Héctor Manuel Luis Alvarado
Expediente 711/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 711/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Héctor Manuel Luis Alvarado
Actuaciones
- Principal
pral 711/2021 mesa 4° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de septiembre de dos mil veintiuno. I. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de dieciocho de agosto último, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; sin que lo hubiese hecho. II. Firmeza de la resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. III. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las autoridades, pues al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo; como así lo ilustra la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". IV. Devolución de tomos. Toda vez que obra un tomo de copias certificadas de diversas constancias deducidas del expediente administrativo PROFEPA PFPA/26.3/2C.27.2/0024-21, que fue remitido por el encargado de despacho de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Oaxaca, como justificación a su informe. Por ello, ya que dicha documental no tiene objeto de permanencia en este Juzgado, mediante oficio que al respecto se envíe, devuélvase a dicha autoridad el tomo de pruebas citado; sin que haya lugar solicitar acuse de recibo, toda vez que la entrega del mismo se advertirá de la constancia de recepción del oficio que se envíe. V. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. VI. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. VII. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. VIII. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. IX. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. X. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda que el mismo es destruible. XI. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.711/2021.MESA-4 Vistos, para resolver el juicio de amparo 711/2021; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el cinco de julio del año en curso, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnada a este órgano jurisdiccional el seis siguiente, Héctor Manuel Luis Alvarado solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra un actos de 1) encargada de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente del Estado de Oaxaca y 2) Área Jurídica de la misma Procuraduría, consistente en: (Imágenes escaneadas) 1.2. La parte quejosa narró los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado; invocó como derechos fundamentales vulnerados el contenido en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. Por auto de siete de julio de dos mil veintiuno se ordenó formar expediente impreso y electrónico; registrar la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 711/2021; se admitió a trámite; se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional; se solicitó de las autoridades señaladas como responsables sus informes justificados. Tercero. Cita para audiencia. En proveído de veintiocho de julio de dos mil veintiuno se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual, en sus fases de pruebas y alegatos, consta en los términos que anteceden; y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 57 de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, y la omisión se reclama de una autoridad residente en la ciudad de Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Ahora, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo y demás constancias que integran el juicio, se desprende que la parte quejosa señala como autoridades responsables y acto, los siguientes: 1) Encargada de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente del Estado de Oaxaca y 2) Área Jurídica de la misma Procuraduría: -La omisión de acordar su escrito de uno de junio de dos mil veintiuno, recibido por la responsable el once siguiente, mediante el cual exhibió diversa documentación en el expediente administrativo PFPA/26.3/2C.27.2/0024-21. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable subdelegada Jurídica de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos reclamados y realizó diversas manifestaciones. Negativa que queda demostrada con el escrito que el quejoso anexo con su demanda de amparo, del que se advierte que el escrito de petición cuya omisión de acordar se duele, fue dirigido a la encargada de la encargada de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente del Estado de Oaxaca; y no acreditó con prueba alguna que hubiera realizado alguna petición por escrito a la diversa responsable subdelegada Jurídica de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Oaxaca. Por ello, no le es exigible a dicha responsable la omisión reclamada, pues el quejoso no demostró haber ejercido el derecho de petición previsto en el artículo 8° constitucional. En consecuencia, como en este juicio no quedó demostrado el primero de los requisitos con relación al derecho de petición, consistente en haber presentado por escrito, de forma pacífica y respetuosa, la solicitud correspondiente, el acto omisivo reclamado a la citada autoridad resulta inexistente. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo VII, junio de 1991, página 351, registro 222606, del texto siguiente: "PETICIÓN, DERECHO DE. PARA QUE PUEDA CONFIGURARSE UNA VIOLACIÓN A ESA GARANTÍA, RESULTA INDISPENSABLE ACREDITAR LA RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE LA SOLICITUD, POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El hecho de que se tuviera por presuntivamente cierto el depósito en el correo de un escrito dirigido a la autoridad responsable y a su vez, que aquél no ha sido proveído por ésta, no es suficiente para que proceda otorgar el amparo que haya sido solicitado por violación al derecho de petición, ya que para que pudiera configurarse una violación a dicho derecho es requisito sine qua non el que se acredite por parte del supuesto afectado, el hecho de que la petición formulada hubiese sido recibida efectivamente por la autoridad a quien se dirigió, ya que de otra manera resultaría jurídicamente imposible exigirle a ésta que diera respuesta a una solicitud que pudiera no obrar en su poder". Así como, la tesis de Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se ve en la página 69, volumen 82, sexta parte, Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación, registro 254237, que señala: "PETICIÓN, DERECHO DE. PRUEBA DEL ACTO. Si la autoridad responsable negó el acto reclamado que se hace consistir en la falta de contestación a la petición que afirma el quejoso haber formulado, corresponde a éste probar la existencia del acto, para lo cual basta demostrar que formuló la petición respectiva, ya que no corresponde a la autoridad responsable justificar que entregó el permiso sobre el que versa la petición, porque si negó los actos, sin prueba en contrario, no estaba obligada a acreditar hecho alguno. En esas condiciones, ante la inexistencia del acto reclamado, procede sobreseer en el juicio de amparo, respecto de la citada autoridad, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, por su contenido, la tesis 2a. CXLI/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Diciembre de 1997, página 366, registro 197269, que dice: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última." Cuarto. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable 2) encargado del Despacho de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Oaxaca, al rendir informe justificado negó la existencia del acto omisivo reclamado. Asimismo, informó que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -cinco de julio de dos mil veintiuno-, no se había dado respuesta a las peticiones formuladas por el quejoso en su escrito recibido el once de junio del año en curso, en el referido expediente PFPA/26.3/2C.27.2/0024-21, de su índice; empero, el tres de agosto de dos mil veintiuno se dio respuesta conforme a derecho, a la petición formulada por el referido quejoso, notificado personalmente a su autorizado legal el cinco de agosto siguiente en el mencionado expediente. Para acreditarlo remitió copias certificadas de diversas constancias de dicho expediente. Mismas a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fue remitida por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Por ello, la negativa se encuentra desvirtuada y se tiene como cierto el acto reclamado. Resultan aplicables las tesis siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." (Tesis aislada, número de registro 211,004, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, página 391, XIV, Julio de 1994, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época). "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL, AUNQUE LAS RESPONSABLES LO NIEGUEN, SI DE LA LECTURA DEL INFORME CON JUSTIFICACION SE DESPRENDE SU CERTEZA. Si las responsables niegan en sus informes con justificación la existencia de los actos reclamados, pero de la lectura de dichos informes se desprenden datos que desvirtúan tal negativa, aun cuando no existan pruebas a ese respecto, necesariamente deben tenerse como ciertos los actos reclamados, ya que procesalmente el reconocimiento que hacen las partes dentro de un juicio, surte efectos de confesión; en consecuencia, al equiparse las autoridades responsables a la parte demandada en el juicio constitucional, resulta lógico y jurídico concluir que el reconocimiento que hagan sobre algún punto de la litis que en sí los perjudique, surte efectos de una confesión, y por ende, dicho punto no está a debate y sí plenamente reconocido" (Tesis aislada, número de registro 249,047, Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, página 389, 181-186 Sexta Parte, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época). Quinto. Causal de improcedencia. La improcedencia es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Se estima que cesaron los efectos de las omisiones que se atribuyen a la autoridad responsable, pues se extinguió la violación al derecho fundamental que pudo haberse cometido con las abstenciones reclamadas en este juicio y las cosas volvieron al estado que tenían antes de esa vulneración, ya que la encargada de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente del Estado de Oaxaca, residente en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en auto de tres de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el expediente PFPA/26.3/2C.27.2/0024-21, dio respuesta a lo solicitado por la parte quejosa en su escrito de petición, pues recibió las pruebas ofrecidas a través de dicho escrito y una vez que las analizó, con fundamento en el artículo 167 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente le concedió un plazo de quince días para que exponga lo que a su derecho convenga y ofrezca pruebas que estime pertinente en el procedimiento administrativo que se le inicio. Por ello, una vez que dicha autoridad remitió copia certificada de la respuesta otorgada, este Juzgado le notificó personalmente a la parte quejosa para que tuviera conocimiento de esa respuesta a su petición, de lo cual quedó notificada personalmente el once de agosto de dos mil veintiuno. Así, es inconcuso que si bien a la fecha de presentación de la demanda de amparo (cinco de julio de dos mil veintiuno) la omisión reclamada se encontraba vigente, también es cierto que los efectos de dicha omisión, así como sus consecuencias, cesaron al momento en que la autoridad responsable acordó el escrito de petición del quejoso; con ello, la autoridad responsable abandonó su conducta omisa y, por ende, restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que estimó violados, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Sirve de apoyo la tesis siguiente: "DENEGACION DE JUSTICIA, CESACION DE LOS EFECTOS DEL ACTO QUE LA CONSTITUYE". Si el quejoso reclama en el amparo, el acto