Héctor Magaña Lara

Expediente 1316/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1316/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Héctor Magaña Lara

Actuaciones

  1. Principal

    Colima, Colima, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta se advierte que feneció el término de cinco días previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja contra el auto de diecisiete del actual. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis antes referida, del citado Acuerdo General, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo aplicado a contrario sensu. Por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. De conformidad con párrafo segundo del artículo 28 del referido acuerdo, el secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista. .

  2. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL ELECTRONICA

  3. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta a través del cual el quejoso ************, pretende cumplir con la prevención realizada por auto de radicación. Ahora bien, del estado de autos se desprende que en proveído de veinticinco del actual, se previno a la parte quejosa para que cumpliera con lo siguiente: "i) Manifieste si es su deseo señalar como acto reclamado la resolución de acusación de cinco de octubre de dos mil veintitrés, emitida en el juicio político ********************; y, en caso afirmativo, la fecha en que fue notificado o tuvo conocimiento de la misma. ii) Bajo protesta de decir verdad, en términos del artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, indique si a la fecha ya fue emitida la resolución correspondiente en el juicio político de que se trata y, en su caso, si fue sancionado, además, si su solicitud de prescripción de la facultad sancionadora fue atendida." Al respecto, en el escrito de cuenta el promovente manifiesta que en sesión de dos del actual, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, resolvió el juicio político ********************; sin embargo, no le ha sido notificada la resolución correspondiente, por lo que desconoce los motivos, razones y fundamentos de la misma; por tanto, atiende lo requerido en el inciso ii). Sin embargo, no sucede lo mismo con relación a lo exigido en el inciso i), debido a que no realiza manifestación alguna respecto a si es su deseo señalar como acto reclamado la resolución de acusación de cinco de octubre de dos mil veintitrés, emitida en el juicio político ********************; como tampoco, la fecha en que fue notificado o tuvo conocimiento de la misma. Por tanto, la prevención no se encuentra cumplida. Ante la omisión descrita, desde este momento se interrumpe el plazo de cinco días que se le concedió en el mencionado auto de radicación, en virtud de que presentó su ocurso de cuenta el diez del mes y año en curso, es decir, al tercer día, de ahí que cuenta con tres días, a fin de que cumpla debidamente con lo requerido en dicho acuerdo, sin que esté por demás precisar, que el plazo será reanudado una vez que surta sus efectos la notificación que del presente acuerdo se practique. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a/J. 106/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO." Notifíquese por lista.

