Héctor Manuel Rebollo Santiago
Expediente 648/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 648/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Héctor Manuel Rebollo Santiago
Actuaciones
- Principal
MESA. III.Ciudad de México, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo del diverso mediante el cual le fue enviado el cuaderno original del presente juicio de amparo; asimismo, informa que se avoca al conocimiento de la demanda de amparo, misma que radicó bajo el número D.P. 9/2021. En vista de lo anterior, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso j), de dicho acuerdo, ya que se trata de un asunto en el que este órgano jurisdiccional se declaró incompetente para conocer; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. En ese orden, como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno. *
- Principal
MESA. III. Ciudad de México, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Héctor Manuel Rebollo Santiago, que de acuerdo a su contenido, se provee: Infórmese al promovente que en acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, este juzgado de distrito se declaró incompetente para conocer del juicio de amparo, ya que el acto reclamado consistente en la sentencia dictada en el toca penal 321/2016, dentro de la causa penal 2/2016 del Juzgado Vigésimo Octavo Penal de la Ciudad de México, es una sentencia definitiva. En esas condiciones, mediante oficio de esa fecha, se remitió la demanda de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito, para que a su vez lo enviara al Tribunal Colegiado en turno; sin que a la fecha se haya aceptado la competencia antes mencionada.
- Principal
MESA. V. Ciudad de México, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encontraban señaladas las nueve horas con cincuenta minutos del ocho de diciembre de dos mil veinte, para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual no fue posible celebrar con motivo de la suspensión de labores decretada en los órganos del Poder Judicial de la Federación con residencia en la Ciudad de México, derivada de la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) del cinco de diciembre pasado al diecisiete de febrero del año en curso, de conformidad con las Circulares SECNO/29/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/8/2021, SECNO/9/2021 y SECNO/10/2021; por lo tanto, se reanuda el procedimiento y se levanta la suspensión de plazos y términos en este juicio. Al efecto, se precisa que la reanudación significa que los plazos continuarán desde el punto en el que quedaron pausados, no implica su reinicio. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se fijan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia de ley. A fin de evitar la concentración de personas y, con ello, evitar la propagación de la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y en seguimiento a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y el Gobierno de México, se precisa que a dicha diligencia no podrán comparecer físicamente las partes, por lo que los alegatos que deseen formular deberán presentarlos por escrito y, preferentemente, remitirlos vía electrónica desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. EXHORTO A LAS PARTES. Conforme a lo previsto en los artículos 22 y 28 del referido Acuerdo General plenario 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y para que proporcionen algún medio de contacto, como correo electrónico, número telefónico fijo o celular y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, en caso de contar con ellos, únicamente para el efecto de entablar comunicaciones no procesales. Comuníquese esta determinación por medio de lista a las partes, pues les corresponde estar al pendiente de los autos que se dicten en la secuela del procedimiento y no existe disposición en la ley de la materia que imponga la obligación de notificarles en diversa forma tal diferimiento. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a. 13, de la Segunda Sala del Alto Tribunal de Justicia del País, visible en la página 41, Tomo 29, mayo de 1990, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 820221, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO EN QUE SE FIJA FECHA PARA LA." *
- Principal
