Hector Manuel Manzano Maldonado
Expediente 1980/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1980/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Hector Manuel Manzano Maldonado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA ACUERDO EN VIRTUD DE HABER DEJADO CITATORIO AL TERCERO INTERSADO SIN QUE HAYA COMPARECIDO. Acuerdo: VISTOS, para resolver el incidente de modificación a la suspensión definitiva por hechos supervenientes, hecho valer por Bladimir Pedraza Tello, representante legal de Cé******************** [quejoso], en los autos del cuaderno suspensional derivado del juicio de amparo 240/2023; y, RESULTANDOS PRIMERO. Antecedentes del Incidente de suspensión. El trece de febrero de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo instada por Bladimir Pedraza Tello, representante legal del quejoso Cé******************** contra el Magistrado de la Sala Regional del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, sede en Altamira y del Juez de Control de la Segunda Región Judicial del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, residente en El Mante; registrada bajo folio 240/2023, de quienes reclama la determinación relativa a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. De ahí, en esa propia fecha, se decretó la suspensión provisional en el cuaderno incidental y en audiencia desahogada el veinte del mismo mes y año, se concedió la medida cautelar definitiva. SEGUNDO. Trámite del incidente de modificación a la suspensión. Dentro el cuaderno suspensional Bladimir Pedraza Tello, representante legal del quejoso Cé********************, promovió incidente de modificación a la suspensión definitiva. Incidente, admitido el veintitrés de octubre de dos mil veintitrés; de ahí, conforme el ordinal 154 de la Ley de Amparo, se requirió a las autoridades judiciales responsables, el informe correspondiente; además, fue señalada hora y fecha para la celebración de la audiencia de Ley, para lo cual se dio intervención a las partes a efecto de estar en posibilidad de aportar pruebas y formular alegatos. También, se dio vistas a las partes del contenido de los informes rendidos por el Magistrado de la Sala Regional del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, sede en Altamira y del Juez de Control de la Segunda Región Judicial del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, residente en El Mante. TERCERO. Audiencia incidental. Seguida la secuela del procedimiento incidental, el veintidós de noviembre del año en curso, quedó desahogada tal audiencia sin asistencia de las partes al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente, conforme los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 138, 144, 154 de la Ley de Amparo y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez en el cuaderno incidental derivado del juicio de amparo 240/2023, este Juzgado de Distrito, concedió el veinte de febrero de dos mil veintitrés, la suspensión definitiva materia del incidente de modificación por hechos supervenientes. Resulta aplicable por analogía la jurisprudencia 747, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (Registro 1002813), Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección- Procedimiento de amparo indirecto, apéndice de 2011, de rubro y texto: "INCIDENTES EN EL AMPARO, COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS. Es competente para conocer de los incidentes la autoridad que conoce del negocio principal, y si es competente un Juez de Distrito para conocer del amparo, el mismo funcionario lo es para conocer de los incidentes que del propio juicio deriven." SEGUNDO. Legitimación. El incidente de modificación a la suspensión fue hecho valer por parte legítima, conforme el artículo 154 de la Ley de Amparo, toda vez fue interpuesto por la parte quejosa Bladimir Pedraza Tello, representante legal del quejoso Cé********************. TERCERO. Oportunidad del incidente. Al tenor de los ordinales 139 y 154 de la Ley de Amparo, el incidente de modificación a la resolución por medio del cual se haya negado o concedido la suspensión podrá tramitarse de oficio o a petición de parte (quejoso, tercero interesado, autoridad responsable o Ministerio Público de la Federación). Si es a petición de parte, podrá ser interpuesto hasta antes de causar ejecutoria la sentencia definitiva pronunciada en el expediente principal del cual derive el incidente respectivo. De suerte, si en el caso, aún no se dicta la resolución definitiva en el expediente del cual deriva el presente incidente; por ende, al no haberse dictado sentencia definitiva en el juicio principal al momento de instar el incidente que nos ocupa, es claro fue interpuesto de manera oportuna. CUARTO. Hechos y circunstancias por los cuales la parte quejosa considera que la providencia cautelar debe ser modificada. Medularmente aduce la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa fue declara inconvencional, posterior al otorgamiento de la suspensión definitiva. Afirmación que sustenta en la Jurisprudencia PR.P.CN. J/13 P (11a.) por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, residente en la Ciudad de México, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, LA PERSONA JUZGADORA NO DEBERÁ LIMITARSE A LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 166, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE DEBERÁ OTORGARLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS DE TUTELA ANTICIPADA, YA QUE LAS SENTENCIAS VINCULANTES EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN LOS CASOS TZOMPAXTLE TECPILE Y OTROS Y GARCÍA RODRÍGUEZ Y OTRO EN LAS QUE FUE DECLARADA INCONVENCIONAL ESA MEDIDA, CONSTITUYEN UN FACTOR DETERMINANTE PARA TENER POR DEMOSTRADA LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO." Es por ello, solicita la modificación de la suspensión definitiva por haber surgido la Jurisprudencia posterior a la fecha de concesión de esa medida precautoria. QUINTO. Estudio. A efecto de resolver el problema jurídico planteado debe precisarse, el ordinal 154 de la Ley de Amparo dispone que de oficio o a petición de parte se puede modificarse o revocarse la resolución donde se haya negado o concedido la suspensión del acto o actos reclamados cuando ocurra un hecho superveniente, siempre y cuando no se haya pronunciado sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Conviene traer a cuenta la conceptualización del hecho superveniente, pues conforme a la ley, de su entendimiento y alcance dependerá entre otros factores la procedencia o no de la modificación de la suspensión otorgada a la parte quejosa, de modo que es patente la necesidad de reproducir el contenido del precepto 154 de la Ley de Amparo, de lectura: "Artículo 154. La resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, debiendo tramitarse en la misma forma que el incidente de suspensión." Ahora bien, en términos generales se define a la suspensión como la providencia precautoria del juicio de amparo, cuyo objeto es mantener las cosas en el estado que guardan, hasta en tanto se resuelva sobre la constitucionalidad del acto o actos reclamados. La justificación de esa institución radica que en términos del dispositivo 79 de la Ley de Amparo, el objeto de las ejecutorias de amparo estriba en restituir al quejoso en el goce de los derechos fundamentales previamente violados con la emisión o ejecución de las actuaciones autoritarias combatidas, retrotrayendo las cosas al estado que se encontraban antes de la violación (actos positivos), o conminando a la autoridad realizar una conducta de hacer o dar en favor de la gobernada (actos negativos), sin estudiar, de fondo, la constitucionalidad del acto o actos destacados. De ello se sigue, la resolución de suspensión no puede causar ejecutoria, dado puede ser modificada o revocada por hecho superveniente. La tramitación de éste se efectúa en vía incidental o se decreta de plano, según sea el caso. Aquí, la causa determinante es la existencia de un hecho superveniente (hecho posterior al otorgamiento de la suspensión definitiva, relacionado directamente con la naturaleza jurídica del acto reclamado) que, previa prueba, originará la variación de las circunstancias en las cuales se había otorgado la suspensión definitiva. Ilustra el criterio I.11o.C.26 K de Tribunales Colegiados de Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, junio de 2005, página 866, Novena Época, que reza: "SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE MODIFICAR A TRAVÉS DEL INCIDENTE RESPECTIVO, LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE LA DEFINITIVA, YA QUE NO BASTA QUE LA PRUEBA SE OFREZCA COMO SUPERVENIENTE SINO QUE, ADEMÁS, DEBE REFERIRSE A UN HECHO OCURRIDO CON POSTERIORIDAD AL PRONUNCIAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR. Para efectos de la suspensión, no debe confundirse la prueba superveniente con el hecho superveniente. En este sentido, no basta que la prueba se ofrezca en forma superveniente sino que, además, debe referirse a un hecho ocurrido con posterioridad al pronunciamiento de la medida cautelar; de modo tal, que resulta improcedente modificar la interlocutoria que decide sobre la suspensión definitiva, a través del incidente señalado en el artículo 140 de la Ley de Amparo, cuando se alegue falta de emplazamiento a la incidencia correspondiente, toda vez que ello no constituye un hecho ocurrido con posterioridad a la interlocutoria que decide sobre la suspensión definitiva, sino por el contrario, dicha falta de emplazamiento es anterior a la medida, de ahí que, en todo caso, sólo puede ser corregida mediante el recurso de revisión que se interponga en contra de la medida cautelar definitiva en términos del artículo 83, fracción II, inciso a), de la citada ley." Requisitos para la modificación o revocación de la suspensión definitiva, a saber: a) Pronunciamiento sobre la suspensión. b) Existencia de un hecho superveniente (posterior a la suspensión definitiva), que la motive. c) No se haya pronunciado sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Luego, respeto al inciso b), importa traer a colación, al resolver la contradicción de tesis 368/2012, la Segunda Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a la naturaleza jurídica del hecho superveniente para efectos de la revocación o modificación de la suspensión, aun cuando se sustentó en la ley anterior, el cual es aplicable dado que el artículo interpretado es de similar contenido; razonó: "(.) QUINTO. Para efecto de establecer el criterio que debe prevalecer resulta conveniente llevar a cabo una breve semblanza que permita tener un panorama de cómo se regula el incidente de suspensión y los elementos que el juzgador toma en cuenta para efecto de resolver el otorgamiento o la negativa de dicha medida cautelar. (.) Así, una vez teniendo a la