Héctor Manuel Ibarra Machuca
Expediente 1307/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1307/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Héctor Manuel Ibarra Machuca
Actuaciones
- Principal
Juzgado acepta competencia Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, mediante el cual informa que el órgano jurisdiccional de su adscripción aceptó la competencia que fue planteada por este Juzgado de Distrito, para conocer la demanda de amparo promovida por Héctor Manuel Ibarra Machuca, la cual se radicó con el número 641/2019 de su estadística. Archivo En virtud de lo expuesto en el apartado precedente, se considera que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, por lo que, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Ahora, ya que carece de relevancia documental e histórica el presente cuaderno, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I, del punto vigésimo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, se toma nota que es susceptible de destrucción, al haberse remitido la demanda de amparo a diverso órgano jurisdiccional para su conocimiento y resolución; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto undécimo del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y las capturas respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Integración del expediente electrónico Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: HÉCTOR MANUEL IBARRA MACHUCA. Demanda y radicación. Con la demanda de amparo de cuenta, Héctor Manuel Ibarra Machuca solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuye a la Delegación Estatal en Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Fórmese expediente y regístrese con el número III-1307/2019, tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 112 de la Ley de Amparo, mismo que establece: Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. Toda vez que el numeral 112 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo a fin de determinar si, en el caso, resulta procedente desecharla, prevenirla o admitirla. De ahí que conviene destacar lo siguiente. Antecedentes del acto reclamado. Ahora, para mejor comprensión de lo que se combate en esta instancia constitucional, conviene hacer una relación de antecedentes, misma que se aprecia de la demanda de amparo. En atención a esto, se puede resumir de la manera siguiente: Héctor Manuel Ibarra Machuca fue trabajador al servicio del Estado por el tiempo que marca la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (en adelante ISSSTE); Una vez que cumplió el tiempo y requisitos legales correspondientes, el uno de enero de dos mil trece, el ISSSTE concedió la pensión 1259888 a la parte quejosa, por la cantidad a la que tuvo derecho con base en los salarios cotizados. Dicha concesión se hizo con fundamento en los artículos 5 y décimo transitorio de la Ley del ISSSTE, 1, 2, 4, fracción II, inciso f), 51 fracciones I y X, 52, 53, 78, 79, y 80 del Estatuto Orgánico del ISSSTE, 2, fracciones I y II, 3, 4, 5, y 9 fracciones I y III del Reglamento Orgánico de las Delegaciones Estatales y Regionales del ISSSTE y se asentó que la pensión concedida no superaría la suma de diez veces el salario mínimo y que el pago de dicha pensión sería en una sucursal bancaria "BANCOMER" en Ixtlán, Michoacán. El cinco de noviembre de dos mil diecinueve, la parte peticionaria del amparo tuvo conocimiento que la Delegación Estatal en Michoacán del ISSSTE realizó una modificación a la pensión que le fue concedida. Dicha modificación radicó, esencialmente, en que la misma tendría como base de cálculo la Unidad de Medida y Actualización (en adelante UMA), y ya no el salario mínimo, tal y como se había asentado en la concesión de la pensión. Fijación del acto reclamado. Con esta narración de antecedentes, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta oportuno fijar el acto reclamado en esta instancia constitucional, el cual es el siguiente: La aplicación de la Unidad y Medida de Actualización (UMA) a la pensión 1259888 otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que trajo como consecuencia la disminución de las cantidades percibidas. Incompetencia. En principio, es necesario establecer que la competencia es un presupuesto procesal básico para ejercer jurisdicción que, por su trascendencia, implica una cuestión de orden público. Por tanto, es de estudio previo el pronunciamiento sobre la admisión o no de la demanda de amparo. En el caso, este juzgador estima carecer de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la demanda en cuestión, atento a los siguientes razonamientos: El artículo 37 de la Ley de Amparo, prevé: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De la anterior trascripción, se desprende que existen tres reglas fundamentales para fijar la competencia de los juicios de amparo: Será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Dadas las características y naturaleza de los actos reclamados en este sumario constitucional, se actualiza la hipótesis prevista en el número uno, pues de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la aplicación de la Unidad y Medida de Actualización (UMA) a la pensión 1259888 otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que trajo como consecuencia la disminución de las cantidades percibidas. Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y sus anexos, se aprecia que dicha aplicación sucedió en el lugar que se señaló para el pago de la pensión, esto es, la aplicación sucedió en Ixtlán, Michoacán, pues ahí habría de pagarse la pensión mediante una sucursal bancaria denominada "BANCOMER. Circunstancia que se robustece, pues de los recibos de pago que se anexan a la demanda, en la parte superior derecha los datos de la persona pensionada -como es la parte promovente del amparo, se aprecia el código postal del lugar del pago, el cual es 59280; el cual, al realizar una búsqueda del mismo, se aprecia que comprende la demarcación correspondiente a Ixtlán, Michoacán. Además, de la copia de la credencial de elector que adjuntó el promovente a su escrito de demanda de amparo, se desprende que tiene su domicilio en esa población. Por lo que los actos combatidos tuvieron ejecución en dicha localidad, esto es, Ixtlán, Michoacán; de ahí que el juez competente es aquél que tiene jurisdicción en donde se realizó el pago de la pensión. Ahora, el el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, establece: XI. DÉCIMO PRIMER CIRCUITO: Los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los Municipios de: Acuitzio, Álvaro Obregón, Angamacutiro, Angangueo, Aporo, Ario, Carácuaro, Coeneo, Contepec, Copándaro, Cuitzeo, Charo, Chucándiro, Churintzio, Churumuco, Epitacio