Héctor Manuel González Prado

Expediente 1944/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1944/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
24/10/2022

Partes del expediente

  • Héctor Manuel González Prado

Actuaciones

  1. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA ****, LA SENTENCIA AUTORIZADA EL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, TODA VEZ QUE NO OCURRIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DE LA MISMA, NO OBSTANTE EL AVISO DEJADO EN SU DOMICILIO EL VEINTE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, LA SENTENCIA EN CITA, SEÑALA LO SIGUIENTE: VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 1233/2021, promovido por ****, contra los actos reclamados al Juez Primero Civil del Trigésimo Primer Partido Judicial con sede en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y su secretario ejecutor; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el catorce de julio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ****, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por los actos y contra las autoridades siguientes: Autoridades responsables: Juez Primero Civil del Trigésimo Primer Partido Judicial con sede en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; Secretario ejecutor adscrito. Actos reclamados: La privación de la posesión física y material respecto del inmueble ubicado en calle ****, construida sobre el lote de terreno número ****, dictada dentro de los autos del juicio civil ordinario ****, del índice de la autoridad responsable; SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, tocó conocer a este Juzgado Federal, quien por auto de veintiuno de julio de dos mil veintiuno, admitió la demanda a trámite; por lo que, se solicitó a la autoridad responsable rindieran informe con justificación, y dar vista al representante social de la adscripción; asimismo, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 37 y 107 de la Ley de Amparo; así como los diversos 57, 58, 59, 60 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda y de la totalidad de las constancias del presente sumario constitucional, se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en: La privación de la posesión física y material respecto del inmueble ubicado en calle ****, construida sobre el lote de terreno número ****, dictada dentro de los autos del juicio civil ordinario ****, del índice de la autoridad responsable; TERCERO. Existencia del acto reclamado. La existencia del acto reclamado, se acredita con el informe justificado que rindió la autoridad responsable Juez Primero Civil del Trigésimo Primer Partido Judicial con sede en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y su secretario ejecutor, en el cual aceptaron el acto reclamado. CUARTO. Consideraciones previas al estudio de fondo. I. Oportunidad de la demanda. La parte quejosa se ostentó sabedora de los actos reclamados el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, y, dado que no existió prueba en contrario que desvirtuara dicha circunstancia, se procede a computar el plazo para presentar el juicio de amparo, mismo que transcurrió del veinticuatro de junio al catorce de julio de dos mil veintiuno; de ahí que, al haberse presentado la demanda el catorce de julio de dos mil veintiuno, debe estimarse oportuna, pues fue promovida dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. Sin que en dicho plazo se cuenten los días veintiséis y veintisiete de junio, así como tres, cuatro, diez y once de julio, todos de dos mil veintiuno, por ser sábados y domingos, lo anterior de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. II. Causa de improcedencia hecha valer por el tercero interesado. La tercera interesada, aduce que se actualiza la causa de improcedencia y sobreseimiento, prevista por el artículo 61, fracción XXIII de la ley de Amparo, en relación al diverso numeral 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño a juicio, pues sí tuvo pleno conocimiento del juicio de origen. Lo anterior, resulta infundado, pues si bien al parecer la parte quejosa fue quien recibió la documentación referente al emplazamiento de la demandada en el juicio de origen, ese sólo hecho no hace prueba plena de que la ahora quejosa haya tenido conocimiento pleno completo y exacto de la totalidad del juicio de origen y que versa respecto al inmueble que defiende en esta instancia constitucional, pues a lo mucho hace referencia de lo que en dicha acta se aprecia, es decir, de haber recibido la documentación para realizar el emplazamiento de la parte demandada, sin que ello indique un conocimiento pleno del juicio, el cual además, por la etapa procesal, apenas iniciaba y no se había dictado un fallo que determinara la procedencia de la acción sobre el bien que refiere, es de su propiedad. De ahí lo infundado de dicho argumento de improcedencia del juicio. En ese sentido, en respuesta a la manifestación expresada por la parte tercera interesada, relativa a que el documento exhibido por la parte quejosa, consistente en el contrato de compra venta del bien inmueble materia de la Litis en el juicio de origen, no es eficaz, ya que no puede ser oponible a terceros, al no haberse inscrito en el Registro Público de la Propiedad, debe decirse que ello es infundado para actualizar alguna causa de improcedencia, en virtud de que involucra aspectos relacionados con el fondo del negocio, es decir, con el estudio de los conceptos de violación, lo cual será, precisamente, motivo de análisis en los párrafos subsecuentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia que se transcribe enseguida: "Novena Época Registro: 187973 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Enero de 2002, Materia(s): Común Tesis: P./J. 135/2001 Página: 5 IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." III. No se actualiza causa de sobreseimiento. Examinado el expediente que se tiene a la vista, se inadvierte la aparición de alguna causa de improcedencia que pueda estudiarse de oficio, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo; por ello, no se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción