Héctor Manuel Lozano Ojeda

Expediente 103/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 18 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
103/2018
Año
2018
Actuaciones
18
Última actuación
14/06/2018

Partes del expediente

  • Héctor Manuel Lozano Ojeda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Toda vez que ya transcurrió el término previsto, sin que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos, la cual negó el amparo solicitado, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, se determina que este expediente es susceptible de depuración. Remítase el presente expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto aludido. Por lo que hace al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión es susceptible de depuración. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, será destruible. Finalmente, toda vez que resulta innecesaria la retención de las constancias allegadas por la Sala responsable, devuélvanse a su lugar de origen.

  2. Principal

    Ténganse por recibidos el escrito y anexos presentados por el apoderado general para pleitos y cobranzas de la tercera interesada indicada, personalidad que se le reconoce con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo, al así acreditarlo con la copia certificada del testimonio público que exhibe. Con el carácter apuntado, se le tiene compareciendo al presente juicio de amparo, a nombre de su representada. Se le tiene designando como su domicilio procesal el que menciona, sin que se le tenga nombrando como abogados patronos en los términos del artículo 42 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, a las personas que refiere, en virtud de que dicha figura jurídica no se encuentra contemplada por la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, se le tiene designando como sus autorizados, en términos restringidos de los artículos 12 y 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, esto es, únicamente, para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a las personas indicadas.Con fundamento en los artículos 136 y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al ordenamiento de la materia, devuélvase al ocursante el documento que refiere, previa identificación, recibo y razón que, por su entrega, obre en autos. Para tal efecto, en términos de lo previsto por el artículo 136 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por conducto de la Secretaría de este Juzgado Federal, se ordena la compulsa del instrumento público que exhibió en copia fotostática certificada, con las diversas que acompañó en copias simples, para que éstas últimas obren en su lugar. Por otra parte, respecto a su solicitud de que se le expresen los motivos por los cuales no pudo acceder al expediente con anterioridad, hágasele de su conocimiento lo siguiente. Los artículos 68, 113, fracción I, y 117, párrafo primero, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como los numerales 116 y 120, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establecen: "Artículo 68. Los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas e información señalados en el Título Quinto de la Ley General. Al respecto, aquella información particular de la referida en el presente artículo que se ubique en alguno de los supuestos de clasificación señalados en los artículos 110 y 113 de la presente Ley no será objeto de la publicación a que se refiere este mismo artículo; salvo que pueda ser elaborada una versión pública. En todo caso se aplicará la prueba de daño a que se refiere el artículo 104 de la Ley General. En sus resoluciones el Instituto podrá señalar a los sujetos obligados que la información que deben proporcionar sea considerada como obligación de transparencia de conformidad con el Capítulo II del Título Quinto de la Ley General y el capítulo I del Título Tercero de esta Ley, atendiendo a la relevancia de la información, la incidencia de las solicitudes sobre la misma y el sentido reiterativo de las resoluciones." "Artículo 113. Se considera información confidencial: I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; (.) La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello." "Artículo 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. (.)" "Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales." "Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información." De la interpretación sistemática de las normas transcritas se advierte, entre otras disposiciones, que los sujetos obligados en el ámbito federal deberán poner a disposición del público la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas e información señalados en el Título Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable se requiere el consentimiento de los particulares titulares de la información. Por esa razón, mientras no conste en el expediente el consentimiento indicado, sólo podrán tener acceso a esa información, los titulares de la misma. En ese contexto, los artículos 1° del Código Federal de Procedimientos Civiles y 5° de la Ley de Amparo, prevén: "Artículo 1. Sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, y quien tenga el interés contrario. Actuarán, en el juicio, los mismos interesados o sus representantes o apoderados, en los términos de la ley. En cualquier caso, los efectos procesales serán los mismos, salvo prevención en contrario. Se exceptúan de lo señalado en los párrafos anteriores, cuando el derecho o interés de que se trate sea difuso, colectivo o individual de incidencia colectiva. En estos casos, se podrá ejercitar en forma colectiva, en términos de lo dispuesto en el Libro Quinto de este Código." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. IV. El Ministerio Público Federal en todos los juicios, donde podrá interponer los recursos que señala esta Ley, y los existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia. Sin embargo, en amparos indirectos en materias civil y mercantil, y con exclusión de la materia familiar, donde sólo se afecten intereses particulares, el Ministerio Público Federal podrá interponer los recursos que esta Ley señala, sólo cuando los quejosos hubieren impugnado la constitucionalidad de normas generales y este aspecto se aborde en la sentencia." De la interpretación gramatical de las disposiciones transcritas se advierte, en lo que aquí interesa, que sólo puede intervenir en un procedimiento judicial, quien tenga interés en el juicio. Asimismo, que son parte en el juicio de amparo: el quejoso, la autoridad responsable y el Ministerio Público Federal. Así, puede concluirse válidamente que los titulares de la información dentro de un juicio de amparo son las partes en sentido formal, es decir, el quejoso, la autoridad responsable y el Ministerio Público Federal y son éstos quienes se encuentran legitimados para acceder a esa información, para su adecuada defensa. Por tanto, si al promovente no se le había reconocido en este juicio previamente, el carácter apuntado, es evidente que no estaba legitimado para consultar el expediente en que se actúa, pues dicha persona, en lo personal, no es directamente el titular de la información, sino la persona moral indicada. Notifíquese.

  3. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE, SE NOTIFICA A LA QUEJOSA, POR LISTA DE ACUERDOS LA SENTENCIA DE TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CUAL SE RESOLVIÓ LO SIGUIENTE: ÚNICO. La Justicia de la Unión No Ampara ni Protege. LO ANTERIOR PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES CONDUCENTES

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