Héctor Maldonado Bonilla
Expediente 497/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 30 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 497/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 16/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Héctor Maldonado Bonilla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Se ordena notificar por lista. Vista la razón actuarial de dos de marzo de dos mil veintiuno, asentada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado; por medio de la cual, manifiesta la imposibilidad para notificar a la parte quejosa Héctor Maldonado Bonilla, el proveído de trece de enero y veinticinco de febrero del año en curso, por los motivos que indica; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, se ordena notificarle los citados autos, así como el presente proveído, y subsecuentes notificaciones -aún las de carácter personal-, por medio de lista, que se fija en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale diverso domicilio para tal efecto en la zona metropolitana Apizaco-Tlaxcala. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Tribunal Colegiado remite ejecutoria. Agréguese el oficio y anexos signado por el Actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria engrosada el ocho de febrero de dos mil veintiuno, dictada en los autos del recurso de revisión 26/2020 de su índice, así como el juicio de amparo 497/2019-VIII y un tomo de pruebas; en consecuencia, acúsese de recibo, asimismo comuníquese a las partes que la Superioridad confirmó la resolución terminada de engrosar el veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, y los puntos resolutivos de la ejecutoria en cita establecen lo siguiente: "PRIMERO. En la materia de la revisión de confirma la sentencia recurrida.. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto 497/2019-VIII, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, promovido por Héctor Maldonado Bonilla, por propio derecho, en contra de los actos reclamados y autoridades responsables precisadas en el resultando primero de esta resolución." Se ordena archivo. En tal virtud, agréguese a estos autos los documentos originales del cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del recurso de mérito, asimismo, háganse las anotaciones en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo vigésimo primero, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, por haberse sobreseído en el juicio. Se establece que el incidente de suspensión es depurable, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo decimoctavo, fracción I, inciso a) del citado acuerdo, por haberse concedido la suspensión provisional como definitiva. Resguárdese el juicio principal, como el cuaderno original del incidente de suspensión por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Depúrese dentro de los noventa días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; las resoluciones relativas al otorgamiento o violación de la medida cautelar y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; lo que deberá justificarse en el acuerdo de desincorporación, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se establece que el cuaderno duplicado del incidente de suspensión es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo veinte, fracción II, inciso a) del citado acuerdo. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Devolución de documentos. Por otra parte, toda vez que obran documentos importantes exhibidos por la parte quejosa, que si bien no encuadran en el artículo 36 del citado Acuerdo General, déjense a su disposición, los cuales podrán recoger dentro del plazo de noventa días, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido del licenciado Librado Antonio Gómez Morales, Secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
Apizaco, Tlaxcala, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Tribunal Colegiado remite ejecutoria. Agréguese el oficio y anexo signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el recurso de revisión administrativa incidental 221/2019; en consecuencia, comuníquese a las partes que la Superioridad confirmó la resolución de seis de noviembre de dos mil veinte, y los puntos resolutivos de la ejecutoria en cita establecen lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma la interlocutoria recurrida. SEGUNDO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa dentro del juicio de amparo 497/2019, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala." En tal virtud, se le tiene devolviendo el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 497/2019-VIII de este índice; acúsese el recibo correspondiente y dese a conocer a las partes la devolución de estos autos que se encontraban en revisión. Háganse las anotaciones en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); en relación al cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la remisión de los autos del cuaderno original del incidente se suspensión, se ordena destruir las copias con las que se integró el mismo, a excepción de las constancias originales las cuales deberán glosarse al presente asunto.