Héctor Manuel Ibarra Machuca
Expediente 641/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 9 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 641/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 09/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Héctor Manuel Ibarra Machuca
Actuaciones
- Principal
RECEPCIÓN DE OFICIO. Se tiene por recibido el oficio 24029/2019, signado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, mediante el cual remite el original del juicio de amparo 1307/2019, de su índice, así como dos copias de traslado. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora, del contenido del auto de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, dictado por el Juez oficiante, se advierte que dicho órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Héctor Manuel Ibarra Machuca, por propio derecho, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado que deriva de la presente demanda de amparo tendrá una ejecución material dentro del territorio donde este juzgado tiene su jurisdicción. Aceptación de competencia. En términos de señalado por el citado órgano jurisdiccional, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, se avoca al conocimiento del escrito inicial de demanda instada por Héctor Manuel Ibarra Machuca, contra actos de la Delegación Estatal en Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Morelia. Autoridad de la que reclama la aplicación de la UNIDAD Y MEDIDA DE ACTUALIZACIÓN (UMA), en su pensión número 1259888, otorgada por la Delegación Estatal en Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. DESECHAMIENTO Determinado lo anterior, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asentado la anterior, es necesario estudiar de oficio, las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con los artículos 61 y 62, de la Ley de Amparo y la tesis de jurisprudencia 940, visible a fojas 1538 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Sala y Tesis Comunes, del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea de que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, este juzgador considera se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, de la literalidad siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". Dicho artículo consagra el principio de definitividad que debe imperar previo a instar la acción constitucional. Este principio establece la improcedencia del juicio cuando contra el acto reclamado proceda un juicio, recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, por lo que el quejoso debe, previamente a su promoción, agotar los juicios, recursos o medios de defensa correspondientes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación; lo anterior con excepción de los casos previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que una vez que se han agotado medios ordinarios de defensa se abre la posibilidad de acudir al juicio de amparo, ello como medio extraordinario de defensa. Pensar lo contrario haría inocuo el principio de definitividad, pues las partes afectadas por actos administrativos acudirían al juicio de amparo sin necesidad de agotar los recursos legalmente previstos para la defensa de los actos, haciendo nugatorio el medio extraordinario de defensa del juicio constitucional. Una vez que se ha señalado la razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, cabe destacar que además de los anteriores extremos, el precepto legal en estudio también alude a título de excepción, que no será necesario agotar algún recurso, juicio o medio de defensa legal cuando la ley que los establezca exija mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto que los que la Ley de Amparo requiere como condición para decretar la suspensión de los actos reclamados. Así, los elementos con los que se integra la causa de improcedencia en estudio, son los siguientes: a) Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que dicho acto reclamado deba ser revisado de oficio o proceda en su contra algún juicio, o recurso o medio de defensa legal, que esté previsto en la ley y no en reglamento alguno; c) Que por virtud de esa revisión oficiosa o de ese juicio, recurso o medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado; d) Que puedan suspenderse los efectos del acto reclamado; e) Que para que proceda tal suspensión no se exijan mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo; f) Que el acto reclamado no carezca de fundamentación; y, g) Cuando no sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución; Respecto al marcado con el inciso a), esto es, que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, debe decirse que se encuentra satisfecho, toda vez que el acto que se reclama se atribuye la Delegación Estatal en Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otras autoridades de esa misma institución; autoridad que es distinta a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Por lo que hace al elemento señalado en el inciso b), consistente en que el acto reclamado deba ser revisado de oficio o proceda en su contra juicio, algún recurso o medio de defensa legal, también se actualiza ya que los artículos 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 3, fracciones VII y XIX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, prevén que dicho órgano jurisdiccional sea el competente para conocer del juicio promovido contra actos administrativos. En efecto, los preceptos en comento establecen lo siguiente: "Artículo 2. El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; (.) XIX. Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal. (.)