Héctor Manuel Gómez Nieves

Expediente 667/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
667/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
23/07/2018

Partes del expediente

  • Héctor Manuel Gómez Nieves

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa en el proveído inmediato anterior; por tanto, resulta procedente que ésta juzgadora federal se pronuncie en relación con el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia que concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Para lo cual conviene utilizar la siguiente tabla comparativa, en que se contrasta sustancialmente los efectos del amparo con las acciones realizadas por las responsables y que se advierte de los comunicados y documentos remitidos, para después asentar la conclusión respectiva. AUTORIDAD VINCULADA 1.- Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. EFECTOS DE LA SENTENCIA SE CUMPLIÓ SI NO [.] I. Para que la autoridad que sea vinculada por razón de sus funciones a dar cumplimiento a esta sentencia, lleve a cabo las acciones administrativas necesarias a fin de desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa, la aplicación del precepto declarado inconstitucional; lo cual no implica que en el futuro se exente a la parte quejosa del pago del derecho registral por ese concepto, pues en todo caso se le cobrará dicho derecho en los términos que se precisarán en el punto dos (II) de este considerando; siendo estos preceptos: Los artículos 90, 97 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, vigente, que disponen el mecanismo de pago de derechos registrales por la inscripción de compraventa de inmuebles y constitución de garantías reales sobre inmueble. [.] II. Para que se deje insubsistente el primer acto de aplicación de los numerales 90, 97 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, dados los efectos que se han señalado en el párrafo precedente, y se cobre a la parte solicitante del amparo únicamente la cantidad equivalente a tres punto setenta y cinco veces la Unidad de Medida y Actualización a que se refiere la Ley de la Unidad de Medida y Actualización del Estado de Querétaro, debiendo restituirle a la parte agraviada el numerario excedente de la cantidad que haya pagado por servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad por la inscripción de compraventa de inmuebles y constitución de garantías reales sobre inmueble, mismo que se detalla en los comprobantes de pago con números de operación ********************." En oficio agregado en autos, la autoridad vinculada al cumplimiento emitió la declaratoria solicitada. Asimismo exhibió copia simple del cheque que ampara la suma relativa al ajuste solicitado en relación a los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio por la compraventa de inmuebles y constitución de garantías reales sobre inmuebles. Aunado a lo anterior la exactora estatal exhibió la constancia con la que acreditó la entrega del aludido título de crédito a la autorizada de la parte quejosa. CONCLUSIÓN.- En términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de Amparo. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de depuración, en términos del punto segundo, fracción XV, y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto, conservando en su oportunidad, la demanda y sentencia. Hágase la anotación en la carátula...iii

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Procuradora Fiscal en representación legal del Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mediante el cual informa que la autorizada en términos restringidos de la parte quejosa acudió a dicha dependencia a recoger el cheque expedido con motivo de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; anexando para tal efecto el acuse de recibo correspondiente, circunstancia que será valorada al momento de calificar el cumplimiento dado al fallo protector...III

