Hector Luis Barrera Eguiluz

Expediente 753/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 17 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
753/2019
Año
2019
Actuaciones
17
Última actuación
16/10/2023

Partes del expediente

  • Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero
  • Hector Luis Barrera Eguiluz
  • Hector Luis Barrera Eguiluz y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Glósese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por ********************en su carácter de Síndico Procurador y Representante Legal del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Taxco de Alarcón, Guerrero (tercero interesado); atento a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en auto de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual se tuvo por autorizado el acceso al expediente electrónico, con nombre de usuario: "******************** Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como su autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a la persona que designa en su escrito de cuenta, por así haberlo solicitado. Por último, se hace del conocimiento a las partes que el uno de octubre de dos mil veintitrés, tomó posesión como titular de este juzgado federal, Maribel Castillo Moreno; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Maribel Castillo Moreno, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, asistida del Secretario Omar García Leyva, que da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, once de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en función de la certificación secretarial que antecede, se aprecia que mediante oficios 929/2021 y 1913/2022, la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, remitió copia con firmas autógrafas del auto de trece de septiembre de dos mil veintiuno, por el que se declaró desierta la prueba confesional para hechos propios a cargo de Raúl Burgos Ocampo, en su carácter de oficial de partes del ayuntamiento demandado y se dejó sin efectos la prueba de inspección ofrecida por la parte demandada, debido a que una vez analizados los requisitos de procedibilidad no fue admitida; asimismo, remitió copia autorizada con firmas autógrafas del diverso auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, mediante el cual se hizo efectivo el apercibimiento decretado a la parte actora y se declaró desierta la prueba de informe con cargo al Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que al no haber pruebas pendientes por desahogar ni diligencias que practicar, se concedió un términos de tres días para que las partes formulen alegatos, dentro del juicio laboral de origen 276/2013, respectivamente. Luego, mediante proveído de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional ordenó dar vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento dado a la sentencia dictada en este asunto, este Juzgado acordaría lo que en derecho procediera. El proveído de referencia, se notificó personalmente a la parte quejosa el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, y al tercero interesada por medio de oficio, respectivamente; sin haber hecho alguna manifestación, por lo que este Juzgado Federal se pronuncia al respecto y al efecto realiza el estudio de las constancias a fin de determinar si se encuentra cumplida o no la sentencia que concedió la protección constitucional a Héctor Luis Barrera Eguiluz, por ser una cuestión de orden público y de análisis oficioso. I. Ejecutoria. En sentencia de veintidós de julio de dos mil diecinueve, emitida en el presente juicio de amparo, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para el efecto que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidenta, esto es a Miriam Cortés Cisneros, realizara lo siguiente: Dictara todas las providencias, apercibimientos o sanciones necesarias para el desahogo de las pruebas confesional a cargo de quien legalmente represente al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Taxco de Alarcón, Guerrero, y para hechos propios a cargo de Raúl Burgos Ocampo, Oficial Mayor de ayuntamiento demandado, la inspección e informe de autoridad, ofrecidas por la parte actora, en el juicio laboral 276/2013. Emitiera una determinación final, en relación con el desahogo de las pruebas. Por auto de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia amparadora, se requirió el cumplimiento de la sentencia amparadora a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidenta, esto es a Miriam Cortés Cisneros. II. Trámite de la autoridad responsable. A fin de dar cumplimiento, la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, esto es, Miriam Cortés Cisneros, mediante oficios 10449/2019, 929/2021 y 1913/2022, la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, remitió copia con firmas autógrafas de los autos de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, trece de septiembre de dos mil veintiuno y veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, de los que respectivamente se aprecia que se declaró confeso al ayuntamiento demandado de las posiciones planteadas por la parte accionante; se declaró desierta la prueba confesional para hechos propios a cargo de Raúl Burgos Ocampo, en su carácter de oficial de partes del ayuntamiento demandado; se dejó sin efectos la prueba de inspección ofrecida por la parte demandada, y se declaró desierta la prueba de informe con cargo al Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que al no haber pruebas pendientes por desahogar ni diligencias que practicar, se concedió un términos de tres días para que las partes formularan alegatos, dentro del juicio laboral de origen 276/2013. III. Verificativo de cumplimiento. De lo expuesto, se aprecia que la autoridad responsable sí cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, dado que como se justificó, se declaró confeso al ayuntamiento demandado de las posiciones planteadas por la parte accionante; desierta la prueba confesional para hechos propios a cargo de Raúl Burgos Ocampo, en su carácter de oficial de partes del ayuntamiento demandado; se dejó sin efectos la prueba de inspección ofrecida por la parte demandada, y se declaró desierta la prueba de informe con cargo al Instituto Mexicano del Seguro Social, dentro del juicio laboral de origen 276/2013; razones por las que se estima que la responsable se apegó a los lineamientos del fallo federal. IV. Conclusión. