recibido vía correo electrónico el oficio y anexo de cuenta, remitido por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia respectiva. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las CATORCE HORAS DEL VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su desahogo. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 151, tomo XXVII, Marzo de 2008, del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro 170081, que dice: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO: En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial.". Además, se tienen como delegados de la autoridad responsable de mérito; a las personas que menciona en términos del artículo 9, de la Ley de Amparo y como domicilio procesal el que señala. Ahora bien, en apoyo a su informe con justificación acompaña diversas constancias; documentales que se tienen desahogadas por su propia y especial naturaleza de conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo. Finalmente, en atención a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Norma Elizabeth López Rodríguez, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, encargada del despacho, por encontrarse en su periodo vacacional el Titular del Juzgado en términos del artículo 141 de la Ley de Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de julio de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CR./CJD./003/2730/2021, quien actúa ante el licenciado David Jorge Siu Huerta, Secretario del Juzgado que autoriza y da fe. (Firmado electrónicamente)DJSH/oalf

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