Héctor Manuel Varela Herrera
Expediente 858/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 9 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 858/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 19/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Héctor Manuel Varela Herrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Incidental
Mazatlán, Sinaloa, diecinueve de enero de dos mil diecisiete. Orden de archivo. Vista la certificación que antecede, y atento al estado procesal de autos, se ordena archivar los cuadernos del incidente de suspensión en los que se actúa, tomando en consideración que mediante acuerdo dictado el día de hoy, se declaró concluido el expediente principal relativo. II. Acuerdo de depuración y destrucción. Cuaderno original. De conformidad a lo dispuesto por el artículo vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, aprobado el veintiocho de septiembre de dos mil nueve, por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, es decir, deberá conservarse la resolución relativa al otorgamiento de la suspensión provisional de los actos reclamados. b) Cuaderno duplicado. Atendiendo a lo establecido en el artículo vigésimo, fracción III, del citado acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción en el plazo de seis meses. III. Relevancia documental. La presente incidencia no se considera de relevancia documental, siguiendo los lineamientos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto, citado en el párrafo que antecede. IV. Devolución de documentos. De conformidad con la fracción XVIII, del punto segundo, del multicitado acuerdo, se hace constar que ninguna de las partes allegó documentos probatorios originales a la incidencia en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, diecinueve de enero de dos mil diecisiete. Estado de autos. Visto el estado procesal de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo vigente, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el expediente, como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Acuerdo en incidente. Tomando en consideración lo anterior, acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 858/2016, promovido por Héctor Manuel Varela Herrera, contra actos del Secretario de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, y; RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de demanda y contenido. Por escrito presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, el cual fue turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional; Héctor Manuel Varela Herrera, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por violación a los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales, contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES Secretario de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta ciudad. Comandante de esta Base de Policía Ministerial del Estado, con sede en esta ciudad. ACTO RECLAMADO La orden de aprehensión librada en su contra y su ejecución. SEGUNDO. Admisión y trámite. Mediante auto de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, dio la intervención legal correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y señaló fecha y hora para la audiencia constitucional. TERCERO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, por lo que es procedente pronunciar sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito resulta competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, Constitucionales, 48, 49 en relación con el artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo establecido en los artículos 74, fracción I y 77, de la Ley de Amparo, es obligación del juzgador realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada y determinar con exactitud la intención del quejoso, se deben armonizar todos los datos de la demanda de amparo, interpretándola en un sentido de liberalidad y no restrictivo. Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia identificada con la clave P./J. 40/2000, correspondiente a la Novena Época, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000, página 32, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Por ello, después del minucioso examen a la demanda de amparo, este juzgado fija como acto reclamado, el siguiente: La pretensión de privarlo de su libertad y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. De los artículos 63, fracción IV, 74, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador de amparo apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, que en su caso, no permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia planteada. Por lo anterior, este juzgador determina que no son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables 1) Encargado de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, en ausencia del Secretario de Seguridad Pública Municipal y 5) Comandante de la Base de Policía Ministerial del Estado, ambos con residencia en esta ciudad. Lo anterior es así, pues dichas autoridades al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos que se les atribuyen, y al constituir dichos informes documentales públicas, se les concede valor probatorio pleno, al ser emitidos por autoridades competentes en ejercicio de sus funciones, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Aunado al valor referido, el quejoso no aportó prueba idónea para desvirtuar la negativa e inexistencia de la que se da notifica, cuando le correspondía tal carga probatoria a efecto de acreditar la certeza de los actos reclamados y no lo hizo. Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia VI 2o. J/20, correspondiente a la Octava Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación IV, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1989, página 627, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y os quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual forma, es aplicable la Jurisprudencia VI.2o.J/18, correspondiente a la Octava Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 19-21, Julio-Septiembre de 1989, página 154, que reza: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo." En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee el presente juicio constitucional, respecto a los actos reclamados de las autoridades responsables, dada su inexistencia. CUARTO. Transparencia y Acceso a la Información. En otro aspecto, toda vez que en el presente juicio no existe oposición expresa por la parte quejosa en cuanto a la publicación de la presente resolución, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dígase a las partes, que esta resolución estará a disposición del público para su consulta en versión pública, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en los términos de dicha legislación. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73 a 76, 124, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Héctor Manuel Varela Herrera, respecto de los actos precisados en el considerando segundo, reclamados a las autoridades responsables, y por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicada en términos de lo establecido en el considerando cuarto de la misma. Notifíquese.
- Incidental
Mazatlán, Sinaloa, seis de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguese sin mayor proveído, el pedimento 380/216, firmado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito, toda vez que el presente incidente de suspensión se encuentra resuelto. No obstante a lo anterior, expídanse las copias certificadas que indica el representante social, previa razón de su recibo se deje en autos, en términos de los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo vigente en la presentación de la demanda. Cúmplase. Así lo proveyó y firma José Israel Hernández Tirado, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, ante Martha Rosa Hernández Barboza, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe.
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