Hector Manuel Maldonado Vázquez
Expediente 321/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 10 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 321/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 04/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Hector Manuel Maldonado Vázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
MESA 3-A. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la resolución en la cual se sobreseyó en este juicio de amparo ha causado ejecutoria, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del inciso a), artículo 21, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del acuerdo normativo
- Principal
Visto, para resolver, el juicio de amparo 321/2020, promovido por Héctor Manuel Maldonado Vázquez; y R E S U L T A N D O. C O N S I D E R A N D O. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 61, 63, 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: RESUELVE PRIMERO. SE SOBRESEE EN ESTE JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR xxxxx, contra los actos atribuidos al Director del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Tres, residente en esta ciudad, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente (SISE), acorde con lo ordenado en el último considerando de este fallo.
- Principal
MESA 3-A.- Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la audiencia constitucional está señalada para el día de hoy, sin embargo no se está en aptitud de llevarla a cabo, toda vez que mediante proveído de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, se reservó notificar al aquí quejoso, el contenido del mismo, hasta en tanto el licenciado Humberto Salmerón Nájera, Defensor Público Federal, aceptara el cargo conferido para representación del peticionario de amparo. Ahora, de la notificación de veinticuatro de diciembre del año próximo pasado, realizada al licenciado Humberto Salmerón Nájera, Defensor Público Federal, se desprende que dicho funcionario aceptó el cargo conferido para representar al quejoso. Por lo anterior y para no dejarlo en estado de indefensión y evitar posible reposición del procedimiento en el presente juicio de amparo, notifíquese personalmente a la parte quejosa el auto de veintitrés de diciembre, con copia de la notificación de veinticuatro del mismo mes y año antes citado, realizada a Humberto Salmerón Nájera, en la que se advierte la aceptación de cargo antes referida. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, ocho de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la audiencia constitucional está señalada para el día de hoy; sin embargo, no se está en aptitud de llevarla a cabo, toda vez que mediante auto de uno de diciembre del año en curso, se requirió al Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tuviera a bien designar profesionista que patrocine al aquí quejoso en la tramitación del presente juicio de amparo; sin que a la fecha haya realizado manifestación alguna, dada la proximidad en que se remitió el oficio a la autoridad de referencia y a la distancia en la que reside la misma. En ese contexto, a fin de no dejar en estado de indefensión al quejoso y evitar una posible reposición del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL ONCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Es aplicable por identidad jurídica la jurisprudencia 1ª./J. 43/2019 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página mil trescientos uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 69, Agosto de 2019, Décima Época, con el rubro y texto: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Notifíquese.
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