V del artículo 63 del ordenamiento legal en cita; en consecuencia, no existe imposibilidad para analizar la inconstitucionalidad planteada por el quejoso en su demanda de amparo. QUINTO. Estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. I. Fijación de la litis. En principio, es menester señalar que la litis en el presente procedimiento se centra en determinar si el contrato de compraventa que exhibió el quejoso, es oponible o no, al titular del derecho real de hipoteca fundatorio de la acción en el juicio de origen. II. Antecedentes y fundamentos de los actos reclamados. Para mejor comprensión del asunto, es menester realizar una breve relación de algunos antecedentes de los actos reclamados, los cuales se desprenden de las copias certificadas del procedimiento natural, allegadas por las autoridades responsables en apoyo a su informe de ley, en los términos siguientes: ****, demandó, en la vía civil ordinaria a ****, el pago de cincuenta y nueve mil trescientos sesenta y cinco Unidades de Inversión y demás prestaciones ahí indicadas. Emplazadas las demandadas, se siguió el juicio por su cauce natural y se dictó sentencia el trece de octubre de dos mil once, misma que causó ejecutoria el diez de noviembre siguiente. Seguida la etapa de ejecución de sentencia, con fecha veintitrés de junio de dos mil veintiuno, se practicó el lanzamiento del domicilio antes descrito de los ocupantes del mismo, actuación que constituye el acto reclamado. Conceptos de violación. Los motivos de disenso aducidos son los visibles en el escrito inicial de demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal trascripción, ni por ello se dejaría en estado de indefensión a alguna de las partes en el presente asunto. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis registrada con la nomenclatura 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, del tenor literal siguiente. "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." IV. Decisión sobre la litis constitucional. El concepto de violación en el que hace valer la quejosa una violación a sus derechos fundamentales al no respetarse un bien de su propiedad dentro del juicio de origen y que avala conforme a un contrato privado de fecha cierta, es jurídicamente ineficaz, para conceder el amparo solicitado, como se verá enseguida. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia que enseguida se invoca, estableció que para tener por acreditado el interés jurídico en el juicio de amparo no es indispensable que un contrato de compraventa se encuentre inscrito ante el Registro Público de la Propiedad, dado que ese acto surte sus efectos desde que los participantes convienen en transferir la propiedad de una cosa o de un derecho a cambio de un precio cierto y en dinero, no como consecuencia de que se lleve a cabo dicha inscripción, ya que se trata de una formalidad susceptible de convalidarse y que de incumplirse no acarrea la inexistencia de la compraventa. Asimismo, puntualizó que la demostración del indicado acuerdo de voluntades no implica prejuzgar sobre la concesión del amparo ni respecto de su eficacia frente a terceros o las partes en el juicio de origen. El criterio jurisprudencial aludido es el siguiente: "Novena Época Registro: 164612 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 36/2010 Página: 243 CONTRATO DE COMPRAVENTA. NO SE REQUIERE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El contrato de compraventa nace a la vida jurídica cuando una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y la otra se compromete a pagar un precio cierto y en dinero, momento a partir del cual existe traslación de propiedad, aunque deban quedar a salvo los derechos de terceros con buena fe registral, incluso en los casos en que la ley exige cierta formalidad para la celebración del contrato, ya que la ausencia de dicha forma no produce la inexistencia del acto, sino un vicio subsanable. Así, si se demuestra la existencia del contrato de compraventa, y con él un derecho subjetivo existente y afectado mediante el acto reclamado en el juicio de amparo, debe tenerse por acreditado el interés jurídico, pues las inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad sólo tienen efectos declarativos y no constitutivos, a fin de que los actos registrados surtan efectos contra terceros, de manera que los derechos que se tengan sobre los bienes, como el derecho de propiedad, provienen del acto jurídico celebrado entre las partes y no de su inscripción en dicho Registro. Esto es, no es indispensable que el contrato de compraventa esté inscrito en el Registro Público de la Propiedad para demostrar el interés jurídico para la procedencia del juicio de amparo en que se reclame un acto de autoridad que afecte tales derechos, lo cual no implica prejuzgar sobre la concesión del amparo ni respecto de la eficacia del contrato de compraventa frente a las partes en el juicio de origen o frente a terceros." Los razonamientos que sustentan lo anterior, expresados en la ejecutoria de la jurisprudencia citada, en lo conducente, precisan: "(.) Como puede observarse, de los cuatro códigos que se citan, se deriva que el contrato de compraventa existe desde el momento en que uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y la otra parte se obliga a pagar a cambio un precio cierto y en dinero, y que la traslación de propiedad se verifica en el mismo instante en que se celebra el contrato, debiendo dejarse a salvo, por supuesto, los derechos de terceros con buena fe registral.- Se advierte, asimismo, que el hecho de que en ciertos casos se establezca una determinada formalidad para la celebración del contrato, no significa que la ausencia de dicha formalidad produzca inexistencia del contrato, sino que se trata de una ineficacia subsanable a través de la acción pro forma.- Lo anterior se deriva de que existen por una parte elementos de existencia del contrato de compraventa, como el consentimiento de las partes, consistente en que el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un objeto, así como entregar al comprador la cosa vendida; mientras que el comprador contrae la obligación de pagar al vendedor un precio cierto y en dinero por la cosa materia de la compraventa. Sin dichos elementos esenciales, no puede existir compraventa.