Héctor Luis Castañeda Ruíz

Expediente 939/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
939/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
20/09/2021

Partes del expediente

  • Héctor Luis Castañeda Ruíz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    agréguense para que obren como corresponda los informes justificados que rinden las autoridades responsables Junta Especial Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje y el actuario adscrito a dicha junta; con su contenido, dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la ley de la materia. Por otra parte, de la lectura de las constancias que la junta responsable acompaña a su informe, se advierte la actualización de una causal de improcedencia, misma que constituye un obstáculo para realizar pronunciamiento respecto al fondo del asunto, siendo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, sin necesidad de esperar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose esta última, podría desvirtuarse dicha causal, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, de tal modo que invariablemente la conclusión sería igual, además, este proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional. Bajo esa premisa, este órgano de control constitucional, considera que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" De la exégesis del precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo se torna improcedente, cuando el acto reclamado ya no puede incidir en la esfera jurídica del peticionario de tutela constitucional, en virtud de que el acto de autoridad ya no puede producir efecto alguno, ya por virtud de que el mismo ha sido substituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo, es decir, para que esta causal de improcedencia se materialice es necesario una conducta de hacer por parte de la responsable con la que deje sin efecto el acto reclamado. En el caso se actualiza la causal de improcedencia a estudio, en atención a las siguientes consideraciones. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama de la Junta Especial Número Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, la dilación en ejecutar el laudo dictado en el juicio laboral 620/2015, no acordar el escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Sin embargo, se tiene que mediante el oficio 51-1796/2021 la responsable remitió copia certificada de los acuerdos emitidos el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, dictados en juicio laboral 939/2021, en los cuales acordó la promoción presentada por el aquí quejoso, además, declaró firme la resolución de procedimiento especial de siete de diciembre de dos mil veinte y, finalmente, requirió a la parte demandada Instituto Mexicano del Seguro Social, para que reconociera al actor Héctor Castañeda Ruiz, las semanas cotizadas en el lapso comprendido del siete de noviembre de mil novecientos noventa y siete al veintiuno de junio de dos mil seis. Constancias con valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. En esas condiciones, es claro que han cesado los efectos del acto reclamado, toda vez ya se dictó el proveído correspondiente a la ejecución del laudo dictado en el expediente en comento y se proveyó sobre el ocurso de la parte actora, no dejándose huella en la esfera jurídica de la impetrante que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 38, IX, Junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" En las relatadas circunstancias, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, procede sobreseer en el presente juicio. En atención a lo antes asentado y en razón de que la audiencia constitucional en este juicio de amparo, se encuentra señalada para las nueve horas con treinta y dos minutos del veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, se deja sin efecto dicho señalamiento. Finalmente, con el mismo fundamento legal glósese en autos el ocurso presentado por la parte quejosa, en el que manifiesta "que con fecha 10 de septiembre del año la Junta Especial número 27 me notificó el acuerdo de ocho de septiembre en el requiere al Instituto Mexicano del Seguro Social que me reconozca las semanas cotizadas en el periodo comprendido del siete de noviembre de mil novecientos noventa y siete al veintiuno de junio de dos mil seis en apego al resolutivo segundo de la resolución dictada el día siete de diciembre del dos mil veinte, pero, la Junta Especial es omisa al dejar de indicarle al demandado el tiempo y plazo para que de cabal cumplimiento a lo ordenado en la sentencia dictada en el juicio laboral 620/2015" En relación con lo anterior, se tiene que si bien es cierto, la autoridad responsable para emitir tal determinación, citó el numeral 950 de la Ley Federal del Trabajo, empero, fue omisa en establecer un plazo para que la parte demandada diera cumplimiento al laudo, como lo hace notar la parte quejosa, debe decirse que, esa deficiencia constituye una falta de fundamentación y motivación en el dictado de dicho auto; de ahí se estima que lo alegado sería materia de un nuevo juicio de amparo, por constituir un diverso acto reclamado al impugnado en este sumario. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el escrito del quejoso --------, mediante el cual desahoga la vista ordenada en proveído de dieciséis de agosto del año en curso, manifestando "Bajo protesta de decir verdad" que los actos que reclama son relativos al expediente laboral -; narra cronológicamente los antecedentes de dichos actos y señala que el acto que reclama al actuario ejecutor adscrito a dicha junta: es la omisión de ejecutar el laudo dictado en el juicio laboral expresado. Virtud a lo anterior, téngase por cumplida la prevención realizada en tal acuerdo; por tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracción I, VII y XV de la Constitución Federal; 2, 33 Fracción IV, 35, 112, 115, 117 y demás relativos de la vigente Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo, con las aclaraciones contenidas en el escrito de cuenta; en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Sin que haya lugar a ordenar la tramitación del incidente de suspensión, pues no se solicitó. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la citada ley reglamentaria, solicítese a las autoridades responsables para que dentro del término de quince días rindan su informe justificado; con el apercibimiento de que la omisión de rendirlo generará las consecuencias que establecen los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, esto es, se presumirá cierto el acto reclamado; se señalan las nueve horas con treinta y dos minutos del veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, para llevar a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Con el mismo fundamento, requiéraseles para que al rendir su informe con justificación, remitan a este órgano jurisdiccional copia certificada legible de las constancias de las que derivan los actos reclamados, apercibidos que en caso de no hacerlo, a cada uno, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, con apoyo en el numeral 260 fracción II, de la citada ley reglamentaria. Se autoriza a las autoridades responsables para que rindan su informe justificado al correo oficial de este órgano jurisdiccional, 2jdo25cto@correo.cjf.gob.mx; en el entendido que podrán remitirlo en la vía que determinen y/o suelan hacerlo. Por otra parte, este juzgador considera innecesario llevar a cabo el emplazamiento de los terceros interesados que manifiesta el impetrante en su escrito de cuenta, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 1 y 17 constitucionales que imponen la obligación de resolver los juicios de manera pronta y expedita, debido a que en el caso hipotético de llamar a terceros interesados al presente amparo y que no pudieran ser localizados sólo interrumpiría el procedimiento; además, el acto reclamado en el presente juicio de amparo se hace consistir en una dilación, de ahí que se considera que no se transgrede derecho humano alguno del tercero interesado señalado por la parte quejosa, es decir, no se le causará una afectación directa e inmediata a tales derechos, dado que aún con el dictado de una sentencia concesoria de amparo, su efecto sólo incidiría exclusivamente en la autoridad responsable, a fin de que realice determinados actos procesales con el objeto de agilizar el trámite del juicio natural y el dictado de los actos respectivas, menos se propiciaría afectación alguna de llegarse a sobreseer en el juicio o negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo que los derechos de los referidos terceros interesados quedaría incólumes. Sin que con lo anterior se desatienda a la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1a./J.90/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de dos mil doce, página cuatrocientos cuarenta y ocho, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO.", sino que se atiende a la invocada reforma constitucional en aras de tutelar los derechos humanos de las partes, evitando una prolongación en el trámite de investigación de las citadas partes y, en su caso, el retardado llamamiento por edictos, lo que finalmente, insístase, afecta esos derechos que se pretende garantizar. Sirve de sustento a lo anterior la siguiente jurisprudencia que establece: "TERCERO PERJUDICADO. SI LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA SE LIMITAN A AMPARAR AL QUEJOSO PARA QUE LA RESPONSABLE REALICE DETERMINADOS ACTOS PROCESALES Y DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA, AQUÉL CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN, PUES ELLO NO LE CAUSA PERJUICIO (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 90/2010). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 90/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 448, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO.", determinó que la figura del tercero perjudicado en el juicio de garantías tiene su génesis en el artículo 5o. de la Ley de Amparo, numeral que instituye a la citada parte procesal en su fracción III y, particularmente, en su inciso a) designa como tal a la contraparte del agraviado cuando el acto reclamado emana de un juicio o controversia que no sea del orden penal; así también, sostuvo que la mencionada figura jurídica no puede dejar de existir en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, aun cuando se trate de violaciones a la garantía de justicia pronta y expedita, por lo que será suficiente con que se haya tenido un interés contrario al del agraviado en el juicio de primer orden para que, por ese solo hecho, se adquiera el carácter de tercero perjudicado en la vía constitucional. Lo anterior permite determinar el alcance de la jurisprudencia en cita, habida cuenta que si la razón por la que debe llamarse al tercero perjudicado al juicio de garantías obedece a que tuvo un interés contrario al del quejoso en el juicio natural, entonces el requisito para