Hector Luis Hernandez Sanchez

Expediente 4046/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
4046/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
04/04/2023

Partes del expediente

  • Hector Luis Hernandez Sanchez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Téngase por presentado el oficio remitido por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, mediante el cual remite la resolución dictada en sesión de veintitrés de marzo de este año, en el recurso de queja número Q.A. 1028/2022 de su estadística. Sin que sea necesario acusar de recibo, en atención a las manifestaciones que realiza el tribunal colegiado en el oficio que se acuerda. Comuníquese al quejoso que el citado tribunal, resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Es INFUNDADO el recurso de queja. SEGUNDO. Por razones diversas, se CONFIRMA el auto recurrido. TERCERO. Se DESECHA la demanda de amparo promovida por ************." De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales conducentes, háganse las anotaciones respectivas. Archivo del asunto Atento a lo anterior, dado que este expediente se encuentra integrado, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese como asunto concluído, previa verificación de la integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales las promociones y actuaciones judiciales. Destino del juicio de amparo Asimismo, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso d), del mencionado acuerdo general, pues se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del acuerdo general invocado, en consecuencia, procédase a su destrucción, una vez que haya trascurrido el plazo de tres años que se dispone en el primer párrafo del artículo citado. Asimismo, atento lo ordenado en el artículo 35 del aludido acuerdo, háganse las anotaciones en la carátula del expediente. Devolución de documentos originales Hágase del conocimiento al quejoso que en caso de haber exhibido documentos que estime relevantes, deberá acudir al local que ocupa este juzgado Federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, a recogerlos, en el entendido que de no hacerlo, serán destruidos junto con este sumario. Finalmente, dado que el legajo devuelto por el tribunal colegiado se conforma de copias certificadas de las constancias que obran en este expediente, se ordena su destrucción. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. AUTO DE TURNO PARA EL DICTADO DE SENTENCIA Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se desprende que mediante proveído de siete de septiembre de dos mil veintidós, se reservó turnar el presente asunto para el dictado de sentencia, hasta en tanto se contara con la totalidad de las constancias correspondientes al auto antes mencionado; en consecuencia, y atendiendo a que ya se cuenta con la totalidad de las mismas, túrnese el presente asunto al área correspondiente a efecto de que se dicte la sentencia respectiva. Notifíquese en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    EN DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE QUINCE DEL MES Y AÑO EN CURSO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE ACTÚA, EL ACUERDO DE CINCO DE JULIO PASADO, QUE A LA LETRA DICE: "Ciudad de México, cinco de julio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta con registro 14698 del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada en el amparo en revisión 395/2021 y devuelve los autos originales del expediente principal en que se actúa (en un tomo). Acúsese recibo correspondiente. Hágase del conocimiento de las partes que el referido órgano colegiado determinó lo siguiente: ". R E S U E L V E : PRIMERO. Se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO en el juicio de amparo 1051/2019 del índice del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en esta ciudad, por las razones y para los efectos precisados en el cuarto considerando de la presente resolución. TERCERO. Se declara SIN MATERIA la revisión adhesiva interpuesta por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a lo expuesto en el quinto considerando de la presente resolución. .; Ahora bien, del testimonio que antecede, se advierte que en la parte considerativa se señaló lo siguiente: ". En las relatadas circunstancias, ante las diversas infracciones advertidas, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento en el juicio constitucional, a efecto de que el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, realice lo siguiente: a) Deje insubsistente la audiencia constitucional celebrada el dos de enero de dos mil veinte, así como la sentencia dictada en esa misma fecha, b) Hecho lo anterior provea los actos que sean necesarios para integrar debidamente la problemática constitucional a resolver, para lo cual deberá notificar personalmente a la quejosa y darle a conocer el contenido de los informes justificados rendidos por la entonces subdirectora y el actual subdirector de Recursos Humanos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, indicándole la existencia de