Hector Manuel Castillo Martínez

Expediente 2102/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2102/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
21/02/2022

Partes del expediente

  • Hector Manuel Castillo Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos en los que se actúa, así como el contenido de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa Héctor Manuel Castillo Martínez, haya interpuesto recurso alguno en contra del auto de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme el citado auto para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y de conformidad con lo estipulado en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, se archiva el expediente como asunto total y definitivamente concluido...Notifíquese.

  2. Principal

    PARA QUE LE SURTA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA, DEL AUTO DE LA FECHA EN CITA, MEDIANTE EL CUAL...agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria correspondiente a la sesión de once de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del amparo en revisión número 20/2021, en la que se resuelve: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena la reposición del procedimiento en el juicio de amparo indirecto 1032/2021, promovido por Zoila Monserrat Carrizales Ávila." Consecuentemente, acúsese recibo de estilo; hágase del conocimiento de las partes el sentido de la resolución de cuenta, agréguese el testimonio de referencia al expediente original que se recibe, así como el expedientillo que se formó en ausencia de los presentes autos; debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Hágase del conocimiento de las partes el sentido de la resolución de referencia, para los efectos legales procedentes. Ahora, en la ejecutoria que se recibe se estableció: ". revocar la sentencia recurrida y ordenar reponer el procedimiento, para que el actuario notifique de forma personal el informe justificado rendido por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, a la quejosa Zolia Monserrat Carrizales Ávila, a fin de que manifieste si es su deseo señalar como autoridad responsable al Actuario adscrito a la Junta responsable.". Atento a lo anterior, se deja insubsistente el sobreseimiento fuera de audiencia; y se repone el procedimiento dentro del presente asunto; con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo. Por ende, se requiere a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de quince días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste si es su deseo señalar como autoridad responsable al Actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. En el entendido, que de no realizar manifestación al respecto, se entenderá que no es su deseo señalar a la nueva potestad como responsable y se continuara el trámite del presente juicio de amparo tomando únicamente en cuenta a la autoridad señalada como responsable en el escrito inicial de demanda de amparo Por último, se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TRECE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDOS, para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, dese la intervención que legalmente corresponde al Fiscal Federal adscrito a este juzgado, corriéndole traslado con copia simple del oficio que se provee, lo anterior a través del correo electrónico oficial rafael.desantillana@pgr.gob.mx. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa; por oficio a la autoridad responsable y vía correo electrónico al Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a este Juzgado en Materia de Amparo.

