Héctor Manuel Vargas Meneses

Expediente 692/2019 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
692/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
01/10/2019

Partes del expediente

  • Héctor Manuel Vargas Meneses

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    VISTO EL OFICIO DEL JUEZ CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE HIDALGO, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. EN TAL VIRTUD, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL; TODA VEZ QUE NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS QUE PREVÉ EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL NUMERAL Y ACUERDO CITADO.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Visto; el oficio suscrito por la Presidenta de la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, registrado en oficialía de partes con el número 6358/2019, con el que remite original y copia de la demanda de garantías promovida por Héctor Manuel Vargas Meneses; oficio 718/2019, mediante el cual la sala civil responsable rinde su informe justificado; el toca civil 20/2019 y el expediente 731/2018; en consecuencia, regístrese, fórmese expediente y acúsese recibo. Ahora bien, en el caso a estudio este tribunal colegiado estima carecer de competencia, por razón de la vía, para conocer y resolver sobre el juicio constitucional intentado. Para evidenciar lo antes afirmado es menester precisar que el solicitante del amparo Héctor Manuel Vargas Meneses, señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: "C).- AUTORIDAD RESPONSABLE.- Los C.C. Magistrados integrantes de la Primera Sala Civil y Familiar del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, (.)" "D).- ACTO RECLAMADO.- La Sentencia Definitiva dictada por la Responsable en el Toca Civil de Apelación número 20/2019, con fecha 14 de Agosto de 2019". Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo, se advierte que el catorce de agosto de dos mil diecinueve, la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, emitió resolución en el toca civil 20/2019, donde CONFIRMÓ la sentencia definitiva de siete de enero de dos mil diecinueve, dictada por la Jueza Primera Civil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, dentro de las diligencias de jurisdicción voluntarias de información testimonial ad-perpetuam promovidas por el hoy quejoso, derivadas del expediente 731/2018. Inconforme con dicha resolución el quejoso, promueve juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Por su parte, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo vigente, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Luego, el artículo 170 de la ley de la materia, dispone: "(.) El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas (.)". En mérito de lo anterior, como en la especie el acto reclamado se hace consistir en la resolución de catorce de agosto del presente año, dictada en el toca civil 20/2019, relativo al juicio de jurisdicción voluntaria de información testimonial Ad-Perpetuam, que confirmó la determinación dictada por la Jueza Primera Civil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo; y, toda vez que los fallos emitidos en los procedimientos de jurisdicción voluntaria son actos pronunciados fuera de juicio para efectos del juicio de amparo, por lo que dicha resolución no es de las que pone fin al juicio, y menos una sentencia que tenga el carácter de definitiva. De ahí que si no reúne los requisitos previstos por el ya apuntado precepto legal 170 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es inconcuso que los Tribunales Colegiados de Circuito no son legalmente competentes para conocer del asunto; razón por la cual, es incuestionable por exclusión, que respecto de la resolución impugnada, por no tratarse de una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, pues no decide el juicio en lo principal resolviendo sobre la procedencia o improcedencia de las acciones o excepciones que dieron origen a la litis, ni lo da por concluido en forma tal, que ya no se pueda seguir actuando en el mismo; en consecuencia, al no reunir las características exigidas en el numeral en cita como tampoco actualizarse las hipótesis ahí contenidas y, como del diverso 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte, es claro que por falta de competencia legal el tribunal colegiado no puede decidir al respecto, y su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente; por lo tanto, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de amparo, envíense las constancias respectivas al Juez de Distrito en turno en el Estado, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 16/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 744, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. EL AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA EL ACTO QUE PONGA FIN A LA DILIGENCIA SALVO QUE SE TRATE DE ACTOS INTERMEDIOS CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.- Las diligencias de jurisdicción voluntaria deben calificarse como actos dictados fuera de juicio en los términos del primer párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo. Al respecto, el Pleno de este Alto Tribunal en las tesis jurisprudenciales de rubros: "PRENDA MERCANTIL. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL ACUERDO QUE ADMITE A TRÁMITE LA PETICIÓN DEL ACREEDOR PARA QUE EL JUEZ AUTORICE LA VENTA DE LOS BIENES DADOS EN GARANTÍA."; "PRENDA MERCANTIL, VENTA JUDICIAL DE LA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 341 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO."; y en las ejecutorias de las que derivaron éstas, estableció que cuando dichos actos provinieran de un procedimiento, el juicio de amparo indirecto sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento; supuesto en el cual, de acuerdo al inciso b), de la fracción III, del artículo 107 Constitucional, en estos casos debe respetarse el principio de definitividad. No obstante, aplicando por analogía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, si durante el procedimiento de jurisdicción voluntaria existe un acto intermedio de imposible reparación, el amparo indirecto procedería excepcionalmente respecto de dicho acto, una vez que se hubiesen agotado los medios ordinarios de defensa que existan en su contra, sin requerir que se emita la determinación final que proceda. Así, por regla general el amparo indirecto sólo procede contra el acto que ponga fin a la diligencia de jurisdicción voluntaria, salvo que el acto sea de imposible reparación, supuesto en el cual el amparo indirecto procederá en contra de actos intermedios, debiendo en ambos casos respetarse el principio de definitividad". De igual manera, es aplicable la jurisprudencia VI.2o.C. J/281, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y que este órgano federal comparte, visible en la página 1451, Tomo XXV, Abril de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que reza: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. AL TENER LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN DICHO PROCEDIMIENTO EL CARÁCTER DE ACTOS FUERA DE JUICIO, ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA.- La jurisdicción voluntaria es un procedimiento de mera constatación o demostración de hechos o circunstancias en el que no es legalmente posible ejercitar acciones respecto de las cuales proceda oponer excepciones, y al no existir controversia, tampoco puede haber procedimiento contencioso, el cual es indispensable para que exista juicio. Por ende, las resoluciones dictadas en jurisdicción voluntaria son actos fuera de juicio que, por esa razón, no pueden adquirir el carácter de cosa juzgada y, en consecuencia, de definitivas para los efectos del amparo directo; por consiguiente, en contra de las resoluciones pronunciadas en un procedimiento de jurisdicción voluntaria, es competente para conocer del amparo el Juez de Distrito que corresponda, de conformidad con los artículos 107 constitucional, fracción VII y 114, fracción III, de la Ley de Amparo". Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes, y en su oportunidad, archívese como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 y demás relativos a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma.

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