los actos de aplicación de la ley reclamada, datos y hechos surgidos con posterioridad a la presentación de su demanda de amparo. Además, deberá concederle el plazo que legalmente corresponda, en términos de los artículos 111 y 17 de la Ley de Amparo para que manifieste si desea ampliarla o no, a efecto de incorporar eficazmente a la problemática del juicio la ley aplicada, así como su acto concreto de aplicación y sus fundamentos y motivos; igualmente, deberá prevenirla para que indique si es su deseo formular nuevos conceptos de violación en cuanto al acto concreto de aplicación y respecto de los que atañen a la inconstitucionalidad de la ley. Lo anterior, bajo el apercibimiento respecto de las consecuencias que en su caso se derivan de la falta de cumplimiento de los requerimientos de que se trata, consistentes en que se resolverá la problemática del juicio de amparo conforme a los actos, autoridades y argumentos planteados en su demanda de amparo. c) Dicte un acuerdo en el que regularice el procedimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2, párrafo segundo, y prevenga al director General del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, a fin de que remita el documento con el que xxxxx acredite su carácter de apoderado legal de dicho Centro, en el entendido que de no acreditarlo o de no desahogar el requerimiento en el plazo que conceda el juez de distrito, se tendrá por no rendido el informe justificado de dicha autoridad. d) Emita proveído en el que precise que al haberse acompañado copia de la demanda de amparo y al haberse señalado como autoridad responsable al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, debe tenerse como acto reclamado destacado a dicha autoridad la promulgación del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco (5) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). Hecho lo anterior, continúe con la secuela procesal y en su momento dicte la sentencia que en derecho corresponda; en el entendido que deberá considerar las consecuencias de haber tenido por rendido o no el informe justificado de que se trata, en caso de que la autoridad responsable satisfaga o no el requerimiento que se le formule. ." De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico. En este orden, glósense a los autos únicamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión, toda vez que el citado cuaderno es copia fiel de las constancias que obran agregadas en el juicio en que se actúa. I. Así, en estricto cumplimiento a la ejecutoria, se deja insubsistente la audiencia constitucional celebrada el dos de enero de dos mil veinte, así como la sentencia dictada en esa misma fecha. ESTADO PROCESAL En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Colegiado oficiante en la ejecutoria en cita, se provee lo siguiente: Visto nuevamente el contenido del oficio SHR/168/2019 de la entonces Subdirectora de Recursos Humanos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, por el cual rinde informe justificado, en el que señaló: "INFORME CON JUSTIFICACIÓN. Por lo que hace al acto reclamado en el presente asunto en mi carácter de Subdirectora de Recursos Humanos del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional consistente en la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde manifestar que efectivamente la Ley en comento fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de noviembre de 2018 entrando en vigor a partir del 6 de noviembre de 2018, de acuerdo a lo señalado en el artículo primero transitorio de la misma, siendo cierto que la suscrita es la encargada de dar el visto bueno a la nómina, informando que por lo que hace al ejercicio presupuestal 2018, no se realizó modificación o afectación alguna a las percepciones del quejoso con fundamento en lo estipulado en el artículo 3, fracción I de la Ley aludida, en el cual se establece que la remuneración de los servidores públicos es y será determinada para cada ejercicio fiscal y que los sueldos y salarios no se podrán disminuir durante el mismo. Lo anterior, cobra validez de la simple lectura de los talones allegados por el quejoso de los cuales no se desprende disminución alguna al salario y/o a las prestaciones consagradas en las Condiciones Generales de Trabajo y/o Convenio Interno vigente. En lo que respecta al presente ejercicio fiscal 2019, informo a usted que esta autoridad está obligada a aplicar la citada legislación, de forma especial al quejoso, en lo que se refiere el artículo 6, fracción tercera, según párrafo, inherente a los impuestos en las prestaciones referidas en la circular 19011 de fecha 15 de enero de 2015 emitida por la Dirección General del este Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, mediante la cual se hace del conocimiento los conceptos en los cuales se está realizado la retención del impuesto sobre la renta, a partir de la primera quincena de enero del presente año, derivado de la aplicación de la citada Ley de Remuneraciones, toda vez que las mismas se venían pagando antes de la entrada en