- Y, por otra parte, existen elementos formales del acto jurídico, específicamente la formalidad escrita establecida para ciertos casos respecto del contrato de compraventa; sin cuya actualización, existe el contrato, produce sus efectos, pero adolece de un vicio subsanable.--- Expuestos los aspectos fundamentales y formales de validez del contrato de compraventa, debe enseguida examinarse la legislación concerniente a las hipótesis en las que se deben inscribir en el Registro Público de la Propiedad los contratos traslativos de dominio, y los efectos que produce la referida inscripción, con el propósito de contar con el mayor número de elementos jurídicos y así poder determinar si un contrato de compraventa debe o no estar inscrito en el Registro Público de la Propiedad para demostrar el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo.--- Para ello, es necesario señalar que el Registro Público es una institución que sirve para dar publicidad a los actos jurídicos que deban ser inscritos, como en ciertos casos la compraventa de inmuebles, y tiene como finalidad que los terceros ajenos a la relación contractual puedan tener conocimiento de la celebración de esos actos, y de la titularidad de los bienes enajenados, a fin de evitarles fraudes y perjuicios como consecuencia de la ignorancia de los mismos, por lo cual dicho Registro Público tiene como propósito permitir a cualquier interesado que se entere de las operaciones traslativas de dominio de algún determinado bien inmueble que conforme a la ley debe inscribirse en el citado registro para que surta efectos en contra de terceros y no solamente entre las partes contratantes.- Así lo corroboran los artículos 3007, 3008, 3009 y 3010 del Código Civil Federal, los artículos 1252, 1253 y 1254 de la legislación civil para el Estado de Jalisco [.].- Como se aprecia de los preceptos y los criterios transcritos, las inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad tienen efectos declarativos y no constitutivos, lo que significa que un acto que debe inscribirse y no se inscribe, no surte efectos contra terceros, sino únicamente entre quienes lo celebren; pero ello no significa que el acto sea inexistente, de tal manera que los derechos que se tengan sobre los bienes, como el derecho de propiedad, se generan del acto jurídico celebrado entre las partes, como la compraventa, desde el momento en que existe el acto jurídico, producto del acuerdo de voluntades de las partes sobre el objeto materia de la operación, y no dependen de la inscripción de dicho acto en el registro.--- Ahora bien, para acreditar el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo, debe demostrarse la existencia de un derecho sustantivo protegido a nivel constitucional, como es la propiedad, así como la afectación directa ocasionada a dicho derecho mediante el acto reclamado.--- Por consiguiente, si en el juicio de amparo se demuestra la existencia de un contrato de compraventa, de fecha cierta anterior al acto reclamado, deberá considerarse existente el derecho creado mediante dicho contrato, y por consiguiente, si el acto reclamado generó la afectación descrita, tener por demostrado el interés jurídico de quien lo presenta.--- Lo anterior, por supuesto, no debe implicar un prejuicio en el sentido de que la acción ejercitada en la demanda de amparo sea fundada, esto es, que deba otorgarse el amparo al quejoso, pues la demostración del interés jurídico únicamente sirve para determinar la procedencia del juicio. Tampoco debe prejuzgarse, en el sentido de que el derecho derivado del contrato en cuestión sea o no oponible a las partes en el juicio de origen, o en general, a terceros, pues la dilucidación de tales cuestiones corresponde al órgano jurisdiccional que se pronuncie respecto de la identidad del titular del derecho de propiedad sobre determinado bien, ya sea mediante la confrontación y ponderación de derechos, o mediante la declaración de nulidad de actos jurídicos, etcétera; cuestiones que son ajenas al pronunciamiento sobre la procedencia del juicio de amparo.- Por tanto, esta Primera Sala considera que no es indispensable que el contrato de compraventa esté inscrito en el Registro Público de la Propiedad para demostrar el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo, en el que se reclame un acto de autoridad que afecte tales derechos (.)". En ese contexto, el contrato de compraventa celebrado entre **** y ****, como parte vendedora con ****, como parte compradora, el cual adquirió fecha cierta desde el once de julio de dos mil cinco, en que fue certificada una copia del mismo por el ****, por así advertirse de la copia certificada a su vez por el Notario Público número uno de Zapopan, Jalisco, que se aportó al juicio de amparo con el fin de acreditar el interés jurídico del quejoso, si bien resulta útil para justificar ese extremo, deviene insuficiente para considerar que se violaron sus derechos humanos de audiencia y defensa, derivado de que no se inscribió ante el Registro Público de la Propiedad y, por lo mismo, es inoponible a los terceros interesados **** y ****. Los preceptos 1252, 1253 y 1254 del Código Civil para el Estado de Jalisco vigente, disponen: "Artículo 1252. Mediante el Registro Público de la Propiedad se da publicidad a los actos jurídicos que conforme a la ley precisan de ese requisito para surtir efectos contra terceros." "Artículo 1253. Los actos que siendo registrables no se registren, sólo producirán efectos entre quienes lo celebren, pero no podrán producir perjuicios a terceros, quienes los podrán aprovechar en todo tiempo." "Artículo 1254. Las inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad tienen efectos declarativos y no constitutivos, de tal manera que los derechos provienen del acto jurídico declarado, pero no de su inscripción, cuya finalidad es dar publicidad y no constituir el derecho." De lo anterior se colige que el Registro Público de la Propiedad tiene como propósito la difusión de los actos jurídicos