Hector Menesestello Cuevas
Expediente 249/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 28 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 249/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 25/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Hector Menesestello Cuevas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Finalmente, este Juzgado estima innecesario conservar las constancias remitidas por la autoridad responsable 1. Juez Cuarto de Primera instancia, con sede en Veracruz, Veracruz; por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo de pruebas que se formó con las mismas, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Atento a la constancia actuarial de cuenta, se advierten los motivos por los cuales la actuaria de la adscripción no le fue posible notificar el oficio 25516, de treinta de agosto del año en curso, que contiene inserta la sentencia dictada en esa fecha en el presente asunto, dirigido a la autoridad responsable denominada 3. Coordinador de la Central de Actuarios del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz. Ahora, como de la propia razón se observa que con base en la circular número 32, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en sesión extraordinaria celebrada del día veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, se determinó el cierre de las Centrales de Actuarios de los Distritos Judiciales Xalapa y Veracruz, a partir del treinta y uno de agosto de la misma anualidad, y una vez impuesto el de la voz del contenido íntegro de dicha Circular, en específico del considerando V de la misma, en donde se advierte lo siguiente: En esa virtud, en términos del artículo 17 constitucional, en aras de una pronta y expedita administración de la justicia federal, se ordena librar el oficio correspondiente al juzgado responsable, esto es, al Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, al que se anexa su similar 25516 aludido, para los efectos legales procedentes, y por ser además el órgano judicial en donde se encuentra radicado el expediente de origen ********************, juicio especial hipotecario, del cual emana el acto aquí reclamado. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con esa fecha se notifica por lista de acuerdos a Rosa Gutiérrez Hinojosa, en su carácter de tercera interesada en el presente expediente, la sentencia autorizada de treinta de agosto de dos mil veintitrés que a la letra dice: SENTENCIA Vistos para resolver los autos en el juicio de amparo 249/2022, promovido por ********************, y RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el uno de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad y turnado a este órgano jurisdiccional ese mismo día, ******************** promovió demanda de amparo contra los actos del 1. Juez Cuarto de Primera Instancia, con residencia en ********************, ********************; del 2. Actuario adscrito a ese mismo juzgado, y de otra autoridad, los que más adelante se precisarán. SEGUNDO. Trámite. Por auto de dos de marzo siguiente (fojas 11-15) se acordó admitir la demanda; requerir a las autoridades responsables sus informes justificados; emplazar al Fiscal Federal de la adscripción, y fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Mediante acuerdo de veintiocho de marzo pasado, se tuvo como tercero interesado a BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BAMCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, por conducto de su apoderado ******************** o quien le represente legalmente; sin embargo, dado que dicha persona moral cedió los derechos litigiosos, con personalidad en el juicio de origen, e impuestos de las constancias que obran en autos, en proveído de seis de abril del año en curso (fojas 34 y 35) se tuvo en su carácter de tercera interesada a Rosa Gutiérrez Hinojosa, quien se apersonó al presente juicio, fojas 37-48. CUARTO. Mediante escritos presentados el veintisiete de abril de dos mil veintidós (fojas 87-93) el aquí quejoso amplió su demanda de amparo; misma ampliación que fue admitida mediante acuerdo de veintiocho de abril de la presente anualidad (fojas 94-95) luego de subsanar su prevención, y por lo cual se ordenó requerir su informe justificado a las autoridades señaladas como responsables respecto de los nuevos conceptos de violación. QUINTO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, se llevó a cabo la audiencia constitucional (foja 193) y, el veinte de julio de dos mil veintidós, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que por una parte se sobreseyó y por la otra se negó a la parte quejosa la protección constitucional solicitada (fojas 196-211). Inconforme con esa sentencia, la parte quejosa hizo valer recurso de revisión, el cual correspondió su conocimiento al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, quien mediante ejecutoria de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, revocó la aludida sentencia y ordenó la reposición del procedimiento, para el efecto: ".En las relatadas condiciones, en términos de lo dispuesto en el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede revocar la sentencia recurrida y ordenar que se reponga el procedimiento en el juicio de amparo indirecto número 249/2022 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de ********************, con residencia en Boca del Río, a efecto de que se notifique a la parte quejosa, personalmente, el contenido del informe justificado rendido por la titular del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de ********************, ********************, al que se acompañaron copias certificadas del expediente natural, de donde se advierte que en el emplazamiento reclamado fue practicado por la actuaria ********************, adscrita a la Central de Actuarios de esa misma ciudad, y prevenga al quejoso para que manifieste si desea ampliar o no su demanda de amparo contra esa otra autoridad, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo, se seguirá el juicio ponderando sólo a las autoridades específicamente señaladas como responsables." (fojas 274 a 283). En consecuencia, en estricto cumplimiento de la ejecutoria dictada por la Superioridad, se ordenó dejar a vista de la parte quejosa, por el plazo de ocho días, computados legalmente, el informe justificado y constancias anexas relativas al juicio natural ********************-I