Héctor Miguel Fuentes Hernández

Expediente 1102/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1102/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
16/12/2022

Partes del expediente

  • Héctor Miguel Fuentes Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós.********************Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Juez Municipal por ministerio de ley en Santiago Sochiapan, Veracruz y anexo; atento a su contenido, téngasele dando cumplimiento al requerimiento efectuado por auto de catorce de octubre de este año, es decir, remitiendo copia de la lista de acuerdos publicada en el índice del juzgado de su adscripción, que contiene la publicación donde consta la notificación ordenada a la aquí parte tercero interesada ********************, por tanto, dese dese de baja la comunicación despacho 85/2021 con número de orden 187/2021 del índice de este juzgado, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).********************Ahora bien, ya que en la comunicación en mención, únicamente se realizó la diligencia relativa al emplazamiento del tercero interesado ********************, y no así, con ******************** y ********************, pues el de apellidos ********************ahora radica en Estados Unidos de América, en tanto que, el de apellidos ********************, falleció hace meses.********************En ese sentido, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Juez Primero de Primera Instancia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, tenga a bien informar si los autos de la causa penal ********************de su índice, cuenta con algún dato en relación al fallecimiento del aquí tercero interesado ********************, y si respecto de ********************, tiene algún domicilio procesal o el nombre de la persona que represente sus intereses, esto con el fin de poder ordenar la localización de quien represente la sucesión a bienes del de cujus, y del diverso tercero ordenar su emplazamiento a este juicio; con el apercibimiento que de no cumplir con lo solicitado o, en su caso, manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se hará efectivo el apercibimiento establecido en el acuerdo de catorce de octubre de este año, es decir, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y su actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo, la cual asciende a $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos, con cero centavos moneda nacional), pues la unidad de medida equivale a $96.22 (noventa y seis pesos, con veintidós centavos moneda nacional) y se informará al Servicio de Administración Tributaria para el trámite correspondiente para su ejecución********************Notifíquese.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo presentada por ********************y ocho copias; fórmese expediente; regístrese en el libro de gobierno con el juicio ******************** y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO En principio, conviene precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que sustenten la causal de improcedencia, dado que lo manifiesto e indudable deriva del ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, lo que nada impide al operador jurídico sustentar consideraciones profundas o de gran amplitud. Ahora, de la demanda de amparo se advierte que el promovente reclama el auto dictado el siete de noviembre de dos mil veintidós, dentro del juicio ordinario laboral ******************** del índice del Juez Especializado en Materia Laboral del Décimo Noveno Distrito del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, en el que el titular de ese órgano jurisdiccional regularizó el procedimiento y en términos del artículo 752 de la Ley Federal del Trabajo, dejó sin efectos el emplazamiento de la codemandada ********************de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, al considerar que no se cumplieron las formalidades establecidas en la ley. Atento a lo anterior, el que suscribe considera que respecto a dicho acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar lo dispuesto por el artículo 113, 61, fracción XXIII, así como en los diversos 107, fracción V, en sentido contrario, 172 y 174, todos de la Ley de Amparo en relación con el 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, los citados preceptos, establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan (.)" "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano (.)" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)" De las porciones normativas transcritas es factible colegir que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Bajo esa perspectiva, la Ley de Amparo vigente considera que para la procedencia del amparo indirecto los actos emitidos dentro de juicio que resultan ser de imposible reparación, sólo son aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos como la vida, la posesión, la libertad, entre otros. En ese orden, resulta incuestionable que el acuerdo dictado el siete de noviembre de dos mil veintidós, dentro del juicio ordinario laboral ******************** del índice del Juez Especializado en Materia Laboral del Décimo Noveno Distrito del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, en el que se regularizó el procedimiento y en términos del artículo 752 de la Ley Federal del Trabajo, dejó sin efectos el emplazamiento de la codemandada ********************de dieciocho de octubre de dos mil veintidós; no constituye una acto de imposible reparación. Se arriba a esa conclusión, ya que en el acuerdo en comento no se afecta de manera directa o inmediata un derecho sustantivo como la libertad, la vida o las posesiones; tampoco se afecta el derecho a la indemnización que refiere la parte quejosa, sino que la decisión combatida solo tiene un impacto de carácter meramente intraprocesal. En ese sentido, la existencia o materialización del acto no implica necesariamente que el fallo que en su caso resuelva la controversia en lo principal, deba ser contrario a los intereses de la parte quejosa, motivo por el cual no puede considerarse que tal aspecto incida