Hector Manuel Bonilla Grajales

Expediente 100/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
100/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
07/03/2022

Partes del expediente

  • Hector Manuel Bonilla Grajales

Actuaciones

  1. Principal

    IV-Agréguese el oficio signado por el secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, con el que remite el expediente original del juicio de amparo 76/2022-VI, de su índice, solicitando el acuse de recibo. Por tal motivo, remítase por la vía electrónica el acuse de recibo a la antes mencionada a través de su Oficialía de Partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Al respecto, se ordena glosar el juicio de amparo 76/2022-VI, a los presentes autos, sin que se haga mayor pronunciamiento, en virtud de que por auto de dos de marzo del año en curso, causó estado la determinación de dieciséis de febrero último, por el cual se desechó la demanda de amparo, mismo que fue remitido al archivo. Finalmente, en atención a la documental remitida por la autoridad ocursante, requiérase a la quejosa para que dentro del término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos legales la notificación de este proveído, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger el documento que adjuntó a su escrito inicial de demanda; con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, dicha documentación en su oportunidad será destruida junto con el expediente, conforme a lo establecido en párrafos precedentes. En tales consideraciones, teniendo en cuenta que, constituye un hecho evidente que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales, todavía no se realiza en un contexto de "normalidad", y en virtud de que es necesaria la comparecencia al órgano jurisdiccional de la promovente para la entrega de dicha documentación, deberá gestionar la cita respectiva disponible en la página en el entendido de que su presencia ese día en el recinto, se circunscribirá al trámite inherente a dicha diligencia. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    IV-Visto el contenido de la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que señala el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se hubiese recurrido el auto de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, mediante el cual este Juzgado desechó la demanda de amparo, promovida por Héctor Manuel Bonilla Grajales, Rosa María Márquez, Omar Hipólito Ortiz, Noemí Chan Canché, José Manuel Canul, Verónica López Cadena, María Guadalupe Maldonado Cruz, Wendy Andrea Galarza Herrera, Reyna Cecilia Solís Martín, María Elena García Oronzor y Julián Fernando Ramírez Olivarez, todos por su propio derecho, Horacio Reyes García, por su propio derecho, y ostentándose como representantes de la asociación "Federación Estatal para el Desarrollo Humano de los Adultos Mayores de Quintana Roo" y Nicolás Coba Cupul, por su propio derecho y ostentándose como representante de la asociación "Consejo de Pueblos Mayas, Asociación Civil"; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, carátula del presente cuaderno, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En consecuencia, en cumplimiento al artículo 21, inciso b) del Capítulo Octavo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción después de los tres años siguientes a partir del presente acuerdo. Asimismo, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 15 del Capítulo Quinto, del citado acuerdo. De igual forma, vista la certificaron de cuenta, se advierte que el presente expediente no contiene documentos originales que deban ser recogidos por las partes. Finalmente, agréguese el oficio signado por el secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, mediante el cual acusa recibo del oficio por el cual se informó que este órgano jurisdiccional aceptaba la competencia planteada y se avocaba al conocimiento de la demanda de amparo, que dio origen al juicio de amparo 76/2021-VI de su índice; de igual manera, comunicando que archivó el cuadernillo como asunto totalmente concluido. Circunstancia de la cual este juzgado de distrito queda enterado para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Chetumal, Quintana Roo, dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio signado por el secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, al cual inserta el acuerdo dictado el tres de febrero de dos mil veintidós en el amparo indirecto 76/2022-VI del cual se advierte que la titular de ese órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia para conocer de la demanda promovida por Héctor Manuel Bonilla Grajales, Rosa María Márquez, Omar Hipólito Ortiz, Noemí Chan Canché, José Manuel Canul, Verónica López Cadena, María Guadalupe Maldonado Cruz, Wendy Andrea Galarza Herrera, Reyna Cecilia Solís Martín, María Elena García Oronzor y Julián Fernando Ramírez Olivarez, todos por su propio derecho, Horacio Reyes García, por su propio derecho, y ostentándose como representante de la asociación "Federación Estatal para el Desarrollo Humano de los Adultos Mayores de Quintana Roo" y Nicolás Coba Cupul, por su propio derecho y ostentándose como representante de la asociación "Consejo de Pueblos Mayas, Asociación Civil". Con fundamento en el artículo 38 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia planteada para conocer de la demanda de amparo de que se trata. Acúsese el recibo de estilo. Por tanto, se ordena formar expediente, y registrarlo en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 100/2022-IV-A. Ahora, antes de entrar al estudio de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, es pertinente hacer notar lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme al precepto transcrito, este juzgado se encuentra facultado a desechar de plano una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que no requiere mayor