Hector Manuel Solis Delgado

Expediente 1324/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1324/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
07/11/2023

Partes del expediente

  • Hector Manuel Solis Delgado

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Por consiguiente, toda vez que el presente asunto se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Sexto, artículo 20, fracción IV), y por consiguiente, en el Capítulo Octavo, artículo 25, concerniente a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de octubre de dos mil veintitrés. Subsana prevención Se tiene por recibido el escrito signado por ******* ******* **********, mediante el cual, desahoga la prevención realizada por auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés; el que se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos jurídicos conducentes. Cabe precisar que la parte quejosa bajo protesta de decir verdad señaló como acto reclamado: Del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado de Morelos, el no agotar la etapa probatoria dentro del expediente 414/2022 al no entregarle los exhortos ordenados en auto de quince de junio del presente año, para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte quejosa y admitida por el juzgador. Asimismo, precisó que de dicha omisión se notificó el treinta y uno de agosto del año en curso, fecha en la que se le notificó la sentencia pronunciada en el expediente 414/2022; el cual actualmente se encuentra en espera de ser remitido al Tribunal de Alzada competente para resolver el recurso de apelación promovido por la quejosa el seis de septiembre último. Desechamiento demanda Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, los jueces de Distrito están facultados para desechar de plano la demanda de amparo cuando adviertan un motivo notorio e indudable de improcedencia. Debe entenderse que lo manifiesto es lo que se advierte de manera clara y patente, y lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza. Así, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se advirtió claramente de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Por tanto, para advertir la manifiesta e indudable improcedencia de un juicio, debe atenderse al escrito de demanda y sus anexos, y así considerarla probada, ya sea porque los hechos en que se apoya fueron expresados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de convicción indubitables, de modo que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se aporten en el procedimiento no sean necesarios para justificar la improcedencia ni puedan desvirtuar su individualización. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. LXXI/2002, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, éste interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Tales dispositivos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." La actualización de la causa de improcedencia descansa en las siguientes consideraciones. En el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en éste se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la misma ley. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, señala que el amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sobre el indicado tipo de actos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. Esto es, son aquellos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que el quejoso no obtenga un fallo favorable al resolverse el medio ordinario que proceda contra la sentencia definitiva, estará en condiciones de reclamarlas como tales en el amparo directo que se intente contra esa sentencia que pondrá fin al juicio. Ello porque el artículo 172 de la legislación en comento dispone los casos en los cuales se considerarán violadas las leyes del procedimiento que afectan las defensas del quejoso y trascienden al resultado del fallo. Ahora, en la Ley de Amparo, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos dentro de juicio, los cuales para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: a) Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, b) Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En el particular, la parte quejosa combate del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado de Morelos, el no agotar la etapa probatoria dentro del expediente 414/2022 al no entregarle los exhortos ordenados en auto de quince de junio del presente año, para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte quejosa y admitida por el juzgador. Lo anterior, conduce a determinar que el acto reclamado por sí mismo, no genera una afectación material de derechos sustantivos. Por tanto, el acto reclamado es de naturaleza intraprocesal o adjetiva, porque fue emitido en un juicio que el quejoso señala se ha emitido sentencia, de modo tal que los efectos que trae consigo no pueden considerarse que tengan sobre la parte quejosa una afectación a sus derechos humanos (sustantivos) consagrados en la Constitución, pues no le han impedido el ejercicio de algún derecho, es decir, no atenta en contra de aquéllas prerrogativas de las que no se le puede privar ni restringir; luego, las consecuencias son sólo intraprocesales y tuvieron el efecto de continuar con el trámite del procedimiento natural. Además, en el expediente de origen en el cual se ha dictado fallo, en cuyo caso, el reclamo que hoy formula ha sido superado sin dejar huella en su esfera jurídica y, en el caso está en condiciones de alegarlo como violación procesal, a través del medio de impugnación que ha promovido en su contra. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.5º.C.8 K (10ª), de rubro: "AMPARO CONTRA ACTOS DENTRO DE JUICIO. SÓLO PROCEDE CUANDO EXISTE UNA AFECTACIÓN MATERIAL A DERECHOS SUSTANTIVOS TUTELADOS EN LA CONSTITUCIÓN O EN LOS TRATADOS, Y NO CUANDO SE TRATE DE UNA EVENTUAL VIOLACIÓN FORMAL O INDIRECTA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE)." Asimismo, se invoca por las razones que informa, por analogía la tesis P. LVII/2004, de rubro: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Por lo expuesto, al demostrarse la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, con relación al diverso artículo 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de la materia. Consulta del expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo se faculta al oficial judicial "A" a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado Federal, a efecto de que autorice al usuario "ErickPortillo", la consulta del Expediente Electrónico del presente juicio. Notifíquese por medio de lista a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio proveniente de la Subadministración Desconcentrada de Recaudación de México "1", con sede en México, por medio del cual solicita le sean remitidos los original o copias certificadas de los oficios 1073/2023 de fecha veintiséis de abril de dos mil veintitrés, 13200/2023 de fecha veintitrés de mayo del año en curso, 14664/2023 de ocho de junio de dos mil veintitrés y 15950/2023 de veintiuno de junio de del año en curso; lo anterior a fin de dar seguimiento al cobro de la multa impuesta a 1) ******, 2) ****, 3) ***** y 4) ****, en su carácter de Presidente, Secretario, Tesorero y Vocal, respectivamente, del Consejo de Socios Administradores de la autoridad responsable "*****", del mismo modo, solicita se informe el importe equivalente en pesos al que asciende la multa impuesta. En atención a lo solicitado, con transcripción del presente acuerdo, se ordena remitir a la autoridad oficiante los originales de las misivas que solicita la cual contiene firma electrónica autorizada del Secretario de este juzgado, en cuatro legajos. Asimismo, indíquese a la autoridad exactora que el monto de la multa impuesta en proveído de veintiséis de abril de dos mil veintitrés asciende al monto de $*****), tomando en consideración el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización del mes de abril del año en curso, consistente en $****), ello, para los efectos legales a que haya lugar. Con independencia de lo anterior, comuníquese a la autoridad fiscal, que tiene encomendado de manera especial y exclusiva lo concerniente a recaudar directamente o a través de sus oficinas autorizadas, las contribuciones, los aprovechamientos, las cuotas compensatorias, aprovechamientos federales y sus accesorios, así como de concentrarlos en la unidad administrativa competente, de conformidad con la Jurisprudencia 2a./J. 49/2003, de rubro: "MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. COMPETE HACERLAS EFECTIVAS A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE." Ese contexto, en términos de lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Subadministradora Desconcentrado de Recaudación, adscrito a la Administración Desconcentrada de México "1", con sede en México, (*****) para que en el término de cinco días computado legalmente, informe las gestiones relacionadas con el cobro de las multas impuestas a las autoridades responsables. Se apercibe que de no hacerlo así, se le impondría una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 237 fracción l de la ley de la materia, con relación con el diverso artículo 259. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, quien autoriza y da fe.

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