vista la demanda de amparo, en cualquiera de las modalidades de presentación referidas, el Juez de Distrito procederá a admitirla, en el caso de que cumpla con los requisitos señalados y sea procedente, para posteriormente decretar la suspensión respectiva, la cual procede de dos formas: a) De oficio. b) A petición de parte agraviada, siempre y cuando no contravenga el interés social y el orden público, así como la apariencia del buen derecho que señala la Constitución. El orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas, en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad o, bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Así, como disposiciones de orden público deben entenderse aquellas plasmadas en los ordenamientos legales que tengan como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva o, bien, le evite un trastorno o un mal público. Consecuentemente, para efecto de decidir sobre el otorgamiento de la suspensión el juzgador tendrá que atender, en primer término, al análisis de los hechos o elementos fácticos que rodean el caso concreto, entendiendo por éstos a los actos reclamados, las circunstancias en las que se produjeron, las autoridades a los que se les imputa, el momento en donde acontecieron, el lugar, esto es, los sucesos que circunscriben al caso concreto y atañen a las partes que en ellos intervienen; lo anterior, con el objeto de determinar el entorno que rodea al juicio de amparo, información que, como quedó expuesto con anterioridad refleja un requisito de la presentación de la demanda en cualquiera de sus modalidades. (.) Durante dicho proceso, se debe tener presente que, la figura de la suspensión sólo puede obrar hacia el futuro, no sobre el pasado y por lo general no puede tener efectos restitutorios, pues dicha característica es lo que la distingue de la resolución que se dicte en el juicio principal con el que se pone fin al juicio. (.) Hasta este punto, de lo relatado en líneas precedentes, es dable establecer que el juzgador para efecto de otorgar la suspensión provisional o definitiva realiza dos ejercicios de análisis: 1. El primero respecto de los hechos, sucesos, elementos o acontecimientos fácticos que fueron invocados en la demanda de amparo por el quejoso o que se advirtieron o circunscribieron al juicio de amparo en concreto, en relación únicamente con las partes y actos reclamados. 2. Y un siguiente paso donde se analiza el derecho aplicable al caso, esto es, examinar si con los hechos que involucran al caso concreto se cumplen con los requisitos que la ley señala para otorgar la suspensión, llevando a cabo un estudio de los requisitos que al respecto prevén los numerales 123 y 124 de la Ley de Amparo (dependiendo del tipo de suspensión que se trate), en concordancia con el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, para, finalmente, en este mismo apartado del derecho, esclarecer si existe jurisprudencia al respecto que pudiera ser útil al caso concreto. Bajo ese orden de ideas, una vez establecida de forma genérica cómo opera la figura de la suspensión y el procedimiento que lleva a cabo el Juez para otorgarla o negarla, para efecto de dilucidar el tema atinente a la presente contradicción, se debe esclarecer en qué supuestos la medida cautelar es susceptible de ser modificada o revocada, como consecuencia de la presencia de hechos supervenientes, de conformidad con lo previsto en el precepto 140 de la Ley de Amparo, el cual es del tenor literal siguiente: (se transcribe). En relación con los alcances del artículo 140 de la Ley de Amparo, con respecto al tipo de suspensión a la que se refiere y a qué debe entenderse por hecho superveniente, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado al resolver la contradicción de tesis 23/1999-PL, por sesión de fecha veintidós de febrero de dos mil uno. Al respecto, se estableció: Hecho superveniente es aquel que viene a alterar los requisitos legales de procedencia de la suspensión, lo cual puede suceder en dos formas distintas: a) La ausencia de tales requisitos con posterioridad a la concesión de la medida suspensiva; o, b) La presencia de dichos requisitos después de que se hubiera negado la suspensión del acto reclamado; ya que fuera de estos dos casos, los Jueces Federales no están capacitados para revocar sus propias determinaciones. No debe confundirse el hecho superveniente con la prueba superveniente, lo cual suele acontecer con cierta frecuencia en la práctica, pues aun cuando la prueba superveniente puede constituir un hecho superveniente, también es cierto que puede haber un hecho superveniente que no suponga prueba superveniente, incluso, en un incidente de hecho superveniente, eventualmente podrán presentarse pruebas preexistentes. En consecuencia, no se debe confundir el aspecto de hecho con el aspecto de prueba, ya que hecho es cualquier acontecimiento que pueda traer como consecuencia un enfoque diverso por parte del Juez de Distrito para tomar una decisión que produzca una solución distinta a la que se había tomado antes de conocer la nueva situación, aunque tal hecho sí debe ser posterior al dictado de la resolución, al menos como regla general, aunque existen excepciones. El artículo 140 de la Ley de Amparo consagra, de manera simultánea, el hecho superveniente en sí mismo considerado como algo que acaece con posterioridad, y el hecho superveniente como ficción jurídica. La