MESA III Ciudad de México, tres de diciembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por Héctor Manuel Rebollo Santiago, contra actos de la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por violación a los derechos fundamentales contenidos en el artículo 1 Constitucional, se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 648/2020-III-B. PREVENCIÓN A efecto de proveer respecto a su admisión, es importante tomar en consideración lo establecido en el numeral 114, de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. (.)". Con base en la porción normativa que precede, el Juez de Distrito al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir: Irregularidades, como podría ser imprecisión o deficiencias en los antecedentes de los actos reclamados, entre otros. Omisión en alguno de los requisitos establecidos en el artículo 108, de la ley de la materia, como el señalamiento preciso del acto que de cada autoridad se reclame. En la especie, se estima que en la demanda que nos ocupa se actualiza en el segundo de los supuestos señalados, como enseguida se demuestra. Para mayor soporte del aserto que precede, es conveniente traer a contexto la fracciones IV y V, del numeral 108, de la citada Ley de Amparo, que estatuyen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; (.)" De los preceptos transcritos, se conoce que el impetrante tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional el acto concreto que le atribuye a cada una de las autoridades que señala como responsables, así como los hechos y abstenciones que constituyan los antecedentes de dichos actos. En efecto, el agraviado debe indicar en su demanda, lo más claramente que pueda, qué ley y acto reclama a las autoridades responsables, porque su imprecisión pueda dar lugar a diversos problemas, entre ellos: a) Las autoridades responsables no podrían rendir su informe correctamente. b) Los terceros interesados no sabrían claramente de qué defenderse. c) La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo, entre otros. Ilustra lo anterior el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, visible en la página 697, Tomo IX, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. En ella debe precisarse con toda claridad el acto que se reclama." Ahora bien, el quejoso señala como acto reclamado en el capítulo respectivo del escrito de demanda "la sentencia definitiva dictada en toca penal 321/2016 por la Cuarta Sala Penal del tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dentro de la causa penal 02/2016 del Juzgado Vigésimo Octavo Penal de la Ciudad de México", atribuido al parecer a la citada Sala penal, es decir, no se tiene la certeza de si se trata de una sentencia definitiva que puso fin al procedimiento o se trate de diversa naturaleza. Y respecto al requisito de relatar los antecedentes del acto reclamado el quejoso es omiso en señalarlos, así como la fecha de la resolución reclamada y cuándo fue notificado o tuvo conocimiento de ésta. Aspectos que son imprescindibles, a fin de que este Juzgado esté en aptitud de determinar la oportunidad de la demanda que intenta, así como la competencia, y en vía de consecuencia, la procedencia del juicio biinstancial, por ser una cuestión de análisis oficioso y preferente al fondo del asunto. Precisado lo anterior, conforme al mencionado artículo 108, fracción IV, en relación con el numeral 114, de la Ley de Amparo, así como a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 144, tomo VI, del Apéndice de 1995, con el rubro "DEMANDA DE AMPARO OBSCURA, IRREGULAR O IMPRECISA.", se previene al ocursante para que en el acto de la notificación o por escrito dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación del presente auto y por escrito, exprese bajo protesta de decir verdad: 1. Precise de manera clara y concisa cuál es el acto que reclama, si se trata de una sentencia definitiva en la que se le impuso pena privativa de libertad o qué fue lo que se resolvió en dicha resolución, y, 2. Precise la fecha exacta en que fue notificado de la resolución reclamada, o en su caso, la fecha exacta en que tuvo conocimiento. El requerimiento que al efecto se emite, conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, la demanda de amparo se tendrá por no presentada en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Toda vez que la quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, practíquense las notificaciones de carácter personal en ese recinto carcelario. ASISTENCIA JURÍDICA Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que el quejoso solicita que este Juzgado le designe defensor público, en tales condiciones, a fin de brindar una garantía eficaz para el acceso a la justicia acorde a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a lo previsto en los artículos 8 y 25 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos en relación a la tutela jurisdiccional efectiva, con el objeto de no dejar al quejoso en estado de indefensión y que se encuentre plenamente asesorado en el presente juicio de amparo, solicítese al Director de la Defensoría Pública de la Ciudad de México, que en el plazo de tres días, designe a un defensor que asesore al aquí quejoso, quien se encuentra privado de la libertad en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México, toda vez que no cuenta con profesional del derecho autorizado que lo asista en el presente juicio de amparo, circunstancia que resulta un impedimento para enfrentar adecuadamente el juicio constitucional, ya que lo ubican como parte de un grupo vulnerable conforme al Capítulo I, Sección 2a. "Beneficiarios de las Reglas", punto 10, "Privación de libertad", reglas 22 y 23 de