Héctor Manuel Hernández Heredia

Expediente 375/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
375/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
27/04/2023

Partes del expediente

  • Héctor Manuel Hernández Heredia

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Informan aceptan competencia. Agréguese el oficio firmado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, mediante el cual acusa recibo del oficio 7065/2023 del índice de este órgano jurisdiccional, con el que se le remitió la demanda de amparo con sus anexos, promovida por ********************, al haberse declarado legalmente incompetente este Juzgado para conocer de la misma, e informa que acepta la competencia planteada, radicando el asunto con el número 225/2023-VI-A de su índice. Archivo. Toda vez que no existe diligencia pendiente de acordar en este asunto, archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto concluido. Valoración documental. En virtud de lo anterior, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 (Orden de archivo) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en vigor al día siguiente; se determina que el presente expediente se ubica en el supuesto previsto en el inciso c) del artículo 20 del citado Acuerdo General [cuaderno de antecedentes]; por lo tanto: a) Es susceptible de destrucción; b) Consérvese en el archivo de trámite bajo resguardo de este órgano jurisdiccional durante seis meses contados a partir del acuerdo de archivo; c) Transcurrida dicha temporalidad, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE). Finalmente, téngase a la Secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo promovida electrónicamente por Héctor Manuel Hernández Heredia, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y otras autoridades; con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, fórmese expediente correspondiente con el número de amparo indirecto 375/2023. Incompetencia por territorio. Ahora bien, a efecto de proveer respecto del escrito de demanda, se debe considerar lo dispuesto por los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo que establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En ese tenor, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y sus anexos, se advierte que este juzgado federal carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la misma, por las consideraciones que más adelante se especificaran, toda vez que el quejoso Héctor Manuel Hernández Heredia, reclama los siguientes actos: "a) La aprobación a las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales por parte del CONGRESO DE LA UNIÓN, las cuales terminaron su proceso legislativo con la aprobación del dictamen por parte de la CÁMARA DE SENADORES en fecha 22 de febrero de 2023, el acto que reclamo de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, es precisamente a discusión, aprobación, expedición y decreto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; particularmente en cuanto a los siguientes artículos: 30, 31, 44, 61, 62, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 125 QUATER y 125 SEPTIES. b) La entrada en vigor, publicación y aplicación en el DOF del Decreto que reforma y deroga disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) de fecha 2 de marzo de 2023." "a) La aprobación a las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales por parte del CONGRESO DE LA UNIÓN, las cuales terminaron su proceso legislativo con la aprobación del dictamen por parte de la CÁMARA DE SENADORES en fecha 22 de febrero de 2023, el acto que reclamo de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, es precisamente a discusión, aprobación, expedición y decreto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; particularmente en cuanto a los siguientes artículos: 30, 31, 44, 61, 62, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 125 QUATER y 125 SEPTIES. b) La entrada en vigor, publicación y aplicación en el DOF del Decreto que reforma y deroga disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) de fecha 2 de marzo de 2023." En ese sentido, del estudio integral de la demanda de amparo y sus anexos, se obtiene que los actos que reclama el quejoso a las autoridades señaladas como responsables consiste en el Decreto por el por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, particularmente en cuanto a los siguientes artículos: 30, 31, 44, 61, 62, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 125 QUATER y 125 SEPTIES, la entrada en vigor, publicación y aplicación en el DOF del Decreto que reforma y deroga disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) de fecha 2 de marzo de 2023. En este contexto, sirve de apoyo la tesis número 1a. II/92, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 94, Tomo IX, Mayo de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 206167, que dice: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." Así, como se adelantó este juzgador federal estima que carece de competencia legal por razón de territorio, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". De la transcripción que antecede, se desprende que el dispositivo legal en comento establece tres reglas fundamentales para fijar la competencia: a) Que será competente el Juez de Distrito del lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Conforme a lo anterior se deduce que, para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, conforme a las diversas hipótesis previstas en el aludido precepto legal, es de relevancia la naturaleza jurídica del acto reclamado y sus consecuencias. Sirve de apoyo, la tesis I. 1o. A. 44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, Tomo XIV, agosto de 2001 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 189167, bajo el rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Por su parte, tratándose de actos relativos a leyes auto aplicativas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a 11, con número de registro 206498, de rubro y contenido siguiente: "LEYES FEDERALES AUTOAPLICATIVAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCION EN EL LUGAR EN QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLAS. El hecho de que una ley autoaplicativa tenga como característica la de obligar al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer, desde el momento en que entra en vigor, sin requerir de un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad, de ninguna manera puede servir de base para que se le identifique con las resoluciones a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es decir, con aquellas que, por no requerir ejecución