Héctor Miguel García Rojas

Expediente 143/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
143/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
15/02/2019

Partes del expediente

  • Héctor Miguel García Rojas

Actuaciones

  1. Incidental

    MESA V.- V I S T O S para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 143/2019-V-Z, promovido por Héctor Miguel García Rojas; y, RESULTANDO: PRIMERO. Apertura del incidente. En acuerdo de ocho de febrero pasado (fojas 9 y 10), como fue ordenado en el cuaderno principal, se tramitó por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 143/2019-V-Z, promovido por Héctor Miguel García Rojas, respecto del acto reclamado consistente en: LA ORDEN DE TRASLADO EJECUTADA DE LA PENITENCIARÍA DE SANTA MARTHA ACATITLA AL MÓDULO DE ALTA SEGURIDAD DEL CENTRO VARONIL DE REINSERCIÓN SOCIAL SANTA MARTHA ACATITLA (DIAMANTE). Atribuido a autoridades judiciales y administrativas. SEGUNDO. Suspensión provisional. En la fecha precisada en el resultando que antecede, se concedió la suspensión provisional a la parte quejosa, se solicitó a las autoridades responsables sus informes previos y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero, y 159 de la Ley de Amparo; 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dado que a decir de la parte quejosa los actos reclamados tuvieron ejecución dentro del territorio en el cual este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. A efecto de proveer sobre la suspensión definitiva peticionada, es importante destacar que la parte quejosa señala como acto reclamado: LA ORDEN DE TRASLADO EJECUTADA DE LA PENITENCIARÍA DE SANTA MARTHA ACATITLA AL MÓDULO DE ALTA SEGURIDAD DEL CENTRO VARONIL DE REINSERCIÓN SOCIAL SANTA MARTHA ACATITLA (DIAMANTE). Atribuido a autoridades judiciales y administrativas. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Los Jueces Primero a Cuarto de Ejecución de Sanciones Penales en esta ciudad, al rendir informe previo negaron la existencia del acto que se les atribuye, sin que el promovente controvierta con prueba alguna esa negativa. En tales condiciones, ante la inexistencia del acto reclamado, con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Amparo, procede negar la suspensión definitiva. Apoya la Jurisprudencia número 286, emitida por la Primera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 237, tomo VI, 1917-2000, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Subdirector Jurídico en ausencia de la Directora de la Penitenciaría de la Ciudad de México y de la Presidenta del Comité Técnico Interdisciplinario de dicha institución, al rendir el informe previo aceptó el acto reclamado consistente en la orden de traslado ejecutada. Por otra parte, el Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, omitió rendir su informe previo, no obstante haber sido notificado, tal como se advierte del acuse de recibo que obra glosado a los autos en el cuaderno original a foja 19. En consecuencia, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 142 de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos que reclama la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el entonces Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, visible en la página 243, del Tomo 181-186, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: INFORMES PREVIOS, OMISIÓN DE RENDIRLOS. EFECTOS. Ningún precepto de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito para exigir a las autoridades responsables a que rindan necesariamente sus informes previos, pues, en todo caso, ante la omisión de rendirlos, lo que previene el artículo 132, párrafo tercero, de dicho ordenamiento, es que su falta establece la presunción de ser cierto el acto que se estime violatorio de garantías para el sólo efecto de la suspensión y que, además, hace incurrir a la autoridad responsable omisa en una corrección disciplinaria, que le será impuesta por el mismo Juez de Distrito en la forma que prevengan las leyes para la imposición de esta clase de correcciones, pero de ninguna manera puede obligarse a las autoridades responsables a que necesariamente los rindan. PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN A fin de que este órgano de control constitucional se pronuncie respecto a la solicitud de la parte quejosa relativa a la obtención de la suspensión definitiva del acto reclamado, debe puntualizarse que el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece los requisitos que deben reunirse previo a conceder la medida suspensional, a saber: a) Que la suspensión sea solicitada por el quejoso; b) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Asimismo, que de conformidad con la naturaleza del acto reclamado, sea susceptible de suspenderse. En ese sentido, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, atendiendo a que en la especie concurren los requisitos referidos en el citado precepto, pues la suspensión ha sido solicitada expresamente por la parte quejosa, con su otorgamiento no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, y sí en cambio los daños y perjuicios que se le ocasionarían con la ejecución del traslado que reclama, serían de difícil reparación, SE CONCEDE A HÉCTOR MIGUEL GARCÍA ROJAS, LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO, para el único efecto de que quede a disposición de este Juzgado, por cuanto hace a la libertad personal en el lugar donde se encuentra recluido, pues es necesario que se lleve a cabo el análisis de la constitucionalidad del traslado reclamado; y a disposición del Juez competente para la continuación del procedimiento penal. En el entendido que la autoridad que tenga a disposición al quejoso, DEBERÁ GARANTIZAR SU INTEGRIDAD EN EL LUGAR EN QUE SE ENCUENTRA RECLUIDO. En la inteligencia que la medida paralizante decretada respecto del acto reclamado, tiene duración hasta en tanto la responsable reciba notificación de la sentencia ejecutoriada que se dicte en el juicio principal del que deriva el presente incidente. En mérito de lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E PRIMERO. Se niega a Héctor Miguel García Rojas, la suspensión definitiva que solicitó en términos del Considerando Tercero de esta interlocutoria, por los motivos ahí expuestos. SEGUNDO. Se concede a Héctor Miguel García Rojas, la suspensión definitiva que solicitó en términos del Considerando Cuarto de esta interlocutoria, por los motivos ahí expuestos.

  2. Incidental

    MESA V Agréguense los oficios signados por las autoridades que se detallan en sus propias comunicaciones; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos sus informes previos, sin perjuicio de relacionarlos al celebrar la audiencia incidental. En relación a sus peticiones en el sentido de que se niegue la suspensión definitiva, sus manifestaciones se tomarán en cuenta al momento de dictar la resolución interlocutoria.

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