Huerta, Erongarícuaro, Hidalgo, Huandacareo, Huaniqueo, Huetamo, Huiramba, Indaparapeo, Irimbo, Jiménez, José Sixto Verduzco, Juárez, Jungapeo, Lagunillas, La Huacana, La Piedad, Madero, Maravatío, Morelia, Morelos, Nocupétaro, Nuevo Urecho, Numarán, Ocampo, Panindícuaro, Pátzcuaro, Penjamillo, Puruándiro, Queréndaro, Quiroga, San Lucas, Santa Ana Maya, Salvador Escalante, Senguio, Susupuato, Tacámbaro, Tarímbaro, Tiquicheo de Nicolás Romero, Tlalpujahua, Tlazazalca, Turicato, Tuxpan, Tuzantla, Tzintzuntzan, Tzitzio, Yurécuaro, Zacapu, Zamora, Zináparo, Zinapécuaro y Zitácuaro. (Lo resaltado es de este juzgado). Los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los Municipios de: Aguililla, Apatzingán, Aquila, Arteaga, Briseñas, Buenavista, Coahuayana, Coalcomán de Vázquez Pallares, Cojumatlán de Régules, Cotija, Charapan, Chavinda, Cherán, Chilchota, Chinicuila, Ecuandureo, Gabriel Zamora, Ixtlán, Jacona, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Marcos Castellanos, Múgica, Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiro, Pajacuarán, Paracho, Parácuaro, Peribán, Purépero, Sahuayo, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tanhuato, Taretan, Tepalcatepec, Tingambato, Tinguindín, Tocumbo, Tumbiscatío, Uruapan, Venustiano Carranza, Villamar, Vista Hermosa y Ziracuaretiro. Luego, es incuestionable que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del presente asunto, pues conforme a las reglas previstas por el artículo 37 de la ley invocada, es competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción deba ejecutarse, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; en esa virtud, atendiendo a que el acto impugnado se ejecuta en Ixtlán, Michoacán, ello debido a que la parte quejosa ahí recibe el pago de su pensión, lugar donde ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan. Orienta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 152/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Al igual que la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora siempre que su acto se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse. Además de la tesis visible en la página 12, también de la citada Tercera Sala, que indica: COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse. Y, finalmente, la tesis aislada número I.1, A. 44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del tenor siguiente: COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora. En las relatadas condiciones, este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, considera carecer de competencia para conocer de la demanda en cuestión. Protesta de ley. Conviene destacar que este juzgador cuenta con los elementos suficientes y objetivos que permiten arribar a la determinación de carecer de competencia para conocer de la demanda de cuenta. Ello, puesto que la parte quejosa ha narrado bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la protesta de ley es un requisito que tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, tanto la narración de antecedentes que se haga bajo protesta de decir verdad crea certeza en el juez para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. Cuestión que se ve reflejada, y que por las ideas que contiene se estima aplicable, en la jurisprudencia 1a./J. 64/2015 10a. , que dice lo siguiente: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable Énfasis en lo resaltado por este juzgado. De lo que se sigue que la parte quejosa se hace sabedora de que, todo lo narrado en la demanda, constituye la verdad de cómo han sucedido las cosas hasta este momento, so pena de incurrir en responsabilidad por hacer declaraciones falsas ante la autoridad jurisdiccional. Motivo por el cual se estima que, hasta este momento, tanto las pruebas que se acompañaron a la demanda y que forman parte de ésta como las narraciones vertidas en la demanda por ser la verdad de cómo han sucedido los hechos son suficientes para sostener la carencia de competencia respecto de la demanda. Remisión del expediente. Previo cuaderno de antecedentes que se forme, y en acatamiento a lo previsto por el numeral 48, primer párrafo, de la ley de la materia, procede declinar la competencia para conocer de la demanda de amparo en cuestión en favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno; por tanto, remítasele la referida demanda con sus anexos, para los efectos legales correspondientes, solicitándose el acuse de recibo respectivo, toda vez que a consideración de este juzgador, debe atenderse a la naturaleza de los actos reclamados y su ejecución. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y fórmese el cuaderno de antecedentes con copia de todas las constancias del presente sumario constitucional, para los efectos legales procedentes. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizadas para tal efecto a las personas que indica, mientras que Sabas Román González gozará de todas las facultades previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que cuenta con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, como se obtiene de la certificación secretarial de cuenta. Habilitación de horas inhábiles, anotaciones y capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y Expediente Electrónico. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: ANA BÁRBARA CABRERA ACEVES EN FAVOR DE SU HERMANA DISCAPACITADA MARÍA CRISTINA CABRERA ACEVES. Interponen recurso de revisión Agréguese a los autos el escrito signado por Ana Bárbara Cabrera Aceves, representante especial de María Cristina Cabrera Aceves , mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve ; en consecuencia, con fundamento en los numerales 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se ordena distribuir copia del escrito de expresión de agravios entre las partes y, una vez que se encuentre debidamente integrado el expediente, remítase el mismo, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios, al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto. Anotaciones, capturas y cuaderno de antecedentes Háganse las anotaciones conducentes en el libro de gobierno, fórmese cuaderno de antecedentes de conformidad con la Circular CD/1/2008, de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal y la diversa de treinta y uno de enero de dos mil catorce, emitida en este órgano jurisdiccional, el cual deberá ser integrado con copias de las constancias necesarias que permitan conocer su historia procesal completa. Integración del expediente electrónico Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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