Héctor Manuel Delgadillo Souza
Expediente 657/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 657/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 26/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Héctor Manuel Delgadillo Souza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se notifica por lista para conocimiento de la parte quejosa, la determinación de fecha veintiséis de febrero del presente año, mediante el cual se le informa lo siguiente: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el catorce de noviembre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia, en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados por la quejosa Unión de Prestadores de Servicio Público y Carga General "Federico Mellado Velarde", Asociación Civil Francisca Cisneros Osuna (fojas 30 a 36). (...) En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable dictó la resolución correspondiente el ocho de noviembre de dos mil dieciocho, en el juicio de nulidad 1858/2017-II de su índice administrativo. Sentado lo anterior, quien esto resuelve considera que la sentencia de amparo SE ENCUENTRA CUMPLIDA, sin defecto o exceso para ello.- En la inteligencia de que, existe exceso de ejecución cuando la autoridad responsable va más allá del alcance de la ejecutoria que concede la protección federal y afecta actos jurídicos de los que no se ocupó el fallo constitucional, ni están vinculados al efecto restitutorio del amparo concedido; y defecto cuando la autoridad responsable omite el estudio y resolución de alguna de las cuestiones que le ordenó resolver la ejecutoria que concedió el amparo, conforme a los términos y fundamentos legales de la propia ejecutoria con la que está vinculada, hipótesis que en el caso particular no se actualizan.- Consecuentemente, y dado que no existe cuestión pendiente por determinar, acorde a lo establecido en el numeral antes indicado, SE ORDENA ARCHIVAR el presente asunto como concluido. Asimismo, (...) se considera que este expediente tiene valor jurídico por lo que debe conservarse bajo los lineamientos precisados en la fracción IV del artículo vigésimo primero del Acuerdo General en cita, toda vez que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. En atención a lo anterior, procede hacer la indicación en el sentido de que el juicio principal que nos ocupa es depurable.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el catorce de noviembre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia, en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados por la quejosa Unión de Prestadores de Servicio Público y Carga General "Federico Mellado Velarde", Asociación Civil Francisca Cisneros Osuna (fojas 30 a 36). (...) En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable dictó la resolución correspondiente el ocho de noviembre de dos mil dieciocho, en el juicio de nulidad 1858/2017-II de su índice administrativo. Sentado lo anterior, quien esto resuelve considera que la sentencia de amparo SE ENCUENTRA CUMPLIDA, sin defecto o exceso para ello.- En la inteligencia de que, existe exceso de ejecución cuando la autoridad responsable va más allá del alcance de la ejecutoria que concede la protección federal y afecta actos jurídicos de los que no se ocupó el fallo constitucional, ni están vinculados al efecto restitutorio del amparo concedido; y defecto cuando la autoridad responsable omite el estudio y resolución de alguna de las cuestiones que le ordenó resolver la ejecutoria que concedió el amparo, conforme a los términos y fundamentos legales de la propia ejecutoria con la que está vinculada, hipótesis que en el caso particular no se actualizan.- Consecuentemente, y dado que no existe cuestión pendiente por determinar, acorde a lo establecido en el numeral antes indicado, SE ORDENA ARCHIVAR el presente asunto como concluido. Asimismo, (...) se considera que este expediente tiene valor jurídico por lo que debe conservarse bajo los lineamientos precisados en la fracción IV del artículo vigésimo primero del Acuerdo General en cita, toda vez que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. En atención a lo anterior, procede hacer la indicación en el sentido de que el juicio principal que nos ocupa es depurable.
- Principal
Se declara que la sentencia dictada en el presente sumario HA CAUSADO EJECUTORIA.
