Héctor Miguel López Navarrete
Expediente 697/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 21 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 697/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 09/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Héctor Miguel López Navarrete
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a nueve de noviembre de dos mil veintitrés Visto el estado procesal que guardan los autos y las constancias que obran en el juicio en que se actúa, este Juzgado de Distrito advierte que en los presentes autos ha sobrevenido un motivo de improcedencia que reúne las características de notoriedad suficientes para que se dicte el sobreseimiento fuera de audiencia, al ser este un motivo manifiesto e indudable; estimar lo contrario, indefectiblemente dilataría el dictado de la determinación que en derecho corresponde al presente juicio, colmando de forma ociosa los plazos, en razón de que con ningún elemento probatorio, ni consideración alguna respecto de los informes justificados, podría desvirtuarse el motivo de improcedencia que se actualiza en el particular. Por el contrario, se contravendría el espíritu del derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 del Pacto Federal, pues a nada práctico conduciría esperar el transcurso de los plazos, así como a la celebración de la audiencia constitucional, si el resultado sería exactamente el mismo, en razón de que la causa de improcedencia no depende de tales asertos, por lo cual, sólo se generarían en el justiciable falsas expectativas de derecho, de forma injustificada. Ahora bien, de las actuaciones se advierte que el acto reclamado en el presente juicio de amparo consiste en: El inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad UAI/004-P/04-2023, incoado en contra del quejoso Héctor Miguel López Navarrete, el cual, se reclama al Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Cuautla, Morelos. Así, debe señalarse que la autoridad responsable al contestar el oficio 18729/2023 remitió diversas constancias de las que se desprende lo siguiente: Que el veinte de junio de dos mil veintitrés, el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaria Municipal de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en la Cuarta Sesión extraordinaria resolvió el expediente UAI/004-P/04-2023, determinación que fue notificada al hoy quejoso el veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Por lo cual se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;." Del precepto anterior, se desprende en esencia que el juicio de amparo es improcedente cuando exista un cambio de situación jurídica. Respecto al cambio de situación jurídica es de citar la tesis 2a.CXI/96, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 219, del Tomo IV, Diciembre de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Ahora bien, como ya se señaló en párrafos anteriores la parte quejosa Héctor Miguel López Navarrete, reclama del Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Cuautla, Morelos, inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad UAI/004-P/04-2023, incoado en su contra. El catorce de julio de dos mil veintitrés, la Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Cuautla, Morelos, Alicia Flores Fuentes, al contestar el oficio 18729/2023, informó lo siguiente: Que con fecha veinte de junio de dos mil veintitrés, en sesión extraordinario llevada a cabo por el Consejo de Honor y Justicia se resolvió sobre el expediente administrativo de responsabilidad número UAI/004-P/04-2023, resolución que fue notificada al hoy quejoso el veintiséis de junio de dos mi veintitrés. Situación que se corrobora con la cedula de notificación, de la resolución de veinte de junio de dos mil veintitrés, que anexó la Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Cuautla, Morelos, Alicia Flores Fuentes. Lo anterior trae como consecuencia la improcedencia de este juicio de garantías porque se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, con base esencialmente en que operó un cambio de situación jurídica al haberse resuelto sobre el expediente administrativo de responsabilidad U UAI/004-P/04-2023 y dictarse la resolución del veinte de junio de dos mil veintitrés, la cual establece lo siguiente: "Este Consejo de Honor y Justicia de la Secretaria Municipal de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, encontró elementos suficientes para sancionar al elemento sujeto a procedimiento administrativo decretando LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE SUS FUNCIONES del elemento HÉCTOR MIGUEL LÓPEZ NAVARRETE, POR EL TÉRMINO DE TREINTA DÍAS NATURALES, SIN GOCE DE SUELDO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL [.]". Por ende, el hecho de resolver la situación jurídica del quejoso, en este caso a través de la resolución de veinte de junio de dos mil veintitrés, se traduce en que tal determinación generó efectos distintos y novedosos a los que en su momento se crearon con el acuerdo de inicio del procedimiento reclamado, por lo que al actualizarse dicha causal, se autoriza a sobreseer este juicio constitucional fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de esa ley. Por analogía, sirve de apoyo a lo anterior la tesis asilada I.11o.C.61 K (10a.), de la Undécima Época, publicada en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.Libro 16, Agosto de 2022, Tomo V, página 4390, con registro digital 2025083, de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO SE RECLAME UN ACTO PROCESAL VINCULADO EXPRESAMENTE CON ALGUNA DE LAS ETAPAS PROCESALES QUE CONFORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO EN EL QUE SE EMITE RESOLUCIÓN CON LA QUE CONCLUYE O DILUCIDA LA CONTROVERSIA PRINCIPAL O INCIDENTAL PLANTEADA. Hechos: En la fase de ejecución de convenio de un juicio mercantil, la parte demandada promovió incidente de nulidad de actuaciones respecto a la adjudicación del inmueble embargado en ese asunto. Además, solicitó medidas cautelares con la finalidad de que: a) se mantuviera la situación de hecho existente; y, b) se inscribiera el referido incidente en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, en el folio real del inmueble adjudicado. El Juez de origen admitió el incidente de nulidad de actuaciones y, en dos acuerdos distintos, no acordó de conformidad las medidas cautelares solicitadas. En contra de estas últimas dos resoluciones, la parte demandada promovió juicio de amparo. El Juez de Distrito desechó la demanda al estimar que se actualizó un cambio de situación jurídica, pues en diversa demanda de amparo promovida por la misma quejosa, respecto del mismo procedimiento de origen, reconoció que el incidente de nulidad de actuaciones se declaró infundado en interlocutoria de primer grado y que ésta se encontraba subjúdice en apelación. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica, sólo se actualiza cuando en el juicio de amparo se reclame un acto vinculado expresamente con alguna de las etapas procesales que conforman el procedimiento respectivo en el que se emite resolución con la que concluye o dilucida la controversia principal o incidental planteada. Justificación: Lo anterior, porque el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente cuando por virtud de un cambio de situación jurídica deban considerarse consumadas irreparablemente las presuntas violaciones que se hubieren cometido en el procedimiento respectivo, pues no es posible decidir sobre éstas sin afectar la nueva situación jurídica. Esta causa de improcedencia sólo opera en procedimientos jurisdiccionales o procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. De esa forma, el cambio de situación jurídica implica que el acto reclamado ocurrió en una determinada etapa procesal; de ahí que cuando el procedimiento avanza a otra fase, por regla general no es posible hacer que el juicio o procedimiento se retrotraiga. En otras palabras, el procedimiento jurisdiccional o el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio se asemeja a un túnel dividido en secciones, cada una de las cuales se cierra o individualiza de las demás por medio de compuertas; de manera que cada vez que se avanza por ese túnel, las compuertas que dividen las secciones se cierran, lo que impide que la persona que recorre ese túnel se encuentre en posibilidad para regresar a la sección anterior, pues ésta ha quedado cerrada definitivamente. Esa imposibilidad de regresar las etapas procesales, cuando el juicio o procedimiento ha avanzado a una etapa distinta, es la que produce que las posibles violaciones que se hubieren cometido en la etapa anterior se estimen irreparablemente consumadas, pues el análisis de éstas podría afectar la nueva situación jurídica que se ha creado al avanzar el asunto a una etapa procesal diversa. Conforme a lo expuesto, la regla general respecto de la improcedencia del juicio de amparo llamada cambio de situación jurídica, consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento, de surgir una situación jurídica nueva, aquél será improcedente si de concederlo se afectara esta última y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo estatus jurídico. Por tanto, si en el procedimiento principal o incidental respectivo se solicitan medidas cautelares y éstas no se acuerdan de conformidad, la emisión de la resolución con la que concluya ese procedimiento principal o incidental no implica un cambio de situación jurídica, en virtud de que las medidas cautelares solicitadas no corresponden a una etapa de ese procedimiento." Con base en lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada dentro de este juicio de amparo. Notifíquese personalmente Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Karina Vanessa Corona Alday, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, y como hecho notorio se desprende el aviso de suspensión de plazos y términos procesales, emitido por los coordinadores de Jueces y Magistrados del Décimo Octavo Circuito con residencia en esta ciudad, mediante el cual se declaró inhábil el día dieciocho de octubre de dos mil veintitrés; y de conformidad con lo previsto en las Circulares 28/2023 y 29/2023, emitidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativas a la prolongación del "paro nacional", del jueves diecinueve al domingo veintinueve de octubre de dos mil veintitrés; retomándose de manera regular las actividades laborales a partir del treinta de octubre de dos mil veintitrés; lo anterior, con la finalidad de defender los derechos adquiridos y prestaciones laborales de los trabajadores del Poder Judicial Federación; por lo anterior, es que se ordena la reanudación en el trámite del presente juicio de amparo; en consecuencia, se fijan DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en virtud de que no se cuenta con el informe justificado solicitado a la autoridad señalada como responsable; en consecuencia, reexpídase el oficio 14571/2023, dirigido al Titular de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en el Municipio de Cuautla, Morelos, a fin de que la citada autoridad responsable rinda su informe justificado. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional, y se fija para su celebración las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
