Héctor Lucino Machorro López
Expediente 1310/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1310/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 17/09/2015
Partes del expediente
- Héctor Lucino Machorro López
- Delegada de la Secretaría de la Contraloría en el Sector Infraestructura y Espacios Educativos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de septiembre de dos mil quince. Vistos los presentes autos y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de diecisiete de agosto de dos mil quince, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los efectos legales; en tales condiciones, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese este asunto como concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, se determina que este asunto no es de relevancia documental. NOTIFÍQUESE.
- Principal
"San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de agosto de dos mil quince. Visto, con conocimiento de las partes, agréguense a los autos los informes justificados rendidos por el Coordinador General Jurídico y por la Directora Jurídica Contenciosa, ambos de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, para que surta sus efectos legales procedentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la nueva Ley de Amparo. Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a sobreseer en el juicio. Para as¡ considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda y del diverso de ampliación, se advierte que Héctor Lucino Machorra López acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra los actos de la Delegada, del Coordinador General Jurídico y de la Directora Jurídica Contenciosa, todos de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, consistentes en (1) la omisión de admitir a trámite el recurso de revocación que interpuso contra la resolución de veinte de mayo de dos mil quince, dictada en el expediente administrativo INFRO312011, de la Delegación de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla; y, (2) la omisión de elaborar el proyecto y dictar la resolución correspondiente a dicho medio de impugnación. Ahora bien, las autoridades responsables acompañaron en vía de apoyo a su informe justificado: 1. Copia autógrafa del acuerdo de seis de julio de dos mil quince, dictado por la Directora Jurídica Contenciosa de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, en el que se admitió a trámite el recurso de revocación interpuesto por el quejoso contra la resolución de veinte de mayo de dos mil quince, dictada en el expediente administrativo ií°i f r f2O ! 1, el cual se radicó con el número 15/2015; acuerdo que le fue notificado al promovente el dieciséis de julio del presente año (fojas 83 a 88); y, II. Copia certificada de la determinación de diez de agosto de dos mil quince, emitida por el Coordinador General Jurídico de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, en el recurso de revocación 1 51201 que resolvió el citado medio de impugnación; la cual le fue notificada al impetrante el trece de agosto del actual (fojas 102 a 114 y 118 a 129). Documentos que gozan de pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, este Tribunal Federal advierte que en la presente contienda constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de garantías, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, Tomo IX, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de mil novecientos noventa y nueve, que literalmente dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. " En la especie, se considera actualizada la causa de improcedencia invocada porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que las responsables admitieran y resolvieran el recurso de revocación que interpuso contra la resolución de veinte de mayo de dos mil quince, dictada en el expediente administrativo INFF?03/2 011, de la Delegación de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, aquélla se vio satisfecha en la medida en que por auto de seis de julio de dos mil quince, dictado en el expediente 15/2015, la Directora Jurídica Contenciosa de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, admitió a trámite el citado recurso de revocación; y, el diez de agosto de dos mil quince, el Coordinador General Jurídico de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, resolvió el citado medio de impugnación; determinaciones que le fueron notificadas el dieciséis de julio y el trece de agosto de dos mil quince. Por consiguiente, se ha restituido al solicitante del amparo en el pleno goce de la garantía individual que le había sido violada, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos de la omisión reclamada han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, íbidem. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, de la Novena Época, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a marzo de dos mil tres, del epígrafe siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción 111 y 83, fracción 111, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. " En esa tesitura, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta y cinco minutos del once de septiembre de dos mil quince, sin que ello implique dejar en estado de indefensión al quejoso, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO.
- Principal
"San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de agosto de dos mil quince. Visto, con conocimiento de las partes, agréguense a los autos los informes justificados rendidos por el Coordinador General Jurídico y por la Directora Jurídica Contenciosa, ambos de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, para que surta sus efectos legales procedentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la nueva Ley de Amparo. Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a sobreseer en el juicio. Para as¡ considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda y del diverso de ampliación, se advierte que Héctor Lucino Machorra López acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra los actos de la Delegada, del Coordinador General Jurídico y de la Directora Jurídica Contenciosa, todos de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, consistentes en (1) la omisión de admitir a trámite el recurso de revocación que interpuso contra la resolución de veinte de mayo de dos mil quince, dictada en el expediente administrativo INFRO312011, de la Delegación de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla; y, (2) la omisión de elaborar el proyecto y dictar la resolución correspondiente a dicho medio de impugnación. Ahora bien, las autoridades responsables acompañaron en vía de apoyo a su informe justificado: 1. Copia autógrafa del acuerdo de seis de julio de dos mil quince, dictado por la Directora Jurídica Contenciosa de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, en el que se admitió a trámite el recurso de revocación interpuesto por el quejoso contra la resolución de veinte de mayo de dos mil quince, dictada en el expediente administrativo ií°i f r f2O ! 1, el cual se radicó con el número 15/2015; acuerdo que le fue notificado al promovente el dieciséis de julio del presente año (fojas 83 a 88); y, II. Copia certificada de la determinación de diez de agosto de dos mil quince, emitida por el Coordinador General Jurídico de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, en el recurso de revocación 1 51201 que resolvió el citado medio de impugnación; la cual le fue notificada al impetrante el trece de agosto del actual (fojas 102 a 114 y 118 a 129). Documentos que gozan de pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, este Tribunal Federal advierte que en la presente contienda constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de garantías, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, Tomo IX, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de mil novecientos noventa y nueve, que literalmente dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. " En la especie, se considera actualizada la causa de improcedencia invocada porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que las responsables admitieran y resolvieran el recurso de revocación que interpuso contra la resolución de veinte de mayo de dos mil quince, dictada en el expediente administrativo INFF?03/2 011, de la Delegación de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, aquélla se vio satisfecha en la medida en que por auto de seis de julio de dos mil quince, dictado en el expediente 15/2015, la Directora Jurídica Contenciosa de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, admitió a trámite el citado recurso de revocación; y, el diez de agosto de dos mil quince, el Coordinador General Jurídico de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, resolvió el citado medio de impugnación; determinaciones que le fueron notificadas el dieciséis de julio y el trece de agosto de dos mil quince. Por consiguiente, se ha restituido al solicitante del amparo en el pleno goce de la garantía individual que le había sido violada, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos de la omisión reclamada han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, íbidem. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, de la Novena Época, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a marzo de dos mil tres, del epígrafe siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción 111 y 83, fracción 111, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. " En esa tesitura, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta y cinco minutos del once de septiembre de dos mil quince, sin que ello implique dejar en estado de indefensión al quejoso, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de agosto de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y advirtiendo que se encuentra transcurriendo el término para que las autoridades responsables rindan su informe justificado con relación a la ampliación de demanda; en tal sentido, para dar oportunidad a lo anterior, la audiencia constitucional fijada para el día de hoy, se difiere para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. NOTIFÍQUESE.
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