juicio especial hipotecario, rendido por la Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en ********************, ********************, de manera personal, a fin de que se impusiera de su contenido, para los efectos legales procedentes. Mediante acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 17 de la ley en comento, se requirió al quejoso ********************, para que dentro del plazo de quince días, contado a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación ese acuerdo, manifestara si era su deseo o no ampliar su de demanda de amparo, y señalar como nueva autoridad responsable a la actuaria ********************, adscrita a la Central de Actuarios del Distrito Judicial de ********************, ********************, por ser ésta quien practicó el emplazamiento reclamado. En el entendido que debía presentar su escrito de ampliación de demanda satisfaciendo los requisitos que se establecen en los artículos 108 y 110 de la Ley de Amparo; apercibido que en caso de no hacer manifestación alguna dentro del plazo concedido, o de no exhibir las copias para cada una de las partes de su escrito de ampliación, dentro del plazo previamente establecido para ello, se seguiría el juicio ponderando sólo a las autoridades específicamente señaladas como responsables. (fojas 284-285). Posteriormente mediante escrito de siete de julio del año en curso, el autorizado de la parte quejosa, pretendió ampliar la demanda de amparo; sin que tal solicitud se acordara procedente, puesto que el artículo 12 de la Ley de Amparo, no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias de la ley de amparo, tal como se acordó en proveído del día diez siguiente. Así mismo, mediante ocurso de catorce de julio, el quejoso manifestó que era su deseo ampliar la demanda de amparo, sin embargo a dicha solitud recayó el auto del día diecisiete siguiente, en el que se determinó que no habia lugar acordar favorable su ampliación, ya que el escrito con el que se pretende ampliar la demanda, no reunía todos los requisitos contenidos en el artículo 108 de la Ley de Amparo. En proveído de siete de agosto del año en curso, se certificó que feneció el plazo de quince días concedido a la parte quejosa en proveído de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, para que ampliara su escrito de demanda, pues se notificó de manera electrónica el pasado veintinueve de junio, surtió sus efectos el mismo día y transcurrió del treinta de junio al dos de agosto de la presente anualidad, sin contar los días sábados y domingos por ser inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo; así como los días tres y cuatro de julio pasado, ya que mediante oficio SEPLE/GEN./007/679/2023, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, éstos fueron declarados inhábiles con motivo de las festividades de carnaval que se realizaran en esos días en esta zona conurbada ********************-Boca del Río. Por lo que en consecuencia, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintiocho de junio del año en curso, por lo que la litis se resolverá como inicialmente fue planteada. Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de ********************, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción VII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción VI, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, pues se reclama el emplazamiento que se realizó al aquí quejoso dentro del juicio especial hipotecario ********************de la estadística del Juzgado responsable, así como todo lo actuado; incluida la adjudicación del bien inmueble garantía hipotecaria del crédito que celebraron ambas partes; lo que es impugnable en amparo indirecto, al trasgredir el derecho fundamental al debido proceso de la parte quejosa. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues el emplazamiento se realizó dentro de la circunscripción territorial en la que éste juzgado tiene su jurisdicción y que es el mismo en el que también tienen su sede las autoridades responsables. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se precisa atendiendo a la naturaleza del acto reclamado. El emplazamiento que se realizó al quejoso el nueve de junio de dos mil veintiuno, dentro del juicio especial hipotecario ********************de la estadística del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en el Estado de ********************, así como todo lo actuado en el mismo, en específico, la adjudicación que se decretó mediante acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, respecto del inmueble que constituyó la garantía hipotecaria del contrato base de la acción de aquel juicio. Respecto del cual la parte quejosa adujo haber tenido conocimiento el catorce de febrero de dos mil veintidós (foja 3). TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el emplazamiento atribuido al 2. Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en ********************, aun cuando ésta manifestó reconocer su certeza (fojas 29 y 185) y por lo que respecta a la 3. Central de Actuarios del Distrito Judicial, ambas con sede en ********************, ********************, la responsable negó el acto que se le atribuye tal como constan de su informe justificado (fojas 182). Lo cual tiene respaldo en las constancias que envío la diversa autoridad 1. Juez Cuarto de Primera Instancia, con residencia en ********************, ******************** (cuaderno de pruebas anexo a constancias) a las cuales se les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley en su numeral 2°, al tratarse de documentos públicos expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Lo anterior es así, pues de las copias certificadas del juicio natural se advierte que el emplazamiento combatido lo realizó la Actuaria Judicial ******************** adscrita a la Central de Actuarios del Distrito Judicial de ********************, ******************** (fojas 112 y 113 del tomo de pruebas anexo a constancias) en contra de la cual no fue ampliada la demanda, como se asentó en el resultando quinto de esta sentencia. Por tanto, aun cuando la citada autoridad responsable, 2. Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con residencia en ********************, ********************, reconoció la certeza del citado emplazamiento, ello quedó desvirtuado con las documentales aludidas. En esas condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, únicamente respecto de los actos reclamados atribuidos a la mencionada autoridad responsable 2. Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con residencia en ********************, ********************, a la que se ha hecho referencia, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo vigente. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que informa, la tesis del entonces Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, cuyo contenido es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis." CUARTO. Certeza del acto. En sentido diverso, son ciertos los actos reclamados atribuidos a las autoridades, 1. Juez Cuarto de Primera Instancia, con residencia en ********************, ******************** (fojas 28y 186). Lo anterior, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados, lo cual es acorde a la jurisprudencia del rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Además, dicha certeza se corrobora con las constancias que adjunto como complemento a su informe la primera de las mencionadas (cuaderno de pruebas) pues de esas se advierte la existencia del emplazamiento del aquí quejoso que fue realizada en dicho juicio (fojas 112 y 113 del tomo de pruebas anexo a constancias); así como la adjudicación que se decretó mediante acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, respecto del inmueble que constituyó la garantía hipotecaria del contrato base de la acción de aquel juicio (fojas 136 y 137 del cuaderno de pruebas anexo a constancias). QUINTO. Procedencia. Definida la certeza de los actos reclamados, a continuación es menester examinar si resulta procedente la acción de amparo, dado que en caso de no ser así, las causas de improcedencia son de orden público y de preferente análisis al fondo del asunto, En esas condiciones, quien esto resuelve advierte, oficiosamente, la actualización de la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación del artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 217 de ese mismo ordenamiento y la jurisprudencia 3a./J.33/90 emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que la parte quejosa fue omisa en señalar una de las autoridades responsables de uno los actos que reclama, lo que tiene efectos en la procedencia total del juicio. MARCO NORMATIVO. Los numerales, fracciones y tesis señalados con anterioridad, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales". A su vez, la mencionada tesis jurisprudencial es del rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." El primer precepto legal invocado, contiene una ventana procesal que permite al juzgador de amparo apreciar y, en su caso, tener por actualizada alguna causa de improcedencia del juicio, más allá de las hipótesis concretas que se enlistan en las primeras veintidós fracciones del propio precepto, cuando dicha causa derive directamente de la Constitución Federal, o de la Ley de la materia. El segundo de los numerales transcritos establece que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria, entre otras autoridades jurisdiccionales, para los Jueces de Distrito. Finalmente, la jurisprudencia 3a./J.33/90 invocada dispone esencialmente, que cuando en un juicio de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída, siendo que a ésta le corresponde defender la constitucionalidad de los mismos. En ese tenor, de la interpretación armónica de los preceptos legales y jurisprudencia reproducidos, puede sostenerse jurídicamente que el juicio de amparo resultará improcedente si la parte promovente del amparo no designa como autoridad responsable quien emite el o uno de los actos que afectan el interés jurídico del quejoso, no obstante que en el curso del proceso constitucional se le diera la oportunidad de hacerlo, incluso previniéndolo en ese sentido, ya que al no hacerlo esto tendría como consecuencia la imposibilidad jurídica de examinar el acto tildado de inconstitucional. SUBSUNCIÓN Como ya se indicó, en el caso particular la parte quejosa ******************** promovió el juicio de amparo, en lo medular, contra la falta de emplazamiento al controvertido de origen, realizado el nueve de junio de dos mil veintiuno, así como contra los demás actos posteriores practicados en el juicio natural; señalando como autoridades responsables al Juez y al Actuario judicial adscrito a dicho juzgado, así como al Coordinador de la Central de Actuarios de ********************, ********************; y en esos términos se admitió la demanda de amparo. Ahora de las copias certificadas del expediente natural que a su informe justificado adjuntaron dichas autoridades responsables, se advierte que quien efectuó la diligencia de emplazamiento de nueve de junio de dos mil veintiuno, fue la actuaria ********************, adscrita a la referida Central de Actuarios de ********************, ********************, como se aprecia de las siguientes transcripciones: Emplazamiento ".En Boca del Río, ********************, siendo las doce horas con diez minutos del día nueve de junio del año dos mil veintiuno, la que suscribe, ciudadana ********************, actuaria adscrita a la Central de Actuarios de este Distrito Judicial, me constituyo en el domicilio ubicado en la casa marcada con el número oficial ********************, de la Avenida ******************** de la colonia ******************** de la ciudad de Boca del Río, ********************, a efecto de dar cumplimiento al auto dictado dentro del expediente número 00********************del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de este Distrito Judicial, juicio especial hipotecario promovido por ********************, apoderado legal de ********************, contra ********************, a quien reclama vencimiento anticipado de contrato de apertura de crédito simple." (foja 119). Por lo que, al omitirse designar como responsable a la mencionada actuaria, tomando en cuenta que fue ésta quien realizó el emplazamiento reclamado, no es posible resolver el fondo de la litis de amparo. Lo anterior es así, porque de conformidad con el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; en consecuencia, es el notificador que practicó el embargo el que tiene el carácter de autoridad responsable. Por lo que a efecto de poder analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del emplazamiento reclamado, debió señalarse como autoridad responsable al juicio de amparo