  3. Principal

    Visto el oficio de la Procuradora Fiscal del Estado de Querétaro en representación Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del estado de Querétaro, a través del cual comparece en atención al requerimiento que le fue formulado en autos, y al efecto remite las constancias relativas al cumplimiento de la sentencia. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el contenido del oficio de mérito y anexo, a fin de que en el término de tres días contados a partir de la notificación que se le haga del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga, bajo el apercibimiento legal que de no hacerlo así, se procederá a resolver sobre dicho cumplimiento, con base en los elementos que obran en el expediente. Asimismo, requiérase a la promovente del amparo, para que a la brevedad acuda a las instalaciones de la autoridad exactora ubicado en calle Pasteur número treinta y cinco (35), Sur, Centro Histórico, con la finalidad de que le sea entregado el monto constitutivo del fallo protector; haciendo de su conocimiento que el horario para recoger dicho título es de las diez a las doce horas, de los días martes y jueves hábiles, y siendo requisito acompañar identificación oficial y copia de la misma. En tal virtud, requiérase al Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del estado de Querétaro, para que de inmediato proceda a entregar el aludido título de crédito a sus autorizados, a saber: Tanía Herrera Pineda, Perla Vargas Montiel, José de Jesús Guerrero Lara, Ma. Angélica Vázquez Barbosa, Carolina del Carmen Ugalde Guerrero, Mónica Martín Guerrero y Adriana Ireta Soto debiendo remitir las constancias relativas a la entrega del documento en cuestión. Sin que pase desapercibido para esta juzgadora la tesis con número de registro 2014153, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, que invoca la autoridad exactora, pues la decisión de entregar a los autorizados de las partes los cheques que se emitan con motivo de una sentencia, es con la finalidad de agilizar su cumplimiento, privilegiando el principio establecido en el artículo 17 de la Constitución Federal, en relación con impartir justicia de manera pronta y expedita. Lo anterior, previa inserción de la leyenda "no negociable" o "para abono en cuenta" en términos de los artículos 25 y 198 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, limitando así la circulación del título de crédito respectivo, garantizando que sólo su beneficiario pueda cobrarlo o cederlo mediante escritura pública, evitando que el autorizado que lo recoja lo cobre, pues en tal caso incurriría en delito. Finalmente, apercíbase a la autoridad exactora, que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, ello de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo que crea la nueva Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho, en relación con los numerales 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo; y se remitirá el expediente a la Superioridad, para el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, acorde a lo dispuesto en el párrafo segundo y tercero del numeral 192 en relación con el 194, ambos de la Ley de Amparo....III