que requieran de ese requisito para surtir efectos contra terceros, entre los que se encuentran aquellos por los cuales se transmite el dominio de los bienes inmuebles; asimismo, que la falta de registro de los documentos respectivos provoca que los referidos actos sólo produzcan consecuencias entre las personas que los celebraron, más no respecto de quienes resulten ajenos. En el presente asunto, según se anticipó, el acuerdo de voluntades señalado se hizo constar en un contrato de compraventa privado, celebrado el once de julio de dos mil cinco, por el que la quejosa adquirió el cien por ciento de la totalidad de la finca ubicada en calle ****, construida sobre el lote de terreno número **** Mientras que la entrega de posesión del inmueble materia de la Litis de origen fue con fecha veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Luego, aunque es verdad que la documental privada aportada por la quejosa que, dicho sea de paso, goza de fecha cierta por haber sido presentada ante un fedatario público en razón de su oficio y es apta para demostrar que adquirió el inmueble controvertido en fecha anterior a la diligencia de entrega de posesión de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, no deja de ser menos cierto que no se incorporó ante el Registro Público de la Propiedad, por lo que, en observancia a lo establecido por las disposiciones legales citadas, no es factible considerar que produce consecuencias respecto de terceros. En efecto, no obstante que la inscripción de los actos jurídicos ante la oficina mencionada no tiene el alcance de constituir derechos, dado que éstos se crean, modifican, adquieren o extinguen, precisamente a través de dichos actos, es innegable que el propósito de darles publicidad contribuye a dotarlos de certeza y veracidad, en afán de que exista seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario. En ese tenor, no resulta ilegal examinar si el derecho de propiedad que ostenta la quejosa es susceptible de oponerse al titular del derecho que se adquirió mediante la substanciación del juicio ****, mediante remate dictado el siete de noviembre de dos mil dieciocho y concluido con la diligencia de entrega de posesión de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, aparte de que se trata de una cuestión distinta e independiente a la validez de esos actos, puesto que aun cuando pudieran reputarse perfectos por cumplir con las normas esenciales que los rigen (lo que no es materia de estudio en la instancia constitucional), no necesariamente serán oponibles porque, se reitera, no sería jurídicamente sostenible pasar por alto si se pusieron o no a disposición del público en general, a través de la institución del Registro Público, que es la única vía por la que legalmente es dable conocer la titularidad de los bienes enajenados y prevenir los fraudes y perjuicios que provocaría la ignorancia en torno a la existencia de tales actos jurídicos. No debe pasar inadvertido que la parte quejosa también se duele de que no ha sido oído y vencido en juicio, sin embargo, debe decirse que, precisamente por la falta de registro del contrato de compra venta, que data de cuando menos diecisiete años atrás, la autoridad responsable y las partes en el mismo ignoraban la existencia de esa compraventa, de suerte que no podría afirmarse que se soslayaron las prerrogativas derivadas de la celebración de ese acto cuando, se insiste, ni siquiera tenían conocimiento del mismo. Además, la salvaguarda de los derechos fundamentales de audiencia y defensa no puede implicar el desconocimiento de otro de igual naturaleza, como acontece con el de la seguridad jurídica, que es justo el que protege la institución del Registro Público de la Propiedad. Sobre la necesidad de respetar la información registral, incluso desde la perspectiva del juicio de amparo, se invocan, por las razones que las informan, las jurisprudencias de rubro y texto siguientes: "Décima Época Registro: 2004905 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común, Civil Tesis: 1a./J. 69/2013 (10a.) Página: 287 EFICACIA DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE FECHA CIERTA POSTERIOR AL REGISTRO HIPOTECARIO PARA LA CONCESIÓN DEL AMPARO. El contrato de compraventa de fecha cierta posterior al registro de la hipoteca y que carezca de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, no resulta apto para conceder la protección federal al quejoso que pretende ser llamado al juicio hipotecario. Pues al ser de fecha cierta posterior al registro de la hipoteca y ante la falta de inscripción de la traslación de dominio, ocasiona que el derecho subjetivo que ostenta el quejoso no pueda ser oponible al actor hipotecario, y en consecuencia lo procedente es la negativa del amparo. Lo anterior, de ningún modo implica limitar el derecho de tutela judicial conforme está reconocido en el artículo 17 constitucional a favor del quejoso, en virtud de que éste ostenta un derecho subjetivo de propiedad con el contrato de compraventa de fecha cierta, en el sentido de que la tutela judicial no se limita, en estos casos, al llamamiento al juicio hipotecario en cuestión, pues invariablemente quedan a salvo los derechos del quejoso de accionar en la vía jurisdiccional adecuada en contra de quien considere pertinente a fin de realizar la defensa a su derecho de propiedad." "Décima Época Registro: 2004332 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 18/2013 (10a.) Página: 644 SOCIEDAD CONYUGAL NO INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. EL DERECHO REAL INMOBILIARIO DEL CÓNYUGE QUE NO APARECE EN LA INSCRIPCIÓN NO ES OPONIBLE AL DERECHO REAL DE PROPIEDAD DE QUIEN RESULTÓ ADJUDICATARIO DE BUENA FE EN EL PROCEDIMIENTO DE REMATE Y ADJUDICACIÓN EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. La otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 3a./J. 7/93, de rubro: "SOCIEDAD CONYUGAL. LA FALTA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES INMUEBLES ADQUIRIDOS DURANTE ELLA, NO IMPIDE QUE EXISTA LEGITIMACIÓN PARA HACER VALER TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO.", sostuvo que la falta de