Héctor Manuel Fernández Tapia
Expediente 629/2018 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 7 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 629/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 05/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala
- Héctor Manuel Fernández Tapia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, cinco de marzo de dos mil veintiuno. Del estado que guardan los autos del presente asunto, se advierte que mediante auto de siete de agosto de dos mil veinte se ordenó el archivo del expediente en que se actúa, y se determinó depurarlo conforme a la fracción III del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito. Sin embargo, en razón de que el veinticinco de marzo de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual entró en vigor al día siguiente, este asunto debe ser valorado de conformidad con las reglas establecidas en dicho acuerdo. Por tanto, tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previsto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia, el acuerdo de archivo y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de dicho numeral. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a veintiuno de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes, quejosa y tercera interesada (foja 152), sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto (foja 157). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, este órgano colegiado resolvió conceder a Juan Papalotzi Perucho, la protección constitucional para los efectos siguientes: "I. Deje insubsistente el laudo reclamado.- II. Emita otro en el que: 1. Reitere las consideraciones que expuso para absolver del reclamo de incapacidad permanente parcial.- 2. En relación al reclamo de invalidez, así como de las prestaciones reclamadas a la persona moral demandada, observando los principios de fundamentación y motivación, determine si están o no acreditados los requisitos correspondientes, para lo cual deberá tomar en cuenta lo expuesto en la demanda, contestación y todo el acervo probatorio existente en autos; y, una vez hechos (sic) lo anterior, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda" (foja 124 frente). Cabe destacar que el Instituto Mexicano del Seguro Social, enjuiciado en el juicio laboral, se adhirió al presente amparo, negándose por cuanto hace a dicha demanda (foja 130 frente). Ahora bien, del examen de las copias certificadas remitidas por la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, este Tribunal Colegiado se aprecia que mediante acuerdo de siete de febrero de dos mil diecinueve, dejó insubsistente el laudo reclamado de quince de marzo de dos mil diecisiete y ordenó turnar los autos a su auxiliar para formular el proyecto de resolución correspondiente (foja 139). El veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, dictó un nuevo laudo, en los siguientes términos: 1. Reiteró las consideraciones que expuso para absolver al Instituto Mexicano del Seguro Social, de la prestación reclamada por el actor, consistente en el reconocimiento de las enfermedades profesionales y en consecuencia del otorgamiento de la pensión de incapacidad permanente parcial (fojas 147 y 148 frente). 2. Determinó de manera fundada y motivada, que los requisitos con relación a la pensión de invalidez no están acreditados, puesto que se advierte que el actor no presenta enfermedad general alguna; en consecuencia absolvió al Instituto de pagar cantidad alguna por concepto de pensión de invalidez. Respecto de las prestaciones reclamadas a la moral Promotora Mexicana de Empleo Sociedad Anónima de Capital Variable, tomando en cuenta lo expuesto en la demanda, contestación y el acervo probatorio existente en autos, y con libertad de jurisdicción absolvió a la misma de las prestaciones reclamadas (fojas 148 a 150 frente). De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Notifíquese, por lista al quejoso; personalmente a la empresa Promotora Mexicana de Empleo, Sociedad Anónima de Capital Variable; y por oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social, terceros interesados en el presente asunto. Así lo proveyó y firma el Magistrado Eduardo Iván Ortiz Gorbea, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, quien autoriza y da fe.- Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCION I, inciso b) DE LA LEY DE AMPARO.Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en sesión de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en acatamiento a lo previsto en el Acuerdo General 18/2011 (que modifica al diverso 10/2008) y 65/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y del oficio STCCNO/234/2015 suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; dictó sentencia en el amparo directo laboral número 35/2018, en la que concedió a María Elena Pérez Nava, Daisy Suárez Nóhpal y Yadira Marín Osorio, la protección constitucional para los siguientes efectos: ".de que, el tribunal responsable deje "insubsistente el laudo reclamado y, ordene reponer el "procedimiento, para el único efecto de admitir la prueba "documental pública, consistente en las credenciales "expedidas por la Secretaría de Salud a nombre de las "actoras, aquí quejosas María Elena Pérez Nava, Daisy "Suárez Nóhpal y Yadira Marín Osorio; así como sus "medios de perfeccionamiento ratificación de contenido y "firma y, pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, "así