Héctor López Ortíz

Expediente 190/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
190/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
07/06/2018

Partes del expediente

  • Héctor López Ortíz

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no obra el informe previo de la autoridad responsable Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con residencia en la Ciudad de México, ni existe constancia postal que justifique que haya recibido el oficio por el que se le solicitó dicho informe, siendo que por proveído de veintiocho de mayo del año en curso (foja 139), se tuvo al Jefe de Administración del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, informando que solicitó a su similar, con residencia en la Ciudad de México, con carácter extraurgente le proporcione el acuse de recibo número 70601111007087, que contiene el oficio 1637-II, a la consignación de la citada autoridad responsable, o en su defecto copia 78 certificada o pieza devuelta debidamente razonada, sin que a la fecha haya informado el resultado de dicho requerimiento. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Jefe de la Administración de Correos de México, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que sea legalmente notificada del presente proveído, remita a este Juzgado la pieza postal requerida, o en su caso, manifieste si tiene algún impedimento legal para cumplir con ello, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo concedido, se le hará efectivo el apercibimiento de multa contenido en proveído de veinticuatro de mayo de esta anualidad (foja 133). Para dar margen a lo anterior, difiérase la audiencia incidental señalada para esta fecha, fijándose para su desahogo las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Por otra parte, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos para que surta sus efectos legales procedentes, el informe previo rendido por el Director General Adjunto de lo Contencioso Administrativo y Judicial, en suplencia por ausencia del Titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien rinde en representación del Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con residencia en la Ciudad de México, el que será tomado en consideración en su momento procesal oportuno, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia incidental respectiva. Como lo solicita la aludida autoridad responsable, se tiene como su domicilio para recibir las notificaciones que le correspondan en el presente asunto, el que señala, del cual tomará nota la Actuaria de este Juzgado para que en lo sucesivo las comunicaciones oficiales que se le envíen, sean en dicho domicilio. Asimismo, como lo pide se tienen como sus delegados a las personas que nombra, con la suma de facultades que les otorga el artículo 9, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Con su contenido dese vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su derecho importe. Notifíquese por lista. Así lo acordó el licenciado Anastacio Ochoa Pacheco, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante la licenciada María F. Díaz Hernández, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. MFDH/mcm En siete de junio de dos mil dieciocho, se da cuenta al Juez, con el informe justificado rendido por el Comisario General de Seguridad Pública Municipal, con residencia en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Conste. Salina Cruz, Oaxaca, siete de junio de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos para que surta sus efectos legales procedentes, el informe justificado rendido por el Comisario General de Seguridad Pública Municipal, con residencia en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y sea tomado en consideración en su momento procesal oportuno, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional respectiva. Con el contenido de dicho informe, dese vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su derecho importe. Por otra parte, se tiene por hecha la aclaración que hace la citada autoridad, en el sentido de que no existe en ese Ayuntamiento la figura de autoridad denominada Comisaria en función de Comandante de la Policía Municipal; por consiguiente, sustentado tal aclaración, los oficios que se giren en este expediente deberán realizarse con el nombre correcto de la autoridad responsable. Notifíquese por lista. En siete de junio de dos mil dieciocho, se da cuenta al Juez, con el oficio 789-IV, signado por el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, y anexo. Conste. Salina Cruz, Oaxaca, siete de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a estos autos el oficio 789-IV, signado por el Juez octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto con número de orden 490/2018, y número de origen 206/2018, que se le envió para emplazar a juicio a la tercera interesada Eólica de Oaxaca, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, a través de su apoderado legal; por consiguiente, dese de baja la citada comunicación oficial en el Libro de Gobierno respectivo, y como lo solicita la aludida autoridad federal, acúsese el recibo correspondiente por la vía fax o vía correo electrónico. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento respecto al apercibimiento ordenado en el acuerdo de dos de mayo del año en curso (fojas 49 a 52), en el sentido de que la aludida tercera interesada señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, lo anterior, toda vez que por auto de dieciséis del pasado mes de mayo (fojas 97 a 99), se le tuvo por apersonada en el presente juicio de garantías, y por señalando los estrados de este Juzgado, para recibir notificaciones. Notifíquese por lista. La licenciada María F. Díaz Hernández, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, certifica: Que el plazo de tres días concedido al quejoso en proveído de veintinueve de mayo del año en curso (foja 34), transcurrió del cuatro al seis del actual, sin que dentro de dicho plazo hiciera manifestación alguna. Doy fe. Salina Cruz, Oaxaca, siete de junio de dos mil dieciocho. Lic. María F. Díaz Hernández Secretaria de Juzgado En siete de junio de dos mil dieciocho, se da cuenta al Juez, con el escrito signado por el quejoso Héctor López