inscripción de la sociedad conyugal en el Registro Público de la Propiedad respecto de un inmueble registrado a nombre de uno de los cónyuges, provoca que el derecho del otro que no aparece en la inscripción no pueda oponerse a un tercero que haya adquirido un derecho real respecto del mismo bien. Ahora bien, en el Código de Comercio el legislador previó que cuando la sentencia de un juicio ejecutivo mercantil es condenatoria y declara procedente la venta de los bienes embargados para hacer pago al acreedor, se tramitará su remate, y que enajenado el bien, ya sea por remate o adjudicación tratándose de inmuebles, el juez y el adjudicatario otorgarán la escritura pública correspondiente ante fedatario público; lo cual permite afirmar que, mediante la tramitación y culminación del procedimiento de remate y adjudicación, derivado de un juicio ejecutivo mercantil, el postor o el adjudicatario adquiere un derecho real de propiedad sobre el inmueble rematado. Consecuentemente, cuando falte la inscripción de la sociedad conyugal en el Registro Público de la Propiedad respecto de un inmueble que se encuentra registrado a nombre de uno de los cónyuges, el derecho real de propiedad del cónyuge que no aparece en la inscripción, derivado de la sociedad conyugal, no puede oponerse al derecho real de propiedad adquirido de buena fe por el postor o el adjudicatario mediante la tramitación y culminación del procedimiento de remate y adjudicación en un juicio ejecutivo mercantil." Por tanto, sí es posible examinar la oponibilidad de los actos jurídicos, debido a que, como se explicó, el más Alto Tribunal de la Nación, ya se ha pronunciado en el sentido de que sí se debe estudiar este aspecto en el juicio de amparo, así como que debe respetarse la información registral a fin de evitar que se confeccionen actos en perjuicio de terceros, albergados en que no se les dio la publicidad requerida. Robustecen lo anterior, algunos de los razonamientos formulados en la ejecutoria de la que derivó el primero de los dos criterios que se acaban de transcribir, que aun cuando parten de una premisa distinta a la del caso, esto es, la falta de inscripción de un contrato de compraventa de fecha cierta posterior al registro de una hipoteca, destacan la importancia y la necesidad de tomar en cuenta la información registral (que es precisamente lo que ahora se sostiene), al explicar lo siguiente: "(...) 53. Entonces, se desprende que al constituir el derecho de audiencia la garantía que tienen los gobernados a ser escuchados por tribunales previamente establecidos para la defensa de sus propiedades, posesiones o derechos, o bien para la determinación de sus derechos civiles, es obligación del juez federal analizar si el derecho subjetivo que se ostenta en el juicio de amparo, puede ser opuesto en un determinado procedimiento jurisdiccional, como es en el caso concreto, en un juicio hipotecario al que no fue llamado.- (.) 61. Cabe señalar, que lo anterior tiene sustento en las consideraciones que tuvo esta Primera Sala, al resolver la citada contradicción de tesis 127/2009, en relación con que la institución del Registro Público tiene como vocación primordial la de dotar de seguridad jurídica a los adquirentes y titulares de derechos reales, y si bien los registros no son constitutivos de derechos, sino que sus efectos son meramente declarativos a fin de otorgar certeza jurídica ante terceros.--- 62. Parte de las consideraciones anteriores se formularon en el sentido de:- "Es necesario señalar que el Registro Público es una institución que sirve para dar publicidad a los actos jurídicos que deban ser inscritos, como en ciertos casos la compraventa de inmuebles, y tiene como finalidad que los terceros ajenos a la relación contractual puedan tener conocimiento de la celebración de esos actos, y de la titularidad de los bienes enajenados, a fin de evitarles fraudes y perjuicios como consecuencia de la ignorancia de los mismos, por lo cual dicho Registro Público tiene como propósito permitir a cualquier interesado que se entere de las operaciones traslativas de dominio de algún determinado bien inmueble que conforme a la ley debe inscribirse en el citado registro para que surta efectos en contra de terceros y no solamente entre las partes contratantes".--- 63. Por lo cual, es mandato del juez constitucional verificar si el derecho de propiedad que ostenta el quejoso es susceptible de oponerse al titular del derecho real de hipoteca anterior, que sí inscribió su título, pues en ello está la clave para verificar si existe una vulneración al derecho de audiencia, ya que este derecho fundamental no puede soslayar otros derechos o principios del mismo raigambre, como el principio de certeza jurídica, mismo que se resguarda por la institución del Registro Público de la Propiedad.- 64. Pues, como se afirma, si bien el registro no tiene efectos constitutivos, sí otorga certeza y veracidad respecto a los titulares de la propiedad del inmueble, por lo que no puede hacerse oponible al titular de un derecho real de hipoteca que sí está inscrito, un derecho de propiedad posterior a la inscripción de la hipoteca.--- 65. A lo anterior, tiene aplicación la tesis aislada correspondiente a la Quinta Época, de rubro y texto siguientes:- "REGISTRO PÚBLICO, INSCRIPCIONES EN EL.- La inscripción en el Registro Público de la Propiedad de los títulos sobre inmuebles, tiene por objeto la seguridad, a fin de que cualquier persona pueda enterarse de quién es el titular del derecho de propiedad sobre un inmueble determinado".- (.) 66. Así también, resulta aplicable, en lo conducente, las consideraciones reflejadas en el amparo directo en revisión 2281/2012, fallado por mayoría de cuatro votos, en la sesión del pasado veinte de marzo del presente año, así como la contradicción de tesis 333/2012, fallada por mayoría de cuatro votos, en la sesión del dieciséis de enero dos mil trece, en las que, en sus consideraciones, esta Primera a la ya ha determinado que los derechos registrales deben ser respetados.