como, provea lo necesario para su desahogo; hecho "lo cual, emita nuevo laudo, en el que reitere las "consideraciones ajenas a la presente concesión; y, 1 "Con libertad de jurisdicción, fundada y motivadamente, "determine si la Secretaría de Salud es responsable de la "relación laboral, absorbida inicialmente por el "Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala; "Siguiendo los lineamientos dados en esta ejecutoria: 2. "Tenga por acreditado el despido injustificado aducido "por las actoras y, condene a los responsables de la "relación laboral a la reinstalación y pago de salarios "caídos; 3. Declare presuntivamente ciertos los hechos "que las actoras pretendieron justificar con el "ofrecimiento de la inspección marcada con el número 10 "y, fundada y motivadamente analice "pormenorizadamente el resto de los medios de "convicción ofrecidos por ellas, a fin de verificar si alguna "de éstas, abonan a perfeccionar o no, la presunción de "certeza de los puntos que pretendieron justificar con el "ofrecimiento de la inspección de mérito; y, 4. Ordene "traer a la vista, el expediente C.G.T. 11/1999, que "contiene las Condiciones Generales de Trabajo, que "rigen las relaciones laborales entre las partes, y fundada "y motivadamente, resuelva acerca de las prestaciones "extralegales demandadas, consistentes en vacaciones, "prima vacacional, aguinaldo (en cuanto a los montos "reclamados con base en los artículos 46, 47 y 48 de las "Condiciones Generales de Trabajo), vales de despensa; "estímulo económico por la asistencia, la puntualidad, "por la permanencia en el trabajo, por desempeño y "productividad en el trabajo, por asistencia perfecta, por "motivo de la celebración del día de la madre "trabajadora, por el día del trabajador de la Secretaría de "Salud, así como consistentes en días económicos y "descanso anual. Hecho lo cual, resuelva lo que en "derecho proceda." (fojas 143 y 144). Los aspectos que debía reiterar la responsable a que se refiere los efectos del amparo, son los siguientes: a) La absolución de los demandados Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, Oficialía Mayor del Estado de Tlaxcala, Hospital General del Estado de Tlaxcala, Comisión Mixta de Escalafón de la Sección 27 del Estado de Tlaxcala y la Sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, respecto del pago de todas y cada una de las prestaciones reclamadas por las trabajadoras. b) La condena al demandado Organismo Público Descentralizado Salud Tlaxcala a reconocer a las actoras como servidoras públicas de base con carácter definitivo y por tiempo indeterminado. c) La absolución al enjuiciado Organismo Público Descentralizado Salud Tlaxcala, del pago a las actoras de días de descanso obligatorio o festivos. Este órgano colegiado, por auto de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, tuvo por recibido el oficio T.C. 3°-AUX 2ª R. 1178/2018, de once del mismo mes y año, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, por el que remitió el amparo directo 35/2018, con la sentencia dictada en el mismo, así como el expediente 417/2014; y con fundamento en los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable a fin que diera cumplimiento a la ejecutoria de garantías e informara del mismo (foja 289). De autos se advierte que la autoridad informó acerca del cumplimiento, y que con dicho informe se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 425), sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto (foja 443). En esas circunstancias, con fundamento en la fracción VII del artículo único del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los órganos jurisdiccionales auxiliares, así como en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que por auto de veintidós de mayo de dos mil diecisiete (sic), dejó insubsistente el laudo reclamado de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete y ordenó reponer el procedimiento para los efectos precisados en el fallo constitucional. Por consiguiente, admitió la prueba documental pública consistente en las credenciales expedidas por la Secretaría de Salud a nombre de las actoras, sus medios de perfeccionamiento (ratificación de contenido y firma de esas pruebas a cargo de Yacundo Pérez Vázquez, Karen Rojas Rodríguez y Abraham D. Lemus Hernández); asimismo, acordó que dependiendo del resultado obtenido de tales medios de perfeccionamiento, señalaría fecha para el desahogo de la pericial caligráfica y grafoscopica (fojas 298 a 300). Mediante oficio 1726/2018 de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, la responsable informó a este tribunal colegiado que a pesar de haber realizado las gestiones y diligencias necesarias para localizar a los ratificantes de esas documentales Yacundo Pérez Vázquez y Karen Rojas Rodríguez, no fue posible su ubicación; por lo que en audiencia de veintiséis anterior, ante la incomparecencia de aquéllos, declaró de imposible desahogo el medio de perfeccionamiento de las documentales antes señaladas. Por lo tanto, al no existir pruebas pendientes para su desahogó, ordenó turnar los autos al auxiliar para formular el proyecto de resolución (fojas 365 a 377). El cuatro de octubre siguiente, pronunció uno nuevo en el que Reiteró las consideraciones ajenas a la concesión del amparo, consistentes en: a) La absolución de los demandados Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, Oficialía Mayor del Estado de Tlaxcala, Hospital General del Estado de Tlaxcala, Comisión Mixta de Escalafón de la Sección 27 del Estado de Tlaxcala y la Sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, respecto del pago de todas y cada una de las prestaciones reclamadas por las trabajadoras (fojas 395 a 402). b) La condena al demandado Organismo Público Descentralizado Salud Tlaxcala a reconocer como servidoras públicas de base con carácter definitivo y por tiempo indeterminado a las actoras María Elena Pérez Nava, Daisy Suárez Nóhpal y Yadira Marín Osorio (fojas 402 vuelta a 405). c) La absolución al enjuiciado Organismo Público Descentralizado Salud Tlaxcala, del pago a las actoras de días de descanso obligatorio o festivos (foja 421 vuelta). 