Héctor Manuel Hernández Gascón
Expediente 1287/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1287/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 18/03/2021
Partes del expediente
- Héctor Manuel Hernández Gascón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
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POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL AUTO DE 18 DE MARZO 2021 QUE EN SINTESIS DICE: ha quedado cumplida la ejecutoria de amparo, sin incurrir en exceso o defecto. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto, previas las anotaciones que se haga en el libro de gobierno. En otro aspecto, este expediente es susceptible de depuración, en términos de la hipótesis contemplada en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,- que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En ese orden de ideas, de conformidad al Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante. Finalmente, visto el escrito que suscribe la apoderada de la parte quejosa, el respecto, indíquese que se esté a lo ordenado en párrafos que anteceden, toda vez que la concesión de la sentencia de amparo fue para el efecto de que se proveyera el escrito presentado por el quejoso dentro del juicio de origen el trece de agosto de dos mi veinte, y, no, para que se señalara fecha para la audiencia de remate, tal como refiérela parte quejosa en su escrito de mérito.
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ha quedado cumplida la ejecutoria de amparo, sin incurrir en exceso o defecto. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto, previas las anotaciones que se haga en el libro de gobierno. En otro aspecto, este expediente es susceptible de depuración, en términos de la hipótesis contemplada en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,- que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En ese orden de ideas, de conformidad al Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante. Finalmente, visto el escrito que suscribe la apoderada de la parte quejosa, el respecto, indíquese que se esté a lo ordenado en párrafos que anteceden, toda vez que la concesión de la sentencia de amparo fue para el efecto de que se proveyera el escrito presentado por el quejoso dentro del juicio de origen el trece de agosto de dos mi veinte, y, no, para que se señalara fecha para la audiencia de remate, tal como refiérela parte quejosa en su escrito de mérito.
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Visto lo de cuenta, con fundamento en lo dispuesto en la circular SECNO/10/2021, de trece de febrero de dos mil veintiuno, de la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia derivada por el Virus Covid-19, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del diecinueve de enero al quince de febrero de dos mil veintiuno, en los términos indicados en el artículo 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En consecuencia, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON SEIS MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para el desahogo de la audiencia constitucional. Asimismo, tomando en consideración el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que para estar en posibilidad de dictar la resolución en el juicio de amparo en que se actúa, resulta necesario tener a la vista las constancias relativas al expediente administrativo --, así como sus anexos técnicos, del índice del Ayuntamiento de Tenamaxtlan, Jalisco; con apoyo en los artículos 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase de nueva cuenta al Ayuntamiento de Tenamaxtlan, Jalisco, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que les surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla con lo solicitado bajo apercibimiento de ley Finalmente; se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea",
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Vistas las copias simples de cuenta, y como está ordenado en el cuaderno principal, se tiene al quejoso , manifestando que de manera personal y bajo su propia responsabilidad que, el que suscribe --, Titular de este órgano jurisdiccional, así como el secretario --, han actuado en su perjuicio con corrupción por negligencia e ineptitud y con animadversión y parcialidad en su perjuicio, en la secuela procesal del presente juicio, y por ello, solicitando el impedimento para seguir conociendo del mismo. Impedimento que hace extensivo a los Magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por resolver con machote y con criterios obsoletos, falsos, parciales en su perjuicio e injuriosos en su contra. Al respecto, del estado que guardan los presentes autos y del escrito de cuenta, en que el quejoso realiza manifestaciones de hostilidad y animadversión a este Juzgador, así como al personal que labora en este Juzgado de Distrito. Cierto, es menester señalar que el artículo 66, fracción VI, de la Ley de Amparo, dispone, en lo conducente "ARTICULO 66.- No son recusables los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los Magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito, los jueces de Distrito, ni las autoridades que conozcan de los juicios de amparo conforme al artículo 37; pero deberán manifestar que están impedidos para conocer de los juicios en que intervengan, en los casos siguientes: VI.