demostración, toda vez que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen, y así considerarla probada, sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la parte promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal, que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Así, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo que prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". El precepto citado refiere que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso y contra normas de carácter general que, por su sola vigencia no le causen perjuicio, sino que se necesita de un acto posterior de aplicación que lo origine. Ello se relaciona con el artículo 107, fracción I, párrafo primero de la Constitución Federal, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Asimismo, el diverso artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que tiene el carácter de quejoso en el juicio de amparo: "(.) quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De lo anterior se desprende, que el juicio de amparo está reservado a quienes resienten un perjuicio jurídicamente relevante con motivo de un acto de autoridad, es decir, una afectación directa o indirecta al titular de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que éste surja de su especial situación frente al orden jurídico. En cuanto al interés jurídico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado, que el promovente del juicio de amparo debe ser titular de un derecho subjetivo, por lo que existe agravio o lesión al interés jurídico cuando existe una afectación al derecho subjetivo y es susceptible de individualizarse en una persona concreta. Por lo que se refiere al interés legítimo, el Tribunal Pleno al resolver la contradicción de tesis 111/2013 determinó, que éste implica una afectación a la esfera jurídica en sentido amplio, lo cual genera un interés cualificado, actual y real -debido a que la afectación surge de forma directa o en virtud de una especial situación frente al orden jurídico-. Asimismo consideró, que en el interés legítimo se configura un interés jurídicamente relevante y protegido por lo que de otorgarse la concesión del amparo se generará un beneficio en la esfera jurídica de la parte quejosa. En ese sentido, se sostuvieron como características del interés legítimo las siguientes: - Implica la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso. - La persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. - Conlleva el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En otras palabras, debe existir un vínculo con una norma jurídica. - La concesión del amparo se traduciría en un beneficio jurídico en favor de la parte quejosa, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica ya sea actual o futuro pero cierto, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. - Debe existir una afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. - Así, la parte quejosa tiene un interés propio distinto del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio. - La situación jurídica identificable surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial. En ese orden, el ejercicio de la acción de amparo está reservado a quienes resienten un perjuicio jurídicamente relevante con motivo de un acto de autoridad, es decir, una afectación directa o indirecta en un derecho que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese y es requisito que los actos que se reclamen repercutan en un derecho que tutele al quejoso o que tenga alguna afectación en su esfera de derechos, ya sea directa o indirectamente, toda vez que solo así una eventual sentencia protectora podrá justificarse. En el caso, de la lectura de la demanda de amparo se observa que la parte quejosa reclama, lo siguiente:En el capítulo de antecedentes, entre otras cosas, los quejosos refieren que el tres de marzo de dos mil veintiuno la Diputada Judith Rodríguez Villanueva, entonces Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, propuso un cambio a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, de lo cual destacan dos puntos que afirma atentar contra la autonomía de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, esto es: Se agregó la facultad de los grupos y representaciones legislativas para proponer a sus candidatos, aun cuando los propios legisladores participaran en la revisión de requisitos, harán las entrevistas, el dictamen y designación del finalista. También se eliminó la prohibición de los legisladores, directores generales y homólogos de las dependencias, que hayan ocupado el cargo en el año mediato anterior para aspirar a la presidencia de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado. Iniciativa que se dictaminó en julio de dos mil veintiuno y publicó el catorce de septiembre de ese mismo año. Agregan, que en la convocatoria publicada para la designación de la presidencia de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, se realizó el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós por el Presidente de la Mesa Directiva del Primer Periodo Extraordinario de Sesiones del Tercer año en Ejercicio Constitucional de la Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; en la misma fecha se envió para su publicación en el Periódico Oficial y en esa misma fecha la entonces Diputada Judith Rodríguez Villanueva, solicitó licencia. Afirman, que la Diputada con licencia cambió la ley para poder aspirar al cargo, posteriormente realizó una convocatoria y en la misma fecha en que fue firmada, solicitó licencia; con lo cual indican, que la convocatoria es excluyente, ilegal y arbitraria, afectó la transparencia y la posibilidad de concursar en igualdad de circunstancias, estando debidamente dirigida hacia determinado sector. Aunado a lo anterior, en los conceptos de violación se advierte, que los quejosos refieren que la