Héctor Mario García Barrera
Expediente 561/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 561/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Héctor Mario García Barrera
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que no se interpuso el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la citada ley, en contra del proveído de nueve de octubre de dos mil veintitrés (fojas 16 a 20), mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio inicio a este expediente; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el precitado proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido.
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Promoción Vista la demanda de amparo promovida por ++, contra actos del Director de la escuela Olivia Ramírez, de la Zona Escolar número 23 (veintitrés), con sede en esta ciudad y de otras autoridades. Formación de expediente y registro Fórmese expediente físico y electrónico, y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 561/2023. Actos reclamados De la demanda de cuenta, se advierte que el quejoso reclama los siguientes actos: ? La solicitud de cambio de adscripción realizada por el ++ dos mil veintitrés. Desechamiento En la especie se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, en la medida en que se considera que los actos reclamados no provienen de autoridad para efectos del juicio de amparo. Los artículos en cita establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]" En efecto, de la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, el último aplicado en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve en contra de actos emitidos por entes que, por su naturaleza, no tienen el carácter de autoridad para efectos de la vía constitucional. En ese aspecto, se debe precisar que es criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse a la distinción de las relaciones jurídicas entre el gobernador y el ente emisor, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que dicho ente señalado como autoridad, actúe en un plano superior al particular. Así, para que una autoridad tenga el carácter de responsable para los efectos del juicio de amparo debe de dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Ahora, en el caso concreto el quejoso reclama destacadamente del Director de la escuela Olivia Ramírez de esta localidad, la solicitud de cambio de adscripción contenida en el oficio 1, de tres de octubre de dos mil veintitrés, dirigido a la Supervisora Escolar de la Zona 23, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, actuación que se estima, se encuentra en una relación jurídica de coordinación con el aquí promovente, es decir en un plano de igualdad y bilateralidad, inclusive en cuestiones atenientes al cambio de adscripción de una escuela a otra, ello derivado de una relación en la que la autoridad responsable tiene únicamente el carácter de un organismo patronal y con este carácter las relaciones que se den con los particulares serán en un plano de clara coordinación y no de suprasubordinación, por lo que sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta. Ello, no obstante que dicha patronal dependa del Estado, pues éste, a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una moral oficial de derecho privado, en tanto que por otra parte puede figurar como en el caso concreto, como un ente patronal ya que sus determinaciones derivan de la relación que sostiene con un trabajador, quedando sometido a las prevenciones del derecho positivo como cualquier otro particular. Por consiguiente, en congruencia con la doble personalidad del Estado, es dable concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquél que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mención. Es decir, a efecto de considerar un acto como susceptible de análisis mediante la acción constitucional, es indispensable que éste emerja del imperio de la autoridad en el ejercicio de su función pública, esto es, como una consecuencia inherente a la naturaleza de su encargo. Así, como se adelantó, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, se deduce que para los efectos del juicio de amparo, autoridad responsable es aquella que actuando como un ente de hecho o de derecho en una relación de supra a subordinación con un particular, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o las extinguiría. Sirve de apoyo la tesis cuyos datos de localización, rubro y texto se citan a continuación: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado".1 En ese sentido, es dable concluir que el reclamo del promovente en esta instancia constitucional deriva de una cuestión íntimamente relacionada con una modificación a las condiciones laborales, específicamente con el cambio del lugar en que deberá desempeñar sus actividades, pues, en el oficio reclamado, únicamente se advierte la solicitud del Director de la escuela Olivia Ramírez, dependiente de la Secretaría de Educación del Estado de Tamaulipas, de cambio de adscripción del quejoso, lo que pone de manifiesto que se trata de una modificación a las condiciones laborales de la parte promovente y por ende ejerce una función de organismo patronal. Así, resulta claro y patente, que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia en estudio, habida cuenta que los actos reclamados derivan de una relación obrero patronal, esto es, no constituyen un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que las cuestiones de las que se duele el promovente tienen su origen en una relación de trabajo entre particulares, donde las partes se encuentran en un plano de igualdad por derivar su relación jurídica de un acto contractual. Por ello la actuación reclamada no puede considerarse como acto de autoridad, pues si bien el acto reclamado pudiese afectar la situación jurídica del promovente al ordenarse el cambio de adscripción a un diverso centro de trabajo, lo cierto es que ello no puede ser analizado en esta instancia constitucional al derivar tal cuestión de una relación de coordinación y no así de suprasubordinación, al fungir la Secretaría de Educación del Estado de Tamaulipas, como ente patronal de Héctor Mario García Barrera. Ante ello, al emanar el acto reclamado de un organismo público actuando como ente patronal, el promovente tiene expedito su derecho para hacer valer sus inconformidades en relación a dicha actuación ante las autoridades competentes, pues como ya se explicó, los actos impugnados no pueden ser objeto de examen constitucional, en tanto que ello es propio de una controversia ante las autoridades del trabajo y no del juicio de amparo, pues como se dijo entre ellos existe una relación de coordinación (trabajador-patrón) la cual debe ventilarse ante las instancias correspondientes. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.6o.T. J/28 (10a.), emitida por Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de suprasubordinación".2 Así como la diversa VII.2o.A.T.10 A, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, que a la letra dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DIRECTOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ. Los funcionarios de organismos públicos, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una disposición legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que afecten la esfera de los gobernados, es decir, actuar como autoridades. Sin embargo para determinar si a quien se atribuye el acto reclamado es autoridad para efectos del juicio de amparo debe atenderse a la norma legal que lo rige y examinar el caso concreto. Ahora bien, no puede considerarse que el acto reclamado al director de Educación Primaria de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Veracruz, consistente en la orden de cambio de adscripción de un inspector de zona, sea un acto de autoridad, pues atendiendo al contenido del artículo 1o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado y del diverso 16 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Dirección General de Educación del Estado, donde se establece, entre otros aspectos, que esa secretaría es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado y que es obligación de sus trabajadores obedecer las instrucciones y órdenes que reciban de sus superiores y trasladarse al lugar al que sean removidos, es de considerarse que el director señalado como responsable, al emitir el acto reclamado lo hizo con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal."3 Domicilio y autorizado Téngase como autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, a Jorge Luis Miranda Niño, toda vez que se encuentra registrado en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Asimismo, téngase como domicilio procesal el que señala en su escrito de cuenta; sin embargo, se privilegia el envío de notificaciones de carácter personal mediante el juicio en línea. Acceso al expediente electrónico Atento a lo anterior, se le autoriza la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo con el nombre de usuario "++", así como la presentación de promociones y recibir notificaciones electrónicas de aquellos autos que se ordenen personalmente. Para efectos de esto último, con apoyo en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo, el autorizado deberá ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esa ley, en un plazo máximo de dos días, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas. De no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación dentro de los plazos señalados, se tendrá por hecha la notificación. En ese contexto, se instruye a la Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto del usuario "jorgemiranda", únicamente por lo respecta al juicio de amparo en que se actúa. Habilitación de días y horas inhábiles Con apoyo en el artículo 17 Constitucional, y conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico Finalmente, se ordena a la Secretaria, así como a los Oficiales Judiciales "C" correspondientes de mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente a supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto por el artículo 3, quinto y séptimo párrafos, de la Ley de Amparo, y 22, cuarto párrafo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma Luis Alberto González Villa, Secretario en Funciones de Juez del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, por licencia de la titular; designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, comunicada mediante oficio SEADS/2289/2023, del índice de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del propio Consejo, asistido de Cynthia González López, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
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