- Si tuviesen amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes o sus abogados o representantes.". Como se puede observar, la enemistad manifiesta como causal de impedimento prevista en la porción normativa antes transcrita, para conocer de los juicios de amparo o de los recursos derivados de él, consiste en aquellas actitudes o hechos evidentes de odio o animadversión del funcionario para con las partes de dichos juicios o recursos, mismos que deben ser demostrados objetivamente, en forma plena y sin lugar a dudas, sobre el sentimiento de la persona a quien se atribuye la pretendida enemistad. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 11/2006-PL determinó que una manifestación hostil, de animadversión, realizada por un quejoso, junto con la consideración del juzgador en el sentido de que tal mención ha afectado su objetividad e imparcialidad para fallar el asunto respectivo, actualizan la causal de impedimento -por enemistad manifiesta- prevista en la fracción VI del artículo 66 de la Ley de Amparo (vigente hasta el dos de abril de dos mil trece) hoy fracción VII del precepto 51 de la aludida ley. En efecto, en la ejecutoria de la precitada contradicción de tesis se consideró que los requisitos para que sea posible calificar el impedimento planteado se traducen, en primer término, en la existencia de una explícita consideración del funcionario judicial, en el sentido de que se ubica en el supuesto de impedimento respectivo, que conlleva la valoración personal de que se encuentra afectado en su ánimo interno para resolver el asunto y, en segundo término, en el señalamiento de una causa objetiva y razonable, susceptible de justificar esa circunstancia, en orden a que el Juez que haya de resolver el impedimento esté en aptitud de decidir si las características en que se ha producido la causal, apreciadas objetivamente, hacen o no llegar a la conclusión de que razonablemente se ha actualizado el impedimento respectivo. La jurisprudencia que derivó de la mencionada contradicción de tesis es la que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXIV, Agosto de 2006, página 296, de rubro y texto siguientes: "IMPEDIMENTO POR CAUSA DE ENEMISTAD MANIFIESTA. PARA CALIFICARLO DE LEGAL DEBE ATENDERSE A LA MANIFESTACIÓN DEL JUZGADOR EN EL SENTIDO DE UBICARSE EN TAL SUPUESTO, ASÍ COMO AL SEÑALAMIENTO DE UNA CAUSA OBJETIVA Y RAZONABLE SUSCEPTIBLE DE JUSTIFICARLO. Los requisitos para calificar de legal el impedimento por enemistad manifiesta previsto en el artículo 66, fracción VI, de la Ley de Amparo se traducen, en primer término, en la explícita consideración del funcionario judicial de que se ubica en el supuesto respectivo, que conlleva la valoración personal de que está afectado en su ánimo interno para resolver el asunto y, en segundo, en el señalamiento de una causa objetiva y razonable susceptible de justificar esa circunstancia, a fin de que quien resuelva el impedimento se encuentre en aptitud de decidir si las características en que se ha producido la situación de mérito, apreciadas objetivamente, llevan a concluir que razonablemente se ha actualizado la causal respectiva. En consecuencia, la consideración del Juez en el sentido de que una manifestación hostil, de animadversión, realizada por el quejoso en un juicio de amparo ha afectado su imparcialidad para fallar el asunto respectivo, es suficiente para que se actualice la causal de impedimento referida, siendo los elementos relevantes para ello no la actitud de las partes, sino el ánimo del juzgador, el señalamiento de la causa objetiva y razonable generadora del impedimento, así como la credibilidad y presunción de veracidad de su manifestación, sustentada en los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad y profesionalismo que rigen la carrera judicial, considerando, además, que el deber de los juzgadores de abstenerse de conocer de los asuntos en que se encuentren impedidos, so pena de incurrir en responsabilidad administrativa, constituye un límite a la tolerancia, templanza y fortaleza judicial interna admitido por el propio legislador, al haber previsto el supuesto de impedimento respectivo.". En el caso, el suscrito me ubico en el supuesto de la fracción VI del artículo 66 (enemistad manifiesta), por lo que considero estar impedido para seguir conociendo del asunto, en razón de que si bien mi actuar ha sido en forma categórica de ponderación, probidad y mesura, ajustada siempre a derecho, lo que hasta la fecha he venido haciendo, también lo es que la actitud hostil del quejoso Manuel Vicente Gutiérrez Santa Cruz y su autorizada Rebeca Gutiérrez Estrada, quienes han cuestionado mi actuación y mi integridad como juzgador, además de proferir insultos en contra de mi persona y de mi personal, lo que genera una afectación en mi ánimo interno, lo que, como fue precisado, afecta mi objetividad para conocer y resolver el presente asunto. Cierto, de las manifestaciones realizadas por el quejoso, en el sentido que, el que suscribe