consistente en la violación del artículo 17 constitucional, por haber dictado el Juez, con demora, el proveído relativo a una petición que le hizo, debe estimarse que cesaron los efectos de ese acto, desde el momento en que se proveyó a la misma petición, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 73 de la Ley de Amparo, y debe sobreseerse en el juicio de garantías, de conformidad con la fracción III, 74 de la misma ley"(Tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXIX, Página: 3750, Quinta Época, con registro digital 353639). En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, se sobresee en este juicio de amparo con apoyo en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sin que obste que no se requirió a la parte quejosa ampliación de la demanda de amparo, respecto a la auto que la autoridad responsable emitió, a través del cual acordó el escrito de petición del quejoso, pues en su contra sería improcedente el amparo indirecto, ya que fue emitido dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 160 a 167 y 168 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente ; y se considera que no tiene una ejecución de imposible reparación que haga procedente el amparo indirecto en su contra de manera inmediata, toda vez que no afecta derecho sustantivo alguno de la parte quejosa, consagrado en la Constitución o en los Tratados Internacionales en los que nuestro país sea parte. Lo anterior es así, pues con dicho acto solo se pueden afectar, en su caso, los derechos procesales del quejoso, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, ya que los efectos de las determinaciones reclamadas no se traducen al exterior del procedimiento en el que se dictaron; pues aún no se emite la resolución a que alude al artículo 168 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; por tanto, las inconformidades que, en su caso, alegara, pueden ser combatidas mediante el ofrecimiento de pruebas y formulación de alegatos ante la propia responsable, pues ello se encuentra previsto en la ley aplicable al procedimiento instaurado en su contra. Sexto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, además en los artículos 1, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se Resuelve: Primero. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por Héctor Manuel Luis Alvarado, contra el acto reclamado a 1) encargada de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente del Estado de Oaxaca y 2) Área Jurídica de la misma Procuraduría, consistente en la omisión de dar respuesta por escrito a su petición formulada el escrito de fecha uno de junio del año en curso, recibido el once siguiente, en el expediente administrativo PFPA/26.3/2C.27.2/0024-21; en términos de los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo y realícense las anotaciones en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 711/2021 MESA 4° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de julio de dos mil veintiuno. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda promovida por Héctor Manuel Luis Alvarado, por propio derecho, contra el acto reclamado a la encargada de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente del Estado de Oaxaca y otra autoridad, en la que reclama derechos fundamentales de la persona, como es el de acceso a la información pública; depositada el cinco de este mes en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y turnada a este órgano jurisdiccional el seis siguiente; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 711/2021. 2. Integración del expediente. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se normalicen de forma presencial las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Asimismo, se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que, en su oportunidad, haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Admisión de demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 35, 37, 108, 110, 112, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. 4. Sin incidente de suspensión. No ha lugar a formar incidente de suspensión, dado que la parte quejosa no lo solicita de manera expresa y tampoco se actualiza alguno de los supuestos previstos en el artículo 126 y 127 de la Ley de Amparo, que establece su tramitación de oficio. 5. Petición de informe justificado. Pídase informe justificado a las autoridades responsables, que deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban la notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, 116 y 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Con apoyo en lo dispuesto en el cuarto párrafo del invocado numeral 117, de la Ley de Amparo, se solicita a las autoridades responsables que al rendir su informe justificado: a) acompañe copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyarlo; y b) que las copias sean íntegras y legibles. 5.1 Apercibimiento. Con los propios fundamentos legales invocados, apercíbase a las responsables que, de no cumplir con lo anterior, se presumirán ciertos los actos reclamados, salvo prueba en contrario; además, de no rendirlo en el plazo señalado (quince días) o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la resolución del juicio constitucional, o de no comunicar el cambio de situación jurídica de la parte quejosa, o de causales notorias de sobreseimiento que se produzcan, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Federal, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente al importe de cien a mil días valores diarios de la unidad de medida y actualización, en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha de este auto. 5.2 Datos reservados. Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 17, 97, 99, 107, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las autoridades responsables que, para el caso de exhibir documentación o información que tenga el carácter de reservada o confidencial, la envíe en sobre cerrado con la leyenda respectiva, como parte de las medidas necesarias que les corresponde tomar para asegurar su conservación, para lo cual expresará las razones que lo justifiquen y el plazo de reserva; en tal caso, deberán emitir la versión pública de las constancias que tomaron en cuenta para emitir los actos reclamados. Además, se hace del conocimiento de la parte quejosa que para el caso de que exhiba alguna prueba documental, deberá indicar expresamente si contiene información confidencial o que deba tener un tratamiento especial, argumentando los motivos y fundamentos en los que se sustente su dicho, así como exhibirlas en sobre cerrado, a fin de proveer lo procedente. 5.3 Informe de diverso juicio de amparo. De igual manera, se solicita a las responsables comuniquen si se promovió diverso juicio de amparo en relación con los actos reclamados, sus antecedentes o asuntos relacionados o contra actos derivados del expediente de origen; en su caso, precise el Juzgado que conoce o conoció del mismo, y el número de expediente. 5.4 Medios habilitados para remitir comunicaciones. Correo electrónico institucional. Con fundamento en los artículos 17 de la Constitución Federal; 3 y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a ese ordenamiento legal, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se requiere a las autoridades para que preferentemente a) rinda informe(s), b) reciba toda clase de notificaciones y c) acuse recibo mediante oficio con firma electrónica digitalizada, a través del correo electrónico institucional del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca: 10jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Oficialía de partes común. Se hace de su conocimiento que, de existir imposibilidad para remitir vía electrónica algún oficio o constancias relativas, podrán presentarlas físicamente ante la oficialía de partes común (OPC), que se habilitó en el edificio sede. 6. Causa de improcedencia. Con apoyo en el numeral 64, párrafo primero, de la Ley de Amparo se requiere a las partes para que comuniquen cuando cesen o hayan cesado los efectos del acto reclamado o se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento. 7. Audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del veintiocho de julio de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional. 8. Capítulo de pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como prueba la documental que anexa a su demanda, consistente en: * Copia simple del oficio de uno de junio de dos mil veinte, con sello de recepción de once de junio siguiente. Prueba que se desahoga en razón de su propia naturaleza y que será ponderada en el momento procesal oportuno. Por cuanto a las pruebas: de a) instrumental de actuaciones y b) presuncional legal y humana que ofrece el promovente, se tienen por anunciadas, sin que haya lugar a perfeccionarlas, ya que derivan de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos; por tanto, llegado el momento procesal oportuno, se tomará en consideración la totalidad de las actuaciones de este juicio y se deducirán las presunciones que se aprecien en favor de la parte quejosa; como así lo ilustra la tesis XX. 305 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, de rubro: "PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS". 9. Intervención a la fiscal adscrita. Con fundamento en el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, otórguese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde y hágase de su conocimiento que la copia de la demanda de amparo queda a su disposición en la actuaría de este Juzgado. 10. Forma de notificación a la fiscal adscrita y autoridades. Se ordena que las notificaciones que deban practicarse a a) la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este órgano jurisdiccional, b) autoridades responsables, c) autoridades que tengan el carácter de terceros interesados y d) autoridades que, sin tener este último carácter, deban tener intervención en este juicio de amparo, se realicen preferentemente vía correo electrónico, para lo cual, el (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado deberá enviar el oficio digitalizado mediante la utilización de la firma electrónica, y cerciorarse de las direcciones de correo electrónico de los destinatarios, para posteriormente elaborar la razón en la que conste nombre y cargo de la persona que reciba las comunicaciones oficiales que se envíen; en su caso, deberá observarse el "Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate a la enfermedad generada por el virus sars-cov2 (covid 19)", emitido el diecisiete de abril de dos mil veinte por la Secretaría de la Función Pública. Además, se faculta al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que consulte los concentrados de correos electrónicos institucionales de las dependencias federales y de las entidades federativas, autorizados por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para efectos de la práctica de notificaciones en términos de los artículos 28 y 30 de la Ley de Amparo. O, en su caso, para que verifique en el portal de servicios en línea si la autoridad responsable tiene celebrado convenio de interconexión pues, de ser así, podrá realizar la notificación por ese medio. Sin que ello implique la restricción para la práctica de notificaciones por oficio vía acelerada, ordinaria o personales, siempre y cuando sea necesario para la eficacia de la notificación. Asimismo, se hace del conocimiento de las autoridades de los tres niveles, federal, estatal o municipal, que deseen incorporarse a dicho directorio, o que quieran actualizar el correo electrónico en el que deban ser notificadas, podrán realizar la solicitud de incorporación o modificación al siguiente correo electrónico: casesoresp@correo.cjf.gob.mx. *** . Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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