Hector Manuel Pineda Ortiz

Expediente 265/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
265/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
06/05/2021

Partes del expediente

  • Hector Manuel Pineda Ortiz

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio que suscribe el Delegado de las autoridades responsables del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, con el que en atención al requerimiento realizado en diecinueve de abril pasado, realiza manifestaciones y señala que anteriormente, ha solicitado la apertura del incidente previsto por el cuarto párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo. También, como gestiones para cumplimentar el fallo protector, la oficiante remite comunicado dirigido a la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco Téngasele informando lo anterior. Ahora, previo a proveer lo conducente en relación a la petición del oficiante, es necesario indicar lo siguiente: Como se ha reiterado en diversas ocasiones, la ejecutoria que resolvió el amparo en revisión 257/2018 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, confirmó en sus términos la sentencia dictada por este Juzgado Federal, en la cual se estableció que el artículo 63, fracción I, inciso d), de la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2018, transgrede los principios de equidad y proporcionalidad, porque la tarifa establecida por metro cuadrado de construcción no es un elemento que deba considerarse al establecer el monto de los derechos a pagar por la expedición o refrendo de una licencia de anuncios, al no existir una justificación razonable para que varíe la tarifa por el simple hecho de que el anuncio sea menor o mayor a cinco metros cuadrados. Por lo anterior, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para que las autoridades responsables: I) Emitan una resolución en la que se desincorpore de la esfera jurídica de la impetrante el numeral, incisos y fracciones controvertidas, para que no les sean aplicadas en el presente y en lo futuro; y II) Dejen insubsistente el pago realizado por la parte quejosa contenido en los recibos oficiales de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, aplicando las tarifas menores previstas en el artículo 63, fracción I, incido d), de la Ley de Ingresos controvertida, respecto a los derechos por refrendo de las licencias correspondientes; y devuelvan la cantidad que se hubiere pagado en exceso por los derechos de expedición del refrendo de las licencias de anuncios correspondientes, debidamente actualizada. En dichos términos, se desincorporó de la esfera jurídica del quejoso la obligación de pagar los derechos relativos a la expedición o refrendo de las licencias de anuncios que son materia de la controversia, conforme a las fracciones del numeral declarado inconstitucional que se le aplicaron, esto es, conforme al cálculo realizado en función de los metros cuadrados que conforman la superficie de los anuncios en cuestión; ordenando hacerle extensivo el beneficio de pagar la tarifa menor prevista en la fracción d) del citado precepto legal, a saber, la cantidad de $425.85 (cuatrocientos veinticinco pesos 86/100 moneda nacional), la que debía cobrarse por cada una de las licencias de que se trata y no en función de los metros cuadrados que componen la superficie de los anuncios. De manera específica las autoridades responsables deben realizar el cobro únicamente por la cantidad de $425.85 (cuatrocientos veinticinco pesos 86/100 moneda nacional), por cada una de las licencias refrendadas, y realizar la devolución de la cantidad excedente que hubiere pagado la parte promovente del amparo, debidamente actualizada; remitiendo a esta autoridad constancia fehaciente de ello. Por eso, además de corresponderle a la responsable el cálculo de las cantidades enteradas, incluyendo la actualización correspondiente, lo cierto es que no esta contienda no se encuentra en el supuesto que prevé el artículo 193 de la Ley de Amparo en su párrafo cuarto, que dice: "En el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto". Por eso, se dijo en auto de siete de abril pasado, que no ha lugar a la apertura de la incidencia que pretende la autoridad oficiante. En ese sentido, tal como lo prevé el "TÍTULO TERCERO Cumplimiento y Ejecución", "CAPÍTULO I. Cumplimiento e Inejecución", de la Ley de Amparo, con fundamento en su artículo 192, REQUIÉRASE al Tesorero Municipal así como al Presidente Municipal y Pleno del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, para que dentro del plazo de tres días posteriores a su notificación, den cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo, los cuales quedaron insertos en líneas precedentes. Bajo apercibimiento que de no acatar lo anterior en el lapso indicado sin causa justificada, se les impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, esto es, $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo; además de que en relación a esta contienda ya se encuentra radicado incidente de inejecución de sentencia. En acatamiento al numeral 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo, y 194, de la Ley de Amparo, se ordena notificar y se requiere al Pleno de Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico del Titular de la dependencia antes citada, para que le ordene a ésta, cumplir con la ejecutoria de amparo, y remita a este Juzgado constancia fehaciente de que lo hizo, apercibido que de no hacerlo, esto es, no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en párrafos anteriores. Hágasele saber a la autoridad responsable, autoridad vinculada responsable y superior jerárquico que con fundamento en el segundo párrafo de artículo 193 de la ley de la materia que el incumplimiento de una ejecutoria implica no sólo la falta de actos tendentes a acatarla, sino también el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales; e igualmente que el cumplimiento extemporáneo de forma injustificada, no la exime de responsabilidad; pero será considerado como atenuante al imponer la sanción penal, como lo señala el artículo 195 de la Ley de Amparo. Finalmente, no pasa inadvertido que la oficiante señale: "En otro orden, se señala a esta autoridad que por medio del presente se acompañan los juegos de copias necesarias (5), relativas al escrito de expresión de escritos para efecto de repartirse entre las partes de este juicio". Sin embargo anexo al oficio de cuenta, únicamente se acompañó el comunicado que se insertó anteriormente.

