HECTOR MANUEL JIMENEZ MAXEMIN y Otros.

Expediente 786/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
786/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
13/09/2021

Partes del expediente

  • HECTOR MANUEL JIMENEZ MAXEMIN y Otros.
  • Hector Manuel Jimenez Maxemin

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos los oficios de cuenta, a través del cual la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Decimotercer Circuito, remite testimonios autorizados de las ejecutorias pronunciadas el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, en autos del recurso de queja 39/2021 y 37/2021 de ese índice, de las que se advierte que se declararon infundados los medios de impugnación hecho valer por JOSE ALFREDO CAMPOS TORRES y HECTOR MANUEL JIMENEZ MAXEMIN, respectivamente, contra el auto de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, que desechó la demanda que dio origen al presente asunto. Acúsese el recibo de estilo. Hágase lo anterior del conocimiento de la parte promovente para los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso d del citado Acuerdo General, y atendiendo a que la demanda de garantías origen de este juicio se desechó y que el Tribunal de alzada declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte promovente contra la determinación en que así se decretó, el presente expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de marzo de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos para los efectos legales consiguientes los oficios de cuenta, mediante los cuales la Actuaria Adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, acusa recibo del diverso 3209/2021 de este índice, con el que se le remitió copia certificada de diversas constancias de este asunto, para la substanciación de los recursos de queja interpuestos por los quejosos ******************** y ********************, contra el proveído de veintinueve de enero de dos mil veintiuno; e informa que dichos medios de impugnación quedaron registrados con los número 37/2021 y 39/2021 de esa estadística, respectivamente. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Vistas las diligencias de notificación a los quejosos HECTOR MANUEL JIMENEZ MAXEMIN y JOSE ALFREDO CAMPOS TORRES, de fecha doce de febrero de dos mil veintiuno, atento a su contenido, toda vez que interpone recurso de queja contra el proveído de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, dictado por este Juzgado en el presente juicio. En consecuencia, procédase conforme a lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo; ríndase informe a la superioridad, acompañando copia certificada de las constancias necesarias para la substanciación del citado recurso, manifestándole que es cierta la determinación impugnada, la cual fue notificada personalmente a la parte promovente el doce de febrero de dos mil veintiuno; poniéndose a disposición de la Alzada que corresponda el expediente electrónico del presente asunto para la consulta de las constancias necesarias. Al efecto, se instruye a la Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que en su oportunidad cumpla con lo anterior. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    MESA "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para los efectos legales a que haya a lugar las diligencias de notificación a los quejosos HECTOR MANUEL JIMENEZ MAXEMIN y JOSE ALFREDO CAMPOS TORRES, por medio de las cuales cumplen con la prevención señalada por auto de tres de diciembre de dos mil veinte. En efecto, el primero de ellos precisa lo siguiente: "Bajo protesta de decir verdad respecto al inciso a) el acto reclamado es el traslado al CPS miahuatlan #13 Oaxaca. en lugar de un Centro de reclusión en Jalisco que es donde esta el proceso b) señala como autoridad responsable al Comisionado del Organo Desconcentrado de Prevencion y Readaptacion Social y al Director del Cefereso #13, con residencia en miahuatlan de Porfirio Diaz, asi como las autoridades que hayan tenido que ver con el traslado lejos de la competencia territorial del juzgado.(sic)" Y el segundo manifiesta: "Bajo protesta de decir verdad a) reclama la orden de traslado, al CPS de miahuatlan, y solicita sea regresado a Guadalajara a un penal Estatal ya que cuenta con diversos procesos por homicidio (6 causas) y solo uno Federal. b) Señala como autoridades resp. al Comisionado del Organo Desconcentrado de Prevención y Readaptación social y al Coordinador de Centros Penitenciarios ambos con residencia en la Ciudad de mexico y Director del ceFereso #13 CPS miahuatlan de Porfirio Diaz (sic)." Se instruye al secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Ahora bien, de lo anterior expuesto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; De la apreciación del numeral que antecede se obtiene que deberá observarse el principio de definitividad, esto es, que el juicio de amparo en materia administrativa será improcedente cuando contra el acto de autoridad proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, siempre que la ley que lo establezca o lo rija no exija mayores requisitos que los previstos en la ley reglamentaria para la suspensión definitiva. En síntesis, el amparo es improcedente en términos de la aludida fracción del precepto reglamentario cuando se dan los siguientes supuestos: 1. Que el acto reclamado provenga de autoridad distinta de los Tribunales Judiciales, Administrativos o del Trabajo; y, 2. Que deba ser revisado de oficio conforme a las leyes que lo rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal que haga valer la parte agraviada, sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo, para la concesión de la suspensión solicitada. En el caso, los artículos 117, fracción III y 132, fracción VII de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen lo siguiente: "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación. El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: VII. Traslados; Lo anterior es así, porque la parte promovente del amparo en esencia reclama la orden de traslado del entonces CEFERESO Número Dos Occidente, con sede en el Salto, Jalisco al CEFERESO Número Trece, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca atribuida a autoridades administrativas penitenciarias, acto que conforme a lo dispuesto por el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, podrán accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados. Lo que significa que será el Juez de Control o el Juez de Ejecución, según sea el caso, quien finalmente determine la legalidad del traslado, a través de una resolución que constituya la culminación del correspondiente procedimiento, en respeto al derecho a un debido proceso. Incluso; de resultar que la decisión judicial dictada no es acorde a sus intereses, podrán interponer el recurso de apelación que procede de conformidad con el artículo 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de que la resolución que dirima la controversia judicial, pueda ser confirmada, modificada o revocada, por un Tribunal de Alzada. Lo anterior, conforme al criterio definido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver los recursos de queja 42/2020 y 36/2020; lo que conlleva a concluir que la orden de traslado, no constituye una violación directa a la Constitución Federal, pues se erige en un acto dentro del procedimiento, y al respecto, existe un medio ordinario de defensa con el cual la determinación judicial que al efecto se dicte pueda ser combatida. En esas condiciones, ante la naturaleza del acto que reclama el promovente, previo a la promoción del juicio de amparo, debió agotar el recurso ordinario procedente, para cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo; al no haberlo hecho, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor; por lo que se procede desechar la demanda de amparo. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Ahora, toda vez que los promoventes se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, se comisiona al Actuario en turno de este juzgado, para que de acuerdo al calendario de fechas programadas, se constituya en las instalaciones que ocupa dicho centro penitenciario, en busca de HÉCTOR MANUEL JIMÉNEZ MAXEMIN Y JOSÉ ALFREDO CAMPOS TORRES, hecho que sea, les notifique el presente proveído, entregándole copia simple del mismo. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO DE ACUERDO AL CALENDARIO DE FECHAS PROGRAMADAS Y CÚMPLASE. LA PRESENTE DETERMINACIÓN SE PUBLCIA EL DÍA DE HOY DEBIDO A QUE SE AUTORIZÓ EL TRES DE FREBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO.

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