que dicho tercero pueda promover el recurso de revisión debe ser que en la sentencia de amparo prevalezca ese interés antagónico o que se le produzca una afectación directa e inmediata. Ello es así, en virtud de que los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 4o. de la Ley de Amparo, establecen el principio de instancia de parte agraviada, premisa que a su vez se hace extensiva al recurso de revisión, pues de los artículos 83, fracción IV y 88 de la citada ley, se advierte implícitamente la necesidad de que la sentencia de amparo irrogue alguna lesión a los derechos del inconforme a fin de que éste se encuentre en posibilidad de impugnar esa afectación; por tanto, cuando los efectos de la sentencia protectora se limitan a amparar al quejoso para que el tribunal o la Junta responsable realice determinados actos procesales y dicte la resolución definitiva, ello incide exclusivamente en la autoridad responsable, por lo que al no prevalecer el interés contrario del tercero perjudicado, éste carece de legitimación para interponer el recurso de revisión y, por tanto, procede desechar el citado medio de defensa" Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo del Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la notificación electrónica a la fiscal de mérito, con el usuario "SLITRUJILLO". En estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos con el objetivo de resguardar la integridad del personal del órgano jurisdiccional, así como de los individuos que se encuentren en el lugar donde deban practicarse las notificaciones, con fundamento en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como la Circular SECNO/12/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se autoriza las notificaciones a través de los medios y mecanismos electrónicos con que se cuente, ello en cumplimiento al marco de la ley que rige el procedimiento. En otro aspecto, se requiere a las partes para que en caso de contar con firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e. firma antes firma electrónica avanzada o "FIEL); continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica. De igual forma, de conformidad con el Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del seis de mayo de dos mil veinte, el presente expediente se podrá integrar con los acuerdos y determinaciones firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, toda vez que en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno de la Judicatura Federal, relativo a la tramitación de asuntos promovidos físicamente y desahogo de actuaciones presenciales, a fin de mejorar la comunicación con la parte quejosa, se le exhorta a efecto de que, si lo estima pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y para que proporcione un número de teléfono móvil y/o correo electrónico, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. En ese tenor, toda vez que constituye un hecho público y notorio que la Secretaría de Salud ha dispuesto para esta entidad federativa de Durango el Semáforo de Riesgo Epidemiológico en color "naranja" con motivo de la pandemia COVID-19, por lo que con el propósito de evitar poner en serio riesgo a los actuarios judiciales de este órgano jurisdiccional a contraer dicho virus con motivo de notificaciones personales, de conformidad con el numeral 21 del propio Acuerdo General, esta determinación deberá notificarse únicamente por lista de acuerdos electrónica (internet), misma que adicionalmente deberá ser remitida a la Administración de este Edificio Sede para que la publique en un espacio de fácil acceso para quienes acuden sin contar con cita previa. Por otra parte, de conformidad con los arábigos 26, fracción II, 28, 29 y 30 de la ley de la materia, se hace saber a las responsables que los subsecuentes proveídos de mero trámite o de poca importancia, lo que incluye, por regla general, cualquier diferimiento de la audiencia constitucional, no le será notificado por oficio, sino por lista, la cual puede consultar en la página web oficial del Consejo de la Judicatura Federal, con la liga http://www.dgepj.cjf.gob.mx. Encuentra sustento a lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a), con número de registro 2002576, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, Décima Época, Materia Común, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil doscientos cincuenta y tres, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS" Se precisa a la parte quejosa, que para el caso de que las autoridades señaladas como responsables, con la denominación que se indica no existan, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, se le dará vista para que aclare su denominación, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrán como inexistentes, no se les dirigirán comunicaciones procesales y, al dictar resolución, se considerará que no existe; salvo que el inconforme las señale correctamente. Comuníquese a las partes que el contenido de las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información reservada hasta en tanto se emita sentencia definitiva, en cuyo caso, se publicarán sus datos personales; asimismo, hágaseles saber que están en aptitud de oponerse a la publicación de tales datos, de acuerdo con lo que establecen los artículos 1, 3, 68 y 110, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que la falta de manifestación expresa conlleva a su aprobación para que tales resoluciones se publiquen sin supresión de datos. Notifíquese.