  2. Principal

    Visto el escrito de cuenta suscrito por Ariel Alejandro López Cadena, autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, del tercero interesado, Juan Pablo Torres Márquez, mediante el cual pretende designar autorizados en términos restringidos conforme a los artículos 12, segunda parte, y 24, párrafo segundo, de la ley de la materia; agréguese a los autos y dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad la autorización de las personas en términos restringidos, toda vez que acorde al numeral citado con antelación, los autorizados aun con amplitud de facultades, no podrán delegar sus atribuciones a un tercero, por lo que en el caso, sólo el tercero interesado podrá realizar la designación pretendida.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el informe justificado que suscriben la Presidenta Auxiliar y la Actuaria Notificadora, ambas de la Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, para los efectos legales a que haya lugar; con su contenido dese vista a las partes para que se impongan del mismo y hagan uso de sus derechos, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con apoyo del numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por presentada la documental que anexan, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Respecto a la causal de sobreseimiento que hacen valer, dígaseles que será analizada en el momento procesal oportuno. Se le tiene proporcionando el número telefónico y el correó electrónico oficial que indica, para los efectos legales conducentes.

  4. Principal

    (1) Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 419/2020, promovido por el quejoso; y, (2) Resultando 1. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, El quejoso , por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia Federal, en contra de las autoridades responsables y por los actos que estimó violatorios de sus derechos humanos contenidas en los artículos de la Constitución General de la República, los que en este apartado se tienen por reproducidos. 2. Por acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, se dio trámite al incidente de suspensión y se fijó fecha para la audiencia incidental la que se verificó el día de hoy en los términos del acta que antecede; y (3) Considerando 1. Este Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, es competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107 de Ley de Amparo, 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 modificado por el diverso 8/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial, y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y, el Acuerdo general 41/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de noviembre de dos mil dieciocho. Lo anterior, toda vez que los actos se atribuyen a autoridades que se encuentran dentro de la circunscripción territorial en la cual este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. 2. Es cierto el acto reclamado atribuido a la autoridad responsable, toda vez que al rendir su informe previo así lo reconoció. Siendo aplicable por analogía, la jurisprudencia del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". (Quinta Época. Registro: 917812. Instancia: Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Apéndice 2000. Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN. Materia(s): Común. Tesis: 278. Página: 231). 3. Previo a estudiar si en el caso procede el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, es menester determinar los actos reclamados cuya suspensión solicita. Así, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso precisa como tal: "El acuerdo de fecha 21 de febrero de 2020 dentro del expediente 884/2019 de su índice(.) ". En tanto que la suspensión la solicita para el efecto siguiente: "(.) solicito la SUSPENSIÓN PROVISIONAL Y EN SU MOMENTO DEFINITIVA del procedimiento de donde emana el acto reclamado(.)". Previos al análisis y resolución de los referidos efectos para los que se solicita la suspensión provisional, resulta oportuno hacer las siguientes precisiones. El artículo 107, fracción X, Constitucional, establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social". Conforme al precepto constitucional transcrito, los actos reclamados en los juicios de amparo podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones y garantías que determine la Ley de Amparo, para lo cual se tomará en cuenta la naturaleza de la violación alegada, la apariencia del buen derecho y el interés social. Por otra parte, los