Hector Manuel Lopez Hernandez
Expediente 351/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 351/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Hector Manuel Lopez Hernandez
- HECTOR MANUEL LOPEZ HERNANDEZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA IV B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de abril de dos mil veintidós. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo del expediente Con fundamento en artículos 8, fracción I y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Relevancia documental ""......"" Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Destrucción del expediente Toda vez que se desechó la demanda de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, será destruido dentro de los treinta días siguientes, conforme a lo establecido en el artículo 21, inciso b), penúltimo párrafo, del Acuerdo invocado. Coincidencia entre expedientes electrónico y físico Conforme a lo establecido en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ténganse por hecha la certificación del Secretario, en el sentido de que este expediente impreso coincide en su totalidad con el expediente electrónico en el que se encuentran incorporadas todas las promociones, acuerdos y notificaciones correspondientes. Anotaciones caratula Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA MESA IV B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta secretarial que inmediatamente antecede, se provee: Registro del expediente Con el escrito de demanda de amparo, promovida por **, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 351/2022. Desechamiento de demanda En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que de la autoridad responsable Director de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, la parte quejosa reclama lo siguiente: "Reclamo de la autoridad responsable la negativa a dar respuesta a mi escrito que de forma escrita, pacífica y respetuosa he entregado." Asimismo, de las constancias que adjunta a su demanda, se desprende que el escrito del que se duele la parte quejosa, fue presentado el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, y dicho ocurso es del contenido siguiente: "DR. ***Z. DIRECTOR Y PRESIDENTE DEL H. CONSEJO TÉCNICO DE LA FCA. PRESENTE. C. ***, en mi calidad de Consejero Técnico y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 18, fracción IV, 49, 52, fracción X de la Ley Orgánica de la UABJO; solicito a usted se convoque de forma inmediata a sesión extraordinaria del H. Consejo Tecnico de la Facultad de Contaduría y Administración, para que se analice y resuelva la forma y términos en que se designará al nuevo Director de la FCA. Por la atención y respuesta que se sirva dar al presente, le anticipo mis agradecimientos. Precisado lo anterior, el suscrito juzgador advierte que en contra del citado acto reclamado se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la ley de la materia. Los artículos referidos establecen: Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)." Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.). Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los preceptos transcritos, se advierte que la acción de amparo procede únicamente contra actos o leyes dictadas por autoridad, que violen derechos fundamentales del gobernado, es decir, no es suficiente que se reclame una violación a dichos derechos, para que el juicio de amparo se vuelva procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales se atribuya a una autoridad, pues, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés, son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los actos de autoridad. La noción de acto de autoridad ineludiblemente involucra la actuación y abstención de ésta frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad, debido a lo siguiente: son unilaterales, porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; los actos son imperativos, en razón de que se imponen, aún en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos, ya que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo, mediante el uso de la fuerza pública. Por tanto, el término de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión o con la ejecución de la misma. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Una vez fijados los elementos distintivos del acto de autoridad, para estar en posibilidad de establecer si el acto reclamado lo constituye, es necesario tomar en consideración que el artículo 3, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere; Por otro lado, los artículos 1°, 2°, 3°, fracciones I y II, 36, fracción XVIII, 52, fracciones VII y X, 58, fracciones IV y VI, de la Ley Orgánica de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, establecen lo siguiente: ARTÍCULO 1o.- LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ES UNA INSTITUCIÓN CREADA POR LA LEY, DESCENTRALIZADA DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL ESTADO, DOTADA DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y PLENA AUTONOMÍA QUE TIENE COMO FINALIDAD LA DOCENCIA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR PARA FORMAR PROFESIONISTAS, DOCENTES UNIVERSITARIOS, INVESTIGADORES Y TÉCNICOS, LA INVESTIGACIÓN ORIENTADA AL BENEFICIO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD Y LA EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA UNIVERSITARIA CON ELEVADO PROPÓSITO DE SERVICIO SOCIAL. ARTICULO 2o.- EN VIRTUD DE LA AUTONOMÍA, EL ESTADO RESPETARÁ A LA INSTITUCIÓN Y A SU COMUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES Y FUNCIONES DEFINITORIAS EN LOS TÉRMINOS DE ESTA LEY. ARTÍCULO 3o.- LA UNIVERSIDAD, SUSTENTADA EN LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE LA AUTONOMÍA, A TRAVÉS DE SUS ÓRGANOS DE GOBIERNO TENDRÁ LAS FACULTADES Y DEBERES SIGUIENTES: I.- AUTOLEGISLAR EN EL PLANO REGLAMENTARIO EN TODAS SUS INSTANCIAS. II.- AUTOGOBERNARSE DEMOCRÁTICAMENTE CONFORME A DERECHO. (.) ARTÍCULO 36.