material, deben ser conocidas por el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que las dictó, pues es evidente que una ley federal autoaplicativa constituye un acto de sentido amplio que sí amerita ejecución material precisamente en los lugares en los que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones. La circunstancia de que no se requiera un acto posterior de autoridad para que tales leyes adquieran obligatoriedad, no debe conducir a la errónea conclusión de que no necesitan ejecución material, pues las personas que, al momento de la vigencia de la norma, queden automáticamente comprendidas dentro de las hipótesis de su aplicación, deben proceder, por propia iniciativa o como consecuencia de una posterior decisión de autoridad, a acatar sus mandatos." Del anterior criterio jurisprudencial, se advierte que cuando se reclame una ley con carácter de autoaplicativa, ello, por sí solo, no implica que dicho acto no tenga una ejecución material; si no que por el contrario, es evidente que la inconstitucionalidad de una ley de este tipo, en sentido amplio si amerita una ejecución material, precisamente en el lugar en que los gobernados deban cumplir sus prescripciones. Entonces, si bien, no se requiera un acto posterior de autoridad para que tales leyes no adquieran obligatoriedad; de ahí que, no pueda considerarse que ante ello no contengan ejecución; toda vez que, las personas que se encuentren comprendidas dentro de las hipótesis de su aplicación, al momento de su entrada en vigor, deberán de acatar su mandato. Por ende, el juez competente para conocer de un asunto, aquél que ejerza jurisdicción en el ámbito espacial donde se vaya a ejecutar el acto que se impugna, pues resulta evidente que es ahí, donde se encuentran los elementos necesarios para establecer el cumplimiento de la normatividad reclamada. Ahora bien, tomando en consideración que la naturaleza del acto reclamado en la presente instancia conlleva a un principio de ejecución, en la medida que se combate el Decreto por el por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, particularmente en cuanto a los siguientes artículos: 30, 31, 44, 61, 62, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 125 QUATER y 125 SEPTIES, la entrada en vigor, publicación y aplicación en el DOF del Decreto que reforma y deroga disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) de fecha dos de marzo de dos mil veintitrés, resulta competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio en el que labora el citado quejoso, pues ahí tendrá ejecución el acto de aplicación, derivado del citado acuerdo y de las disposiciones normativas reclamadas, y toda vez que el citado quejoso se encuentra adscrito a la junta distrital 05 Salina Cruz, Oaxaca, donde labora, esto es, fuera de la circunscripción territorial en la que este Juzgado de Distrito ejerce Jurisdicción. Suprema Corte de Justicia de la Nación Bajo esas condiciones, se considera que la competencia por territorio de un Juzgado de Distrito respecto de este tipo de actos, se atenderá al lugar en que se verificará la ejecución la norma tildada de inconstitucional, esto es, en el lugar en donde se deba dar cumplimiento, con motivo de la localidad en la que se desempeña la parte quejosa, con motivo de su fuente de trabajo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia PC.VII.L. J/1 L (10a.), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, registro 2009606, Libro 20, Julio de 2015, Tomo II, página 995, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y contenido siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA LEY 247 DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ, RECLAMADA COMO AUTOAPLICATIVA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRA SU CENTRO DE TRABAJO. Del artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se advierte que, con independencia del lugar donde radique la autoridad ordenadora, si el acto reclamado tiene carácter ejecutivo, el conocimiento de la instancia constitucional recaerá en el juzgado federal que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado; por ende, al constituir la Ley 247 de Educación del Estado de Veracruz una norma autoaplicativa que sí amerita ejecución material, precisamente, en los lugares en los que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones, entendiendo por éstos, aquellos en los cuales se desempeñen como docentes o autoridades educativas y escolares, es que resulta evidente que la competencia para conocer de los juicios de amparo en los que se reclame la inconstitucionalidad de esa normatividad, se surte a favor del Juzgado de Distrito que ejerza jurisdicción en la localidad en la que se encuentre el centro de trabajo de los quejosos, así manifestado bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo, al haber promovido el juicio constitucional en su carácter de trabajadores al Servicio de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz; sobre todo, porque la protesta de decir verdad de la demanda de amparo, que en relación con los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de sus conceptos de violación, es un requisito formal y no una mera fórmula sacramental o solemne; así que, el juzgador de amparo no puede desconocer a priori lo manifestado por el peticionario de amparo, desde el auto de admisión, pues no pondera respecto de la certeza de los actos reclamados o su vinculación con las autoridades responsables; de modo que, para estimar competente al Juez de Distrito ante quien se interpone juicio de amparo en contra de la Ley 247 de Educación del Estado de Veracruz, a partir de esa fase del procedimiento, basta que en la demanda se hubiera señalado el lugar donde los quejosos tienen su fuente de trabajo para corroborar la competencia del juez federal ante quien se presentó, si ello aconteció bajo protesta de decir verdad; sin perjuicio de que durante el juicio o en la audiencia constitucional se pueda concluir de manera diversa. En ese orden de ideas, la competencia se surtirá a favor de un Juez de Distrito en razón del lugar en donde desempeña sus actividades labores la quejosa, en virtud de su fuente de trabajo, lo cual sucederá en la jurisdicción territorial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz. Ello es así, si tomamos en consideración que la constancia de servicios, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio C-INE/DIP/7638-2023 de quince de febrero de dos mil veintitrés, donde se advierte el otorgamiento al quejoso en el puesto de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de Junta Distrital 05 Salina Cruz, Oaxaca, dependiente