Edgar Israel Flores del Toro, Titular de este órgano jurisdiccional, así como el secretario Juan Antonio Corona Sánchez, han actuado en su perjuicio con corrupción por negligencia e ineptitud y con animadversión y parcialidad. Además, lo anterior, se corrobora con las manifestaciones del propio quejoso en su escrito presentado vía electrónica por el quejoso -- el once de noviembre de dos mil veinte, en el que planteó recusación en contra del Secretario --, adscrito a este Juzgado de Distrito, en el cual, adujo que todo se le negaba, sin importar que la parte quejosa solicitara cosas sencillas y que la ley prevé; lo que se insiste, ha cuestionado mi actuación y mi integridad como juzgador. En el mismo sentido, se manifestó en el escrito de recurso de queja presentado vía electrónica el once de noviembre de dos mil veinte, en los autos del incidente de suspensión, en contra del auto de nueve de noviembre último, en que se negó la suspensión provisional solicitada; determinación que fue confirmada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 322/2020, en sesión de veintisiete de noviembre pasado; esto es: ". resulta ilegal que el Juez de amparo haya resuelto en el sentido de que supuestamente no son suficientes los argumentos establecidos por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en el recurso de Queja 215/2020 para que se me otorgue la suspensión provisional solicitada, ya que según el Juez, la Superioridad atendió únicamente el motivo por el que fue desechada la ampliación de mi demanda de amparo, y que supuestamente no estableció la existencia de violaciones derivadas de los actos reclamados, misma interpretación del Juez que es incongruente y parcializada en mi contra al minimizar ilegalmente el alcance de la ejecutoria, ya que de la simple lectura de la ejecutoria en mención, se advierte que la Superioridad sí estableció la existencia de violaciones derivadas de los actos reclamados, tal como lo referí expresamente en mi escrito de petición de la suspensión provisional del cual deriva el presente recurso. Misma ejecutoria dictada en el recurso de Queja 215/2020, que transcribo en lo conducente, para demostrar la ilegalidad del auto ahora impugnado y que el Juez de amparo actuó con un criterio parcializado e incongruente en mi contra a fin de beneficiar a la autoridad responsable por motivos que desconozco, ya que además el Juez de amparo de forma sistemática pierde de vista mis manifestaciones que me favorecen en el juicio de amparo, habida cuenta que el juicio de amparo del cual deriva el presente recurso ha tenido una duración aproximada de 12 años, porque el Juez casi siempre se niega a proveer de conformidad a lo solicitado por el quejoso, como lo es la ampliación de demanda motivo de la suspensión materia del presente recurso.". La animadversión del quejoso y su autorizada -- hacía el que suscribe, se corrobora, y a manera de ejemplo, se cita el escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, en que el quejoso y su autorizada --, interpusieron recurso de queja en contra del auto de nueve de noviembre de la referida anualidad, en que se negó la suspensión provisional solicita; pero además, de eso, se centraron en proferir insultos en contra del que suscribe y que al efecto se citan: "Que el inferior para negarme la suspensión, solicitada, entre otros, además argumentó ilegalmente que supuestamente se afecta el interés social, ya que la función pública excluye a aquellas personas que no son idóneas o aptas para tal fin, en el caso concreto, el inferior debería de aplicar el dicho popular de que "el buen juez por su casa empieza" y debería de comenzar pór aplicar tal argumento para sí mismo y auto excluirse de ser juez federal, ya que ni siquiera sabe contar un término legal de tres días.". Las manifestaciones del quejoso y su autorizada fueron materia de apercibimiento, según consta del acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, en que se le conminó a que se condujera con respecto; auto que fue recurrido y que tuvo conocimiento el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, quien en sesión de nueve de mayo de dos mil dieciocho, desechó el recurso de queja 410/2017. Además, se insiste, la animadversión del quejoso y su autorizada -- hacía el que suscribe demostrada en el escrito de queja a que se hace alusión en el párrafo que antecede, pues en él, se hace referencia, que el que suscribe había sido citado a la Ciudad de México por el Consejo de la Judicatura Federal, para que compareciera de manera personalísima a declarar respecto de una Queja que se había promovido en mi contra, por causar agravios, daños y perjuicios, y que fue admitida por al Consejo de la Judicatura Federal. Cabe precisar que con la queja a que hace mención el quejoso y su autorizada, se formó el expediente 670/2017, mismo que fue declaró infundado respecto del que suscribe, como Titular de este Juzgado de Distrito. Hechos y manifestaciones que, se insiste, cuestionan mi actuación e integridad, razón por la cual afectan mi objetividad para conocer y fallar el presente asunto, aunado a que de conformidad con la referida jurisprudencia constituyen