Ley de Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, vulnera la autonomía de dicho organismo contraviniendo la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con dicha reforma la Comisión de Derechos Humanos permite ser una extensión del poder legislativo y pierde autonomía, al ser el propio poder legislativo quien propone un candidato, por lo que consideran dicen, existe un conflicto de intereses. Agregan que su pretensión en relación a la legalidad de la convocatoria se dirige a establecer que no se ajusta al procedimiento de consulta pública ni a la transparencia del proceso de selección de la persona que ocupará la Presidencia de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Insisten, que dicha convocatoria es para que las diputadas Laura Susana Martínez Cárdenas o Judith Rodríguez Villanueva, impulsadas por algunos partidos políticos, se postulen para ocupar dicho cargo. También refieren que existe una falta de transparencia y conflicto de intereses, pues Judith Rodríguez Villanueva presidía la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, y por ende tenía información privilegiada de los aspirantes. Además, sólo establecen que se contraviene el artículo 2 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, el artículo 102, apartado B, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y 94 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Precisado lo anterior, para determinar si los quejosos cuentan con interés jurídico y/o legítimo para combatir la el procedimiento para designar la presidenta o presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, es decir, si los actos que reclaman repercuten en un derecho que tutele a los quejosos o que tengan alguna afectación en su esfera de derechos de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, resulta necesario, establecer el texto del numeral 102, apartado B, quinto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 94 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como de los artículos 1o., 15, 16 y 17 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 102. (.) B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. (.) Las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Artículo 94(...) El Organismo que establezca la legislatura se denominará Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, el cual será órgano público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión, independencia funcional y financiera, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su Página 81 de 253 presupuesto y determinar su organización interna. Esta Comisión contará con un órgano interno de control, cuyo titular será designado por la Legislatura o la Diputación Permanente, en su caso; durará cuatro años sin posibilidad de reelección, y no podrá durante el ejercicio de su cargo, formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en las asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia. La Ley establecerá los requisitos y el procedimiento para la designación del titular del órgano interno de control. El presupuesto de egresos de la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo no podrá ser menor al cero punto quince por ciento del presupuesto de Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal de que se trate y en ningún caso, será menor al presupuesto otorgado en el año inmediato anterior, para tal efecto, el proyecto de presupuesto de egresos de la Comisión, será remitido a la Legislatura, para su inclusión en el Presupuesto de Egresos del Estado, a más tardar el 15 de noviembre del año anterior al ejercicio fiscal que corresponda. El proyecto de presupuesto de egresos deberá incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos de la Comisión, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 165 de esta Constitución. Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y de observancia general en el Estado de Quintana Roo en materia de derechos humanos, respecto de los mexicanos y extranjeros que se encuentren en el territorio del Estado, en los términos establecidos en el apartado "B" del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 94 de la Constitución Política del Estado. Asimismo, la presente ley, establece la forma de integración, atribuciones y procedimientos de atención respecto de las quejas ante la Comisión. Artículo 15. La persona titular de la Presidencia deberá reunir para su designación los siguientes requisitos: I. Tener ciudadanía mexicana en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; II. Tener una residencia en el Estado no menor de 5 años anteriores al día de su designación; III. (DEROGADA, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2017) IV. Gozar de buena reputación y no haber recibido condena por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena; V. No haber recibido sanción en el desempeño de algún cargo, empleo o comisión dentro de la administración pública federal, estatal o municipal con motivo de una recomendación de algunos de los Organismos Públicos Defensores de los Derechos Humanos; VI. Poseer, al día de su designación, con antigüedad mínima de cinco años, título y cédula profesional de nivel licenciatura, preferentemente de Licenciado en Derecho. VII. No ser Titular de alguna Secretaría o Titular de la Fiscalía General del Estado, a menos que se separe del cargo, un año previo a la designación. VIII. No haber sido Secretario, Director General o su equivalente en la Administración Pública Paraestatal, Fiscal General del Estado, Senador, Diputado Federal o Local, ni presidente municipal, durante el año previo al de su designación; IX. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político durante el año previo al de su designación. Artículo 16.