- Principal
Vistas las certificaciones levantadas por la licenciada Miriam Suheid Flores Osuna, Secretaria de este Juzgado, en las que hace constar y da cuenta al suscrito con la preexistencia y falta posterior del expediente 657/2018-I-1, promovido por Héctor Manuel Delgadillo Souza, en su carácter de Secretario General y Apoderado Legal de la persona moral Unidad de Prestadores de Servicio Público y Carga General "Federico Mellado Velarde" Asociación Civil; con los resultados de la búsqueda efectuada; y, con la existencia sin alteración del expediente digital existente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); en atención a lo anterior, y con fundamento en los artículos 70, 71 y 72 de la Ley de Amparo, relativos a la "REPOSICIÓN DE CONSTANCIAS DE AUTOS"; considerando que el expediente electrónico a que se refiere el artículo 3° de la ley de la materia, se encuentra sin alteración, lo que hace improcedente la tramitación del incidente de reposición de constancias; se ordena realizar la copia impresa y certificada de dicho expediente digital, a efecto de que se continué con el trámite del juicio de amparo indirecto 657/2018-I-1, en todas su etapas. No se soslaya la circunstancia de que la pérdida o extravío de constancias implica la imposición de sanciones pecuniarias y penales a quien le sea imputable dicha conducta, tampoco la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas, de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito; sin embargo, las particularidades del caso concreto, a juicio del suscrito no conllevan a considerar el extravío del expediente impreso 657/2018-I-1, como un caso de trascendencia delictiva y, por ende, dar vista al Ministerio Público Federal con la pérdida de las constancias anotadas, para el inicio de una investigación en contra de quien o quienes resulte responsables de su pérdida. Lo anterior se estima así, en virtud de que, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus numerales 70, 71 y 72 establece el trámite a seguir ante la eventualidad de realizar en un juicio de amparo una reposición de constancias de autos, precisando en el primero de dichos preceptos lo siguiente: "El incidente de reposición de constancias de autos de tramitará a petición de parte o de oficio, en ambos casos se certificara su preexistencia y falta posterior. Este incidente no será procedente si el expediente electrónico a que hace referencia el artículo 3° de esta ley permanece sin alteración alguna, siendo únicamente necesario, en tal caso, que el órgano jurisdiccional realice la copia impresa y certificada de dicho expediente digital.". Disposición que evidencia la posibilidad de que en los órganos jurisdiccionales donde se presenten situación de pérdida de constancias, existe una vía institucional de fácil y segura reposición. En efecto, el artículo 3° de la ley en cita, en lo conducente dispone: "[.] En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinara la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica.[...]" Finalmente, el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, en sus artículos 89 y 90, sobre el tema particular dispone lo siguiente: "Artículo 89. Los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito integrarán los expedientes electrónicos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sus titulares serán los responsables de vigilar que el personal a su cargo digitalice oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios de amparo que en su caso se presenten de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica, de conformidad con el artículo 3, párrafos quinto y séptimo, de la Ley de Amparo. En la integración del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se atenderá a lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico. Artículo 90. Los Secretarios de Acuerdos y demás servidores públicos fedatarios designados por los titulares de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, darán fe en cada asunto que las promociones, documentos, autos y resoluciones coinciden en su totalidad en el expediente electrónico e impreso, de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo." En razón de lo anterior y del contenido de las certificaciones de cuenta, elaboradas por la licenciada Miriam Suheid Flores Osuna, Secretaria de este Juzgado, que este órgano jurisdiccional cumple con las anteriores disposiciones, ya que el expediente electrónico relativo al juicio de amparo indirecto 657/2018-I-1 se encuentra completo y sin alteración alguna, debido a que a la fecha del extravío del cuaderno impreso, éste se encontraba conformado únicamente con la papeleta de turno de la demanda, expedida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, con la demanda de amparo, constante de tres fojas útiles, tres anexos de la misma, auto de admisión de cinco de octubre pasado y la minuta relativa a los oficios girados para conocimiento de las partes, lo que es coincidente con la captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); es de colegirse que tal situación permite la fácil sustitución del expediente impreso con el digital conformado en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el anotado acuerdo general conjunto 1/2015, circunstancia que es del conocimiento del personal de este órgano jurisdiccional, esto es, el hecho de que el reemplazo del mismo únicamente conlleva un trámite ágil, de manera que su extravío, en el caso concreto se considera como un hecho aislado, que no puede generar en el suscrito la noción de que ello aconteció para dar ventaja a alguna de las partes del juicio y, por ende, para causar una afectación a la Administración de Justicia. Máxime, que para arribar a la anterior conclusión también influye la naturaleza de la violación alegada en el juicio de que se trata (actos omisivos) y el hecho de que las constancias que integran el expediente, al ser de reciente apertura, permiten su tramitación en todas sus etapas y dentro de los plazos legales que para tal efecto prevé la ley de la materia, en virtud de que no existen constancias que recabar en el mismo.
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