existencia del hecho superveniente como ficción jurídica, radica primordialmente en que no solamente los hechos que suceden con posterioridad al dictado de la resolución suspensional pudieran dar motivo a manejar un incidente de modificación o revocación, tal como sucede con la prueba superveniente, ya que ésta se constituye como una de las modalidades de hecho superveniente como ficción jurídica. La prueba superveniente constituye un hecho superveniente como ficción jurídica en la medida que el Juez no la tomó en consideración al momento de resolver la medida cautelar, aunque dicha prueba existía antes del dictado de dicha medida, pero que, por circunstancias ajenas a él, no pudo tener a su alcance; es decir, desconocía su existencia, toda vez que el quejoso no estuvo en aptitud de presentarla u ofrecerla, ya sea desde la presentación de la demanda, al solicitar la suspensión de los actos reclamados o en diverso escrito, en el caso de que se hubiera solicitado la medida suspensional de conformidad con lo establecido por el artículo 141 de la Ley de Amparo. En este punto se debe hacer hincapié en que en si la prueba no es un hecho superveniente, toda vez que ya existía con anterioridad, lo que es superveniente es la posibilidad que el quejoso tuvo para allegarla al incidente de suspensión, esto es que no las exhibió por causas no imputables siendo entonces la razón para que dicha prueba adquiera la calidad de hecho superveniente por ficción. Finalmente, se concluyó que el alcance del artículo 140 en relación al tipo de suspensión susceptible de ser modificada o revocada como consecuencia de acaecimiento de un hecho superveniente involucra tanto a la suspensión provisional (siempre y cuando no se haya resuelto la definitiva) como en la definitiva, al considerar que el objeto de dicha medida cautelar es la de detener, paralizar o mantener las cosas en el estado que guarden para evitar que el acto reclamado, su ejecución o consecuencias, se consumen destruyendo la materia del amparo, o bien, produzcan notorios perjuicios de difícil o imposible reparación al quejoso o, en su caso, el de los terceros perjudicados. Asunto de donde derivó la jurisprudencia P./J. 31/2001 (bajo el número de registro IUS: 189850), cuyo rubro es el siguiente: (se transcribe rubro). Al tenor de lo anterior, se puede establecer que para que se configure la existencia de un hecho superveniente se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: En primer lugar, que se trata de cualquier hecho o acontecimiento, acto material nuevo impregnado de cuestiones y elementos fácticos que ocurren en el incidente de suspensión, pero relacionado directamente con los sucesos relativos al caso concreto, al acto reclamado, a las partes o las autoridades responsables, es decir, a los hechos que se plantearon en la demanda de amparo y que se desprendieron del expediente. Ese hecho o acontecimiento debe ser de tal magnitud que cambia el panorama que le sirvió al juzgador para plantear el problema y decidir cómo aplicaría el derecho relativo al caso concreto derivando, por tanto, en un cambio de situación jurídica y ocasionando que la suspensión sea susceptible de ser modificada o revocada. Por regla general ocurre con posterioridad al dictado de la suspensión provisional o definitiva y excepcionalmente con anterioridad pero que resultaba desconocida para la partes y como consecuencia para el Juez de Distrito. Ese cambio en los hechos puede ocasionar que en la etapa de análisis de los mismos se altere uno de los requisitos que prevé la Ley de Amparo, ya que al aplicar el derecho ya no podían ser satisfechos. Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de criterios emitidos por la Segunda, Primera y la entonces Tercera Salas, se ha pronunciado al definir al hecho superveniente como un acto material, cuestiones fácticas nuevas relacionadas con el caso concreto y que bordean el asunto, esto es, acontecimientos desconocidos por el juzgador al momento de analizar el asunto para efecto de aplicar el derecho y resolver sobre la suspensión que provoca un cambio en la situación jurídica del quejoso. Ilustran las aseveraciones establecidas las siguientes tesis: (Se transcriben rubros). (.) En este sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nación al definir al hecho superveniente ha proporcionado ejemplos al respecto, al señalar lo siguiente: Se estableció como hecho superveniente por ficción legal a las pruebas que el quejoso tuvo imposibilidad de presentar, por causas ajenas a él ante el Juez de Distrito aun cuando éstas existían incluso con anterioridad a la presentación de la demanda. (.) Consecuentemente, se concluye que el hecho superveniente se constituye por aquellos hechos o acontecimientos entendiendo por éstos a las acciones, actos o situaciones que se encuentran constituidas por elementos fácticos que crean, modifican o extinguen las situaciones de derecho, relacionadas directamente y exclusivamente con los hechos o sucesos planteados en la demanda de amparo y que circunscribían al caso en concreto, las partes, los actos reclamados, que son de tal magnitud que provocan un cambio en la situación jurídica del quejoso, los cuales desconocía el Juez al momento de resolver sobre la medida cautelar ya sea porque no existían o porque el quejoso se encontraba imposibilitado para exponer o presentar el hecho que ocasionaría la consecuencia aludida, y que trae consigo una repercusión tal en el análisis del derecho, efectuado con posterioridad por el Juez, que provoca la revocación o modificación de la suspensión. (.)