en la violación de derechos sustantivos. En esa línea de pensamiento, es incuestionable que la determinación en comento no es susceptible de análisis constitucional mediante la vía indirecta, por lo tanto, el acto procesal en comento es susceptible de extinguirse al dictarse la sentencia respectiva, en caso de serle favorable al promovente, y en el supuesto de no ser así, estará en aptitud de impugnar la violación procesal referida, mediante el juicio de amparo directo que se promueva contra el referido fallo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 171 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Al respecto de las violaciones al procedimiento, la misma Ley de Amparo vigente en el artículo 171, primer párrafo indica: Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. En efecto, dicho acto no puede ser calificado como de imposible reparación para la parte quejosa, con el fin de reconocer la procedencia del amparo indirecto, pues no se surte ninguno de los supuestos determinados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 11 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 56, Agosto de 1992, Octava Época, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." A propósito de lo anterior, es importante señalar que del acto reclamado, emitido por la responsable, no depende la suerte de todo el juicio, ni tampoco puede hablarse del desarrollo ocioso de un proceso, aunado a que el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta de carácter sustantivo, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, en tanto que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal que menciona la parte quejosa. Cobra aplicación, por analogía, la jurisprudencia 23/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 170244, consultable en la página 593, tomo XXVII, febrero 2008, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta". Consecuentemente, con apoyo en el artículo 113 en relación con el numeral 61, fracción XXIII, así como en los diversos 107, fracción V, en sentido contrario, 172, fracción V y 174, todos de la Ley de Amparo en relación con el 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la demanda. Sin que dicho pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de protección de derechos fundamentales. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, mayo de 2014, Tomo II, página 772, registro 2006485, de rubro y texto: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función.". Asimismo, la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, página 530, registro 2002359, de rubro y texto: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo.". DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS Con fundamento en el artículo 27 de la ley reglamentaria de esta instancia, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir toda clase de notificaciones el indicado en la demanda de amparo. Téngase por autorizados con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas mencionadas en la demanda de amparo, ya que acreditaron estar legalmente facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y/o Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con los artículos 3 de la Ley de Amparo, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico vía internet mediante el portal de Servicios en línea implementado por el Consejo de la Judicatura Federal como parte del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación en la página: http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/; el cual le permite el acceso en línea a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito en toda la República Mexicana, así como a las áreas administrativas del Poder Judicial de la Federación. En razón de lo anterior, se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano de control constitucional, para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, realice las acciones técnicas necesarias a fin de habilitar al usuario ******************** para que pueda ingresar y consultar vía internet el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. REQUERIMIENTO DE CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos Jurisdiccionales implementadas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, requiérase a las demás partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese personalmente a la parte promovente y háganse las anotaciones correspondientes...

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el término de quince días, previsto en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, concedido a las partes en auto de diecisiete de octubre pasado, en que se tuvo por cumplida la sentencia de amparo, ha transcurrido, sin que se haya recibido en la oficialía de partes de este juzgado, promoción alguna de las partes; en consecuencia, se tiene consentido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que se trata de un expediente en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal y, carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el treinta de noviembre de dos mil veinticinco. Asimismo, se establece que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, puesto que se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por lo que se establece como fecha probable el cinco de diciembre de dos mil veinticinco. Igualmente, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido; por lo que, se establece como fecha probable el cinco de junio de dos mil veintitrés. Insértese el presente proveído en los cuadernos incidentales para los efectos legales a que haya lugar, sin que sea necesaria su notificación. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Finalmente, se deja a disposición de la parte quejosa, los documentos que anexó a su escrito de demanda, para que acuda por ellos; con el apercibimiento que, de no hacerlo en el término de noventa días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, seguirán la suerte del presente expediente, al ya obrar agregados, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.

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