  3. Principal

    agréguese el escrito del quejoso ***; así como el oficio 35866/2020 J, signado por el secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado con el que remite por corresponder a este órgano jurisdiccional el escrito del citado quejoso, el cual tiene los mismos términos que el ya citado; mediante los cuales pretende dar cumplimiento a la prevención ordenada en proveído de cinco de agosto de dos mil veintiuno. Ahora, del escrito de cuenta se advierte que el promovente realiza diversas manifestaciones respecto de los puntos por los cuales se le requirió aclarara su demanda, manifestando al final de su escrito la frase "Protesto conforme a derecho". En tal virtud, no ha lugar a tener por cumplida la prevención realizada, ello debido a que no cumple con los términos solicitados, pues la frase "Protesto conforme a derecho", en modo alguno puede ser sustituida por "bajo protesta de decir verdad", virtud que dichas expresiones tienen contenidos y finalidades diferentes Lo anterior, tiene apoyo en la tesis de jurisprudencia por contradicción P./J 127/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 32, Tomo X, Noviembre de 1999, Novena Época, cuyo texto y rubro son del tenor literal siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas" No obstante, toda vez que a la fecha no fenece el plazo concedido al promovente para que dé cumplimiento al requerimiento formulado, pues fue notificada el once de agosto en curso, por lo que el término de cinco días concedidos, transcurre del trece al diecinueve del citado mes y año; consecuentemente, una vez que transcurra dicho término a fin de que subsane dicha omisión, provéase lo correspondiente. Notifíquese personalmente al promovente

  4. Principal

    AVISO: PROMOVENTE. ACUERDO 16-AGOSTO-2021 agréguese el escrito del quejoso ***; así como el oficio 35866/2020 J, signado por el secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado con el que remite por corresponder a este órgano jurisdiccional el escrito del citado quejoso, el cual tiene los mismos términos que el ya citado; mediante los cuales pretende dar cumplimiento a la prevención ordenada en proveído de cinco de agosto de dos mil veintiuno. Ahora, del escrito de cuenta se advierte que el promovente realiza diversas manifestaciones respecto de los puntos por los cuales se le requirió aclarara su demanda, manifestando al final de su escrito la frase "Protesto conforme a derecho". En tal virtud, no ha lugar a tener por cumplida la prevención realizada, ello debido a que no cumple con los términos solicitados, pues la frase "Protesto conforme a derecho", en modo alguno puede ser sustituida por "bajo protesta de decir verdad", virtud que dichas expresiones tienen contenidos y finalidades diferentes Lo anterior, tiene apoyo en la tesis de jurisprudencia por contradicción P./J 127/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 32, Tomo X, Noviembre de 1999, Novena Época, cuyo texto y rubro son del tenor literal siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas" No obstante, toda vez que a la fecha no fenece el plazo concedido al promovente para que dé cumplimiento al requerimiento formulado, pues fue notificada el once de agosto en curso, por lo que el término de cinco días concedidos, transcurre del trece al diecinueve del citado mes y año; consecuentemente, una vez que transcurra dicho término a fin de que subsane dicha omisión, provéase lo correspondiente. Notifíquese personalmente al promovente

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