." Dicha ejecutoria originó el dictado de la jurisprudencia 2a./J. 159/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1990, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de voz: "JURISPRUDENCIA. SU EMISIÓN Y PUBLICACIÓN NO CONSTITUYEN UN HECHO SUPERVENIENTE PARA EFECTOS DE MODIFICAR O REVOCAR EL AUTO DEL JUEZ DE DISTRITO EN QUE RESUELVA SOBRE LA SUSPENSIÓN. La resolución de una solicitud en materia de suspensión se lleva a cabo en dos momentos: 1. Al analizar los hechos o acontecimientos circunscritos al caso concreto relacionado con las partes, actos, lugares y situaciones que los rodean, esto es, los elementos fácticos derivados del propio expediente relativo al juicio constitucional; y, 2. Al valorar la aplicabilidad del derecho al contrastar si los hechos cumplen con los requisitos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo señalan al efecto, así como la jurisprudencia aplicable al caso emitida para interpretar las leyes respectivas. No obstante lo anterior, dicha medida cautelar puede modificarse o revocarse por hechos supervenientes, los cuales se refieren a los acontecimientos posteriores al dictado de la resolución y, por excepción, con anterioridad, pero que sean desconocidos por el Juez y alteren a los que al efecto se hubieren analizado en dicha etapa, y resulten ser de tal magnitud que provocaran la modificación o revocación de la suspensión, los cuales deben tener relación directa con el caso concreto y los sucesos que generaron el juicio de amparo. Por tanto, al ser la jurisprudencia una interpretación de la ley, esto es, un criterio de aplicación obligatoria de los órganos jurisdiccionales facultados para ello y relacionado con el análisis del derecho que lleva a cabo el Juez, su emisión y publicación no constituyen un hecho superveniente en términos del artículo 140 de la Ley de Amparo, para efectos de modificar o revocar la resolución dictada con motivo de la suspensión." Asimismo, es oportuno traer a contexto la jurisprudencia P./J. 31/2001, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, del Tomo XIII, abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SUSPENSIÓN POR HECHO SUPERVENIENTE. LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 140 DE LA LEY DE AMPARO PROCEDE TANTO EN LA PROVISIONAL COMO EN LA DEFINITIVA. Es verdad que el artículo 140 de la Ley de Amparo, al establecer que: "Mientras no se pronuncie sentencia ejecutoriada en el juicio de amparo, el Juez de Distrito puede modificar o revocar el auto en que haya concedido o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que le sirva de fundamento.", presenta, entre otras, la inquietud de no precisar expresamente qué tipo de suspensión es la que puede ser modificada o revocada por un hecho superveniente, es decir, si se trata de la suspensión provisional o de la suspensión definitiva. Sin embargo, no menos cierto es que al señalar dicho numeral que la revocación o modificación puede solicitarse en cualquier momento mientras no se pronuncie sentencia ejecutoriada, el cual abarca todo el procedimiento del juicio desde la presentación de la demanda de garantías y hasta antes de que sea declarada firme la sentencia ejecutoriada, resulta claro que la citada modificación o revocación por hechos supervenientes procede tanto en la suspensión provisional (siempre que no se haya resuelto la definitiva) como en la definitiva, por estar inmersas ambas dentro del lapso que establece el citado artículo 140. Opinar lo contrario, ya sea considerando que sólo procede dicha revocación o modificación respecto de una u otra, no haría posible alcanzar íntegramente la finalidad que persigue la figura de la suspensión que es la de detener, paralizar o mantener las cosas en el estado que guarden para evitar que el acto reclamado, su ejecución o consecuencias, se consumen destruyendo la materia del amparo, o bien, produzcan notorios perjuicios de difícil o imposible reparación al quejoso o, en su caso, el de los terceros perjudicados." Conforme lo narrado, es patente el hecho superveniente puede conceptualizarse como aquel ocurrido con posterioridad a la concesión de la suspensión o anterior a ella pero que las partes se encontraban imposibilitados para exponer o presentar ante el juzgador, que permita dar un enfoque diverso sobre la decisión tomada al momento de fallar sobre la procedencia de dicha medida precautoria. En efecto, la resolución de la suspensión, provisional o definitiva, se apoya en las circunstancias fácticas y jurídicas imperantes al momento de su dictado; es decir, entre otras cuestiones, el órgano jurisdiccional analizará los hechos y pruebas presentadas por las partes en el sumario federal, y a partir de ellas llevará a cabo el ejercicio de ponderación previsto en la Ley de Amparo para la procedencia de la medida precautoria solicitada. Aquí existe un punto de vital importancia, dado precisamente las pruebas analizadas serán aquellas aportadas por las partes, que obren dentro del expediente y sean demostrativas de los hechos que circunscriben la solicitud de suspensión, así como la satisfacción de los requisitos legales necesarios para otorgarla o, en su caso, negarla. En esos términos, es dable la solicitud de la modificación o revocación