Ortiz, y con el estado de autos; así como con la certificación secretarial que antecede. Conste. Salina Cruz, Oaxaca, siete de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado de autos de los que se advierte que el quejoso Héctor López Ortiz, no hizo manifestación alguna respecto de la vista que se le dio en proveído de veintinueve de mayo del año en curso (foja 34), para que dentro del plazo de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera, en relación a la documental remitida por la autoridad responsable encargado de la Jefatura de la Zona de Transmisión Istmo encargado de la Jefatura de la Zona del Área de Transmisión y Transformación Sureste -Superintendente de Zona- (actualmente Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión) de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, de cuyo contenido se advierte que la citada autoridad con fecha veintiuno del pasado mes de mayo, dio contestación al escrito del quejoso (foja 32). Ahora, es menester señalar que el estudio de las causales de improcedencia, por ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo, que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de garantías, entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y en acatamiento a la jurisprudencia número II.1º. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: Este Juzgado Federal determina que es procedente decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, por actualizarse la hipótesis a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado ." En efecto, del análisis de la copia certificada de la documental remitida por la autoridad responsable encargado de la Jefatura de la Zona de Transmisión Istmo encargado de la Jefatura de la Zona del Área de Transmisión y Transformación Sureste -Superintendente de Zona- (actualmente Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión) de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, con valor probatorio pleno, en su calidad de instrumental de actuaciones conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2, en su enlace con el acuse de recibo del escrito de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, presentado como prueba por el quejoso, cuya documental de acuerdo con el libre arbitrio que en materia de valoración de la prueba confiere a esta autoridad el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, al no haber sido objetada, merece valor probatorio pleno en términos de los artículos 133, 203 y 205 del invocado código procesal. Cuadro probatorio del que se arriba al conocimiento pleno, que la autoridad responsable encargado de la Jefatura de la Zona de Transmisión Istmo encargado de la Jefatura de la Zona del Área de Transmisión y Transformación Sureste -Superintendente de Zona- (actualmente Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión) de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, mediante oficio 342/JUR ZTI 2018, de veintiuno de mayo del año en curso (foja 32), comunicó al quejoso que esa Empresa Productiva Subsidiaria - CFE Transmisión -, se encuentra legalmente imposibilitada para dar trámite a su solicitud indemnizatoria por haber operado para ello la prescripción negativa de su acción, de conformidad con lo establecido en los artículos 1108 en relación al 1159 y 1098 del Código Civil Federal; de donde se advierte que dio contestación a la petición escrita de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, formulada por el quejoso, misma que le fue notificada el veintiséis de mayo siguiente, según se desprende de la constancia de notificación de dicho oficio (foja 32). De lo anterior, resulta patente que han cesado los efectos de los actos reclamados, en razón de que la autoridad responsable acordó el escrito del aquí quejoso, cuya falta de pronunciamiento se reclama, esto es, desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de los particulares, pues resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En las relatadas consideraciones, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente asunto, que se fijó por proveído de diez de mayo de esta anualidad (foja 11 reverso), para las diez horas con diez minutos del ocho de junio de dos mil dieciocho. Criterios jurisprudenciales aplicables al caso, conforme a lo estipulado en el artículo SEXTO Transitorio de la Ley de Amparo vigente, en lo que no se oponga a la misma. Por otra parte, agréguese a estos autos el escrito signado por el quejoso Héctor López Ortiz; en atención a su contenido, y como lo solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada del informe justificado rendido por la autoridad responsable en el presente juicio de garantías, y entréguese a cualquiera de sus autorizados, previa identificación y toma de razón que de su recibo se deje en autos. Por otro lado, en cuanto a la petición que hace en el sentido de que se le expida copia certificada del informe previo rendido por la autoridad responsable, dígasele este expediente se tramitó sin incidente de suspensión, en razón de que no fue solicitado por la parte quejosa. Finalmente, para los efectos de la publicidad de esta resolución, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, se toma nota que las partes no manifestaron durante esta primera instancia su oposición a que se hagan públicos sus datos personales contenidos en esta sentencia; sin embargo, aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la citada Ley, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Asimismo, se ordena a la Secretaría de este Juzgado que elabore la correspondiente versión pública siguiendo los lineamientos que al efecto establece el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por mayoría del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve y se envíe al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E); protocolo vigente en el que se establece que se aplicará a las resoluciones y sentencias a que hace referencia el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del Módulo de Captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y dicho Acuerdo no fue abrogado por el diverso Acuerdo General del Pleno del citado Consejo, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor el día siguiente.