- SON ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL CONSEJO UNIVERSITARIO: (.) XVIII.- CONVOCAR A ELECCIONES DE DIRECTOR DE FACULTAD, ESCUELA O INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN CUANDO EL RESPECTIVO CONSEJO TÉCNICO NO LO HAGA Y RESOLVER EN DEFINITIVA LOS CASOS DE INCONFORMIDAD QUE SE LE PRESENTEN. ARTÍCULO 52.- SON ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LOS CONSEJOS TÉCNICOS: (.) VII.- CONVOCAR A ELECCIONES DE DIRECTOR DE FACULTAD, ESCUELA O INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN. EN CASO DE OMISIÓN CONVOCARÁ EL CONSEJO UNIVERSITARIO. (.) X.- CONVOCAR A SESIONES EXTRAORDINARIAS POR ACUERDO DE LA MITAD MÁS UNO DE SUS MIEMBROS, CUANDO EL DIRECTOR NO LO HAGA. ARTÍCULO 58.- SON ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LOS DIRECTORES. (.) IV.- CONVOCAR Y PRESIDIR LAS REUNIONES DE LOS CONSEJOS TÉCNICOS RESPECTIVOS. (.) VI.- EJECUTAR LOS ACUERDOS EMANADOS DEL CONSEJO TÉCNICO, O DE OTROS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD. De los citados numerales se aprecia que la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca es una institución creada por la ley, descentralizada del servicio educativo del Estado, dotada de personalidad jurídica y plena autonomía, y en razón de esa autonomía tiene las facultades de autolegislar en el plano reglamentario en todas sus instancias y autogobernarse democráticamente conforme a derecho. Asimismo, se establece que entre las atribuciones y deberes de los Directores de las Facultades están la de convocar y presidir las reuniones de los consejos técnicos respectivos y ejecutar los acuerdos emanados de éstos, y cuando sea omiso en convocar a elecciones del Director de Facultad o de convocar a sesiones extraordinarias, dicha convocatoria la realizará el Consejo Técnico por acuerdo de la mitad más uno de sus miembros. Asimismo, ante la omisión del Consejo Técnico de convocar a elecciones de Director, lo hará el Consejo Universitario. En el caso, el quejoso por escrito que presentó al Director de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, solicitó que convoque de forma inmediata a sesión extraordinaria del Consejo Técnico de esa facultad para que se analice y resuelva la forma y términos en que se designará al nuevo Director. Dada la naturaleza de esta petición, se considera que el Director de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, no es autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que se le atribuye una omisión de responder una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición relativa a las facultades de autonormación y autogobierno de esa institución universitaria. Esto es así, se le solicita que convoque de forma inmediata a sesión extraordinaria del Consejo Técnico, y si bien dicha facultad se encuentra dentro de las atribuciones del referido Director; lo cierto es que ante su omisión corresponde al Consejo Técnico realizar la señalada convocatoria, por ello, se estima que no ejerce un poder público que afecte unilateralmente la esfera jurídica del gobernado, pues tal proceder no emerge de un poder de imperio como parte de la administración pública en la prestación de un servicio a cargo del Estado, sino es relativa a las facultades que le confiere la Ley Orgánica de la Universidad "Benito Juárez" de Oaxaca, legislación que, además, establece a qué autoridad de su organización corresponde convocar a sesiones extraordinarias en caso de la omisión del Director de la Facultad y, por tanto, al no realizar la omisión en carácter de autoridad, no está obligada a informar de ella en términos del artículo 8o. constitucional. Se invoca en apoyo, la tesis P. XXVIII/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 119, Tomo V, Febrero de 1997, Materias(s): Laboral, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro digital: 199460, de rubro y texto: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACION LABORAL. Los funcionarios de los organismos públicos descentralizados, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados; esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de garantías, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Así, las universidades, como organismos descentralizados, son entes públicos que forman parte de la administración pública y por ende del Estado, y si bien presentan una autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, tal circunstancia tiende a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en la libertad de enseñanza, pero no implica de manera alguna su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, y restringida a sus fines, por lo que no se constituye como un obstáculo que impida el ejercicio de las potestades constitucionales y legales de éste para asegurar el regular y eficaz funcionamiento del servicio de enseñanza. Por ello, para analizar si los funcionarios de dichos entes, con fundamento en una ley de origen público ejercen o no un poder jurídico que afecte por sí o ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso de la fuerza pública, debe atenderse al caso concreto. En el que se examina, ha de considerarse que la universidad señalada por el quejoso como responsable, al negar el otorgamiento y disfrute del año sabático a uno de sus empleados académicos, actuó con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal académico, dentro del marco constitucional previsto en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ello en este caso no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que desde luego no implica que en otros supuestos, atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, sí pueda tener tal carácter. Sirve de apoyo la tesis IX.1o.3 A (10a.), Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página 1409, Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 2, Materias: Común, Administrativa, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 2003899, de rubro y texto: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE LE RECLAMA LA OMISIÓN DE RESPONDER UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN, RELATIVA A SUS FACULTADES DE AUTONORMACIÓN Y AUTOGOBIERNO. De las consideraciones que sustentan la tesis P. XXVIII/97, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, página 119, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACIÓN LABORAL.", se colige que de conformidad con el artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las universidades públicas son organismos públicos descentralizados con autonomía especial que implica autonormación y autogobierno, en atención a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en su libertad de enseñanza. En virtud de la citada autonomía, las universidades públicas están facultadas para gobernarse a sí mismas y autorregularse, de lo que derivan las siguientes competencias: normativas, es decir, pueden dictar normas en desarrollo a lo establecido en su ley de creación; ejecutivas, inherentes al desarrollo y ejecución de los principios consagrados en el mencionado artículo constitucional, como lo es la designación de sus funcionarios; y, de supervisión, referentes a atribuciones de inspección y control con el fin de revisar la actividad que desarrollan. Consecuentemente, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí no es autoridad para efectos del juicio de amparo cuando se le reclama la omisión de responder una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, relativa a sus facultades de autonormación y autogobierno, porque al hacer uso de tales atribuciones no ejerce un poder público que afecte unilateralmente la esfera jurídica del gobernado, pues tal proceder no emerge del imperio que corresponde a la mencionada institución como parte de la administración pública en la prestación de un servicio a cargo del Estado y, por tanto, al no realizar esas actuaciones en carácter de autoridad, no está obligada a informar de ellas en términos del artículo 8o. constitucional. Por otro lado, aun en el extremo de considerar acto de autoridad el aquí reclamado, la demanda de amparo resulta improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracción I, del mismo ordenamiento legal, ya que al haber realizado el quejoso su petición el veintitrés de marzo de dos mil veintidós y presentado su demanda el veintinueve siguiente, no se advierte que recienta una afectación a su derecho sustantivo público, en tanto, solo han transcurrido cuatro días hábiles, no así de diez días hábiles, como se infiere del artículo 13 de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, que tiene de plazo la autoridad para contestarlo. En esas condiciones, se desecha de plano la demanda de que se trata. Autorización de constancias de autos Se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos, excepto, cuando en el informe justificado se exhiba información clasificada como reservada o confidencial, lo que de ser el caso, se proveerá en el momento procesal oportuno. Domicilio para recibir notificaciones y autorizaciones Se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda, y por autorizada para ese efecto a la persona que señala por así indicarlo. Correo electrónico y número telefónico Respecto al número de teléfono y correo electrónico que proporciona, de conformidad con los artículos 22, fracción II, y 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, "relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19", reformado mediante diverso 1/2022, en relación al periodo de vigencia, que establece que las partes pueden proponer formas especiales y expeditas de contacto (como correo electrónico, servicio de mensajería instantánea, número telefónico); instrúyase al Actuario que de resultar necesario establezca contacto con dicha parte quejosa a través de tales medios, para lograr el éxito de actuaciones procesales. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Lineamientos en notificaciones que impliquen contacto personal En términos del artículo 23, fracción I, del invocado Acuerdo General 21/2020, se ordena al Actuario que las actuaciones que practique y que impliquen contacto personal, las desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar tanto su integridad y salud, como el de las personas justiciables. Firma electrónica de las determinaciones judiciales En términos de los artículos 3° de la Ley de Amparo y 3º del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, se precisa que este proveído y las subsecuentes determinaciones judiciales se firmarán mediante el uso de la FIREL del titular del Juzgado y secretario; ello, con motivo de que se labora de manera presencial con personal limitado y horario restringido, por lo que se está privilegiando en mayor medida el uso de las herramientas tecnológicas para Notifíquese, personalmente.
- Principal
MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con el carácter de representante legal de la autoridad responsable Coordinador General de Centros Federales, con sede en la Ciudad de México, por el que en atención al requerimiento formulado el tres de marzo de dos mil veintidós, en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, comunica que instruyó a las autoridades responsables del Centro Federal de Readaptación Social número trece "CPS-OAXACA", para que de manera inmediata den cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debiendo remitir a este Juzgado, así como a la Dirección de Amparos de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de esa institución, las constancias que acrediten dicho cumplimiento, lo anterior toda vez que de conformidad con el Manual de Organización General del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, Apartado V, relativo a la estructura orgánica el Coordinador General de Centros Federales es el superior jerárquico. De lo que se toma conocimiento, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.
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