1. Con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada, determinó que el responsable de la relación laboral con las actoras es el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, quien desde un principio admitió la existencia de dicho vínculo (fojas 395 a 402). 2. Tuvo por acreditado el despido injustificado aducido por las accionantes y, en consecuencia, condenó al Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala a reinstalarlas, así como al pago de salarios caídos (foja 405 vuelta a 414). 3. Siguiendo los lineamientos de la ejecutoria que se cumplimenta, ante la falta de exhibición por parte de la patronal de las documentales materia de la inspección ofrecida por las actoras (nóminas de pago o listas de pago) declaró presuntivamente ciertos los hechos que aquéllas pretendieron justificar con esa prueba, consistente en que el salario que percibieron otros compañeros, en el puesto de nutriólogos y cocineros, era mayor al que recibían las actoras en el mismo puesto (ello para acreditar su derecho a que se les homologara el salario y, en consecuencia, su derecho al pago de diferencia salarial). En seguida, de manera fundada y motivada el tribunal laboral analizó la presunción derivada de esa inspección, conjuntamente con el resto de los medios de convicción ofrecidos por aquéllas (confesional y testimonial), determinando que ninguna de éstas, abonan la presunción de certeza de los puntos que pretendieron demostrar con la inspección de que se trata; de ahí que concluyó que no se advierte elemento alguno que se contraponga con la presunción derivada de tal inspección y, en consecuencia, tuvo como hechos ciertos los siguientes: 1. Que Abel Mendoza Magallan, desempeñando el puesto de nutriólogo, percibió un sueldo de $9,000.00 nueve mil pesos quincenales, durante el periodo en que las actoras María Elena Pérez Nava y Daisy Suárez Nóhpal, percibieron respectivamente $1,703.00 mil setecientos tres pesos, no obstante desempeñar las mismas funciones; y, 2. Que Juana Briones Lobato, con el puesto de cocinera, percibió $3,075.00 tres mil setenta y cinco pesos, durante el periodo que Yadira Marín Osorio percibió $1,290.00 mil doscientos noventa pesos, a pesar de que realizaba las mismas funciones. Por consiguiente, condenó al enjuiciado Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala al pago de diferencias salariales reclamadas por las accionantes (fojas 389 vuelta a 395 y 422). 4. Finalmente, de manera fundada y motivada valoró el expediente C.G.T. 11/1999, que contiene las Condiciones Generales de Trabajo que rigen las relaciones laborales entre las partes, para el efecto de determinar la procedencia de diversas prestaciones reclamadas por las actoras (consistentes en vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, vales de despensa, estímulo económico por la asistencia, la puntualidad, por la permanencia en el trabajo, por desempeño y productividad en el trabajo, por asistencia perfecta, por el día de la madre, por el día del trabajador de la Secretaría de Salud, así como días económicos y descanso anual); hecho lo anterior, determinó condenar al enjuiciado al pago de las primeras nueve prestaciones señaladas y, lo absolvió, en cuanto a las restantes (fojas 414 vuelta a 422). De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a veinticuatro de enero de dos mil diecinueve. Agréguese copia certificada del oficio 24/2019, de dos de enero de dos mil dieciocho (sic), signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, mediante el cual transcribe el proveído de la misma fecha, del que se advierte que el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó que en sesión ordinaria de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, el Pleno del citado Consejo acordó la primera adscripción de la Magistrada Marta Elena Barrios Solís, a ese Tribunal Colegiado Auxiliar, en sustitución del Magistrado Alejandro Vega Nieto, con efecto a partir del dieciséis del mes próximo anterior. Asimismo, que en sesión extraordinaria celebrada por el pleno de ese órgano colegiado, el referido dos de este mes, se determinó por unanimidad de votos la designación del Magistrado Gustavo Almendárez García, como presidente de dicho tribunal. Por otra parte, como lo solicita la autoridad oficiante, notifíquese por medio de lista a las partes que a partir del dos del mes y año en curso, el Pleno de dicho tribunal auxiliar se integrará por los Magistrados Gustavo Almendárez García (Presidente) y Juan Moreno Miramontes, así como por la Magistrada Marta Elena Barrios Solís.
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