  4. Principal

    ...Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en el que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora bien, no es obstáculo llegar a la anterior determinación, que para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, esté transcurriendo el plazo que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, en virtud de que al tratarse de amparo contra leyes, no está legitimado para hacer valer el recurso de revisión previsto en el invocado numeral, porque la norma impugnada no afecta sus atribuciones. Encuentra aplicación por identidad de razones, la tesis P. XL/2013 (10a.), del Tribunal Pleno, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1, Materia Común, página 49, de rubro y texto: "MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO CONTRA LEYES, SI LA NORMA IMPUGNADA NO AFECTA SUS ATRIBUCIONES. Esta nueva integración del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reitera el criterio sustentado en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación (*), ya que conforme a los artículos 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, al Ministerio Público de la Federación le incumbe la persecución, ante los tribunales, de los delitos del orden federal, por lo que puede intervenir en todos los negocios que la ley determine, como sucede en el juicio de amparo, en el que está facultado para presentar los recursos que la ley de la materia señala. En ese sentido, puede interponer el recurso de revisión, aun en amparo contra leyes, sin que ello implique que tenga legitimación para hacerlo en todos los casos, sino únicamente cuando la Constitución o las leyes le encomiendan la defensa de un interés específico como propio de su representación social, y aun cuando el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República le señala genéricamente la tarea de velar por el orden constitucional, ello debe interpretarse sin demérito de los principios que rigen todo juicio y, en especial, el de amparo, en cuanto a que las partes sólo están legitimadas para interponer los recursos contra las resoluciones que afecten el interés que respectivamente les corresponde. Por tanto, el Ministerio Público de la Federación está legitimado para interponer el recurso de revisión tratándose de las disposiciones contenidas en el precepto 102 constitucional y en los ordenamientos penales y procesales relativos que le otorgan atribuciones para perseguir ante los tribunales los delitos del fuero federal, lo mismo que en todos aquellos casos y materias en que el orden legal le señala específicamente la defensa de un interés; por el contrario, si con la sola invocación genérica o abstracta de defender el orden constitucional, se aceptara que puede interponer la revisión en el juicio de amparo a su libre voluntad y, en cualquier caso, se estaría desfigurando el concepto del interés en sí, el cual ya no estaría sujeto a la comprobación objetiva de los supuestos de la norma, sino a la expresión subjetiva del recurrente, además de que su intervención en el amparo contra leyes equivaldría a darle la oportunidad de defender o reforzar la posición de las autoridades responsables, tanto de las que expiden, como de las que promulgan las leyes; defensa que sólo a ellas corresponde en términos del artículo 87 de la invocada Ley Reglamentaria, lo que se traduciría en la alteración y el trastorno del equilibrio procesal en perjuicio del quejoso." Así como la tesis 1a./J. 17/2012 (9a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, Materia Común, página 825, que establece: "MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UN PRECEPTO, AUN CUANDO SEA DE LA MATERIA PENAL, SI NO AFECTA A SUS ATRIBUCIONES. Acorde con la jurisprudencia P./J. 4/91, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. ES PARTE EN EL JUICIO DE GARANTÍAS Y PUEDE INTERPONER LA REVISIÓN AUN EN AMPARO CONTRA LEYES, SÓLO CUANDO LA MATERIA DE LA LEY IMPUGNADA AFECTE SUS ATRIBUCIONES.", si bien es cierto que en términos del artículo 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo, el Ministerio Público de la Federación es parte en el juicio de garantías y por ello está legitimado para interponer el recurso de revisión, también lo es que dicha legitimación no es ilimitada o absoluta, pues aun cuando su función es velar por el orden constitucional, dicha atribución debe ejercerla sin contravenir los principios que rigen el juicio de amparo. En ese tenor, aunque las partes están legitimadas para interponer los recursos que estimen pertinentes para la defensa de sus intereses, tratándose de una sentencia de amparo en la que se declara la inconstitucionalidad de un precepto penal opera una excepción, pues la sola afirmación genérica del Ministerio Público de la Federación, en el sentido de que está defendiendo el orden constitucional no significa que esté legitimado para interponer el recurso de revisión en cualquier caso, menos en el amparo contra leyes penales, toda vez que, en este caso, su intervención sólo tendría por objeto defender o reforzar la posición de las autoridades responsables que intervinieron en el proceso de formación de las leyes cuya constitucionalidad se cuestiona, lo cual trastornaría el equilibrio procesal de las partes en perjuicio de la quejosa; máxime cuando la norma impugnada no impide el desarrollo de sus atribuciones; de ahí que el agente del Ministerio Público de la Federación carece de legitimación procesal para interponer el recurso de revisión, cuando se trata de una sentencia en la que un juez de distrito declaró la inconstitucionalidad de un precepto legal, aunque sea de la materia penal." REQUERIMIENTO. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades precisadas en la sentencia de amparo, para que dentro del plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, en lo que a su esfera competencial corresponde, cumpla con lo ahí establecido, plazo que se fija atendiendo al cúmulo de expedientes y el procedimiento que deben instrumentar para acatar el fallo de amparo. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades vinculadas en el ámbito de sus obligaciones legales a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que en caso de que no realizar lo propio, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa reciben; asimismo, se les hace saber que al margen de la multa que se les imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualización publicada el diez de enero de dos mil dieciocho. SOBRE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUEDEN INCURRIR LAS AUTORIDADES QUE SE VEN VINCULADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Resulta prudente hacer del conocimiento de las autoridades requeridas que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurren en responsabilidad penal aquellos funcionarios que incumplan una sentencia de amparo o no la hagan cumplir, en cuyo caso se les impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. OTRAS CONSIDERACIONES. Cabe precisar que el título valor que expida la autoridad exactora, podrá ser entregado a la parte quejosa, o a los autorizados cuyos nombre se precisaron en el auto admisorio; en la inteligencia que dicha devolución deberá hacerla la propia autoridad requerida; en el entendido que deberá abstenerse de remitir a este Juzgado el cheque que ampare la cantidad por concepto de devolución que deba realizar a la peticionaria del amparo; asimismo se hace la precisión que el título de crédito que ponga a disposición de la parte quejosa deberá contener la leyenda "no negociable" o "para abono a cuenta" en términos de los artículos 25 y 198 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito...III

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