- La persona titular de la presidencia será designada por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura, de entre las propuestas que formulen los Grupos Legislativos, Representaciones Legislativas y las organizaciones de la sociedad civil que se encuentren legalmente constituidas en los términos de la legislación civil o aplicable, cuyo objeto social se encuentre vinculado con la promoción y defensa de los derechos humanos. La persona titular de la presidencia durará en su cargo cuatro años. Artículo 17.- El procedimiento para la designación del Presidente, se sujetará al trámite siguiente: I. Llegado el momento de la designación, el Presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura, convocará a los grupos parlamentarios representados en la Legislatura, así como a las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas en los términos de la legislación civil aplicable, cuyo objeto social se encuentre vinculado con la promoción y defensa de los derechos humanos, para que presenten sus propuestas. Los convocados podrán presentar no más de una propuesta; II. El plazo para la recepción de solicitudes de registro será de diez días naturales siguientes a la publicación de la Convocatoria en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, en dos diarios de circulación en el Estado y en la página Web del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas en los términos de la legislación civil aplicable con una antigüedad mínima de dos años, cuyo objeto social se encuentre vinculado con la promoción y defensa de los derechos humanos, que acrediten haber participado u organizado por lo menos dos actividades en el año inmediato anterior al comienzo de este procedimiento podrán proponer a un aspirante al cargo de Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, mediante escrito ante la Oficialía de Partes del Poder Legislativo, conjuntamente con la documentación certificada que acredite el cumplimiento del aspirante acerca de los requisitos que establece la ley, así como un escrito firmado por el aspirante, mediante el que manifieste su consentimiento para participar en el procedimiento, además de señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Chetumal, a falta de éste, las notificaciones se harán por estrados del Poder Legislativo. En caso de que, aun señalando domicilio para tales efectos, no se pueda llevar a cabo la notificación respectiva por no encontrarse representante que la reciba, la misma se hará mediante estrados del Poder Legislativo. III. Vencido el plazo señalado en la fracción anterior, las propuestas se turnarán inmediatamente a la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura para que proceda a verificar el contenido de la documentación presentada, si de la verificación realizada se advierte que se omitió el cumplimiento de uno o varios requisitos o que la documentación no es correcta, se notificará a las organizaciones de la sociedad civil, para que a más tardar dentro de los dos días hábiles siguientes contados a partir de la notificación, anexen o corrijan la documentación respectiva. Cumplido este plazo, quienes no hayan subsanado los requisitos o la documentación observada, se tendrá por no presentada la propuesta; IV. La Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, dentro de los diez días hábiles siguientes, publicará en los estrados del Poder Legislativo del Estado y en su Página Web, la lista de aspirantes que hayan cumplido con los requisitos, y llevará (sic) cabo las entrevistas a los mismos de manera pública; V. Una vez concluidas las entrevistas, las organizaciones de la sociedad civil a que se refiere la fracción II de este artículo, excepto aquellas que en términos de la misma fracción hubieren presentado propuesta de aspirante al cargo, así como la ciudadanía en general, podrán emitir opinión en relación a los aspirantes y presentarla por escrito debidamente sustentada ante la Oficialía de Partes del Poder Legislativo dirigida a la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura. El plazo para la recepción de opiniones vencerá a los tres días hábiles siguientes a que hubieren concluido las entrevistas; VI. La Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, una vez recibidas las opiniones de la sociedad deberá presentarlas con el Dictamen respectivo a la consideración de la Legislatura para que en sesión que para tal efecto se celebre, se someta a votación de sus integrantes, y se determine quién de los candidatos propuestos resultare electo, debiéndole notificar su designación para que acuda a rendir la protesta de ley; VII. El candidato que resulte electo., deberá rendir la protesta de ley correspondiente ante la Legislatura, y VIII. La designación del Presidente se mandará a publicar en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo y en la página web del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, señalando el inicio y fin del periodo del encargo. Del contenido de los preceptos citados, se advierte que Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, será designado por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura, de entre las propuestas que formulen los grupos legislativos, representaciones legislativas y las organizaciones de la sociedad civil que se encuentre legalmente constituidas en los términos de la legislación aplicables. Como se ve, la facultad que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, a la legislatura para elegir al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, estriba en que debe realizarse por conducto los grupos legislativos, representaciones legislativas y las organizaciones de la sociedad civil que se encuentre constituidas legalmente en los términos de la legislación civil o aplicable, será la Legislatura quien mediante votación de las dos terceras partes de su integración presentes en ese momento elegirá a quien ocupe el cargo. Ahora, conforme a lo anterior, debe considerarse que si