." Se afirma lo anterior, dado que aquello que se reclama en el acto de autoridad, es la determinación, de manera unilateral, de realizar un cambio en la unidad base para el cálculo de la pensión del quejoso y que trajo como consecuencia, a su perspectiva, la disminución en la pensión a que tiene derecho, Por lo que es patente que, por virtud del juicio de que se habla, puede ser modificado, revocado o nulificado aquello de lo que el quejoso se duele contra el acto reclamado, tal como lo requiere la causa de improcedencia que se estudia según lo dicho en el inciso c), independientemente a que la autoridad responsable, afirmara que no aplicó en la pensión del quejoso, la medida que alude en su demanda, pues ello, solo puede ser materia de análisis en el fondo del asunto. Por lo que respecta al elemento consistente en que se puedan suspender los efectos del acto reclamado, es decir, el precisado en el inciso d), también se actualiza, pues el artículo 24 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, prevé: "Artículo 24. Una vez iniciado el juicio contencioso administrativo, podrán decretarse todas las medidas cautelares necesarias para mantener la situación de hecho existente, que impidan que la resolución impugnada pueda dejar el litigio sin materia o causar un daño irreparable al actor, salvo en los casos en que se cause perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión de la ejecución del acto impugnado se tramitará y resolverá de conformidad con el artículo 28 de esta Ley". Por lo que es claro que sí se pueden suspender los efectos del acto reclamado. En relación al requisito marcado con el inciso e) inmediatamente relacionado con el anterior, consistente en que proceda tal suspensión sin que la ley exija mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo. Así, del examen comparativo de los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo, frente al artículo 28 de Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, se pone de manifiesto que los requisitos establecidos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad no son mayores que los previstos para suspender el acto reclamado en el juicio de amparo, atendiendo a las razones legales siguientes: 1) Del análisis del artículo 28 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo en su inciso a), se aprecia que éste exige que no se afecte al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, además que conforme a la fracción III del propio numeral, la medida suspensional podrá solicitarse en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia firme; por su parte, la Ley de Amparo también exige que se cumpla con este requisito (artículo 128, fracción II) y dispone que la suspensión podrá solicitarse con la presentación de la demanda o en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria (artículo 130). 2) Asimismo el inciso b) del citado numeral 28, precisa que los actos respecto de los cuales se solicita la suspensión deban ser de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto reclamado; al igual que el artículo 139 de la Ley de Amparo. 3) Finalmente, ambas disposiciones son coincidentes en señalar que, a efecto de que la suspensión concedida surta efectos, se deberá garantizar el interés fiscal, de acuerdo al artículo 28 ante la autoridad ejecutora y conforme a la Ley de Amparo ante la autoridad exactora, como lo prevé el numeral 135. Así, ambos ordenamientos coinciden en que: Una vez solicitada la suspensión, ésta se podrá conceder si no se sigue perjuicio al interés social, ni se contraviene disposiciones de orden público; Que a efecto de que sea concedida la medida solicitada, se debe tratar de actos que produzcan al solicitante con su ejecución daños o perjuicios que sean de difícil reparación; Que a fin de que surta efectos la suspensión concedida, se debe garantizar el interés fiscal. Por tanto, de conformidad con los anteriores textos legales se llega a la convicción de que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales a efecto de que se conceda la suspensión del acto reclamado. Ahora, el requisito marcado con el inciso f), también se cumple, pues de la lectura de la demanda se advierte que es un acto en el que se aplican diversas disposiciones normativas relativas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Por lo que hace al inciso g), se estima que se encuentra actualizado, ya que si bien la parte quejosa alega que el acto reclamado es contrario al artículo 14 constitucional; lo cierto es que la parte promovente considera una aplicación incorrecta de la ley. Aspecto este que tiene que ver con el ámbito temporal de validez y especialidad de las normas generales, por lo que la determinación que al efecto se tome constituye un aspecto de legalidad y no de constitucionalidad, puesto que la parte quejosa ataca el hecho de la indebida aplicación de dicha norma, entre otros, empero no cuestiona la constitucionalidad de ésta. En ese sentido, el hecho de que a la parte promovente del amparo cuestione que se le haya aplicado una norma, en la que se determina que para el cálculo de las pensiones se tomará como unidad base la UMA y que, por ello, tal aplicación colisiona con el derecho otorgado en la pensión, que tiene como base los salarios mínimos; dichos aspectos se tornan en un tópico de legalidad, cuyo ámbito de análisis y decisión corresponde a la autoridad competente para conocer del medio legal ordinario previsto para tal efecto. Así, la parte quejosa no aduce violaciones directas a la constitución en sus conceptos de violación, sino que los mismos radican en temas de legalidad, como lo es la aplicación de una ley que -a su decir- no corresponde al caso concreto, así como la falta de aplicación de esta en su beneficio en diverso artículo. Aunado a que no basta que la parte quejosa cite preceptos constitucionales para estimar que aduce violaciones directas a la Constitución, pues ante ello imperaría el arbitrio de aquélla, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Ley Fundamental, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa establecidos en la ley secundaria. Resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca". En esas condiciones, contra el acto reclamado la parte quejosa debió agotar el juicio de nulidad, como lo prevé la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Además que el acto que por esta vía se reclama no importa a la parte quejosa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, así como ninguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. En tal virtud, la parte quejosa no agotó el principio de definitividad previsto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Son aplicables los siguientes criterios: La jurisprudencia 2a./J. 78/2013 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO. Es criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el