  3. Principal

    PARA QUE LE SURTA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA, DEL AUTO DE LA FECHA EN CITA, MEDIANTE EL CUAL...agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por Héctor Manuel Castillo Martínez, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de dieciséis de diciembre del presente año; en tal virtud, se tiene por desahogado el requerimiento de referencia. Ahora bien, previo a emitir cualquier determinación se procede a analizar en su integridad el escrito de referencia, para armonizar los datos que contiene y fijar un sentido congruente con los elementos que la conforman, a fin de alcanzar una interpretación completa de la voluntad del promovente de amparo..se advierte actualizado un motivo manifiesto de improcedencia, que impone desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido por el dispositivo 113 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: ".XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." En el citado artículo se contiene el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual procede contra actos definitivos, entendidos éstos como aquellos contra los que no procede recurso o medio de defensa ordinario alguno, o que procediendo, se hayan hecho valer oportunamente y el acto reclamado sea lo resuelto en ellos, de no haberse obtenido la reparación solicitada; principio que no puede estimarse satisfecho con la circunstancia de que habiéndose interpuesto el medio de defensa ordinario éste se haya desechado, ya que en tal hipótesis resulta imperativo que de existir en contra de ese desechamiento algún otro recurso, éste se agote, y en el supuesto de no existir el acto reclamado en el juicio de amparo se haga consistir en esa inadmisión del recurso ordinario, ya que de otra manera no se cumpliría con el objetivo del mencionado principio que es el de preservar al juicio constitucional como un medio de defensa extraordinario al que debe acudirse sólo cuando ya no exista ante la potestad común la posibilidad de reparar el agravio que se alegue causa la actuación de la autoridad. En consecuencia, la definitividad del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a este procedimiento se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria, y que sean idóneos para revocar, modificar o anular el acto de que se trate...Luego, el precepto 113 de la Ley de Amparo faculta al juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es. Ahora bien, la parte quejosa hizo consistir como reclamado el auto de treinta de noviembre del dos mil veintiuno, dictado dentro del Juicio Ordinario Civil Sobre Pago de Daños 31/2021, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Ramo Civil del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl, Tamaulipas. En ese orden de ideas, como se adelantó, se actualiza la causal improcedencia en estudio, toda vez que deviene improcedente combatir el auto materia de reclamo a través del juicio de amparo indirecto, en razón de que el quejoso no agotó el medio ordinario previsto por la ley, pues al ser parte actora en el juicio de origen, puede y debe hacer uso de los medios de impugnación establecidos en la legislación que rige el procedimiento natural, máxime que no se encuentra imposibilitado para ello, dado el estado procesal imperante en el expediente judicial de origen. Se estima así, toda vez que contra el acto reclamado en esta instancia constitucional, procede el recurso de revocación, previsto en el artículo 914, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, que a la letra dispone: "Artículo 914: Los autos que no fueron apelables y los decretos, pueden ser revocados por quien los dictó o por el funcionario que se sustituya en el conocimiento del negocio. También procede la interposición del recurso en segunda instancia contra esas resoluciones, cuando son dictadas en el toca respectivo." En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, establece que el amparo indirecto resulta improcedente cuando en contra del acto que se reclama proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, siempre y cuando no se afecten a personas extrañas al juicio, quienes podrán acudir al amparo sin necesidad de agotar los medios ordinarios de defensa que procedan. Atendiendo a lo expuesto, se tiene que el principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tanto, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las propias leyes para que los afectados los hagan valer, y solo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos jurisdiccionales no tuvieran la carga de plantear sus defensas o medios de impugnación ante la autoridad responsable a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito suplantaría las facultades de la administración pública. Así las cosas, al no agotarse el medio de defensa ordinario, previamente a la promoción del juicio de amparo, es por lo que resulta procedente desechar de plano la demanda por el acto reclamado consistente en el auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el Juicio Ordinario Civil sobre Pago de Daños , dictado dentro del expediente 31/2021, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Ramo Civil del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl, Tamaulipas. En ese sentido, era necesario que en contra del auto reclamado, fuera combatido por medio del recurso de revocación, recurso ordinario y previsto en el artículo 914, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas...Lo anterior es así, en virtud que las únicas excepciones al principio de definitividad, se encuentran establecidas en la fracción XIII incisos a), b) y c) del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala que no es necesario acatar este principio, cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, o consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal y por último cuando quien promueva el juicio de amparo indirecto sea persona extraña al procedimiento; luego entonces el presente caso, no se encuentra en alguna de las hipótesis indicadas, para que se le eximiera de la obligación de agotar el requisito de definitividad a que se hizo alusión en párrafos precedentes. Por las razones apuntadas, se torna claro que se actualiza la causal de improcedencia a que alude la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo y, en vía de consecuencia, con fundamento en el numeral 113 del ordenamiento legal mencionado, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo por la causa manifiesta e indudable de improcedencia resaltada. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda, con el apercibimiento de que de resultar inexacto, las notificaciones del presente proveído y las subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de la materia. Asimismo, se tiene como autorizado al licenciado David Eustaquio Ramírez, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de tener registrada su cédula profesional en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito", hecha la excepción por cuanto hace a Martha Maldonado Díaz, a quien se le tiene únicamente en términos del último párrafo del aludido precepto, esto es únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, por no acreditar encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, toda vez que no cuenta con su cédula profesional registrada en el mencionado sistema. Por último, con fundamento en el artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    ...agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por Héctor Manuel Castillo Martínez, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de dieciséis de diciembre del presente año; en tal virtud, se tiene por desahogado el requerimiento de referencia. Ahora bien, previo a emitir cualquier determinación se procede a analizar en su integridad el escrito de referencia, para armonizar los datos que contiene y fijar un sentido congruente con los elementos que la conforman, a fin de alcanzar una interpretación completa de la voluntad del promovente de amparo..se advierte actualizado un motivo manifiesto de improcedencia, que impone desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido por el dispositivo 113 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: ".XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." En el citado artículo se contiene el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual procede contra actos definitivos, entendidos éstos como aquellos contra los que no procede recurso o medio de defensa ordinario alguno, o que procediendo, se hayan hecho valer oportunamente y el acto reclamado sea lo resuelto en ellos, de no haberse obtenido la reparación solicitada; principio que no puede estimarse satisfecho con la circunstancia de que habiéndose interpuesto el medio de defensa ordinario éste se haya desechado, ya que en tal hipótesis resulta imperativo que de existir en contra de ese desechamiento algún otro recurso, éste se agote, y en el supuesto de no existir el acto reclamado en el juicio de amparo se haga consistir en esa inadmisión del recurso ordinario, ya que de otra manera no se cumpliría con el objetivo del mencionado principio que es el de preservar al juicio constitucional como un medio de defensa extraordinario al que debe acudirse sólo cuando ya no exista ante la potestad común la posibilidad de reparar el agravio que se alegue causa la actuación de la autoridad. En consecuencia, la definitividad del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a este procedimiento se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria, y que sean idóneos para revocar, modificar o anular el acto de que se trate...Luego, el precepto 113 de la Ley de Amparo faculta al juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es. Ahora bien, la parte quejosa hizo consistir como reclamado el auto de treinta de noviembre del dos mil veintiuno, dictado dentro del Juicio Ordinario Civil Sobre Pago de Daños 31/2021, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Ramo Civil del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl, Tamaulipas. En ese orden de ideas, como se adelantó, se actualiza la causal improcedencia en estudio, toda vez que deviene improcedente combatir el auto materia de reclamo a través del juicio de amparo indirecto, en razón de que el quejoso no agotó el medio ordinario previsto por la ley, pues al ser parte actora en el juicio de origen, puede y debe hacer uso de los medios de impugnación establecidos en la legislación que rige el procedimiento natural, máxime que no se encuentra imposibilitado para ello, dado el estado procesal imperante en el expediente judicial de origen. Se estima así, toda vez que contra el acto reclamado en esta instancia constitucional, procede el recurso de revocación, previsto en el artículo 914, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, que a la letra dispone: "Artículo 914: Los autos que no fueron apelables y los decretos, pueden ser revocados por quien los dictó o por el funcionario que se sustituya en el conocimiento del negocio. También procede la interposición del recurso en segunda instancia contra esas resoluciones, cuando son dictadas en el toca respectivo." En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, establece que el amparo indirecto resulta improcedente cuando en contra del acto que se reclama proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, siempre y cuando no se afecten a personas extrañas al juicio, quienes podrán acudir al amparo sin necesidad de agotar los medios ordinarios de defensa que procedan. Atendiendo a lo expuesto, se tiene que el principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tanto, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las propias leyes para que los afectados los hagan valer, y solo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos jurisdiccionales no tuvieran la carga de plantear sus defensas o medios de impugnación ante la autoridad responsable a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito suplantaría las facultades de la administración pública. Así las cosas, al no agotarse el medio de defensa ordinario, previamente a la promoción del juicio de amparo, es por lo que resulta procedente desechar de plano la demanda por el acto reclamado consistente en el auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el Juicio Ordinario Civil sobre Pago de Daños , dictado dentro del expediente 31/2021, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Ramo Civil del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl, Tamaulipas. En ese sentido, era necesario que en contra del auto reclamado, fuera combatido por medio del recurso de revocación, recurso ordinario y previsto en el artículo 914, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas...Lo anterior es así, en virtud que las únicas excepciones al principio de definitividad, se encuentran establecidas en la fracción XIII incisos a), b) y c) del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala que no es necesario acatar este principio, cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, o consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal y por último cuando quien promueva el juicio de amparo indirecto sea persona extraña al procedimiento; luego entonces el presente caso, no se encuentra en alguna de las hipótesis indicadas, para que se le eximiera de la obligación de agotar el requisito de definitividad a que se hizo alusión en párrafos precedentes. Por las razones apuntadas, se torna claro que se actualiza la causal de improcedencia a que alude la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo y, en vía de consecuencia, con fundamento en el numeral 113 del ordenamiento legal mencionado, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo por la causa manifiesta e indudable de improcedencia resaltada. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda, con el apercibimiento de que de resultar inexacto, las notificaciones del presente proveído y las subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de la materia. Asimismo, se tiene como autorizado al licenciado David Eustaquio Ramírez, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de tener registrada su cédula profesional en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito", hecha la excepción por cuanto hace a Martha Maldonado Díaz, a quien se le tiene únicamente en términos del último párrafo del aludido precepto, esto es únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, por no acreditar encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, toda vez que no cuenta con su cédula profesional registrada en el mencionado sistema. Por último, con fundamento en el artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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