--- 67. Lo anterior no implica que el quejoso no pueda entonces defender su derecho de propiedad frente a las instancias jurisdiccionales. Esto es, el presente criterio no se traduce en una limitante al derecho a la tutela jurisdiccional de acuerdo a como se reconoce en el artículo 17 de la Constitución Federal, en tanto a que el derecho de la tutela judicial no se limita -en estos casos- a ser llamado al juicio hipotecario por el cual se afecta el derecho de propiedad que ostenta un contrato de compraventa de fecha cierta.--- 68. Ya que sin duda, el quejoso tiene habilitado invariablemente su derecho público subjetivo a la tutela jurisdiccional para defender sus intereses patrimoniales, lo que se traduce en la posibilidad de accionar en contra de quien en su caso le haya trasladado el dominio, o bien contra quien tiene el título de propiedad registrado, o en contra de quien considere, a fin de ejercer la mejor defensa de sus derechos, mediante pretensiones que deberá demostrar en un juicio contradictorio, a fin de probar un mejor derecho de propiedad o bien la nulidad registral, en tanto el sistema registral mexicano sigue el principio de que los registros de actos jurídicos tienen efectos declarativos y no constitutivos.--- 69. Lo anterior, podrá ser ejercido por el quejoso en la vía jurisdiccional adecuada, en la cual se erija como parte accionante, no así como parte demandada pues, como se ha precisado, no es posible considerar que deba ser llamado a un juicio hipotecario cuando su derecho real no está registrado y no hubo obligación de tenerlo como parte demandada, lo que corrobora a su vez que no existe una afectación a su derecho de audiencia.". Similar criterio sostuvo el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver los recursos de revisión principal 127/2012, 138/2012 y 518/2013. Debe aclararse que el estudio que se realiza en la instancia constitucional es únicamente para los efectos del amparo y desde una perspectiva garantista, esto es, en afán de determinar si se transgredieron o no los derechos elementales del gobernado, de suerte que las afirmaciones aquí vertidas, en el sentido de que el contrato de compraventa presentado por el quejoso no es oponible al del acreedor hipotecario, no prejuzgan sobre su eficacia, ni dirimen la prelación de los derechos sustantivos que pudieran existir sobre el inmueble objeto de la discusión, en la medida que el análisis y resolución de esos tópicos concierne a los tribunales ordinarios. Cabe decir que tampoco podría favorecerse al quejoso, en lo que atañe a la protección de la posesión del inmueble en debate, debido a que no se configura la presunción legal de ejercerla en forma originaria, como consecuencia de ser el propietario, atendiendo a al contrato privado de compraventa, pues como se ha visto, éste nunca fue registrado y, por tanto no es oponible contra terceros. Aunado a lo anterior, tampoco se demostró que el quejoso ejerza sobre el inmueble en controversia un poder de hecho, en los términos exigidos por el artículo 840 del Código Civil del Estado de Jalisco, ya que para acreditarlo la prueba testimonial que ofreció en autos fue insuficiente para acreditar tal extremo, que si bien es cierto no es el único medio por el que pudo evidenciar ese hecho, sí es la prueba idónea para justificar la posesión de un inmueble. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio siguiente: "Novena Época Registro: 187443 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Marzo de 2002, Materia(s): Civil Tesis: II.2o.C.331 C Página: 1418 POSESIÓN. PARA QUE SEA TUTELADA EN LA VÍA DE AMPARO, DEBE DEMOSTRARSE PLENAMENTE QUE LA MISMA SE EJERCE EN FORMA PERMANENTE, CONTINUA Y ACTUAL. Para la debida defensa de la posesión alegada en la vía constitucional, es menester corroborar que se tiene la misma en ejercicio de un derecho legítimamente tutelado; por consiguiente, para ello se requiere de prueba idónea, que es la testimonial, a fin de justificar el poder de hecho relativo de un bien en forma permanente, constante o continua y actual, lógicamente en la forma que lo prevé y tutela de modo objetivo el artículo 16 constitucional, por lo cual no basta la mera presencia circunstancial de la quejosa en la diligencia de lanzamiento o de desposeimiento respectiva, como tampoco la exhibición de los contratos de arrendamiento, ni los recibos de pago de rentas por ser insuficientes para constatar el hecho de la posesión. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión 253/2001. Yolanda Salazar Maru de Maldonado. 27 de noviembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Virgilio A. Solorio Campos. Secretario: José Valdés Villegas." Se afirma lo anterior, pues si bien la parte quejosa ofreció el testimonio de ****, ambos de apellidos ****, dichos atetes al tenor del numeral 215 del Código Federal de Procedimientos Civiles, adolecen de plena convicción para acreditar el fin que persigue. El numeral en cita es del tenor literal siguiente: "Artículo 215.- El valor de la prueba testimonial quedará al prudente arbitrio del tribunal, quien, para apreciarla, tendrá en consideración: I.- Que los testigos convengan en lo esencial del acto que refieran, aun cuando difieran en los accidentes; II.- Que declaren haber oído pronunciar las palabras, presenciado el acto o visto el hecho material sobre que depongan; III.- Que, por su edad, capacidad o instrucción, tengan el criterio necesario para juzgar el acto. IV.- Que, por su probidad, por la independencia de su posición o por sus antecedentes personales, tengan completa imparcialidad; V.- Que por sí mismos conozcan los hechos sobre que declaren, y no por inducciones ni referencias de otras personas; VI.- Que la declaración sea clara, precisa, sin dudas ni reticencias, sobre la substancia del hecho y sus circunstancias esenciales. VII.- Que no hayan sido obligados por fuerza o miedo, ni impulsados por engaño, error o soborno, y VIII.