análisis sobre la aplicación retroactiva de una norma, únicamente implica verificar si la aplicación concreta se realiza dentro de su ámbito temporal de validez (*). Conforme a lo anterior, si en el juicio de amparo indirecto se señala como "acto reclamado" la determinación y el cálculo de los incrementos a la pensión, con apoyo en las normas correspondientes a las reformas del artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigentes a partir del 5 de enero de 1993 y del 1o. de enero de 2002, ello no implica violación directa al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el análisis que habrá de llevarse a cabo únicamente exige verificar si la aplicación concreta de esas normas, realizada por el mencionado Instituto a través de un acto administrativo, se llevó a cabo dentro de su ámbito temporal de validez, lo que representa un tema de legalidad. En consecuencia, al no actualizarse la excepción al principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, debe acudirse al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; por lo que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, con fundamento en el artículo 73, fracción XV, en relación con la fracción III del numeral 74, ambos de la Ley de Amparo". La jurisprudencia 2a./J. 111/2005 sustentada también por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que dice lo siguiente: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Conforme a los artículos 51, antepenúltimo y último párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 46, fracción II, del Estatuto Orgánico del propio Instituto, éste está facultado legalmente para conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones; resoluciones que constituyen actos de autoridad en tanto que afectan en forma unilateral la esfera jurídica del particular sin necesidad de contar con su consenso o de acudir previamente a los tribunales. Por tanto, en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tales actos son impugnables optativamente a través del recurso de revisión o por medio del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente al juicio de garantías, acorde con el precepto 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal citado, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio ordinario indicado cuando se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. En esta tesitura, se concluye que debe abandonarse parcialmente el criterio establecido en la tesis 2a. XLVII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 454, con el rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL VÍNCULO LABORAL DEL QUE ÉSTAS DERIVAN.", para establecer que no es aplicable en los casos en que únicamente se demanden al referido Instituto las resoluciones (órdenes) mediante las cuales haya concedido, negado, suspendido, revocado, modificado o reducido la pensión respectiva". La jurisprudencia con registro 2a./J. 130/2013 (10a.), emitida por la referida Segunda Sala, de contenido siguiente: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la parte promovente del amparo que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, que dice: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". De este modo es factible concluir que no procede el juicio de amparo indirecto contra el acto que en forma destacada se reclama, al actualizarse de forma notoria, indudable y manifiesta la causal de improcedencia establecida en el artículo 107, fracción V, interpretado a contrario sensu y 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, si el acto reclamado en mención no satisface la condición para que sea considerado como acto dentro del juicio que tenga una ejecución irreparable, deviene inconcuso que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente, con fundamento en los artículos 61, fracción XX, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; y, por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. AUTORIZADOS. Téngase a la parte quejosa autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Sabas Román González, toda vez que como se advierte de la certificación secretarial que antecede tiene registrada su cédula en el sistema Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para imponerse de autos a Víctor Alfonso Flores Miguel, Sara Ivette Torres Ortega y Antonio Orona Santos, por así haberlo solicitado expresamente. Notificación a la parte quejosa. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle Yucatán número 210 "A", colonia Molino de Parras, Código postal 58010, Morelia, Michoacán, y tomando en consideración que dicho domicilio se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento EXHORTO al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en turno, para que en auxilio y delegación de las labores de este juzgado, se sirva comisionar a quien corresponda, se constituya en legal y debida forma en el domicilio indicado en líneas precedentes, y: Notifique el presente proveído al quejoso Héctor Manuel Ibarra Machuca -personalmente, o a través de su autorizado Sabas Román González.- Además, le requiera para que al momento de la notificación o dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación que se practique señale domicilio en esta ciudad de Uruapan, Michoacán para oír y recibir notificaciones, apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes y aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista, que se publique en los estrados de este Tribunal, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de la Materia. Con fundamento en los artículos 17 Constitucional y 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para el cumplimiento de la diligencia aquí ordenada. Hecho lo anterior, se solicita devolver las comunicaciones oficiales de que se trata con las constancias que acrediten su diligenciación. Habilitación de días y horas inhábiles; autorización de firma de oficios; capturas y anotaciones del expediente. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles con excepción de los días que se llegaren a declarar inhábiles no laborables para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida. Finalmente, háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
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