Héctor Miguel Flores Carpinteyro
Expediente 1607/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1607/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Héctor Miguel Flores Carpinteyro
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio del Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual acusa recibo del exhorto ***, del índice de este juzgado federal, por medio del cual se solicitó realizar la diligencia ordenada en auto de veintisiete de diciembre del año en curso; el cual procedió a su diligenciación registrándolo con la comunicación oficial ***; de lo cual se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes....agréguense a los autos las promociones registradas en oficialía de partes con los números ***, en las que obran las razones de la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, donde se advierte que realizó la diligencia ordenada en auto de veintisiete de diciembre del año en curso, dictada en el juicio de amparo ***, del índice de este juzgado federal; en consecuencia, se tiene diligenciado el exhorto ***... Ahora, toda vez que de las razones de la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se advierte que el quejoso **** ratificó la demanda interpuesta a su nombre, y tomado en consideración que este órgano jurisdiccional en auto de veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, se declaró incompetente para conocer de la demanda promovida por **** a nombre de ****, ordenando remitir los autos del juicio de amparo ***, al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para que determine lo que en derecho corresponda respecto a la incompetencia planteada. Consecuentemente, una vez que este juzgado federal tenga conocimiento de la determinación que provea el Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en relación a la incompetencia planteada. MESA 7
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Recepción y registro de demanda. Vista la comparecencia de cuenta de Hilda Areli Cruz Remedios, quien promueve a favor de Héctor Miguel Flores Carpinteyro, en la que reclama actos del Director del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la Ciudad de México y Juez Cívico Primero ubicado en la Cuarenta Agencia del Ministerio Público, consistentes en la privación de la libertad por arresto administrativo con motivo del prueba de alcoholemia; y el traslado al Centro referido. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1607/2019. Ahora bien, en virtud de que la promovente de amparo sostiene que Héctor Miguel Flores Carpinteyro, se encuentra ilegalmente privado de su libertad con motivo de su detención fuera de procedimiento judicial, detención que se lleva a cabo en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la Ciudad de México; en consecuencia, toda vez que dicho acto constituye un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, que si llegare a consumarse haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado, máxime que la demanda de amparo fue promovida en su favor por diversa persona en su modalidad de comparecencia, se presume que se encuentra imposibilitado para ello; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de oficio y de plano, para que de inmediato cese todo acto de incomunicación, así como la privación de la libertad del quejoso Héctor Miguel Flores Carpinteyro, de manera inmediata, en virtud de ubicarse dentro del supuesto previsto por el artículo 15 de la Ley de Amparo. Bajo esta tesitura, la suspensión de oficio y de plano que se concede al quejoso respecto de los actos reclamados, es para el efecto de que cese la incomunicación y detención fuera de procedimiento al que se le tenga sometido, en el entendido de que deberá certificar las horas que ha estado privado de su libertad con motivo del arresto administrativo impuesto, así como las que, en su caso, falten para cumplir la totalidad del mismo, lo que deberá hacer de su conocimiento y de esta autoridad de amparo; ello, en virtud de ubicarse dentro del supuesto previsto por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 126 de la Ley de Amparo. Ahora, toda vez que se advierte que Héctor Miguel Flores Carpinteyro, se encuentra privado de su libertad en las instalaciones del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la Ciudad de México, mismo que se encuentra fuera de la competencia territorial de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, además, de conformidad con el acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, gírese atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado, se sirva comisionar a quien corresponda y se constituya en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la Ciudad de México, y requiera el acceso al mismo, así como a cualquier otra área en la que se pueda encontrar Héctor Miguel Flores Carpinteyro, en el lugar en mención, para lo cual incluso deberá llamarlo por su nombre en voz alta, o en su caso, requerir en ese mismo acto al encargado de dicho centro de sanciones administrativas y de integración social, para que la presente ante el actuario judicial del juzgado exhortado y realice la notificación del presente acuerdo; así como para el efecto de que la requiera en el acto de la notificación, a fin de que ratifique la demanda interpuesta, o lo haga dentro del término de tres días, apercibido que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo y quedarán sin efecto las providencias dictadas en el presente proveído. Por otra parte, se solicita que el actuario al momento de llevar a cabo la diligencia y localizar al quejoso, se cerciore si éste a simple vista presenta algún golpe o lesión, y en caso de ser así, le cuestione el origen del mismo. Para el debido cumplimiento de esta suspensión, prevéngase a las autoridades señaladas como responsables, sin importar que su denominación actual y correcta sea diversa, (lo que deberán precisar al recibir los oficios que se giran); para que dentro del término de veinticuatro horas, informen sobre el cumplimiento que den a esta resolución, apercibidas que de no hacerlo así, serán responsables en los términos que señala en Código Penal Federal para el delito de abuso de autoridad, por cuanto a la desobediencia cometida, independientemente de cualquier otro delito en que pudieran incurrir, como lo establece el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se les responsabiliza, por cualquier violación que pudieran cometer a esta determinación, en la inteligencia de que deberán proceder a la vigilancia necesaria a fin de que sea dado el debido cumplimiento. Asimismo, requiérase a las autoridades señaladas como responsables o quien se encuentre encargado, para que de inmediato y en la diligencia informen verbalmente al actuario judicial adscrito a este juzgado federal, sin perjuicio de que lo haga posteriormente por escrito en su informe; la falta administrativa por la cual, el disconforme, se encuentra en dicho centro de detención, o bien, en caso de que el quejoso se encuentre en lugar distinto al señalado anteriormente, se haga del conocimiento al actuario para que, de estar en un lugar dentro de la jurisdicción de aquel juzgado federal, se constituya en el mismo para efectos de dar cumplimiento a la suspensión de oficio otorgada en el presente asunto. Igualmente, se les requiere para que a sus informes, que como se dijo que deberán rendir de forma inmediata, acompañen las constancias que sustenten su dicho. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades, que el actuario adscrito al juzgado federal en turno de la Ciudad de México, comisionado para dar cumplimiento a la presente determinación, se encuentra facultado para llevar a cabo todos y cada uno de los actos necesarios para el cumplimiento de su cometido, en la inteligencia de que deberá recibir todo clase de colaboración por parte de las aludidas autoridades para la realización del fin mencionado. Por otra parte, se apercibe al impetrante de amparo, que en caso de que las denominaciones de las autoridades responsables así señaladas, sean incorrectas o inexistentes, se dejaran de tener como autoridades responsables en el presente asunto a las mismas, lo anterior para una impartición de justicia pronta y expedita, de conformidad en lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual forma le requiera para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez), apercibiéndolo para que en caso de no hacerlo así, se le harán las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo, sin ulterior acuerdo. A fin de llevar a cabo la referida diligencia, con fundamento en el artículo 107 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, envíese la comunicación oficial al juez exhortado a través del Sistema Integral de Seguimiento Expedientes, misma que deberá ser dirigida a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad México. Solicitando al juzgado federal que le corresponda conocer de la comunicación oficial de mérito, que una vez que se encuentre diligenciado el exhorto en comento, remita por la misma vía electrónica a este órgano jurisdiccional y a la brevedad posible, únicamente el auto por el que radique el exhorto, la constancia de notificación ordenada, así como el oficio por el cual ordene devolver el mismo. Sin que resulte necesario que el órgano jurisdiccional a quien se le encomienda la diligencia en cita, acuse recibo toda vez que al realizar el envío electrónico del exhorto, el Sistema Integral de Seguimiento Expedientes generará la papeleta de turno y este juzgado de distrito tendrá conocimiento del órgano al que le corresponderá conocer del mismo. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que se lleven a cabo las diligencias encomendadas en el presente asunto. Incompetencia Por otro lado, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que ha virtud de esa figura las autoridades solo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese orden, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer del presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Dicho dispositivo legal, contiene reglas de competencia basadas en la posibilidad de ejecución material del acto reclamado, de tal suerte que si éste es susceptible de ser ejecutado, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción haya de efectuarse tal ejecución, es decir, para fijar la competencia del juez de distrito, debe tomarse en cuenta el lugar en donde se trate de ejecutar, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Del precepto legal en cita, se desprende el primer supuesto de la competencia territorial de los jueces de distrito: a) Cuando el acto reclamado deba de ejecutarse, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado en la residencia del lugar donde tiene su asiento el órgano jurisdiccional. Por tanto, en la especie se actualiza dicha hipótesis descrita, pues los actos reclamados en esta instancia consisten en la privación de la libertad por arresto administrativo con motivo de la prueba de alcoholemia, que se atribuyen al Director del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la Ciudad de México y Juez Cívico Primero ubicado en la Cuarenta Agencia del Ministerio Público. Por tanto, es patente señalar que los actos reclamados no conllevan ejecución en la jurisdicción de este juzgado, pues atendiendo a la naturaleza de éstos sus efectos se trasladan directamente al lugar en donde se encuentra arrestado el quejoso y es ahí donde tiene su principal impacto y repercusión, es decir, la ejecución de los actos reclamados ocurren en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la Ciudad de México, ubicado en avenida Aquiles Serdán, esquina Lago Gascasonica, sin número, colonia San Diego Ocoyoacan, Alcaldía Miguel Hidalgo, código postal 11290. De esta manera, si en el presente amparo se reclaman actos cuya ejecución de atribuye a una autoridad administrativa que reside fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, es evidente que estos producen un efecto en el lugar en donde se encuentra arrestado el quejoso, de ahí que se reitere que este órgano jurisdiccional, carece de competencia legal para conocer del presente asunto. Por ello, se estima que en el caso resulta competente para conocer del presente juicio de amparo, un Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, en cuya jurisdicción conllevan ejecución los actos reclamados. Es aplicable la tesis número I.1o.A.44 A, de la Novena Época, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1299, del Tomo XIV, del mes de agosto de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora. De igual forma, orienta lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, página 84, cuyo rubro y texto son: COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. Cuando entre los actos reclamados sólo alguno tenga ejecución material, y los otros no, es competente para conocer del juicio, el juez de Distrito en cuya jurisdicción vaya a ejecutarse el acto que, de los reclamados, tenga ejecución material. Por lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, este juzgador declina la competencia para el conocimiento del asunto y ordena remitir el expediente al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, a quien se le solicita atentamente informe si acepta o rechaza la competencia declinada a su favor. Del cuaderno de antecedentes. Fórmese cuadernillo de antecedentes para los efectos legales a que haya lugar. Transparencia y acceso a la información pública. Finalmente, infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. NOTIFÍQUESE.
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