de la suspensión por la existencia de un hecho superveniente, como es el tocante a la participación de alguna de las partes, siempre y cuando éstas aporten elementos probatorios permitan advertir circunstancias diferentes que las puestas en análisis del juzgador al momento de resolver sobre la suspensión. Bajo este punto es de trascendencia mayúscula, pues en el caso de la suspensión haya sido otorgada a petición de parte, es patente que su resolución atendió a las circunstancias, hasta ese momento, probadas por las partes y puestas en conocimiento del Juzgado; de ahí, exista la posibilidad de que existan hechos supervenientes, puedan provocar una nueva o diferente apreciación de las circunstancias imperantes al momento del análisis del caso concreto y de la resolución de suspensión. De esa manera, es claro el hecho superveniente no se identifica con la prueba superveniente. El primero, es cualquier suceso que permita advertir de diferente forma las circunstancias imperantes al momento de la resolución de la suspensión. La segunda, se relaciona con la existencia, por regla general, de documentales respecto de las cuales las partes no hubieran estado en posibilidad de exhibir ante la jurisdicción constitucional y, por tanto, atendiendo al hecho superveniente a la suspensión, se solvente la contingencia que provocaba ese impedimento y se esté en oportunidad de su exhibición. Así, el hecho superveniente es aquél elemento, por regla general, tiene nacimiento con posterioridad al dictado de la resolución de suspensión; y por excepción, es identificado como ficción jurídica si existiendo antes o al momento de resolver sobre dicha medida, por causas ajenas a las partes en el juicio, no fue dable su presentación ante el Juez al momento de la resolución sobre la procedencia de la multicitada medida, previniendo así su exhibición con posterioridad a aquella resolución precautoria. En lo conducente y por analogía, se cita la jurisprudencia P./J. 139/2000, del Tribunal Pleno de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 994, del Tomo XII, diciembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de lectura: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. HECHO NUEVO Y HECHO SUPERVENIENTE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, la ampliación de la demanda de controversia constitucional constituye un derecho procesal, del cual la parte actora puede hacer uso cuando se actualice cualquiera de las siguientes dos hipótesis, a saber: la primera, dentro del plazo de quince días siguientes a la presentación de la contestación de la demanda, si en ésta apareciere un hecho nuevo; y, la segunda, hasta antes de la fecha del cierre de la instrucción si apareciere un hecho superveniente. Ahora bien, para determinar la oportunidad en que debe hacerse valer la referida ampliación, debe tomarse en consideración la distinción entre el hecho nuevo y el superveniente, pues mientras el primero es aquel respecto del cual la parte actora tiene conocimiento de su existencia con motivo de la contestación de la demanda, con independencia del momento en que nace, el hecho superveniente es aquel que se genera o acontece con posterioridad a la presentación de la demanda de controversia constitucional, pero antes del cierre de instrucción. De ahí que tratándose de hechos nuevos deba determinarse cuándo tuvo conocimiento de ellos la parte actora, en tanto que si se trata de hechos supervenientes deba definirse cuándo tuvieron lugar." Así, es dable considerar que para la procedencia de la modificación o revocación de la suspensión, tal como lo prevé el artículo 154 de la Ley de Amparo, es menester un hecho superveniente, traducido en un suceso acaecido con posterioridad a la resolución de aquella medida; empero, éste puede apoyarse en pruebas posteriores a este último acontecimiento (prueba superveniente propiamente dicha), o de fecha anterior pero que, por circunstancias ajenas a las partes, no fue posible ponerla en conocimiento del juzgador, cuestión esta última, precisamente, es removida por el hecho superveniente que desaparece el obstáculo que tenían las partes para la exhibición de dicha prueba (hecho superveniente como ficción jurídica), en su caso, puede variar la apreciación del Juez de las circunstancias imperantes al momento de decidir sobre la medida precautoria en cuestión. La verificación del hecho superveniente, de acuerdo con lo expuesto, puede venir acompañado de una prueba superveniente (en estricto sentido o por ficción jurídica), debe impactar directamente en el sentido de la resolución de la suspensión; es decir, debe tener como consecuencia, a partir de la nueva apreciación de las circunstancias, una modificación o revocación del sentido de la resolución. Entonces, cabe precisar, el acto reclamado en el juicio de amparo donde deriva el incidente de suspensión, se hace consistir en la prisión preventiva oficiosa [medida cautelar], impuesta en la carpeta procesal 96/2022, índice del Juzgado de Control de la Segunda Región Judicial del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, residente en El Mante, y confirmada el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, por el Magistrado de la Sala Regional del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, sede en Altamira, en términos de los ordinales 165 y 167, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por consiguiente, en el