Héctor Manuel Mancilla Cárdenas
Expediente 129/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 129/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Héctor Manuel Mancilla Cárdenas
Actuaciones
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el oficio de cuenta remitido de manera electrónica por el Juez y la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Colima, a través del cual solicita copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio. Al respecto, infórmesele que no se cuenta con constancias físicas del juicio en que se actúa, en razón de que conformidad con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del Propio Consejo, en el que se establece que a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos deberán contener solamente aquellos documentos presentados por esa vía. Por tanto, desde este momento queda habilitado el expediente electrónico para su consulta, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta a través del cual la Actuaria Judicial del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, transcribe el proveído de dieciséis de febrero del año en curso, del que se desprende se admitió el recurso de queja interpuesto en autos, mismo que se registró con el número estadístico 126/2023; por tanto, este juzgador ordena que dicha documental debe obrar como constancia. Cúmplase.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta por el cual el quejoso ***, interpone recurso de queja contra el auto que desechó la demanda. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 100 y 101, de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, solamente el original y copia del escrito en el que se formulan los agravios correspondientes, lo anterior, en razón de que las diversas actuaciones, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico formado por este juzgado, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del Propio Consejo, en el que se establece que a partir del uno de diciembre del año en curso, los expedientes físicos deberán contener solamente aquellos documentos presentados por esa vía. Finalmente, se hace del conocimiento de la superioridad que desde este momento queda habilitado el expediente electrónico para su consulta. Notifíquese por lista.
- Principal
Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la Coordinadora de Enseñanza e Investigación de la Clínica Hospital Doctor Miguel Trejo Ochoa, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado; por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro e Integración del expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto, registrado con el número estadístico 129/2023-VII. Consideraciones previas. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como actos reclamados, lo siguiente: - El oficio ENS.M 018/2022 de diecinueve de julio de dos mil veintidós, emitido por la Coordinadora de Enseñanza e Investigación de la Clínica Hospital Doctor ***, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el cual contiene un extrañamiento por escrito. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. En el presente controvertido se advierte actualizada una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 61, fracción XX de la Ley de Amparo. Para demostrar la certeza de tal afirmación, debe traerse a cuenta el contenido de los artículos 107, fracción IV, constitucional y del citado artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que son del texto siguiente:(...) El precepto transcrito consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso, juicio o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, previamente a su promoción, el quejoso debe acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener reparación, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos administrativos no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública. En este orden de ideas, cabe destacar que el artículos 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y diverso numeral 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, establecen:(...) Atento a lo anterior, este Juzgador Federal estima que el referido acto de autoridad, previamente a impugnarlo en la presente instancia constitucional, debió combatirse a través del procedimiento contencioso administrativo, en términos de los artículos 2° de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y diverso numeral 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, antes citadas, para considerar satisfecho el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo. Lo anterior es así, en razón de que dichos preceptos legales precisan cuáles son las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos de los que conocerá el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entre las cuales se incluye la determinación que por esta vía se impugna, y por otra parte, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que rige a los juicios de nulidad que se promuevan ante el citado tribunal, prevé la suspensión de los actos reclamados sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. En consecuencia, este órgano de control constitucional concluye que si el acto que se reclama puede ser combatido mediante el Procedimiento Contencioso Administrativo -juicio de nulidad-, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de la Ley Orgánica que rige a dicho tribunal, y el ordenamiento legal con base en el cual se tramitan tales juicios anulatorios, a saber, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no exige mayores requisitos para conceder la suspensión definitiva del acto impugnado, ni plazo mayor para resolver la suspensión provisional, resulta inconcuso que la parte quejosa previamente a promover la presente instancia constitucional, debió agotar el juicio de nulidad, para así observar el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo. En otro punto, tampoco se actualiza la excepción de falta de fundamentación y motivación que indica la quejosa, porque de la lectura al oficio impugnado que anexó a su demanda, se advierte que no carece de fundamentación, pues se encuentra fundado en el artículo 16.2, del Reglamento interno de la Clínica Hospital "Dr. Miguel Trejo Ochoa", y el motivo del extrañamiento que reclama, corresponde por faltar a clase. De este modo, queda claro que la parte quejosa conoce los fundamentos que tuvo la autoridad responsable para emitir el acto reclamado, lo que revela que el perjuicio que hace valer estriba en una indebida o deficiente fundamentación, y no en una falta de fundamentación. Asimismo, no se actualiza alguna otra excepción al principio de definitividad. Aquellas excepciones reconocidas jurisprudencialmente por los tribunales del Poder Judicial de la Federación, y que podrían estar relacionadas con un asunto de carácter administrativo, son las siguientes: Tercero extraño a juicio; en el caso, a la quejosa no le asiste el carácter de tercero extraño, pues el acto reclamado consiste en la expedición del oficio en la cual le comunican la cancelación de su trámite de invalidez. En la demanda de amparo no fue impugnada alguna norma general. En el oficio reclamado, la autoridad responsable expuso el motivo por el cual impuso extrañamiento y citó el precepto legal en que se basó (artículo 16.2, del Reglamento interno del Hospital Dr. Miguel Trejo Ochoa) por lo que, como se ha visto el oficio no carece de fundamentos para que fuera una excepción al principio de definitividad. El demandante no se duele sólo de violaciones directas a la Carta Magna. En consecuencia, el quejosa estaba obligado a observar el principio de definitividad, pues de la lectura de su demanda, se advierte que estuvo en aptitud de procurarse una adecuada defensa ante la potestad común. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta de que en opinión del que esto acuerda, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Conclusión. En consecuencia, al actualizarse la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, se impone desechar la demanda, con fundamento en el artículo 113, ambos de la Ley de Amparo. Acceso al expediente electrónico y práctica de notificaciones electrónicas. Con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones de carácter personal se hagan vía electrónica, en el entendido de que la parte que así lo solicita quedará sujeta a las reglas que establecen los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo; esto es, cuando la parte notificada no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos). Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.), de rubro: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO." Asimismo, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta del expediente vía electrónica con el usuario que indicó en su misiva. Notifíquese en términos de ley.
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