del Instituto Nacional Electoral. Así como con la credencial de empleada, expedida por el Instituto Nacional Electoral, que la acredita como personal activo, en el precitado puesto. Aunado a lo anterior, se cuenta con la aceptación que realizó bajo protesta de decir verdad que realizó, en su escrito de demanda, en los que refiere que cuenta con el nombramiento de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de Junta Distrital 05 Salina Cruz, Oaxaca, dependiente del Instituto Nacional Electoral, lo que constituye una confesión, de acuerdo con lo señalado en el precepto 200 del Código Civil Federal, aplicado supletoriamente de la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2o. Así las cosas, toda vez que con motivo de la entrada en vigor de la normatividad reclamada, debida al carácter que tiene como trabajador Vocal de Capacitación del Instituto Nacional Electoral, lo que acreditó con las documentales señaladas y la protesta de decir verdad, de lo que se desprende el lugar en el cual tiene su adscripción, lo que resulta suficiente para definir la competencia por razón de territorio, toda vez que con ello se dilucida que la ejecución material de la ley impugnada como autoaplicativa, la cual se va a llevar a cabo en el lugar en que la peticionaria del amparo debe acatarla; esto es, en el domicilio de su centro de trabajo y no en cualquiera parte de la república mexicana, esto es, con motivo a su actividad como trabajadora del Instituto Nacional Electoral, la que podría verse afectada por esta nueva ley, misma que, se reitera, únicamente puede llevarse a cabo en su centro de labores. Por tanto, como esa localidad, no se encuentra comprendida entre aquellas en las que este juzgado Federal ejerce jurisdicción territorial, sino en uno de los que lo hacen los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, según lo previene el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con fundamento en los artículos 45 y 48 de la Ley de la materia, este juzgado federal declara que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de mérito y la plantea al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, en turno, a quien se ordena remitir el original de la demanda de amparo con sus anexos, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con el objeto de que lo envíe a quien por razón de turno corresponda avocarse a su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Solicitando el acuse de recibo respectivo. Fórmese cuaderno de antecedentes. Se autoriza consulta y notificaciones vía electrónica (determinaciones relevantes). Toda vez que el promovente proporciona el usuario "HectorHH" - que se localizó como válido conforme a la certificación de cuenta-; por consiguiente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 13 y 14 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, se le autoriza la consulta vía electrónica de las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran el presente juicio de amparo. Así también, se autorizan las notificaciones a la parte quejosa por vía electrónica, con el nombre de usuario que proporciona, por así solicitarlo expresamente; en el entendido que únicamente se notificarán por esa vía -electrónica- aquellas determinaciones o resoluciones de importancia o relevancia -con carácter de personales-; haciendo saber al promovente que de no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, dentro del plazo máximo de dos días a partir de que éste órgano de control constitucional hubiere enviado la determinación respectiva, se autoriza al Actuario para que levante la razón correspondiente y tenga por hecha la notificación. Sin que las notificaciones electrónicas, puedan sustituir la operatividad de las notificaciones que se ordenen fijar en una lista que se publica en el local de este órgano jurisdiccional, en lugar visible y de fácil acceso. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, con registro digital 2026122, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL." Sin que haya lugar a tenerle señalando como diverso domicilio el que indica en el ocurso de cuenta, debido a que ya se autorizó realizar las notificaciones relevantes, vía electrónica. Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA." Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Integración de expediente físico y electrónico. Con motivo de la publicación del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, artículos 252, 253 y 263; así como con fundamento en el precepto 3º, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, y 3º del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; hágase del conocimiento de las partes que se implementan las siguientes medidas: 1. Se adopta como eje rector la actuación a través de medios tecnológicos y soluciones digitales; por lo cual se autorizarán las actuaciones mediante la firma electrónica Firel. 2. Únicamente formaran el expediente físico las promociones físicas exhibidas por las partes y las actuaciones relevantes, como son, el auto inicial, la resolución final, y las demás que este órgano jurisdiccional así lo considere. 3. Las demás actuaciones y promociones electrónicas sólo deberán integrarse al expediente electrónico, a efecto de que puedan ser consultadas por las partes. 4. Los actuarios judiciales deberán integrar las constancias de notificación dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al en que se hayan efectuado. Por lo tanto, se instruye a la secretaría de este juzgado, al actuario judicial, al oficial judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en este asunto, así como la digitalización de los documentos y constancias en los términos de los artículos indicados. Consulta del expediente electrónico. Las partes autorizadas podrán consultar el expediente desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y para el caso de acudir físicamente a consultar el mismo, podrán hacerlo mediante el uso del equipo de cómputo que se encuentra instalado a la entrada de acceso a este juzgado, en términos del artículo 261 del Acuerdo General del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Para lo cual, se instruye al Coordinador Técnico adscrito a este juzgado, preste el auxilio necesario a las partes para ese efecto. Asimismo, se hace saber a las partes que en el área de atención al público de este juzgado, se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los secretarios adscritos, a efecto de que pueden entablar contacto y solicitar la atención correspondiente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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