cuaderno incidental seguidos los trámites procesales, en audiencia de veinte de febrero de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito, acorde los dispositivos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 166, fracción I, de la Ley de Amparo, concedió la suspensión definitiva, cuyos efectos son para que Célso Aguilar Tello, quede a disposición de este juzgado únicamente en cuanto a su libertad personal se refiere en el lugar en que se encuentre recluido, y a disposición de las responsables para la continuación del procedimiento instruido en su contra, al tenor las consideraciones establecidas a lo largo de esa interlocutoria. Sin embargo, de los informes rendidos por las autoridades responsables [Magistrado de la Sala Regional del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, sede en Altamira y del Juez de Control de la Segunda Región Judicial del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, residente en El Mante], dan noticia de la inexistencia de alguna evidencia fáctica, ni jurídica sobre un hecho superveniente tanto en la capeta procesal 96/2022 y carpeta de apelación 2/2023; de ahí, patentiza la falta de uno de los requisitos procesales [sobrevenga un hecho superveniente] para modificar la suspensión definitiva solicitada vía incidental. Luego, del análisis de los requisitos de procedencia para la modificación o revocación de la suspensión definitiva, partiendo de las manifestaciones expuestas por la parte quejosa, esto es, que en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, debe aplicarse como hecho superveniente la vigencia de la Jurisprudencia PR.P.CN. J/13 P (11a.) sustentada por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, residente en la Ciudad de México, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, septiembre de 2023, Tomo IV, página 4670, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, LA PERSONA JUZGADORA NO DEBERÁ LIMITARSE A LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 166, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE DEBERÁ OTORGARLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS DE TUTELA ANTICIPADA, YA QUE LAS SENTENCIAS VINCULANTES EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN LOS CASOS TZOMPAXTLE TECPILE Y OTROS Y GARCÍA RODRÍGUEZ Y OTRO EN LAS QUE FUE DECLARADA INCONVENCIONAL ESA MEDIDA, CONSTITUYEN UN FACTOR DETERMINANTE PARA TENER POR DEMOSTRADA LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO.", cierto es, dado lo indicado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un hecho superveniente es aquel acaecido en relación con el propio acto recamado [prisión preventiva oficiosa], por ello, concluye que no lo puede constituir una jurisprudencia. De ese modo, en la especie, no se surte el extremo señalado en el inciso b), consistente en que el hecho posterior o coetáneo a la resolución dictada cuya modificación o revocación se pretende sea de tal naturaleza que cambie la situación jurídica que tenían las cosas antes de resolver sobre la suspensión definitiva. En efecto, el hecho superveniente se constituye por aquellos hechos o acontecimientos entendiendo por éstos a las acciones, actos o situaciones constituidas por elementos fácticos que crean, modifican o extinguen las situaciones de derecho, relacionadas directamente y exclusivamente con los hechos o sucesos planteados en la demanda de amparo y que circunscribían al caso en concreto, las partes, los actos reclamados, cuyos efectos provocan un cambio en la situación jurídica del quejoso, los cuales desconocía el órgano jurisdiccional al momento de resolver sobre la medida cautelar ya sea porque no existían o porque el quejoso se encontraba imposibilitado para exponer o presentar el hecho que ocasionaría la consecuencia aludida, y trae consigo una repercusión tal en el análisis del derecho, efectuado con posterioridad que provoca la revocación o modificación de la suspensión. Y la Jurisprudencia se considera como una mera interpretación de la ley, esto es, es un criterio de aplicación obligatoria emitida por las autoridades que se encuentran facultadas para ello y rige a partir del momento de su emisión. Luego, considerar lo contrario provocaría inseguridad jurídica a las partes en el juicio de amparo, debido a cada nueva interpretación traería consigo la procedencia de una modificación o revocación de la suspensión por hecho superveniente, siendo que la jurisprudencia no es un hecho impregnado de elementos fácticos relacionados con los acontecimientos particulares del caso, sino una pauta de discernimiento de la ley relacionado con el derecho aplicable, dado los hechos en realidad no cambiaron, siendo únicamente el cambio la forma de interpretar la ley, mas no los hechos del caso particular; por tanto, se reitera la jurisprudencia no puede ser considerada como un hecho superveniente para efecto de modificar o revocar la suspensión. En esa medida, contrario lo sostenido por el accionante incidental [Bladimir Pedraza Tello, representante legal de Cé********************], la vigencia de la Jurisprudencia invocada, no es un hecho superveniente a través del cual se pueda, en su caso, modificar o revocar la suspensión definitiva emitida en el cuaderno incidental que nos ocupa. Tampoco media violación al artículo 217 de la Ley de Amparo, a razón de que este Juzgado de Distrito, no está obligado a observar la citada Jurisprudencia, a