Héctor Martínez Castillo
Expediente 1363/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1363/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Héctor Martínez Castillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
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Glósese a los autos la razón actuarial firmada por Braulio Fernández Nava, Actuario Judicial adscrito a este órgano Jurisdiccional, por medio de la cual da cuenta al suscrito juzgador con la notificación de los oficios 5922/2020 y 5059/2021; de la que se advierte que se constituyó en las instalaciones del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, con la finalidad de hacer entrega de los mencionados oficios, lugar donde lo atendió el oficial de partes, quien bajo protesta de decir verdad dijo llamarse Manuel García Palacios y, al que le explicó el motivo de su presencia. Situación por la cual el oficial de partes, le manifestó que solo podía recibir diez oficios por autoridad los días miércoles de cada semana, ello, por instrucciones de la Presidenta del mencionado tribunal; motivo por el cual el actuario judicial adscrito a este juzgado, le hizo saber al servidor público las consecuencias y alcances del artículo 28 fracción l, de la Ley de Amparo; no obstante, el mismo se negó a recibir los oficios de referencia, por lo que procedió a dejarlos fijados en la puerta de la autoridad responsable, dándola por notificada del contenido de los mismos; ello, con las facultades que le confiere el segundo párrafo del citado numeral. En consecuencia, con fundamento en el artículo 28, fracción l, de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la notificación de los oficios que señala el actuario en su razón de cuenta y, por tanto, la misma surtió plenos efectos legales conforme al citado numeral. Lo anterior, resulta acorde a la facultad garante de este juzgado de distrito, para salvaguardar la garantía a la tutela jurisdiccional de las partes en el presente juicio, prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, partiendo de la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, lo cual significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no pueden supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales; asimismo, atendiendo a que, el juicio de amparo es reconocido por la Corte Interamericana, por su naturaleza, en el ámbito del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto de San José", como el procedimiento judicial sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de todos los derechos reconocidos por la Constitución y la Convención citada. Notifíquese.
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. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial que antecede, de los que se aprecia que el juicio en que se actúa se encontraba suspendido por las razones ahí precisadas; sin embargo, de acuerdo a las circulares SECNO/8/2021, SECNO/9/2021, SECNO/10/2021, SECNO/12/2021 y SECNO/13/2021, de treinta de enero, seis, trece, veinte y veintisiete de febrero de dos mil veintiuno, firmadas electrónicamente por la jueza *********************************, Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se comunicó que se determinó adoptar como medida especial para salvaguardar la salud de las y los justiciables, así como de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1 fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, y se suspendieron las labores para el periodo comprendido del uno de febrero al tres de marzo de dos mil veintiuno. Luego, por Acuerdo General 1/2021, que reformó el similar 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se constriñe a reactivar en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, mediante la reactivación de los plazos procesales, tramitación de promociones y desahogo de las diligencias que requieran la presencia física de las partes. En ese contexto, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del uno de febrero al tres de marzo de dos mil veintiuno y se reanuda el presente juicio en el punto en que quedó pausado. Por otra parte, en acatamiento al artículo 22º del citado Acuerdo, se exhorta a las partes para que de ser posible y estimarlo pertinente transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. De igual forma, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales; en el entendido de que su contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Se ordena al Actuario Judicial adscrito realice la notificación del presente proveído vía electrónica, con independencia de los medios acostumbrados; y una vez que las autoridades responsables reanuden sus labores notifique a la brevedad posible los oficios que derivan del presente proveído. Por otro lado, visto lo de cuenta, así como la certificación arriba citada, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de diecisiete de marzo de dos mil veinte, que sobreseyó el presente juicio, ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso a), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se sobreseyó respecto de los actos reclamados. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese; y personalmente a las partes por vía electrónica.
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* Visto el oficio y anexos de cuenta signado por la Presidenta Encargada de Despacho por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido informe justificado; con su contenido y constancias, dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, del análisis de las constancias allegadas en el oficio de referencia, se advierte que la citada responsable no remitió la totalidad de las actuaciones de las cuales derivan los actos reclamados; en virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad oficiante Presidenta Encargada de Despacho por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, , esto es a María Natividad Bautista Linares, a efecto de que dentro del término de tres días siguientes al en que reciba el oficio de notificación de este acuerdo, remita copias certificadas, legibles, autorizadas y en orden cronológico de la totalidad de las actuaciones que integran el juicio laboral 389/2013, pero a partir del auto de trece de diciembre de dos mil dieciocho, no así el expediente original; puesto que las mismas resultan necesarias para estar en aptitud de resolver el juicio de amparo en que se actúa. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo así o no informar el impedimento legal que tenga para ello dentro del lapso indicado, se hará acreedora a una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto por los artículos 260, fracción IV, y 238 de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, dado que la celebración de la audiencia constitucional se encuentra señalada para este día (foja 35), ésta se deja sin efectos y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CATORCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para su verificativo. *
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***** Visto lo de cuenta, se advierte que la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante de encontrarse debidamente notificado del proveído de nueve de octubre de dos mil diecinueve (fojas 18 a 20), por el cual se solicitó dicho informe, lo que se corrobora con la constancia de notificación que obra en autos (foja 24). Por tanto, con independencia de la sanción a que pudiera hacerse acreedora al momento de resolver el presente asunto; con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, para que en termino de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, remita copias certificadas legibles, autorizadas y en orden cronológico de la totalidad de las actuaciones de las cuales deriven los actos reclamados, que se hacen consistir en: "EL AUTO DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, QUE OMITE HACER EFECTIVA LA MULTA FIJADA A LA DEMANDADA, POR LA CONTUMACIA DE CUMPLIR EL LAUDO; . LA OMISIÓN DE VINCULAR A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DELGOBIERNO DEL ESTADO AL CUMPLIMIENTO AL LAUDO,." Toda vez que las mismas resultan necesarias para estar en aptitud de resolver el juicio de amparo en que se actúa. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del lapso indicado, se hará acreedora a una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, que asciende a $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 50/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional); lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, 238 y 259 de la Ley de Amparo. En consecuencia, toda vez que la audiencia constitucional se encuentra señalada para este día (foja 18 reverso), la misma se difiere y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo. Por otro lado, visto el escrito y anexos de cuenta signado por Wilberth Galeana Radilla, en su carácter de Síndico Procurador del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Atoyác de Álvarez, Guerrero, personería que se tiene por acreditada en términos de la copia certificada que anexa a su ocurso de cuenta, relativa a la constancia de mayoría y validez de la elección de ayuntamientos de cinco de julio de dos mil dieciocho; visto su contenido, con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b), téngasele por apersonándose al presente juicio en su calidad de tercera interesada. Asimismo, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en el escrito que se provee, lo anterior no obstante de que si bien el artículo 26, inciso I, fracción II de la Ley de Amparo, señala que las notificaciones a las autoridades responsables o las que tengan el carácter de terceros interesados deberán realizarse por medio de oficio que se gire a su residencia oficial; sin embargo, a efecto de dar celeridad a las notificaciones que en su caso lleguen a efectuarse a dicha parte procesal y para no contrariar lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene el que señala en la residencia de este órgano jurisdiccional; no obstante, en caso de revocar el domicilio señalado sin designar nuevo, las notificaciones se realizarán a través de oficio enviado a su sede oficial y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jaime Castillo Hilario, Luis Gabriel Alvarado Avilés, Juan Manuel Ramírez Santiago, Abraham Jiménez Rendón, Brianda Jolotzy Viridiana López Hesiquio y José Eduardo Martínez Hernández, por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las demás personas, toda vez que no cuentan con el registro de cedula profesional en el aludido sistema. *
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