a la autoridad que lo ejecutó. En las copias certificadas deducidas del expediente natural, se aprecia que tal emplazamiento lo hizo la actuaria perteneciente a la Central de Actuarios de ********************, de nombre ********************, ésta a la cual, por tanto, debía atribuírsele la calidad de autoridad responsable. Sin embargo, a pesar de que la parte quejosa fue requerida en los términos antes señalados para ello por este propio juzgado de Distrito, el peticionario de amparo no señaló como autoridad responsable a la referida actuaria ******************** adscrita a la referida Central, por lo que se ordenó continuar el procedimiento con las autoridades designadas originalmente. Guarda relación con lo antes señalado la jurisprudencia P./J. 5/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EN EL AMPARO QUE PROMUEVA, SON AUTORIDADES RESPONSABLES LAS QUE DICTAN, ORDENAN, EJECUTAN O TRATAN DE EJECUTAR, LOS ACTOS QUE AFECTAN EL BIEN O DERECHO DEL QUE AQUÉLLA ES TITULAR. De los artículos 4o., 11 y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, se infiere que, como regla general, para determinar qué autoridades han de ser llamadas como responsables cuando alguien demanda el amparo como persona extraña a un juicio, deben precisarse los actos autoritarios que afectan los intereses jurídicos del quejoso; y si bien no puede establecerse, a priori, con precisión, quiénes son autoridades responsables en esta clase de amparos, sí es posible, dentro de la amplia serie de situaciones susceptibles de presentarse, llegar a señalar a título ejemplificativo y como aplicación de la regla general, algunas de las hipótesis más características. Así, cuando el quejoso, como persona extraña, es titular del derecho o bien que debaten actor y demandado en un juicio, sufre el perjuicio desde que se inició el procedimiento sin haber sido emplazado, o haberse realizado el emplazamiento con vicios que le impidieron comparecer a defender sus derechos subsistiendo el perjuicio durante todo el juicio y, en su caso, en la ejecución; en esas condiciones, si todo el procedimiento le causa perjuicio, inclusive la sentencia definitiva y su ejecución (si hasta ahí se llegó), serán autoridades responsables el Juez y, en sus respectivos casos, el actuario, el tribunal de segunda instancia y los ejecutores. En otro supuesto, si los bienes o derechos de que es titular la persona extraña no son debatidos ni tocados durante el procedimiento, sino sólo por el Juez en su sentencia, ésta será el acto reclamado y el Juez la autoridad responsable. En otra aplicación de la regla general, si ni el procedimiento ni la sentencia afectan los intereses del quejoso extraño, pero sí el mandamiento de ejecución, éste y su cumplimiento serán los actos reclamados, y serán responsables el ordenador y el ejecutor. Finalmente, si los derechos del extraño no son tocados por el procedimiento ni por la sentencia, ni por el mandamiento de ejecución, sino sólo por la ejecución, ésta constituye el acto reclamado y el actuario o ejecutor será la autoridad responsable. No es obstáculo para lo anterior, la circunstancia de que al momento de promover la demanda no se tenga conocimiento de todas las autoridades sino sólo de alguna de ellas, ya que el quejoso tendrá la oportunidad de realizar el señalamiento de las restantes en la ampliación de demanda, que procederá una vez que se conozca el informe justificado y, para tal efecto, si el quejoso omitiera señalar alguna o algunas de las autoridades que participaron en el procedimiento, concurriendo a la afectación de su derecho, debe atenderse a la jurisprudencia número 30/96 de la Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, del mes de junio de mil novecientos noventa y seis, a fojas doscientos cincuenta y doscientos cincuenta y uno, bajo el rubro: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.". Lo resaltado es propio de esta sentencia. Lo anterior, pone de manifiesto el impedimento técnico de este órgano de control constitucional para entrar al estudio de fondo del acto reclamado, puesto que la parte quejosa fue omisa en señalar al funcionario que realizó la diligencia impugnada como autoridad responsable en el presente juicio de garantías. En los términos anteriores, si la persona extraña a juicio sufre la afectación con motivo de una actuación u acto específico, cabe concluir que de señalarse como autoridad responsable sólo al Juzgado Cuarto de Primera Instancia con residencia en ********************, ********************, no podría anularse aquel si en el mismo intervino diversa autoridad a la designada por el impetrante de garantías; por tanto, si se pretende que los efectos de la concesión del amparo (de prosperar éste) abarcaran la mencionada diligencia y sus consecuencias, nulificándolos, era menester señalar a todas y cada una de las autoridades que hubieren participado en el mismo, así como los actos que hubieren producido, bajo pena de que, de no señalarse a todas las responsables ni a los actos que de ellas emanaron, no podría, jurídicamente, examinarse la constitucionalidad de sus actos, ni afectarse la validez de los mismos. Sirve de sustento a lo anterior la tesis 2a. CLXIV/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." En efecto, la improcedencia a que se alude en este apartado se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al amparista en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, obligando a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. De ahí que existe una imposibilidad procesal para emitir la sentencia que pretende el quejoso, al no haberse señalado la autoridad a la que corresponde la ejecución del acto que le perjudica en el juicio especial hipotecario ********************del Juzgado Cuarto de Primera Instancia con residencia en ********************, ********************, esto al no haberse integrado debidamente la relación jurídico procesal en el presente juicio de amparo, por condiciones atribuibles al impetrante de garantías. CONCLUSIÓN. En esa medida, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el numeral 217 de la Ley de Amparo, en relación con la tesis de jurisprudencia 3a./J.33/90 invocada, al no haberse atendido por la parte quejosa, la prevención realizada a efecto de tener claridad respecto de la totalidad de los actos que le perjudican, y la posibilidad de corregir la posible afectación a sus garantías individuales, por lo que en los términos ya expresados y por los motivos ya expresados, no podría repararse en su totalidad dicha violación a sus garantías, al no ser factible estudiar el acto principal que le afecta. Guarda relación con lo antes señalado el siguiente criterio jurisprudencial, emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 11 y 116, fracción III, del mismo ordenamiento legal." Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando pública en términos de la reforma al artículo 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de agosto del dos mil veinte. Por lo expuesto y fundado y, con apoyo además en el artículo 73, 74, 77 y 79, todos de la Ley de Amparo, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en contra de los actos reclamados y por las autoridades precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diversos considerandos tercero y quinto de esta resolución. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación del presente fallo. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
SENTENCIA Vistos para resolver los autos en el juicio de amparo 249/2022, promovido por ********************, y RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el uno de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad y turnado a este órgano jurisdiccional ese mismo día, ******************** promovió demanda de amparo contra los actos del 1. Juez Cuarto de Primera Instancia, con residencia en ********************, ********************; del 2. Actuario adscrito a ese mismo juzgado, y de otra autoridad, los que más adelante se precisarán. SEGUNDO. Trámite. Por auto de dos de marzo siguiente (fojas 11-15) se acordó admitir la demanda; requerir a las autoridades responsables sus informes justificados; emplazar al Fiscal Federal de la adscripción, y fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Mediante acuerdo de veintiocho de marzo pasado, se tuvo como tercero interesado a BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BAMCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, por conducto de su apoderado ******************** o quien le represente legalmente; sin embargo, dado que dicha persona moral cedió los derechos litigiosos, con personalidad en el juicio de origen, e impuestos de las constancias que obran en autos, en proveído de seis de abril del año en curso (fojas 34 y 35) se tuvo en su carácter de tercera interesada a Rosa Gutiérrez Hinojosa, quien se apersonó al presente juicio, fojas 37-48. CUARTO. Mediante escritos presentados el veintisiete de abril de dos mil veintidós (fojas 87-93) el aquí quejoso amplió su demanda de amparo; misma ampliación que fue admitida mediante acuerdo de veintiocho de abril de la presente anualidad (fojas 94-95) luego de subsanar su prevención, y por lo cual se ordenó requerir su informe justificado a las autoridades señaladas como responsables respecto de los nuevos conceptos de violación. QUINTO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, se llevó a cabo la audiencia constitucional (foja 193) y, el veinte de julio de dos mil veintidós, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que por una parte se sobreseyó y por la otra se negó a la parte quejosa la protección constitucional solicitada (fojas 196-211). Inconforme con esa sentencia, la parte quejosa hizo valer recurso de revisión, el cual correspondió su conocimiento al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, quien mediante ejecutoria de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, revocó la aludida sentencia y ordenó la reposición del procedimiento, para el efecto: ".En las relatadas condiciones, en términos de lo dispuesto en el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede revocar la sentencia recurrida y ordenar que se reponga el procedimiento en el juicio de amparo indirecto número 249/2022 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de ********************, con residencia en Boca del Río, a efecto de que se notifique a la parte quejosa, personalmente, el contenido del informe justificado rendido por la titular del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de ********************, ********************, al que se acompañaron copias certificadas del expediente natural, de donde se advierte que en el emplazamiento reclamado fue practicado por la actuaria ********************, adscrita a la Central de Actuarios de esa misma ciudad, y prevenga al quejoso para que manifieste si desea ampliar o no su demanda de amparo contra esa otra autoridad, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo, se seguirá el juicio ponderando sólo a las autoridades específicamente señaladas como responsables." (fojas 274 a 283). En consecuencia, en estricto cumplimiento de la ejecutoria dictada por la Superioridad, se ordenó dejar a vista de la parte quejosa, por el plazo de ocho días, computados legalmente, el informe justificado y constancias anexas relativas al juicio natural ********************-I juicio especial hipotecario, rendido por la Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en ********************, ********************, de manera personal, a fin de que se impusiera de su contenido, para los efectos legales procedentes. Mediante acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 17 de la ley en comento, se requirió al quejoso ********************, para que dentro del plazo de quince días, contado a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación ese acuerdo, manifestara si era su deseo o no ampliar su de demanda de amparo, y señalar como nueva autoridad responsable a la actuaria ********************, adscrita a la Central de Actuarios del Distrito Judicial de ********************, ********************, por ser ésta quien practicó el emplazamiento reclamado. En el entendido que debía presentar su escrito de ampliación de demanda satisfaciendo los requisitos que se establecen en los artículos 108 y 110 de la Ley de Amparo; apercibido que en caso de no hacer manifestación alguna dentro del plazo concedido, o de no exhibir las copias para cada una de las partes de su escrito de ampliación, dentro del plazo previamente establecido para ello, se seguiría el juicio ponderando sólo a las autoridades específicamente señaladas como responsables. (fojas 284-285). Posteriormente mediante escrito de siete de julio del año en curso, el