vigor de la ley sin retención de impuesto al trabajador, mismo que era enterado por la institución como una prerrogativa laboral; no obstante acatando el mandato de ese Juzgado de Distrito respecto de la suspensión concedida de los actos reclamados, por lo que hace a la competencia de la Subdirección de Recursos Humanos, se manifiesta bajo protesta de decir verdad, que se han realizado las gestiones administrativas tendientes a mantener intocado tanto el salario como las prestaciones percibidas por el hoy quejosos en los términos que las venía disfrutando en el ejercicio 2018, a efecto de mantener la materia de amparo subsistente y en cumplimento a lo ordenado por este juzgado, sin que se disminuyan sus percepciones por motivo de la citada ley. ." Por otra parte, visto que mediante oficio SHR/1421/2019, el hoy Subdirector de Recursos Humanos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, en el que expuso lo siguiente: "INFORME CON JUSTIFICACIÓN. Por lo que hace al acto reclamado en el presente asunto al Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional a través del Subdirector de Recursos Humanos consistente en la ejecución de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde manifestar que dicho acto no es cierto, por su improcedencia de conformidad a lo establecido en los Artículos 17, 18 y 61, Fracción XIV de la Ley de Amparo, ya que por lo que hace al ejercicio presupuestal 2018, este Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional se encuentra impedido a realizar movimiento alguno, toda vez que la misma Ley impugnada en su Artículo 3, Fracción III manifiesta que la remuneración de los servidores públicos es y será determinada para cada ejercicio fiscal y que los sueldos y salarios no se podrán disminuir durante el mismo, por lo cual es inconcuso que esta institución dentro del ejercicio fiscal 2018, no realizó aplicación alguna de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y por tanto, es que no se materializa la ejecución del acto reclamado. Por lo que hace al presente ejercicio fiscal 2019, este Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional tiene la obligación de aplicar la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, motivo por el cual, a la fecha, esta Institución ha realizado la aplicación considerando para la base gravable del cálculo del impuesto sobre la renta la totalidad de las percepciones que obtienen los trabajadores. Asimismo, por lo que hace al presente ejercicio fiscal 2019, este Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional por la fecha en que se actúa ya ha realizado los descuentos y/o disminuciones correspondientes a los quejosos ya que los pagos de salarios de los trabajadores de esta Institución se rigen por lo estipulado en el artículo 46° de las Condiciones Generales de Trabajo mismo que para una mejor y pronta referencia se transcribe a continuación: ." Atento a los oficios de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos los informes justificados de cuenta; con los mismos dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga y a la quejosa de manera personal. De conformidad con lo establecido en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como domicilios para oír y recibir notificaciones los que señalan; asimismo, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo se tienen como delegados a las personas que mencionan. Ahora bien, de los informes justificados de referencia, se advierte que si bien es cierto, que en el ejercicio presupuestario dos mil dieciocho no se realizó modificación o afectación alguna a las percepciones de la quejosa, también lo es, que respecto al ejercicio fiscal dos mil diecinueve (2019) dicha autoridad aceptó que se encuentra obligada a aplicar la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos reclamada, particularmente respecto del artículo 6, fracción III, segundo párrafo, del citado ordenamiento, como se advertía de la circular 190011 de quince de enero de dos mil diecinueve emitida por el director General del referido Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Aunado a lo anterior, en el informe justificado de referencia la autoridad referida no sólo anexó la copia certificada de la circular referida, sino también de la diversa circular 190004 de diez de enero de dos mil diecinueve, también emitida por el Director General del mismo Centro, en la que se comunicó que a partir de la primera quincena de enero de dos mil diecinueve, se haría efectiva la retención de impuestos en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta y en relación con el artículo 6, fracción III, segundo párrafo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Conforme a lo anterior, en dichos informes justificados la autoridad responsable dio a conocer a partir de cuándo inició su obligación de aplicar la ley reclamada, en particular, la retención del impuesto sobre la renta; en ese sentido, es claro que se están señalando la existencia de nuevos actos vinculados a los inicialmente vinculados, consistente