los quejosos acudieron al amparo en su carácter de ciudadanos por su propio derecho y dos de ellos como representantes de asociaciones, controvirtiendo en esencia, que en términos de la convocatoria, no existe posibilidad de concursar en igualdad de circunstancias, pues desde su óptica está dirigida para que dos personas una diputada con licencia y una senadora suplente, ocupen el cargo; con lo cual además se pone en riesgo la autonomía de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. En ese contexto, dada la naturaleza de los actos que pretenden combatir, así como la calidad con la que acuden al juicio constitucional, no cuentan con interés jurídico ni legal para combatir el procedimiento de designación de la persona Titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Ello, pues los posibles "vicios" que en su caso se hubieran suscitado en ese proceso no repercuten en un derecho humano que tutele a los quejosos o que tenga alguna afectación en su esfera de derechos -directa o indirectamente-; esto es, no se advierte que los actos que pretenden reclamar les causan un agravio personal y directo a sus derechos, ni tampoco se advierte la existencia de un vínculo entre tales actos y los promoventes que ponga en evidencia un agravio. Esto es, en el presente caso no se desprende un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación de los actos que reclaman les pueda producir un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, de tal manera que el estudio respectivo y una eventual sentencia protectora puedan justificarse. Más bien, las violaciones que en todo caso les producen los actos reclamados, se vinculan, como los propios quejosos lo señalan en su demanda de amparo, son la restricción a participar en igualdad de circunstancias y la autonomía de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo; empero ello no tutela a los particulares, con lo cual resulta evidente que las eventuales irregularidades en el procedimiento de elección de un funcionario público, como lo es el de la Presidencia de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, no tiene un impacto que pueda redundar en sus derechos -como individuos- al debido proceso, y legalidad reconocidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal y, por ende, tale actos no pueden ser justiciables a través del juicio de amparo. En ese sentido, a partir de lo anterior, se arriba a la convicción de que los quejosos no cuentan con interés jurídico ni legítimo suficiente para promover el juicio de amparo contra participación de dos candidatas a contender en el procedimiento para la designación de la Titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, pues tal como ha quedado de manifiesto, la legislación que regula el procedimiento para acceder al cargo de titular de esa Comisión se instauró conforme a las norma vigente y aplicable, sin que se advierta que los hoy quejosos hayan sufrido alguna afectación real y actual en su esfera jurídica por su creación, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, ni mucho menos se advierte que pudieran obtener algún beneficio en caso de que llegara a anularse la participantes de las dos contendientes que citan, de tal suerte que no se satisface el presupuesto necesario para acudir al juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO." Así las cosas, al no existir una afectación real en la esfera de derechos de la parte quejosa, es claro, que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Por todo lo antes expuesto, ante la manifiesta e indudable presencia de la invocada causal de improcedencia, lo procedente es desechar la demanda de amparo promovida por Héctor Manuel Bonilla Grajales, Rosa María Márquez, Omar Hipólito Ortiz, Noemí Chan Canché, José Manuel Canul, Verónica López Cadena, María Guadalupe Maldonado Cruz, Wendy Andrea Galarza Herrera, Reyna Cecilia Solís Martín, María Elena García Oronzor y Julián Fernando Ramírez Olivarez, todos por su propio derecho, Horacio Reyes García, por su propio derecho, y ostentándose como representante de la asociación "Federación Estatal para el Desarrollo Humano de los Adultos Mayores de Quintana Roo" y Nicolás Coba Cupul, por su propio derecho y ostentándose como representante de la asociación "Consejo de Pueblos Mayas, Asociación Civil", con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Resta decir, que las consideraciones que rigen este acuerdo se apoyan en lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el resolver los recursos de queja 69/2020 y 77/2020 en sesiones de tres de marzo y catorce de abril de dos mil veintiuno, respecto de las cuales en el primer recurso los promoventes acudían en su carácter de Senadores del Congreso de la Unión, además como ciudadanos; mientras que en el segundo un participante para acceder al cargo de titular de la Comisión Nacional de Derechos Humano; ambos asuntos donde se resolvió que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo y se debía desechar la demanda de amparo. En otro orden de ideas, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir todo tipo de notificaciones, el que indica en su escrito de demanda y como su autorizado en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Santiago Yanuario Solís Caballero, toda vez que tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Circuito. De conformidad con lo establecido en la parte final del artículo 1, fracción I, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que de ser posible y en consideración a las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen con la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea" utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio y del incidente de suspensión. Finalmente, con fundamento en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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