  4. Principal

    Colima, Colima, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción de la demanda Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por **** contra actos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, y otra autoridad; por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8°, 14, 16, 17 y 114 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro e Integración del expediente electrónico Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto, registrado con el número estadístico 1316/2023-II. Por otra parte, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia, de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobada en cesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Consideraciones previas De la lectura del demanda de amparo se desprende que, Héctor Magaña Lara, comparece a solicitar el amparo y protección de la justicia federal contra el acto del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima consistente en las sanciones que en su caso imponga la sentencia que se emita en el juicio político 01/2021; así como contra actos de la Magistrada Propietaria Lilia Hernández Flores, Integrante del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, adscrita a la Segunda Sala Penal Especializada en la Impartición de Justicia para Adolescentes, que hace consistir en los autos de once y veintitrés de octubre del presente año, con los cuales, con el primero, se admitió la acusación formulada del procedimiento de juicio político 01/2021, por el Congreso del Estado de Colima; y, con el segundo, se determinó resolver la solicitud de prescripción hecha valer, hasta el momento procesal oportuno. Asimismo, de los anexos de la demanda de amparo, en particular de la copia del referido proveído de once de octubre de dos mil veintitrés, como de lo narrado en el punto 12 del apartado V, de los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, se desprende que el cinco del referido mes y año, se emitió la resolución de acusación emitida en el juicio político 01/2021; sin que dicha determinación haya sido señalada como acto reclamado. Por tanto, la demanda de amparo debe ser aclarada. Prevención En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 108, fracciones IV y V, en relación con el taxativo 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, y con once copias del escrito aclaratorio para correr traslado a las partes y para el incidente de suspensión que forma separada se tramita, dé cumplimiento a lo siguiente: i) Manifieste si es su deseo señalar como acto reclamado la resolución de acusación de cinco de octubre de dos mil veintitrés, emitida en el juicio político 01/2021; y, en caso afirmativo, la fecha en que fue notificado o tuvo conocimiento de la misma. ii) Bajo protesta de decir verdad, en términos del artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, indique si a la fecha ya fue emitida la resolución correspondiente en el juicio político de que se trata y, en su caso, si fue sancionado, además, si su solicitud de prescripción de la facultad sancionadora fue atendida. En ese tenor, dígasele al promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo antes solicitado, dentro del término concedido para ello se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 114 de la ley de la materia. Es aplicable, la tesis publicada en la página 102, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en el Tomo XXII, Quinta Época, página 102, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO OBSCURA E IMPRECISA. Si el Juez de Distrito encuentra que la demanda de amparo es obscura e imprecisa, deberá mandarla aclarar, pero señalando con precisión las partes que de ella estima obscuras, de acuerdo con lo mandado por la ley reglamentaria para su admisión." Asimismo la jurisprudencia 2a./J. 30/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, página 250, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANALISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACION DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116 de la ley de la materia, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el Juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 146 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición." En el entendido de que la aclaración, la tendrá que hacer de manera directa la promovente, por escrito, toda vez que el ejercicio de la acción de amparo exige que la aclaración la deberá de hacer con la protesta de decir verdad, al ser el acto reclamado y designación de autoridad parte de la demanda, pues de hacer la protesta el autorizado, se traduciría en hacer suyos hechos u actos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 50/2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, Décima Época, página 210, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA." De igual manera, se hace el apercibimiento a la parte promovente, que si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en razón de competencia, afirmara hechos falsos u omitiera los que le consten en relación con el acto reclamado, incurriría en un delito sancionado por una pena de dos a seis años de prisión, además le sería impuesta una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme lo establecido en los artículos 248 y 261, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos del artículo quinto del decreto por que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Décima Época, página 5, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato." El presente requerimiento se formula sin perjuicio de que, una vez satisfecho, este órgano jurisdiccional analice la competencia y procedencia del juicio Acceso al expediente electrónico, notificaciones e intervención de autorizados Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones de carácter personal se hagan vía electrónica, en el entendido de que la parte que así lo solicita quedará sujeta a las reglas que establecen los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo; esto es, cuando la parte notificada no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos). Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.), que dice: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO. En diversas ejecutorias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios en los cuales se ha sostenido que en el juicio de amparo los plazos inician a las cero horas del día respectivo y los términos para presentar promociones comprenden las veinticuatro horas naturales del último día, así mismo que cuando la ley que rige al acto no prevé el momento en el cual surten efectos las notificaciones, será en el mismo momento de su realización. Por su parte, la Ley de Amparo establece la posibilidad del quejoso o del tercero interesado que quisiera ser notificado por medios electrónicos, expresarlo así ante el órgano de amparo, quien queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el interesado pueda ser comunicado. A su vez, el solicitante adquiere el deber de ingresar en forma diaria (y hasta por el plazo máximo de dos días hábiles) al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para consultar las notificaciones correspondientes, con lo cual se genera la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de ese ordenamiento. A partir de lo anterior, de la interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, se concluye que cuando el quejoso o el tercero interesado no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos), pues de esa manera se respeta en forma integral el plazo otorgado por el legislador; ello en el entendido de que al vencimiento de ese plazo, el actuario debe levantar la razón a que se refiere la fracción II del artículo 31 de la ley de la materia a efecto de hacer constar el momento en que se realizó la respectiva notificación electrónica." Domicilio procesal e intervención de autorizados Se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Juárez, número 550, colonia Popular, de Colima, de conformidad con el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Se tiene como autorizado en términos amplios que prevé el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alejandro Iván Martínez Díaz, quien tiene inscrita su cédula en el Registro Nacional de Profesionistas de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Habilitación de días y horas inhábiles En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Exhorto a las partes Se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 21/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica, entre otros, del juicio de amparo. Información pública Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos.

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