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve: Apizaco, Tlaxcala, veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Tribunal Colegiado remite ejecutoria de queja. Agréguese el oficio signado por la Actuaria adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, en el recurso de queja administrativa 170/2019, cuyo punto resolutivo establece lo siguiente: "(.) ÚNICO. Es FUNDADO el recurso de queja interpuesto por Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, Rebeca Xicohténcatl Corona, Elsa Cordero Martínez, Felipe Nava Lemus, Fernando Bernal Salazar y Mary Cruz Cortés Ornelas, Magistrados Propietarios integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala; así como Leticia Caballero Muñoz, Álvaro García Moreno, Mildred Murbartian Aguilar y Martha Zenteno Ramírez, Consejeros del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, en contra del acuerdo de veintitrés de julio de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio de amparo indirecto 497/2019, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala(.)". En tal virtud, acúsese el recibo correspondiente, háganse las anotaciones en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Respecto al anexo que remite la autoridad oficiante, se ordena la destrucción del mismo. Se levanta suspensión decretada Ahora, en virtud de que por auto de dos de agosto de dos mil diecinueve (foja 135), se suspendió el procedimiento, de conformidad con el artículo 102 de la Ley de Amparo, hasta en tanto se resolviera el recurso de queja, y toda vez que en diverso auto de treinta y uno de octubre del presente año (foja 285), de igual forma, se reservó dicha circunstancia, toda vez que los recursos de queja interpuestos en el presente asunto, ya se resolvieron, se levanta la suspensión decretada en este juicio. Se señala fecha de audiencia constitucional. En consecuencia, se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CUATRO MINUTOS DEL VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio. Se desecha ampliación de demanda Así, en atención a la ejecutoria emitida por la superioridad y visto de nueva cuenta el escrito signado por el quejoso Héctor Maldonado Bonilla, por el que pretende ampliar su demanda de amparo (fojas 106 a 117), se provee: A fin de determinar la oportunidad en la ampliación de demanda, se precisa que el artículo 111 de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda". Como se advierte, dicho numeral establece dos supuestos para ampliar la demanda, el primero (previsto en la fracción I), cuando no han transcurrido los plazos para su presentación. Esto es, habiéndose presentada la demanda de amparo, la ampliación de ésta podrá presentarse si no han transcurrido quince días hábiles contados a partir del día aquél en que, conforme a la ley del acto, éste fue notificado al quejoso o de aquél en que tuvo conocimiento o se ostente sabedor del mismo, tal como lo prevé el arábigo 18 relacionado con el 17 de la Ley Reglamentaria de la materia, pudiendo ser dicha ampliación en cuanto actos, autoridades y conceptos de violación. Resulta oportuno mencionar que el aludido plazo tiene excepciones; empero, en el particular no se actualiza alguna de las previstas en el arábigo 17 de la Ley de Amparo, porque no se reclama alguna norma autoaplicativa, un procedimiento de extradición, una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal o, acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por otro lado, la segunda hipótesis prevista en la fracción II del aludido artículo 111 de la Ley de Amparo, se actualiza cuando ya habiendo presentado su demanda el impetrante y transcurrido el referido plazo de la fracción I (quince días hábiles), el quejoso tiene conocimiento de actos de autoridad que guardan estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este punto resulta importante señalar, que el Máximo Tribunal del país ha sostenido en diversas tesis jurisprudenciales, que también es procedente la ampliación cuando el impetrante advierte la intervención de una nueva autoridad distinta a la que emitió el acto reclamado o cuando apenas se conozcan los fundamentos o motivos que sustentan el acto reclamado. Ahora, en cualquiera de esos supuestos, según dispone el precepto en cuestión, el quejoso contará de nuevo con un plazo de quince días hábiles, en los que podrá hacer alguna de las dos cosas siguientes: a) Formular la ampliación de su demanda inicial siempre y cuando no se haya celebrado la audiencia constitucional b) Presentar una nueva demanda. Sirve de criterio a lo anterior, la tesis 2a. XLI/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al