las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 2, incisos d) y e) y 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 14, numeral 3, incisos b) y d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; se le debe nombrar defensor en aras de tutelar los derechos humanos de acceso a la justicia y defensa adecuada, atendiendo a sus condiciones de precariedad para acceder a la justicia, así como las graves consecuencias que la falta de representación jurídica puede tener para sus derechos humanos. Resulta indispensable mencionar, que la Defensoría Pública de la Ciudad de México, en concordancia con lo establecido por el artículo 17 de la Constitución Federal, contempla en su normatividad interna (ley de la Defensoría Pública del Distrito Federal), específicamente en su artículo 19 fracción XVI: es obligación de los Defensores Públicos del Distrito Federal, interponer los recursos procesales procedente en beneficio de sus representados, así como el juicio de amparo cuando los derechos humanos de sus representados se estimen violados. Lo anterior, en virtud de que el impetrante de amparo, señaló como autoridades responsables de índole local, es decir, la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, de ahí que la competencia para la designación de defensor o asesor jurídico sea de naturaleza local, por ser ésta la jurisdicción de las autoridades responsables. Apercibido que de incumplir con lo anterior, con fundamento en el numeral 237, fracción I, de la Ley de Amparo, así como el Decreto de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá multa de cien a mil días de Unidad de Medida y Actualización. Resulta aplicable la Jurisprudencia 43/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto indica: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO". El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." En tales condiciones, se precisa que el término de cinco días concedido al impetrante en este auto para que cumpla con la prevención indicada, empezará a computarse una vez que el asesor jurídico que designe la Defensoría Pública de esta Ciudad, proteste el cargo, sin que tal circunstancia imposibilite al impetrante a desahogar antes si así lo desea. NOTIFICACIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN En términos del numeral 5°, fracción IV, de la misma normatividad, se ordenar notificar el presente proveído y correr traslado con copia autorizada del escrito de demanda, a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional. Ahora bien, con fundamento en artículo 3, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico; así como, en el artículo 1, fracción I, párrafo tercero, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19; así como, a las especificaciones previstas en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el referido virus; se le autoriza para consultar y promover el expediente en que se actúa por el sistema electrónico establecido para tal efecto a través del usuario "martha.arguello", exhortándosele para que continúe la tramitación del expediente a través del juicio en línea. EXHORTO A LAS PARTES Conforme a lo previsto en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación de "juicio en línea", desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, previa solicitud expresa, a través de promoción electrónica presentada desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; así como, la práctica de notificaciones electrónicas por la misma vía, ello, conforme a lo previsto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, así como, en la Sección Tercera del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a los Secretarios, Oficiales administrativos y Actuarios Judiciales, en lo conducente, supervisar y/o realizar la captura electrónica de acuerdos emitidos en este juicio, así como la digitalización de las promociones, diligencias, documentos y notificaciones que obren en el mismo, a fin de que el expediente electrónico concuerde en su totalidad con el impreso; ello, en términos del numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, en el inciso e) del artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, así como, en el diverso artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. CAPTURA SISE En cumplimiento al artículo 175, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese Sistema, se ordena a la Secretaria supervise que la Analista Jurídica Especializada capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · 8,669 expedientes
- Héctor Luis Guillén Zayas Bazan y Otros.13/2023
- Hector Manuel Avila Ramirez1156/2014
- Hector Manuel Avila Ramirez895/2014
- Héctor Manuel Beltran Leyva1121/2016
- Hector Manuel Cervantes Nieto480/2014
- Héctor Manuel Hernández Ramírez436/2015
- Héctor Manuel Solis Zamora y Otros.869/2017
- Hector Martinez Martinez740/2022
- Héctor Martínez Martínez185/2023
- Hector Martínez Martínez884/2023
- Héctor Martínez Serrano331/2021
- Héctor Miguel Basurto Carmona725/2018