evidencia suficiente para acreditar la enemistad manifiesta del suscrito hacia el aludido quejoso y su autorizada, aducidas como causa de impedimento para conocer del proceso constitucional en que se actúa, no sólo por la credibilidad de que gozo como Juez de Distrito, sino porque tiene plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 93, fracción I, 95, 96 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, de la legislación citada en último término por tratarse de la confesión expresa de un hecho propio, externada por una persona capaz de obligarse, con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia, respecto de una circunstancia subjetiva, consistente en su estado de ánimo en relación con el quejoso -- y su autorizada --a, por lo que debe tomarse íntegramente, tanto en lo que le favorezca como en lo que le perjudique, todo ello en relación con el asunto del que deriva el impedimento planteado. Con base en lo anterior es que se actualiza la causa de impedimento prevista en la fracción VI del artículo 66 de la Ley de Amparo (enemistad manifiesta), ya que existe la manifestación al respecto del suscrito, así como el señalamiento de una causa objetiva y razonable, esto es, haber sido señalado de manera temeraria e irresponsable de "corrupción por negligencia e ineptitud y con animadversión, parcialidad; de excluirme con Juez de Distrito, por no saber no contar en término de tres días; y a fin de ayudar a la autoridad responsable", lo anterior, considerando que los acuerdos que se emiten en los juicio de amparo del índice de este juzgado de Distrito son revisados y firmados por mí, todo lo cual constituye una manifestación hostil, de animadversión, realizada por el quejoso Manuel Vicente Gutiérrez Santa Cruz. No obstante el cúmulo de, insultos, manifiesto, de cualquier manera, mi respeto al quejoso -- y su abogada-, como a cualquier otro ciudadano, pero insisto que lo reseñado afecta mi objetividad. Ahora bien, por su vinculación al caso, a continuación se transcribe el numeral 72 de la Ley de Amparo (vigente al dos de abril de dos mil trece), cuyo contenido es el siguiente: "ARTICULO 72.- El juez que se declare impedido no queda inhabilitado para dictar y ejecutar el auto de suspensión, excepto en el caso de tener interés personal en el negocio, en el que, desde la presentación de la demanda y sin demora, el impedido hará saber al promovente que ocurra al juez que debe substituirlo en el conocimiento del negocio. Conforme al enunciado jurídico que antecede, cuando el titular del órgano jurisdiccional de amparo que considera que se encuentra colocado en alguna de las causas de impedimento previstas por el artículo 66 del ordenamiento legal citado, deberá dictar y ejecutar el auto de suspensión, excepto en el caso de tener interés personal en el negocio, en el que, desde la presentación de la demanda y sin demora, el impedido hará saber al promovente que ocurra al juez que debe substituirlo en el conocimiento del negocio; excepción hecha por el propio, legislador, respecto al incidente de suspensión, el que en el caso ya fue proveída la suspensión provisional inherente a la ampliación de demanda, en auto de nueve de noviembre del año en curso, misma que fue recurrida y resuelto el recurso de queja 322/2020, por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, quien declaró infundado el aludido recurso de queja, quedando pendiente el pronunciamiento de la suspensión definitiva, por estar en integración, el incidente de suspensión. Por ende, se suspende el procedimiento hasta en tanto se haya calificado el impedimento en cuestión. Dada la anterior determinación, acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión que deriva de este juicio. Remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en Turno, el original del juicio de amparo en que se actúa consistente en diez tomos, dos cuadernos de pruebas y un legajo de copias certificadas; y, remítanse al superior a fin de que califique el impedimento respectivo, para posteriores actuaciones fórmese cuaderno de antecedentes. Asimismo, ilustra la tesis I.6o.C. J/44, que aparece publicada en la página 1344 del tomo XIX, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente al mes de Abril de 2004, cuyo rubro y texto rezan de la siguiente manera: "IMPEDIMENTO. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE LIMITA AL JUZGADOR EN SUS FUNCIONES PARA INTERVENIR EN CASOS ESPECÍFICOS, EN QUE PUEDE VERSE AFECTADA SU IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. De una sana y analítica interpretación de los artículos 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte que el Estado para poder dar cumplimiento a una de sus funciones primordiales, como es la de asegurar una recta administración de justicia procura, para que sean llamadas a esa tarea, sólo a personas que por sus conocimientos que serán evaluados a través de concursos, cultura y capacidad intelectual, así como por sus particulares requisitos de amplia moralidad y agudo escrúpulo en el cumplimiento de sus deberes, para que sean las que aparezcan como las más aptas y apropiadas para el adecuado funcionamiento de las