no oponerse a las disposiciones de la actual Ley de Amparo y que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, visible en la página web de dicha Corte, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA DE SU AMPLIACIÓN. Aunque la Ley de Amparo no prevé expresamente, la figura de la ampliación de la demanda, la Suprema Corte, con fundamento en la relación armónica de las disposiciones relativas a la acción constitucional, ha establecido, en tesis aisladas que sí procede y ha dado algunas reglas en relación con el momento procesal en que puede ejercitarse, a saber: 1a. Antes de que se fije la litis constitucional, esto es, cuando aún no hayan sido rendidos los informes por las autoridades responsables. En esa etapa, la demanda puede ampliarse señalando nuevos actos reclamados, nuevas autoridades responsables y nuevos conceptos de violación, con la única condición de que la ampliación se presente dentro del mismo plazo que rige la presentación de la demanda; 2a. Después de que se hayan rendido los informes justificados. En este supuesto la demanda sólo puede ampliarse en aquellos casos en que de dichos informes se advierta la existencia de un nuevo acto, la intervención de una autoridad distinta a la que emitió o ejecutó el acto reclamado o bien, que hasta ese momento se conozcan los fundamentos y motivos que sustenten el acto que se reclama, lo que también haría posible la ampliación por lo que ve a los conceptos de violación. La ampliación de la demanda, en este caso, debe hacerse atendiendo al plazo que establece la Ley de Amparo para la demanda principal. 3a. Que en ninguno de los supuestos señalados haya sido celebrada la audiencia constitucional". Ahora, el quejoso pretende ampliar su demanda de amparo respecto del acto reclamado consistente en: ".ACTOS RECLAMADOS. La terminación anticipada del encargo de Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, pues de forma anticipada y vulnerando en mi perjuicio lo establecido por el artículo 79 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Tlaxcala y 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, se me impidió continuar con el desempeño de las facultades y atribuciones inherentes a dicho cargo para el cual fui electo durante el período que inicio a partir del día primero de febrero de dos mil dieciocho y fenece el treinta y uno de enero de dos mil veinte. De ahí que, no existe en la ley procedimiento alguno por el cual se pueda revocar, modificar o declarar la terminación anticipada del mandato constitucional para el cual fui electo." Asimismo, formula los conceptos de violación correspondientes. Ahora bien, conforme al artículo 111 de la Ley de Amparo referido, la procedencia de la ampliación de demanda se sujeta a que: a) el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial; b) no hayan transcurrido los plazos para su presentación; y, c) no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien se haya presentado una nueva demanda. En el caso que nos ocupa, los actos por los cuales el quejoso pretende ampliar su demanda de amparo, colman la exigencia prevista en el inciso a) antes señalado, en virtud que el acto reclamado en la ampliación guarda estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. Se afirma lo anterior, pues lo que el quejoso viene reclamando vía ampliación, es la terminación anticipada del cargo que venía desempeñando como Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, con lo cual se le impidió continuar con el desempeño de las facultades y atribuciones inherentes a dicho puesto. Asimismo, en relación al inciso c), relativo a que no se haya celebrado la audiencia constitucional o no se haya presentado una nueva demanda de amparo; debe decirse, que también se colman tales requisitos, pues no hay constancia que evidencie que se haya presentado una nueva demanda de amparo, ni que se haya celebrado la audiencia constitucional en el juicio de amparo de origen. No obstante, por lo que hace al requisito precisado en el inciso b), en relación a que la ampliación se realice dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, no se cumple con el mismo, conforme a lo que a continuación se expone. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 8/2018, visible en la página 10, del Tomo I, Libro 53, Abril de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, sostuvo: "DEMANDA DE AMPARO. MOMENTO EN EL QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR SU AMPLIACIÓN, CON MOTIVO DE LA RENDICIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO.- El artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo incorpora expresamente la figura de la ampliación de la demanda de amparo, para los casos en que no hayan transcurrido los plazos para su presentación, o bien, cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los reclamados en la demanda inicial, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional. Este segundo supuesto se actualiza cuando el quejoso tiene conocimiento de nuevos actos reclamados o autoridades responsables, o la necesidad de presentar conceptos de violación novedosos derivados de la fundamentación y motivación que no se conocía con anterioridad, siempre que exista una estrecha relación con los actos impugnados inicialmente. Ahora, si bien el supuesto es abierto, por lo regular el referido conocimiento deriva directamente de las constancias y del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. En este caso, el cómputo del plazo para presentar la ampliación de demanda inicia al día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que tiene por recibido el informe justificado y ordena dar vista al quejoso, excepto cuando se acredite plenamente, que antes de la mencionada notificación, éste se ubicó en alguno de los supuestos previstos en el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, que conoció con anterioridad la materia novedosa, en cuyo caso el cómputo inicia a partir del día siguiente a ese conocimiento; sin que lo anterior esté vinculado con la vista que se otorga a las partes para imponerse del contenido del informe justificado, por ser actos procesales diferentes con finalidades también distintas, esto es, por un lado se encuentra la posibilidad de: (i) ampliar la demanda ante el conocimiento de actos, autoridades o aspectos novedosos relacionados -incorporando a la litis del amparo elementos que no habían sido integrados al juicio y, por ende, es necesario solicitar un nuevo informe justificado, ya sea a la propia autoridad o a una nueva-; y, por otro, (ii) imponerse del contenido del informe justificado respecto de argumentos y pruebas relacionados con el acto reclamado por el que originalmente se admitió la demanda. Una interpretación en la que se asumiera que el plazo para ampliar la demanda debe computarse a partir del día siguiente al del fenecimiento de la vista para imponerse del informe justificado, traería consigo, como consecuencia, alterar el contenido del artículo 18 invocado, ampliando sin fundamento legal los plazos establecidos por el legislador". Conforme al anterior criterio jurisprudencial, la ampliación de la demanda de amparo, procede en los casos en que: a) no hayan transcurrido los plazos para su presentación; y, b) cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los reclamados en la demanda inicial, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional. El segundo caso se actualiza cuando el quejoso tiene conocimiento de nuevos actos reclamados o autoridades responsables, o la necesidad de presentar conceptos de violación novedosos derivados de la fundamentación y motivación que no se conocía con anterioridad, siempre que exista una estrecha relación con los actos impugnados inicialmente. Ahora, el conocimiento de los actos deriva, por regla general, directamente de las constancias y del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, por lo que el cómputo del plazo para presentar la ampliación de demanda inicia al día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que tiene por recibido el informe justificado y ordena dar vista al quejoso. Sin embargo, existe una excepción, que es cuando se acredite plenamente que antes de la mencionada notificación, el quejoso se ubicó en alguno de los supuestos previstos en el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, que conoció con anterioridad la materia novedosa, en cuyo caso el cómputo inicia a partir del día siguiente a ese conocimiento; sin que lo anterior esté vinculado con la vista que se otorga a las partes para imponerse del contenido del informe justificado, por ser actos procesales diferentes con finalidades también distintas. Esto es, por un lado se encuentra la posibilidad de: a) ampliar la demanda ante el conocimiento de actos, autoridades o aspectos novedosos relacionados -incorporando a la litis del amparo elementos que no habían sido integrados al juicio y, por ende, es necesario solicitar un nuevo informe justificado, ya sea a la propia autoridad o a una nueva-; y, b) imponerse del contenido del informe justificado respecto de argumentos y pruebas relacionados con el acto reclamado por el que originalmente se admitió la demanda. De acuerdo a lo anterior, es evidente que se pueden establecer dos momentos para ampliar la demanda y empiece a correr el término que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, para su ampliación; a) ante el conocimiento de nuevos actos con anterioridad a la rendición de los informes justificados; y, b) cuando al imponerse de los informes justificados se advierte la existencia de nuevos actos. Sin embargo, como quedó precisado en la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado de este Circuito, el acto materia de la ampliación lo es la