considerarla como un hecho superveniente, como ya se dijo, la interlocutoria que otorgó la suspensión definitiva fue del veinte de febrero de dos mil veintitrés [materia de modificación] y la publicación de la Jurisprudencia surgió hasta el veintidós de septiembre del año en curso; por ende, resulta inaplicable al caso concreto, dado tal criterio jurisprudencial es aplicable a casos futuros y no a los ya resueltos con anterioridad a la emisión del mismo. Ello, toda vez al ser un criterio de interpretación de la ley [Jurisprudencia], debe examinarse su actualización o aplicación al caso concreto en el momento en que el juzgador analiza el derecho aplicable, después de haber estudiado los hechos o acontecimientos respectivos, circunstancia observada por esta Juzgadora Federal al momento de resolver la suspensión definitiva, a razón de tomar en cuenta los hechos expuestos por el quejoso en su demanda y en relación al informe previo rendido el Magistrado de la Sala Regional del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, sede en Altamira y por el Juez de Control de la Segunda Región Judicial del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, residente en El Mante. Y con apoyo en la tesis I.3o.P.55 P (10a.) de Tribunales Colegiados de Circuito, visible a página 2765, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, marzo de 2017, Tomo IV, Décima Época, Materias Común y Penal, de rubro: "MEDIDAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD PERSONAL O DE PRISIÓN PREVENTIVA DECRETADAS POR AUTORIDAD JUDICIAL EN PROCEDIMIENTOS INICIADOS CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. SI EL INCULPADO SE ENCUENTRA DETENIDO SUJETO A PRISIÓN PREVENTIVA, LA REVISIÓN DE AQUÉLLAS DEBE SOLICITARSE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE TRAMITA EL PROCESO Y NO ANTE EL JUEZ DE AMPARO EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN.", se concedió la suspensión definitiva, para los efectos en ella precisados que actualmente siguen rigiendo, en principio, porque el juicio de amparo no se ha dictado sentencia ejecutoriada y en segundo, la inexistencia sobre algún cambio en la situación jurídica del acto reclamado, ya sea anterior o posterior. Correlativo al tema, vale señalar que Jurisprudencia 2a./J. 159/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustento toral para declarar infundado este incidente, de rubro: "JURISPRUDENCIA. SU EMISIÓN Y PUBLICACIÓN NO CONSTITUYEN UN HECHO SUPERVENIENTE PARA EFECTOS DE MODIFICAR O REVOCAR EL AUTO DEL JUEZ DE DISTRITO EN QUE RESUELVA SOBRE LA SUSPENSIÓN." a la fecha en que se resuelve el presente incidente de modificación a la suspensión definitiva no se advierte hubiere perdido su vigencia o, por el simple paso del tiempo resulte inaplicable; de ahí, su obligatoriedad. Por tanto, contrario a lo aseverado por la parte incidentista, no se está en presencia de un hecho superveniente que amerite la modificación del sentido de la resolución interlocutoria de veinte de febrero de dos mil veintitrés, pues no se cambió la situación jurídica que tenían las cosas antes de resolver sobre la cautelar definitiva. Consecuentemente, al no advertir cambio en la situación jurídica de las cosas que amerite un pronunciamiento distinto se considera improcedente la modificación de la suspensión promovida. Por último, cabe señalar, contra lo aquí establecido no se vulnera en su perjuicio el principio pro persona, toda vez no se haya resuelto favorablemente a sus intereses, no significa que siempre y, en cualquier caso, debe resolverse el fondo del asunto planteado, favorablemente, sin que importe verificar la procedencia de sus pretensiones; ni significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa. Halla mención la jurisprudencia 1a./J. 10/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2005717, de contenido: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Por lo expuesto y fundado; se, RESUELVE ÚNICO. Se declara improcedente el incidente de modificación de la suspensión definitiva por hecho superveniente, promovido por Bladimir Pedraza Tello, representante legal del quejoso Cé********************, por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente
- Incidental
Visto lo de cuenta, con fundamento en los artículos 81, 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR INTERPUESTO EL RECURSO DE REVISIÓN que hace valer ..., representante legal del ..., en contra de la resolución de veintitrés de noviembre del año en curso, relativa a la modificación de la suspensión definitiva.
- Principal
se advierte la autoridad responsable, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, ha sido omisa en dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En ese sentido, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, a fin de, dentro del término de tres días, computado a parir de la legal notificación del presente proveído, informe si la parte demandada atendió la diligencia realizada el ocho de noviembre de dos mil veintitrés, lo anterior, ordenado en los autos del juicio laboral 115/M/2012, de su estadísti
- Incidental
en específico la razón actuarial de nueve de los presentes, de la cual se advierte la imposibilidad del actuario judicial de la adscripción para dar cumplimiento a lo ordenado en el presente sumario; lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar.
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