Héctor Medina Romero

Expediente 1783/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1783/2016
Año
2016
Actuaciones
12
Última actuación
09/06/2017

Partes del expediente

  • Héctor Medina Romero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    VIII.- Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, así como de las constancias que lo integran se advierte que no obra el acuse de notificación a la autoridad responsable Junta Especial número 29 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, del auto de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete. Por tanto, toda vez que dicha constancia es necesaria para tener plena convicción de la legal notificación del referido proveído, se ordena reexpedir el referido oficio dirigido a la responsable antes señalada.

  2. Principal

    VIII.- La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa no se inconformó dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el auto de quince de febrero del año en curso (fojas 45 a 48), en el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este sumario constitucional; en consecuencia, el proveído de mérito se tiene por consentido para los efectos legales conducentes. Por otra parte, del estado procesal de este juicio de amparo se advierte que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno.

  3. Principal

    viii. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo concedido a la parte quejosa y tercero interesado para que realizaran las manifestaciones que a su derecho convinieran respecto del cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. Atento a lo anterior, y toda vez que el referido peticionario no realizó manifestación alguna al respecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de treinta de enero actual (fojas 40 y 41), y con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, se procede a valorar si el fallo protector se encuentra cumplido, sin que este órgano de control constitucional haga pronunciamiento alguno respecto al sentido o legalidad del acto mediante el cual se pretende dar cumplimiento, al no haber formado parte de los efectos materia de la concesión. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Para determinar si en el caso la autoridad responsable dio o no cumplimiento al fallo protector, se hacen las precisiones siguientes: Héctor Medina Romero, Mediante escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 2 a 4), solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y autoridad responsable que a continuación se precisan: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA ESPECIAL NUMERO 29 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE (.) IV.- ACTO RECLAMADO: (.) LA ABSTENCIÓN por parte de la autoridad señalada como responsable AL NO EMITIR EL ACUERDO DE ADMISIÓN DE PRUEBAS, DEL EXPEDIENTE LABORAL 541/2015, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 880, 882 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo que establece que tendría que haber emitido el acuerdo correspondiente en el término que fija dicho precepto legal señalado, vulnerando con ello mis garantías constitucionales consagradas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (.)." 2. Mediante sentencia firmada el veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 17 a 25), se resolvió el presente asunto en los términos siguientes: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Héctor Medina Romero, contra la omisión atribuida a la Junta Especial número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, para los efectos señalados en el considerando último de la esta sentencia." 3. La concesión del amparo fue para el efecto de que la Junta Especial número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, realizará lo siguiente: "(.)1. Se pronuncie por las pruebas ofrecidas en el procedimiento laboral 541/2015. 2. Ordene notificar de manera personal al hoy quejoso, la determinación que emita. En el entendido que la diligencia de notificación respectiva no será materia de cumplimiento de la presente sentencia." 4. En ese tenor, mediante auto de dieciocho de enero actual (fojas 33 a 35), la sentencia dictada en el presente expediente causó ejecutoria; por lo que se requirió el cumplimiento al fallo protector a las autoridades responsables. 5. En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable, el pasado veinticuatro de enero actual (foja 39), dictó un acuerdo en el que se pronunció respecto de las pruebas ofrecidas por las partes en el expediente 541/2015, el cual se ordenó notificar personalmente a la parte quejosa. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido al quejoso Héctor Medina Romero, en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo. En tales circunstancias, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo en términos del artículo 196 de la ley de la materia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por último, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."

  4. Principal

    VIII.- SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO HECHO AL QUEJOSO Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL ACUERDO DE QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE QUE DICE: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo concedido a la parte quejosa y tercero interesado para que realizaran las manifestaciones que a su derecho convinieran respecto del cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. Atento a lo anterior, y toda vez que el referido peticionario no realizó manifestación alguna al respecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de treinta de enero actual (fojas 40 y 41), y con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, se procede a valorar si el fallo protector se encuentra cumplido, sin que este órgano de control constitucional haga pronunciamiento alguno respecto al sentido o legalidad del acto mediante el cual se pretende dar cumplimiento, al no haber formado parte de los efectos materia de la concesión. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Para determinar si en el caso la autoridad responsable dio o no cumplimiento al fallo protector, se hacen las precisiones siguientes: Héctor Medina Romero, Mediante escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 2 a 4), solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y autoridad responsable que a continuación se precisan: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA ESPECIAL NUMERO 29 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE (.) IV.- ACTO RECLAMADO: (.) LA ABSTENCIÓN por parte de la autoridad señalada como responsable AL NO EMITIR EL ACUERDO DE ADMISIÓN DE PRUEBAS, DEL EXPEDIENTE LABORAL 541/2015, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 880, 882 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo que establece que tendría que haber emitido el acuerdo correspondiente en el término que fija dicho precepto legal señalado, vulnerando con ello mis garantías constitucionales consagradas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (.)." 2. Mediante sentencia firmada el veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 17 a 25), se resolvió el presente asunto en los términos siguientes: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Héctor Medina Romero, contra la omisión atribuida a la Junta Especial número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, para los efectos señalados en el considerando último de la esta sentencia." 3. La concesión del amparo fue para el efecto de que la Junta Especial número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, realizará lo siguiente: "(.)1. Se pronuncie por las pruebas ofrecidas en el procedimiento laboral 541/2015. 2. Ordene notificar de manera personal al hoy quejoso, la determinación que emita. En el entendido que la diligencia de notificación respectiva no será materia de cumplimiento de la presente sentencia." 4. En ese tenor, mediante auto de dieciocho de enero actual (fojas 33 a 35), la sentencia dictada en el presente expediente causó ejecutoria; por lo que se requirió el cumplimiento al fallo protector a las autoridades responsables. 5. En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable, el pasado veinticuatro de enero actual (foja 39), dictó un acuerdo en el que se pronunció respecto de las pruebas ofrecidas por las partes en el expediente 541/2015, el cual se ordenó notificar personalmente a la parte quejosa. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido al quejoso Héctor Medina Romero, en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo. En tales circunstancias, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo en términos del artículo 196 de la ley de la materia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por último, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."

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