V I S T O S para resolver, sobre la suspensión definitiva en el incidente relativo al juicio de amparo número 697/2023; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. HÉCTOR MIGUEL LÓPEZ NAVARRETE, reclama del Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Cuautla, Morelos, el inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad UAI/004-P/04-2023, incoado en su contra. SEGUNDO. Como se ordenó en el cuaderno principal, por auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, se proveyó sobre la suspensión provisional; se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe previo y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O ÚNICO. La autoridad responsable Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Cuautla, Morelos, al rendir su respectivo informe previo aceptó la existencia del acto que se le reclama, asimismo informó, que el veinte de junio de dos mil veintitrés, dictó sentencia definitiva, donde decretó la suspensión temporal de funciones al ahora quejoso por treinta días naturales sin goce de sueldo. Por lo anterior y con apoyo en el artículo 128, de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva. A fin de evidenciar la afirmación anterior, se estima pertinente transcribir los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 125, 128, 129, 130, 131, 136 y 139 de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: X.- Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes." "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso." "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social." "Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." "Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda". "Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional." "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes". "Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional." De los artículos transcritos se advierte que en tratándose de la suspensión de los actos reclamados se deben tomar en consideración los siguientes temas: Los requisitos de procedencia de la suspensión, que en su conjunto determinarán si la medida cautelar debe concederse; Los efectos de la suspensión, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o no hacer en cumplimiento a la medida cautelar; Las acciones o garantías que, en su caso, se requieran al quejoso para que subsistan los efectos de la suspensión; y, A su vez, los requisitos de procedencia de la suspensión deben examinarse en un orden lógico y secuencial, de modo que la ausencia de alguno de ellos impedirá seguir avanzando en el análisis de los subsecuentes, al implicar la improcedencia de la medida cautelar. De acuerdo con la regulación Constitucional y legal aplicable, los requisitos de procedencia de la suspensión que deben examinarse, son los siguientes: Petición de parte La Ley de Amparo indica en su artículo 128, que fuera de los casos en los que proceda la suspensión de oficio, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados siempre que la solicite el quejoso. En tal virtud, fuera de los casos de excepción, para que el juzgador de amparo esté en aptitud de emitir un pronunciamiento en relación con la suspensión de los actos reclamados, debe existir solicitud del quejoso en ese sentido. La existencia del acto reclamado El artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal antes transcrito, prevé que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión, de lo cual se desprende como presupuesto lógico que debe existir un acto reclamado, esto es, el acto de autoridad que presuntamente vulnere los derechos humanos del quejoso. Que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido. El artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal dispone que, para conceder la suspensión se deberá tomar en cuenta la naturaleza del acto reclamado, de lo que se deriva la obligación de verificar si el acto es susceptible de suspenderse. Que el quejoso resienta una afectación a su interés jurídico o interés legítimo. Conforme al artículo 131 de la Ley de Amparo, el quejoso debe contar con: a) interés jurídico o interés legítimo y b) resentir una afectación en cualquiera de ellos. Además, debe acreditar dicho elemento. Esto es, para efectos de la suspensión, el quejoso tendrá que acreditar, cuando menos de manera indiciaria, la afectación que le causa el acto reclamado a su interés legítimo o jurídico, pues para ese momento basta la comprobación que se obtenga a través de un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resulta agraviado con el acto reclamado, aunado a que pueda inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causarán daños y perjuicios de difícil reparación. El orden público e interés social y su ponderación con la apariencia del buen derecho. En el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo se señala como requisito de procedencia que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; en el diverso artículo 129, se señala una serie de supuestos en los que, invariablemente, se causará afectación al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar. Por consiguiente, en los demás casos distintos a los contenidos en dicha norma, el juzgador tendrá la facultad de calificar si con la suspensión de los actos reclamados no se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público. Además de ello, conforme al artículo 138 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo deberá realizar un ejercicio de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social. Ahora, en el caso concreto, la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado consistente en el inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad UAI/004-P/04-2023, incoado en su contra, sin embargo, como se citó la responsable dictó sentencia en el procedimiento administrativo en mención; por lo que debe negarse la suspensión definitiva; ello por tratarse de actos consumados, pues de lo contrario se daría un efecto restitutorio el cual es propio de la resolución definitiva que en el amparo se pronuncie. Sirve de apoyo a tal consideración la tesis de jurisprudencia número 64, visible en la página 109 de la Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que dice: "ACTOS CONSUMADOS, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE.- Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Héctor Miguel López Navarrete, respecto de los actos precisados en el resultando primero, por la autoridad y motivo expuesto en el considerando único de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Roberto Bravo Vargas, secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.
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