tareas que les encomienda la alta investidura judicial. Sin embargo, en ocasiones las funciones atribuidas a los servidores públicos sufren limitaciones que por razones particulares, no sólo no pueden ejercerlas, sino que se les impone por las normas procesales la obligación precisa de no cumplirlas o de no ejercer las facultades para las que fueron propuestos, dado que, independientemente de la titularidad que se confiere a los órganos jurisdiccionales, también son personas físicas que, como tales, viven dentro de un conglomerado social y son, por consiguiente, sujetos de derecho, de intereses, con relaciones humanas, sociales y familiares, titulares de bienes propios, situaciones de vida personal, etc., abstracción hecha de la calidad que asumen como órganos del Estado, por lo que aun cuando su designación como funcionarios judiciales esté rodeada de una serie de garantías, de modo que asegure su máxima idoneidad para el cumplimiento de sus actividades, puede ocurrir, por circunstancias particulares que revisten situaciones de excepción, que quien desempeña la función de impartir justicia no sea la persona más idónea en relación con una litis determinada, no por incapacidad del órgano o del oficio, sino por una incapacidad propia y personal de los sujetos que asumen la calidad de órgano que desempeña la función judicial. En consecuencia, el ejercicio de dicha función, por lo que a la persona del juzgador se refiere, se ve limitado subjetivamente por todas esas relaciones personales que permiten presumir parcialidad, si tuviera que juzgar a ciertas personas o situaciones con las que le unen vínculos de afecto o relaciones de dependencia o antagonismo, lo que da lugar a un conflicto de intereses, en pugna con el interés público que conlleva el ejercicio de la función jurisdiccional, con el interés personal de quien debe ejercerla en un caso concreto, como esas situaciones dan lugar a una figura jurídica denominada impedimento, cuyo fundamento está plasmado en el artículo 17 constitucional que establece, entre otras cuestiones, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta e imparcial y el artículo 66 de la Ley de Amparo prevé que quienes estén impedidos para conocer de los juicios en que intervengan deberán manifestarlo, ya sea porque exista amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes o sus abogados o representantes, al darse tales circunstancias, resulta forzosa la excusa del funcionario, ya que la ley establece una función de pleno derecho con el fin de asegurar la garantía de neutralidad en el proceso, por lo que el legislador le niega taxativamente idoneidad al juzgador y da por hecho que no existe independencia para que conozca de determinado negocio en los casos previstos en el último precepto en comento, lo que implica una declaración formal que deja intocada la respetabilidad personal, probidad, buena opinión y fama del juzgador, evitándose así una situación subjetiva que pudiera dañar la imagen personal de aquél y una afectación al justiciable.". Cabe precisar que, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa del Tercer Circuito, al calificar el impedimento 56/2019, concluyó en similares condiciones que la que se plantean. Sobre el impedimento que plantea respecto de los Magistrados que integran el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, hágase del conocimiento del quejoso que, ello lo tendrá que proponer ante el propio tribunal colegiado, ya que este Juzgado de Distrito no tiene facultades para hacer pronunciamiento alguno. Ahora bien, atento a la circular DGGJ/0012/2020, signada por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de diez de julio de dos mil veinte, en relación con los Acuerdos Generales 13/2020 y 17/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en los cuales se privilegia el trabajo a distancia haciendo uso de las herramientas tecnológicas en aras de preservar la salud e integridad del personal evitando el contacto físico entre los servidores públicos; y con fundamento en el artículo 3 del Acuerdo emitido por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal el doce de junio del año en curso que habilita el uso de la FIREL en la formalización de instrumentos, oficios y demás documentos que emitan, y el uso del correo institucional como comunicación oficial, remítase vía electrónica el oficio correspondiente con el que contenga los datos necesarios para el registro y turno, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, a través del correo electrónico siguiente: (Guadalupe.solorzano.aguayo@correo.cjf.gob.mx), a fin de que lo turne conforme a la normatividad vigente (de manera aleatoria o relacionada) y remita a este órgano jurisdiccional la boleta de turno por correo electrónico a este órgano jurisdiccional, para identificar el Órgano Colegiado al que le fue turnado el asunto. Y, una vez que se cuente con la información respecto del Tribunal Colegiado que le tocará conocer del IMPEDIMENTO, sin previo acuerdo se le dará acceso al presente juicio de amparo, a efecto de estar en posibilidad de calificar el referido impedimento.
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