en la emisión de las circulares 190011 de quince de enero de dos mil quince y 190004 de diez de enero de dos mil diecinueve, emitidas por el Director General del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. En consecuencia, a efecto de no violentar las normas esenciales que regulan el procedimiento del juicio de amparo indirecto, dese vista a la quejosa con los informes justificados que se proveen, e integrar debidamente la litis constitucional, con fundamento en el artículo 111, fracción II, en relación con los numerales 17 y 108, ambos de la Ley de Amparo, se previene a la quejosa para que dentro del término de QUINCE DÍAS HÁBILES, contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste sí es su interés legal ampliar su demanda de amparo a efecto de incorporar eficazmente a la problemática del juicio la emisión de las circulares y el acto concreto de aplicación de la Ley combatida; e indique si es su deseo formular nuevos conceptos de violación en cuanto a dicho actos concretos de aplicación y respecto de los que atañen a la inconstitucionalidad de la ley impugnada. En el entendido de que dicha ampliación deberá ser promovida cumpliendo con los requisitos previstos en artículo 108 de la Ley de Amparo, para lo cual, deberán indicar a qué autoridades atribuyen los nuevos actos y exhibir una copia del escrito de ampliación de la demanda, por cada nueva autoridad que señale como responsable o para aquellas que ya han sido señaladas como responsables y atribuyan esos actos; asimismo, una más para dar intervención a la representación social. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no desahogar la prevención en los términos indicados, para el caso de no exhibir copias suficientes de la ampliación de demanda, para emplazar a las autoridades y dar intervención a la representación social, se resolverá la problemática del juicio de amparo conforme a los actos, autoridades y argumentos planteados en su demanda de amparo. De igual forma, es necesario aclarar que en caso de que la parte quejosa desahogue la prevención en los primeros días del plazo concedido, pero sin cumplir con la totalidad de los requerimientos impuestos, este juzgador procederá a emitir un acuerdo en el que señale las omisiones que subsisten -el que deberá notificarse en el presente caso vía electrónica, por así haberse solicitado-, a efecto de dar oportunidad a la quejosa de subsanar dichas omisiones antes del vencimiento del plazo concedido originalmente. Esto es, el término de cinco días se suspenderá con la presentación del escrito con el que se pretenda desahogar la prevención y se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación del proveído en el que se señalen las omisiones que subsisten. Asimismo, hágase del conocimiento que el desahogo del presente requerimiento debe ser realizado forzosamente por el suscriptor de la demanda de amparo, precisamente por tratarse de cuestiones que influyen en la configuración de la litis constitucional, por lo que, tal requisito no puede cumplirlo el autorizado, como lo indica la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA." III. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2, párrafo segundo, se ordena regularizar el procedimiento, y se previene Director General del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, para que en el término de TRES DIAS contado a partir de la notificación del presente, remita el documento con el que Juan Carlos Frías García acredite tener el carácter de apoderado legal de dicho Centro, en el entendido que de no acreditarlo o de no desahogar el requerimiento en el plazo que se le concede, se tendrá por no rendido el informe justificado de dicha autoridad IV. En aspecto diverso, vista la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa no desahogó el requerimiento formulado por auto de dos de diciembre de dos mil diecinueve, a efecto de que precisara si a su interés legal convenía atribuir también al Presidente de la República el acto reclamado consistente en la promulgación (implícita) del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho; sin embargo, dadas las razones que se darán a continuación y con los elementos que se advierten del escrito inicial de demanda, resulta suficiente para tener por integrada la litis respecto de lo ahí controvertido, conforme a lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 102/2021 entre las sustentadas por el Primer y el Cuarto Tribunales Colegiados de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y que dio lugar a la ejecutoria de la jurisprudencia 2a./J. 11/2021, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 75 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. EL APERCIBIMIENTO QUE DEBE FORMULARSE A LA PARTE QUEJOSA, CUANDO EN LA DEMANDA DE AMPARO NO HAYA SEÑALADO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, CONSISTIRÁ EN NO TENER COMO ACTO RECLAMADO DICHO ORDENAMIENTO, EN CASO DE QUE NO EXHIBA LAS COPIAS DE TRASLADO DE LA DEMANDA." En la citada jurisprudencia se precisó que en los