artículos 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, imponen como exigencias para el otorgamiento de la medida cautelar: a) Que lo solicite el agraviado; b) Que se realice un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; c) Cuando se aduzca tener un interés legítimo, la parte quejosa deberá acreditar el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y demostrar el interés social que justifique su otorgamiento; y, d) En ningún caso la medida cautelar tendrá por efecto modificar, restringir derechos, ni constituir derechos antes de la presentación de la demanda. Asimismo, se atenderá a las manifestaciones realizadas bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa en la demanda, así como lo informado por la autoridad responsable en su informe previo. Así, de la lectura integra del escrito de demanda, se obtiene que la quejosa manifiesta es parte actora en el juicio civil 884/2019 del índice del Juzgado Cuarto Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, procedimiento del cual deriva el acto reclamado en el juicio de amparo que da origen al presente incidente de suspensión, el cual se encuentra en trámite, sin que a la fecha se hubiere emplazado a la demandada. Precisado lo anterior, se resuelve: Se CONCEDE la suspensión definitiva para el único efecto de que el juez responsable continúe por todas sus etapas el juicio civil de origen, hasta ponerlo en estado de resolución, pero se abstenga de dictar la sentencia correspondiente. Lo anterior, encuentra justificación en el artículo 150 de la Ley de Amparo que al efecto señala: "Artículo 150. En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él; a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso". Esto es así, porque paralizar el curso del procedimiento implicaría suspenderlo y ello no es posible dado que su prosecución es de orden público y no se surtirían los supuestos previstos por el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo; sin embargo, el dictado de la sentencia pudiera tener como consecuencia que el acto que se estima violatorio deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso. Lo resuelto, deberá prevalecer hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, en el entendido de que dicha medida no tiene efectos restitutorios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 138 y 151 de la Ley de Amparo. Así se determina porque en la especie sí se actualizan los supuestos marcados por los artículos 128 y 129 de referencia, en virtud de que la parte quejosa acredita su interés suspensional con las manifestaciones bajo protesta de decir verdad que realiza, así como con lo manifestado por la autoridad responsable en su informe previo, en el sentido de que el aquí quejoso es parte en el juicio civil sumario 884/2019, de su índice. Pues, se insiste, se solicita la suspensión por la parte quejosa y no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público; y, en caso de consumarse, los daños causados serían de difícil reparación para quien lo solicita. Dicha medida cautelar se otorga con la finalidad de mantener viva y preservar la materia del juicio, evitando que el acto reclamado sea ejecutado de forma irreparable, asegurando la situación jurídica de que se trata, protegiendo así los intereses del impetrante de amparo, en tanto se dicta la sentencia definitiva en el juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, evitando que se decrete el sobreseimiento en el juicio principal y previniendo daños y perjuicios de imposible reparación que pudieran irrogársele con la ejecución de los actos que por esta vía se reclaman. Es preciso enfatizar que la medida cautelar que se otorga no tiene efectos restitutorios, motivo por el cual, en caso de que los actos reclamados se hubiesen consumado, si los mismos obedecen a antecedentes diversos a los narrados en la demanda de amparo, o si dichos actos provienen de autoridades distintas a las señaladas como responsables, en consecuencia, la suspensión otorgada no surtirá sus efectos legales. Por último, en el presente caso no debe exigirse la garantía a que alude el artículo 132 de la Ley de Amparo, en virtud de que hasta ahora no se ha reconocido el carácter de tercero interesado a persona alguna. (4) Punto resolutivo Por lo anteriormente expuesto se resuelve: 1. Se CONCEDE a La parte quejosa, la suspensión definitiva por los motivos y para los efectos precisados en el último considerando de este resolución interlocutoria.

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