autorizado de la parte quejosa, pretendió ampliar la demanda de amparo; sin que tal solicitud se acordara procedente, puesto que el artículo 12 de la Ley de Amparo, no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias de la ley de amparo, tal como se acordó en proveído del día diez siguiente. Así mismo, mediante ocurso de catorce de julio, el quejoso manifestó que era su deseo ampliar la demanda de amparo, sin embargo a dicha solitud recayó el auto del día diecisiete siguiente, en el que se determinó que no habia lugar acordar favorable su ampliación, ya que el escrito con el que se pretende ampliar la demanda, no reunía todos los requisitos contenidos en el artículo 108 de la Ley de Amparo. En proveído de siete de agosto del año en curso, se certificó que feneció el plazo de quince días concedido a la parte quejosa en proveído de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, para que ampliara su escrito de demanda, pues se notificó de manera electrónica el pasado veintinueve de junio, surtió sus efectos el mismo día y transcurrió del treinta de junio al dos de agosto de la presente anualidad, sin contar los días sábados y domingos por ser inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo; así como los días tres y cuatro de julio pasado, ya que mediante oficio SEPLE/GEN./007/679/2023, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, éstos fueron declarados inhábiles con motivo de las festividades de carnaval que se realizaran en esos días en esta zona conurbada ********************-Boca del Río. Por lo que en consecuencia, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintiocho de junio del año en curso, por lo que la litis se resolverá como inicialmente fue planteada. Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de ********************, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción VII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción VI, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, pues se reclama el emplazamiento que se realizó al aquí quejoso dentro del juicio especial hipotecario ********************de la estadística del Juzgado responsable, así como todo lo actuado; incluida la adjudicación del bien inmueble garantía hipotecaria del crédito que celebraron ambas partes; lo que es impugnable en amparo indirecto, al trasgredir el derecho fundamental al debido proceso de la parte quejosa. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues el emplazamiento se realizó dentro de la circunscripción territorial en la que éste juzgado tiene su jurisdicción y que es el mismo en el que también tienen su sede las autoridades responsables. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se precisa atendiendo a la naturaleza del acto reclamado. El emplazamiento que se realizó al quejoso el nueve de junio de dos mil veintiuno, dentro del juicio especial hipotecario ********************de la estadística del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en el Estado de ********************, así como todo lo actuado en el mismo, en específico, la adjudicación que se decretó mediante acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, respecto del inmueble que constituyó la garantía hipotecaria del contrato base de la acción de aquel juicio. Respecto del cual la parte quejosa adujo haber tenido conocimiento el catorce de febrero de dos mil veintidós (foja 3). TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el emplazamiento atribuido al 2. Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en ********************, aun cuando ésta manifestó reconocer su certeza (fojas 29 y 185) y por lo que respecta a la 3. Central de Actuarios del Distrito Judicial, ambas con sede en ********************, ********************, la responsable negó el acto que se le atribuye tal como constan de su informe justificado (fojas 182). Lo cual tiene respaldo en las constancias que envío la diversa autoridad 1. Juez Cuarto de Primera Instancia, con residencia en ********************, ******************** (cuaderno de pruebas anexo a constancias) a las cuales se les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley en su numeral 2°, al tratarse de documentos públicos expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Lo anterior es así, pues de las copias certificadas del juicio natural se advierte que el emplazamiento combatido lo realizó la Actuaria Judicial ******************** adscrita a la Central de Actuarios del Distrito Judicial de ********************, ******************** (fojas 112 y 113 del tomo de pruebas anexo a constancias) en contra de la cual no fue ampliada la demanda, como se asentó en el resultando quinto de esta sentencia. Por tanto, aun cuando la citada autoridad responsable, 2. Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con residencia en ********************, ********************, reconoció la certeza del citado emplazamiento, ello quedó desvirtuado con las documentales aludidas. En esas condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, únicamente respecto de los actos reclamados atribuidos a la mencionada autoridad responsable 2. Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con residencia en ********************, ********************, a la que se ha hecho referencia, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo vigente. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que informa, la tesis del entonces Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, cuyo contenido es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis." CUARTO. Certeza del acto. En sentido diverso, son ciertos los actos reclamados atribuidos a las autoridades, 1. Juez Cuarto de Primera Instancia, con residencia en ********************, ******************** (fojas 28y 186). Lo anterior, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados, lo cual es acorde a la jurisprudencia del rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Además, dicha certeza se corrobora con las constancias que adjunto como complemento a su informe la primera de las mencionadas (cuaderno de pruebas) pues de esas se advierte la existencia del emplazamiento del aquí quejoso que fue realizada en dicho juicio (fojas 112 y 113 del tomo de pruebas anexo a constancias); así como la adjudicación que se decretó mediante acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, respecto del inmueble que constituyó