juicios de amparo en los que se haya reclamado la Ley Federal de Remuneraciones, publicada el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, el Presidente de la República es autoridad responsable, es parte en ese litigio constitucional porque así se reconoció su participación en el procedimiento legislativo que culminó con la emisión de ese ordenamiento; por lo que no debe preguntarse al quejoso si es su voluntad señalar al titular del Ejecutivo Federal como autoridad responsable, puesto que tal aspecto, en esos asuntos, así acontece de facto en términos de lo resuelto en dicha jurisprudencia. Es así, puesto que se estableció que de la interpretación del artículo 72 Constitucional, se entiende que el Presidente de la República intervino en el procedimiento legislativo señalado, y si bien no ordenó su publicación, su promulgación operó por disposición constitucional, esto es, aconteció una promulgación (implícita) de dicho ordenamiento, razón por la cual se reconoce su participación en el proceso legislativo que dio lugar al Decreto publicado el cinco de noviembre de dos mil dieciocho. De ahí que, al haber acompañado copia de la demanda de amparo, se debe tener como acto reclamado destacado el acto legislativo consistente en la promulgación del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho y como autoridad responsable el Presidente de la República. Por lo anterior, se fijan las DIEZ HORAS CON SEIS MINUTOS DEL CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y personalmente a la parte quejosa". NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Ciudad de México, veintidós de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio procedente del Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual informa que admitió el recurso de queja interpuesto por el Director General de Programación Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en contra del auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, el cual registro con el número 110/2022 de su índice; de lo que este Juzgado Auxiliar queda debidamente enterado. Por otra parte; agréguese a los autos el oficio de cuenta procedente del Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual remite copia certificada del testimonio del dictamen y proyecto de separación de cargo emitidos en el incidente de inejecución de sentencia 7/2022 de su índice. Ahora bien, de una lectura integral de dicha determinación se observa que se resolvió lo siguiente: "Por lo expuesto y fundado, se dictamina: PRIMERO. Previo cuadernillo que se forme, se ordena remitir los autos del juicio de amparo indirecto 448/2019 del índice del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, promovido por Ma. Gabriela Gachuz Jiménez, así como este expediente de inejecución 7/2022, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por las consideraciones emitidas en este dictamen. SEGUNDO. Se aprueba el proyecto de separación del cargo de la autoridad vinculada y de su superior jerárquico." (.) "Por lo anteriormente expuesto y con apoyo en el artículo 193 de la Ley de Amparo, se propone: ÚNICO. La separación del cargo de los servidores públicos que al momento del incumplimiento del fallo protector se desempeñaban como: Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, cuyo cargo al momento de los hechos era desempeñado por Luis Alberto Espinoza Sauceda; así como de su superior jerárquico: Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, cuyo cargo al momento de los hechos era desempeñado por Guadalupe Trinidad Reyes García; por haber incumplido la ejecutoria derivada del juicio de amparo indirecto 448/2019, del índice del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, promovido por Ma. Gabriela Gachuz Jiménez; y consignarlos al Juzgado de distrito que corresponda." De lo cual este juzgado auxiliar queda debidamente enterado. Asimismo; háganse las anotaciones respectivas en el libro correspondiente. No obstante lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193, 194 y 197, de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la Directora de Operación y Control de Pago de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que en el plazo de tres días contado a partir de la notificación de este proveído, en su carácter de autoridad vinculada, remita la planilla de liquidación actualizada al presente ejercicio dos mil veintidós, a efecto de que se pueda continuar con los trámites tendientes al pago a favor del quejoso. Apercibida que de no llevar a cabo tales actos, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 193 y 258 de la Ley de Amparo. Además; entérese a las autoridades, que aun cuando dejen sus respectivos puestos, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL, durante el tiempo que duró su encargo y que por esa razón, también podrán ser consignadas en términos de la fracción XVI, del artículo 107 constitucional y 193 de la citada legislación. Notifíquese; en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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