- Que den fundada razón de su dicho." Lo anterior es así, pues las declaraciones de los testigos de referencia no cumplen con el numeral en cita en sus fracciones III y VI, que refiere, que por su edad, capacidad o instrucción, tengan el criterio necesario para juzgar el acto, ya que como se ve de las preguntas realizada por la parte quejosa y tercero interesada, les fueron preguntados hechos acontecidos cuando contaban con la edad de seis y siete años, es decir una edad insuficiente para tener el criterio necesario para apreciar el acto de manera completa, además de que no abundan en relación a la posesión que dicen ejercía la quejosa sobre el bien inmueble, es decir, a razón de qué acto jurídico tenía la posesión, lo que genera que de igual manera adolezcan de claridad y precisión que genere certeza sobre la substancia del hecho y sus circunstancias esenciales. Sin que pase inadvertido de que si bien fueron ofrecidos el dicho de tres testigos, únicamente comparecieron al local del Juzgado ****, por lo que dicha prueba se tiene como desierta respecto a la última ateste mencionada, lo anterior para los efectos legales correspondientes. No pasa inadvertido que la quejosa se encontraba en el inmueble materia del juicio de origen, al momento en que se practicó la diligencia de lanzamiento reclamada, en virtud de que no justificó con la prueba testimonial tener un poder de hecho respecto de dicha finca en forma permanente, constante o continua y actual. Sin que le beneficien al peticionario de amparo, la documental pública que anunció consistente en las constancias certificadas del juicio de origen, en virtud de que ya fueron valoradas en líneas que anteceden, que por su naturaleza no tienen vida propia, debe decirse que no favorecen al quejoso en razón de que no precisó los hechos probados en autos y los desconocidos que resultan de ellos, así como los datos que se desprenden de las actuaciones judiciales y las razones de enlace, ni se advierte alguna de éstas por parte del juzgador que le favorezca. Además, no pasa inadvertido que la propia quejosa exhibió junto a su escrito inicial de demanda el certificado de gravamen ****, respecto de la hipoteca del derecho real sobre el bien inmueble materia de la Litis que se resuelve, mismo que fue trabado desde el siete de octubre de dos mil tres, es decir más de un año antes a la fecha en que la parte quejosa refiere haber adquirido el inmueble; por tanto, a la fecha en que celebró el contrato con el que acredita su interés jurídico, ya tenía conocimiento de la hipoteca que pesaba sobre dicho inmueble y que ese bien es la garantía hipotecaria para efecto de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del contrato de apertura de crédito fundatorio de la acción, en el procedimiento de origen. Consecuentemente, ante lo infundado del concepto de violación y, al no haber motivo legal para suplir la queja, lo procedente será negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 62, 74, 75 y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ****, contra los actos reclamados al Juez Primero Civil del Trigésimo Primer Partido Judicial con sede en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y su secretario ejecutor, indicados en el considerando segundo, por las razones expuestas y para los efectos precisados en el considerando último de este fallo.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, cinco de octubre de dos mil veintidós. Se recibe papeleta de turno. Ténganse por recibida la papeleta de turno otorgada al recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, por el cual se concedió la suspensión provisional solicitada por la parte promovente, de la que se advierte que resultó competente el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito; consecuentemente se provee de la siguiente manera: Hágase disponible la consulta. A efecto de que se conozca lo actuado en este expediente, hágase disponible el expediente en que se actúa para su consulta al referido Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), lo anterior a fin de que esté en posibilidad de resolver el recurso interpuesto en autos. Parte quejosa ofrece prueba. Visto el escrito firmado electrónicamente por *, apoderada de la parte quejosa agréguese a los autos para los efectos legales conducentes y con apoyo en lo previsto por el numeral 143 de la ley de la materia, ténganse a la parte quejosa ofreciendo la documental a que hace referencia en su ocurso, sin perjuicio de relacionarla nuevamente en la audiencia incidental. Se requiere. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa acredita haber solicitado diversas constancias, con fundamento en los artículos 75 y 121 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase al Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, para que en el término de tres días contado a partir de la notificación del presente auto, remita a este Juzgado copia certificada completa y legible de las constancias solicitadas por la parte quejosa, al respecto se anexan copias de las solicitudes relativas. Apercibimiento. Bajo apercibimiento de que no cumplir con lo requerido dentro del plazo concedido, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), a cada una de ellas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, así como en los transitorios segundo y tercero del decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, que, entre otros, reformó la fracción VI, apartado A, del artículo 123 constitucional. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Informes previos Por otro lado, téngase por recibidos los oficios firmados por el Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, Síndico Municipal en representación del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco en su carácter de autoridades responsables, mediante los cuales rinden informe previo; por tanto, agréguense a los autos para los efectos legales correspondientes, y con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido dicho informe. Delegados y domicilio. De conformidad con el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas que señalan y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refieren. Se informa inexistencia. Asimismo, se tiene a las autoridades oficiantes informando que en esa entidad no se cuenta con las autoridades señaladas y denominadas como: Consejo Municipal de Desarrollo Urbano. Dirección de Ordenamiento del Territorio. Dirección de Obras Públicas e Infraestructura. Dirección de Medio Ambiente. Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. Comisión Colegiada y Permanente de Gobernación y Asuntos Metropolitanos Comisión Colegiada y Permanente de Movilidad Urbana y Conurbación. Comisión Colegiada y Permanente de Espacios Públicos. Comisión Colegiada y Permanente de Reglamento y Puntos Constitucionales. Comisión Colegiada y Permanente de Servicios Públicos. Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental. Dirección de Inspección y Vigilancia Dirección de Movilidad y Transporte. Dirección de Padrón y Licencias. Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos. Vista a la parte quejosa. En consecuencia de lo anterior, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, dese vista a la parte quejosa con lo informado, a efecto de que dentro del plazo de tres días aclare la denominación correcta de las autoridades que denominó como responsables. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial siguiente: Décima Época Registro: 2021029 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 153/2019 (10a.) Página: 440 AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. PREVIAMENTE A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y APERCIBIRLO PARA QUE ACLARE LA DENOMINACIÓN DE AQUELLA QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR. En términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso tiene la carga de señalar correctamente la denominación de las autoridades responsables, porque ello constituye un requisito de su demanda; el Juez, por su parte, tiene la facultad de declarar la inexistencia de la autoridad y suspender toda comunicación cuando ésta no fue localizada o se informe que no existe. Ahora bien, la declaratoria de inexistencia de una autoridad responsable debe estar precedida de la notificación personal y del apercibimiento al quejoso de que, si una vez enterado de esa eventualidad omite corregir o aclarar el nombre de la autoridad que designó como responsable o no prueba que sí existe bajo la denominación que indicó en la demanda, se le sancionará declarándola inexistente; notificación que encuentra fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se encuentre en condiciones de subsanar o corregir el error en que incurrió.". Apercibimiento. Apercibida que no manifestar respecto a lo anterior, este juzgado tendrá por inexistentes a dichas autoridades, suspendiéndose toda comunicación con las mismas. Transcurre plazo. Visto el estado que guardan los presentes autos y al certificación de cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de cuarenta y ocho horas otorgado en auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, a las autoridades responsables Presidente Municipal y Titular de la Tesorería, ambos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, a fin de que rindan el informe previo solicitado. Se difiere la audiencia incidental. Para dar lugar a lo anterior, se difiere la audiencia incidental programada para hoy, y se señalan para su verificativo, las ONCE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Firma electrónica. En la inteligencia, que el escrito y anexos de cuenta, fueron presentado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y contienen firma electrónica conforme la regulación dispuesta por el Consejo de la Judicatura Federal, la cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista física y electrónica; así como personalmente a la parte quejosa

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Relación de estado procesal de autos. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa por acuerdo de treinta y uno de agosto del año en curso, para que desahogara la vista que se ordenó respecto del cumplimiento que las autoridades responsables adujeron dar a la ejecutoria de amparo, sin que hubiese realizado manifestación alguna en ese sentido. De conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, de oficio, procede a pronunciarse respecto al cumplimiento aludido, tomando en consideración las constancias que obran en este expediente. II. Concesión del amparo y efectos. Mediante sentencia dictada el siete de julio de dos mil veintidós, se concedió a la protección constitucional para efecto de que las autoridades responsables, realizaran lo siguiente: "( De no existir impedimento legal para tal efecto, acredite que formuló el proyecto de resolución en forma de laudo en el juicio laboral ****, de su índice, y que lo elevó a la categoría de definitivo dentro del plazo que establece la Ley Federal del Trabajo, ordenando hacerlo del conocimiento oportuno de las partes." III. Ejecutoria y requerimiento. En proveído de cuatro de agosto de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió por su cumplimiento a las autoridades responsables. IV. Actos realizados por las autoridades responsables tendentes a cumplir con la ejecutoria de amparo. De las constancias remitidas por el Presidente de la Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, a través de oficio de registro 19349, a las cuales se les concede valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2°, se advierte que en el expediente laboral ****, el cuatro de agosto de dos mil veintidós, la Junta responsable dictó el proyecto de laudo mismo que el veintiséis del mismo mes y año se elevó a la categoría de laudo, ordenando hacerlo del conocimiento de las partes. V. Pronunciamiento. De la anterior relación, se aprecia que se atendieron a los efectos de la sentencia de amparo; de ahí que lo procedente es tener por cumplido el referido fallo protector, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Orden de archivo. Tomando en consideración lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. Orden de depuración. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de depuración, en el plazo de tres años, al haberse concedido el amparo. Oposición de datos personales. De autos se advierte que la parte quejosa no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el precitado Acuerdo, que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a las partes.

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