terminación anticipada del cargo que desempeñaba el quejoso como Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala; siendo, que en relación con el mismo tuvo conocimiento cuando menos desde el once de junio de dos mil diecinueve, fecha en la que se le notificó la interlocutoria del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa; de ahí, que desde esa fecha conoció del acto que reclamó en la ampliación de demanda, por lo que no tuvo conocimiento de esa terminación anticipada reclamada, cuando se le dio vista con los informes justificados. Para ello, en la aludida ejecutoria se señaló que al cotejar la copia certificada del escrito de agravios del recurso de revisión interpuesto por el quejoso en contra de la interlocutoria relativa a la suspensión definitiva en el juicio de amparo de origen, con el original que obra en el expediente del recurso de revisión incidental 221/2019 de su índice (lo cual señaló como hecho notorio), se aprecia, además de que concuerdan, que en dicho ocurso el quejoso Héctor Maldonado Bonilla, admite que esa interlocutoria le fue notificada el mismo día de su emisión, esto es, el once de junio de dos mil diecinueve. Dicha circunstancia, cobra relevancia, toda vez que el quejoso en sus agravios precisó lo siguiente: "b) Hago notar a este Cuerpo Colegiado, que el concepto de terminación anticipada es un acto de autoridad... c) Con su actuar, el Juez Tercero de Distrito está avalando la destitución de la que fui objeto por las responsables y con lo cual dieron por terminado de manera anticipada mi encargo como Presidente del Tribunal Superior de Justicia el Estado y del Consejo de la Judicatura,... d)... Supuestos que no se actualizan en el acto ilegal del que me duelo, pues de los informes previos rendidos por las responsables, en especial del emitido por el representante común de los Magistrados propietarios integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado y de los Consejeros de la Judicatura, así como del acta número 10/2019 de fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, que acompañan a dicho informe, su Señoría se podrá percatar que los fundamentos que toman para acordar la terminación anticipada del periodo en el encargo de Presidente del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Estado..." De lo anterior, se desprende que el quejoso cuando menos desde el once de junio de dos mil diecinueve (fecha en que se le notificó la interlocutoria de la negativa de la suspensión definitiva), tuvo conocimiento de la terminación anticipada de encargo de Presidente del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Estado, pues en sus agravios hace notar que de los informes previos rendidos por las responsables, se aprecia que son ilegales los fundamentos que se toman para acordar la terminación anticipada del periodo en el encargo de Presidente del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Estado. De ahí, que es evidente que a la fecha que presentó la ampliación formulada (diecinueve de julio de dos mil diecinueve), lo hizo fuera del plazo de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo; lo anterior, pues si conoció del acto reclamado en la ampliación cuando menos desde el once de junio de dos mil diecinueve, es claro que a partir del día siguiente empezó a correr el término para ampliar la demanda por este acto, esto es, el doce de junio posterior, por lo que el último día para presentar su ampliación su ampliación lo era el dos de julio posterior -previo descuento de los días inhábiles (sábados y domingos)-; sin embargo, dicha ampliación por lo que a tal acto se refiere, la presentó hasta el diecinueve de julio del año en curso (fojas 106 a 117). Por tanto, es evidente que la ampliación de la demanda de amparo por lo que a tal acto se refiere resulta extemporánea y, lo procedente es desecharla. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P. J. 15/2003, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 12, tomo XVIII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a julio de 2003, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguientes: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." Se provee sobre oficios reservados Finalmente, dada lo determinación realizada en el presente proveído, no resulta procedente hacer pronunciamiento alguno de los oficios del Oficial Mayor de Gobierno y Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, Contralor del Poder Judicial, así como por los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y por los Consejeros del Consejo de la Judicatura, todos del Estado de Tlaxcala reservados en autos de trece y veintitrés de agosto de este año (fojas 200 y 245), por medio de los cuales rindieron sus respectivos informes justificados relativos a la ampliación de demanda formulada por la parte quejosa.
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