la garantía hipotecaria del contrato base de la acción de aquel juicio (fojas 136 y 137 del cuaderno de pruebas anexo a constancias). QUINTO. Procedencia. Definida la certeza de los actos reclamados, a continuación es menester examinar si resulta procedente la acción de amparo, dado que en caso de no ser así, las causas de improcedencia son de orden público y de preferente análisis al fondo del asunto, En esas condiciones, quien esto resuelve advierte, oficiosamente, la actualización de la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación del artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 217 de ese mismo ordenamiento y la jurisprudencia 3a./J.33/90 emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que la parte quejosa fue omisa en señalar una de las autoridades responsables de uno los actos que reclama, lo que tiene efectos en la procedencia total del juicio. MARCO NORMATIVO. Los numerales, fracciones y tesis señalados con anterioridad, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales". A su vez, la mencionada tesis jurisprudencial es del rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." El primer precepto legal invocado, contiene una ventana procesal que permite al juzgador de amparo apreciar y, en su caso, tener por actualizada alguna causa de improcedencia del juicio, más allá de las hipótesis concretas que se enlistan en las primeras veintidós fracciones del propio precepto, cuando dicha causa derive directamente de la Constitución Federal, o de la Ley de la materia. El segundo de los numerales transcritos establece que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria, entre otras autoridades jurisdiccionales, para los Jueces de Distrito. Finalmente, la jurisprudencia 3a./J.33/90 invocada dispone esencialmente, que cuando en un juicio de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída, siendo que a ésta le corresponde defender la constitucionalidad de los mismos. En ese tenor, de la interpretación armónica de los preceptos legales y jurisprudencia reproducidos, puede sostenerse jurídicamente que el juicio de amparo resultará improcedente si la parte promovente del amparo no designa como autoridad responsable quien emite el o uno de los actos que afectan el interés jurídico del quejoso, no obstante que en el curso del proceso constitucional se le diera la oportunidad de hacerlo, incluso previniéndolo en ese sentido, ya que al no hacerlo esto tendría como consecuencia la imposibilidad jurídica de examinar el acto tildado de inconstitucional. SUBSUNCIÓN Como ya se indicó, en el caso particular la parte quejosa ******************** promovió el juicio de amparo, en lo medular, contra la falta de emplazamiento al controvertido de origen, realizado el nueve de junio de dos mil veintiuno, así como contra los demás actos posteriores practicados en el juicio natural; señalando como autoridades responsables al Juez y al Actuario judicial adscrito a dicho juzgado, así como al Coordinador de la Central de Actuarios de ********************, ********************; y en esos términos se admitió la demanda de amparo. Ahora de las copias certificadas del expediente natural que a su informe justificado adjuntaron dichas autoridades responsables, se advierte que quien efectuó la diligencia de emplazamiento de nueve de junio de dos mil veintiuno, fue la actuaria ********************, adscrita a la referida Central de Actuarios de ********************, ********************, como se aprecia de las siguientes transcripciones: Emplazamiento ".En Boca del Río, ********************, siendo las doce horas con diez minutos del día nueve de junio del año dos mil veintiuno, la que suscribe, ciudadana ********************, actuaria adscrita a la Central de Actuarios de este Distrito Judicial, me constituyo en el domicilio ubicado en la casa marcada con el número oficial ********************, de la Avenida ******************** de la colonia ******************** de la ciudad de Boca del Río, ********************, a efecto de dar cumplimiento al auto dictado dentro del expediente número 00********************del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de este Distrito Judicial, juicio especial hipotecario promovido por ********************, apoderado legal de ********************, contra ********************, a quien reclama vencimiento anticipado de contrato de apertura de crédito simple." (foja 119). Por lo que, al omitirse designar como responsable a la mencionada actuaria, tomando en cuenta que fue ésta quien realizó el emplazamiento reclamado, no es posible resolver el fondo de la litis de amparo. Lo anterior es así, porque de conformidad con el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; en consecuencia, es el notificador que practicó el embargo el que tiene el carácter de autoridad responsable. Por lo que a efecto de poder analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del emplazamiento reclamado, debió señalarse como autoridad responsable al juicio de amparo a la autoridad que lo ejecutó. En las copias certificadas deducidas del expediente natural, se aprecia que tal emplazamiento lo hizo la actuaria perteneciente a la Central de Actuarios de ********************, de nombre ********************, ésta a la cual, por tanto, debía atribuírsele la calidad de autoridad responsable. Sin embargo, a pesar de que la parte quejosa fue requerida en los términos antes señalados para ello por este propio juzgado de Distrito, el peticionario de amparo no señaló como autoridad responsable a la referida actuaria ******************** adscrita a la referida Central, por lo que se ordenó continuar el procedimiento con las autoridades designadas originalmente. Guarda relación con lo antes señalado la jurisprudencia P./J. 5/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EN EL AMPARO QUE PROMUEVA, SON AUTORIDADES RESPONSABLES LAS QUE DICTAN, ORDENAN, EJECUTAN O TRATAN DE EJECUTAR, LOS ACTOS QUE AFECTAN EL BIEN O DERECHO DEL QUE AQUÉLLA ES TITULAR. De los artículos 4o., 11 y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, se infiere que, como regla general, para determinar qué autoridades han de ser llamadas como responsables cuando alguien demanda el amparo como persona extraña a un juicio, deben precisarse los actos autoritarios que afectan los intereses jurídicos del quejoso; y si bien no puede establecerse, a priori, con