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria federal en su totalidad sin exceso ni defecto, pues la autoridad efectuó exactamente lo que le fue ordenado. V. Archivo. Ante tales circunstancias, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 18, fracción I, incisos a) y b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DEPURABLE, en su totalidad, porque se concedió la protección constitucional. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Visto el oficio y anexo de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, por el que remite copia autorizada con firmas autógrafas del auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, mediante el cual se declaró desierta la prueba de informe, dentro del juicio laboral *****. En tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista con lo anterior a las partes para que en el plazo de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga, corriéndoles traslado con copia de las constancias que acreditan el cumplimiento al fallo protector; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado se pronunciará en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Notifíquese, y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se aprecia que la autoridad señalada como responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, por conducto de su Presidenta, esto es, Miriam Cortes Cisneros, no remitido las constancias que justifiquen el cabal cumplimiento de la sentencia amparadora, que la obligó a: Dictar todas las providencias, apercibimientos o sanciones necesarias para el desahogo de las pruebas confesional a cargo de quien legalmente represente al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Taxco de Alarcón, Guerrero, y para hechos propios a cargo de Raúl Burgos Ocampo, Oficial Mayor de ayuntamiento demandado, así como la inspección e informe de autoridad, ofrecidas por la parte actora, en el juicio laboral 276/2013. Emitir una determinación final, con relación con el desahogo de las pruebas. Al efecto, la responsable, mediante oficio 10444/2019, de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, remitió copia certificada del auto de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral 273/2013, en donde acordó, entre otras cuestiones, hacer efectivo el apercibimiento decretado en auto de tres de julio de dos mil diecinueve, y por ello, tuvo por confesa de las posiciones calificadas de legales al represente al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Taxco de Alarcón, Guerrero. Luego, por oficio 929/2021 de trece de septiembre de dos mil veintiuno, remitió el proveído dictado el trece de septiembre de dos mil veintiuno, en el juicio laboral 273/2013, en donde, declaró desierta la confesional para hechos propios a cargo de Raúl Burgos Ocampo, en ese entonces Oficial Mayor de ayuntamiento demandado; también, corrigió el procedimiento y tuvo por no admitida la prueba de inspección; y en cuanto a la prueba de informe a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, Subdelegación Iguala, Guerrero, dio vista a la parte actora para que dentro del término de tres días, proporcionara los requisitos necesarios para su desahogo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo declararía desierta la prueba. Por tanto, con fundamento en los artículos 107 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a Miriam Cortes Cisneros, en su carácter de Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir de la legal notificación del presente proveído, dé total cumplimiento a la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, por ello, deberá remitir copia certificada de la determinación que haya recaído a la vista que otorgó a la parte actora, en proveído de trece de septiembre de dos mil veintiuno, con relación al informe a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, Subdelegación Iguala, Guerrero, en el juicio laboral 273/2013; a fin que este órgano jurisdiccional esté en aptitud de verificar el cumplimiento de la sentencia de amparo. Apercíbase a Miriam Cortes Cisneros, en su carácter de Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, que de no realizar lo ordenado, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional); y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, de acuerdo con los artículos 238, 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. (Décima Época. Registro: 2007918. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I. Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2014 (10a.) Página: 19) Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo no tiene; lo anterior en términos de la Jurisprudencia 2a./J.36/2011 (10ª), consultable a página 3515, registro 2000099, del Libro IV, enero de 2012, Tomo 4, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.

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