precisión, quiénes son autoridades responsables en esta clase de amparos, sí es posible, dentro de la amplia serie de situaciones susceptibles de presentarse, llegar a señalar a título ejemplificativo y como aplicación de la regla general, algunas de las hipótesis más características. Así, cuando el quejoso, como persona extraña, es titular del derecho o bien que debaten actor y demandado en un juicio, sufre el perjuicio desde que se inició el procedimiento sin haber sido emplazado, o haberse realizado el emplazamiento con vicios que le impidieron comparecer a defender sus derechos subsistiendo el perjuicio durante todo el juicio y, en su caso, en la ejecución; en esas condiciones, si todo el procedimiento le causa perjuicio, inclusive la sentencia definitiva y su ejecución (si hasta ahí se llegó), serán autoridades responsables el Juez y, en sus respectivos casos, el actuario, el tribunal de segunda instancia y los ejecutores. En otro supuesto, si los bienes o derechos de que es titular la persona extraña no son debatidos ni tocados durante el procedimiento, sino sólo por el Juez en su sentencia, ésta será el acto reclamado y el Juez la autoridad responsable. En otra aplicación de la regla general, si ni el procedimiento ni la sentencia afectan los intereses del quejoso extraño, pero sí el mandamiento de ejecución, éste y su cumplimiento serán los actos reclamados, y serán responsables el ordenador y el ejecutor. Finalmente, si los derechos del extraño no son tocados por el procedimiento ni por la sentencia, ni por el mandamiento de ejecución, sino sólo por la ejecución, ésta constituye el acto reclamado y el actuario o ejecutor será la autoridad responsable. No es obstáculo para lo anterior, la circunstancia de que al momento de promover la demanda no se tenga conocimiento de todas las autoridades sino sólo de alguna de ellas, ya que el quejoso tendrá la oportunidad de realizar el señalamiento de las restantes en la ampliación de demanda, que procederá una vez que se conozca el informe justificado y, para tal efecto, si el quejoso omitiera señalar alguna o algunas de las autoridades que participaron en el procedimiento, concurriendo a la afectación de su derecho, debe atenderse a la jurisprudencia número 30/96 de la Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, del mes de junio de mil novecientos noventa y seis, a fojas doscientos cincuenta y doscientos cincuenta y uno, bajo el rubro: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.". Lo resaltado es propio de esta sentencia. Lo anterior, pone de manifiesto el impedimento técnico de este órgano de control constitucional para entrar al estudio de fondo del acto reclamado, puesto que la parte quejosa fue omisa en señalar al funcionario que realizó la diligencia impugnada como autoridad responsable en el presente juicio de garantías. En los términos anteriores, si la persona extraña a juicio sufre la afectación con motivo de una actuación u acto específico, cabe concluir que de señalarse como autoridad responsable sólo al Juzgado Cuarto de Primera Instancia con residencia en ********************, ********************, no podría anularse aquel si en el mismo intervino diversa autoridad a la designada por el impetrante de garantías; por tanto, si se pretende que los efectos de la concesión del amparo (de prosperar éste) abarcaran la mencionada diligencia y sus consecuencias, nulificándolos, era menester señalar a todas y cada una de las autoridades que hubieren participado en el mismo, así como los actos que hubieren producido, bajo pena de que, de no señalarse a todas las responsables ni a los actos que de ellas emanaron, no podría, jurídicamente, examinarse la constitucionalidad de sus actos, ni afectarse la validez de los mismos. Sirve de sustento a lo anterior la tesis 2a. CLXIV/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." En efecto, la improcedencia a que se alude en este apartado se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al amparista en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, obligando a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. De ahí que existe una imposibilidad procesal para emitir la sentencia que pretende el quejoso, al no haberse señalado la autoridad a la que corresponde la ejecución del acto que le perjudica en el juicio especial hipotecario ********************del Juzgado Cuarto de Primera Instancia con residencia en ********************, ********************, esto al no haberse integrado debidamente la relación jurídico procesal en el presente juicio de amparo, por condiciones atribuibles al impetrante de garantías. CONCLUSIÓN. En esa medida, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el numeral 217 de la Ley de Amparo, en relación con la tesis de jurisprudencia 3a./J.33/90 invocada, al no haberse atendido por la parte quejosa, la prevención realizada a efecto de tener claridad respecto de la totalidad de los actos que le perjudican, y la posibilidad de corregir la posible afectación a sus garantías individuales, por lo que en los términos ya expresados y por los motivos ya expresados, no podría repararse en su totalidad dicha violación a sus garantías, al no ser factible estudiar el acto principal que le afecta. Guarda relación con lo antes señalado el siguiente criterio jurisprudencial, emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 11 y 116, fracción III, del mismo ordenamiento legal." Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando pública en términos de la reforma al artículo 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de agosto del dos mil veinte. Por lo expuesto y fundado y, con apoyo además en el artículo 73, 74, 77 y 79, todos de la Ley de Amparo, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en contra de los actos reclamados y por las autoridades precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diversos considerandos tercero y quinto de esta resolución. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación del presente fallo. Notifíquese en términos de ley.
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- Héctor Manuel Loyo Moguel1093/2021
- Hector Maximino Maguin Lopez745/2023
- Hector Meraz Perez942/2015
- Héctor Miguel Chávez Méndez976/2016
- Héctor Miguel Lozano1042/2023
- Héctor Omar Betancourt Cano282/2017
- Héctor Omar Betancourt Cano931/2017
- Héctor Omar Betancourt Cano664/2013