  2. Principal

    Agréguese a estos autos el escrito signado por el quejoso Héctor López Ortiz; en atención a su contenido, como lo solicita, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de cuenta, y por autorizados únicamente para tales efectos, a las personas que nombra, toda vez que en esos términos lo pide.

  3. Principal

    Vista la razón actuarial de once del actual, que antecede, de la que se advierte que la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado, manifiesta que no le fue posible notificar de manera personal el acuerdo de diez de mayo del año en curso (fojas 11 a 14), a la parte quejosa, en razón que al presentarse en las instalaciones que ocupa la oficina de Correos de México, ubicado en Prolongación Tampico número 117, Barrio Espinal de esta ciudad, fue atendida por Andrés Jiménez Ríos, quien dijo ser empleado de esa institución, y al preguntarle la ubicación de la colonia Infonavit Zapandu, le informó que esa colonia no existe en esta ciudad, agregando que la misma pertenece a la ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Por consiguiente, en obvio de mayores dilaciones que perjudican la pronta y expedita administración de justicia prevista por el artículo 17 de la Constitución Federal, se ordena hacer la notificación del citado proveído de diez del actual, y las subsecuentes que surjan, aun las de carácter personal, por medio de lista de acuerdos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hasta en tanto se señale domicilio cierto en esta ciudad, para recibir notificaciones.

  4. Principal

    Por recibida la demanda de amparo promovida por Héctor López Ortiz, contra actos del Jefe encargado de la Jefatura de la Zona de Transmisión Istmo de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo y fórmese el expediente de amparo impreso y electrónico con el número que le corresponda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones I, XII, y XV, de la Constitución Federal; 1, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 112, 115, y 117, de la Ley de Amparo en vigor, se admite a trámite la demanda de amparo. Tramítese sin incidente de suspensión, toda vez que no existe petición expresa de la parte quejosa en ese sentido, pues si bien es cierto, en el punto petitorio marcado con el número 2 de su demanda de garantías, solicita entre otras cosas, se requiera a la autoridad responsable su informe previo, sin embargo, tal exposición no constituye la manifestación expresa que exige la fracción I, del artículo 128, de la Ley de Amparo. Pídase su informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo sin falta dentro del plazo de quince días. Se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL OCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, la intervención que legalmente le corresponde, lo anterior, con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley invocada, se requiere a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado: a). Acompañe las constancias que guardan relación con el acto reclamado, siendo necesarias para la resolución del presente asunto; b). Que las copias que anexe sean íntegras y legibles y, c). Queda obligada a comunicar si han ocurrido causas notorias de sobreseimiento del juicio. Con el apercibimiento que de 1) no rendir su informe, de no acompañar las constancias relativas, o 2) no comunicar la existencia de alguna causa de sobreseimiento; se le impondrá multa al dictarse sentencia en este juicio de amparo, por cantidades comprendidas, en su orden, en el primer caso, entre cien y mil unidades de medida y actualización vigente al momento de realizar la conducta sancionada, y en el segundo, de treinta a trescientas unidades de medida y actualización vigente al momento de realizar la conducta sancionada, lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral segundo transitorio del Decreto por el que se declaran Reformadas y Adicionadas diversas disposiciones (artículo 26) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en concordancia con lo determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil dieciocho, vigente a partir del uno de febrero de esta anualidad. Por otro lado, infórmese a la responsable que en caso de exhibir documentación o Información con el carácter de reservada o confidencial, deberá enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente "información reservada'', o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que le corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, expresando las razones que lo justifiquen, y formulando, de ser el caso, adicionalmente a la versión original, la versión pública de las constancias que tomó en cuenta para emitir los actos reclamados, considerando que el artículo 30 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, dispone que cuando un documento contiene partes o secciones reservadas, se deberá entregar una versión en la que se omitan estas últimas y que en términos del artículo 40 del mismo ordenamiento, se debe dar acceso a las versiones públicas de los documentos en las que se excluyan las partes o secciones de éstos que contengan información confidencial; aunado a que las documentales respectivas deberán llevar la leyenda que precisa el citado artículo 30 del Reglamento de la propia Ley, apercibida de que de no cumplir con lo anterior se entenderá que se está en el supuesto previsto en el último párrafo del propio artículo 30, esto es, que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. En el mismo orden de ideas, hágase del conocimiento de la parte quejosa y de la parte tercero interesada (en caso de existir), así como de la totalidad de las partes que conformen este juicio de amparo, que en la eventualidad de exhibir documentales que a su criterio contengan información confidencial o que deban tener un tratamiento especial consistente en restringir la difusión de datos personales a las partes y que a su vez deban ser resguardadas en el seguro de este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo previsto en el "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, deberán indicarlo expresamente, argumentando los motivos y fundamentos con los que sustenten su dicho, así como exhibirlas en un sobre cerrado debidamente Identificado con su contenido, a efecto de que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de otorgar el tratamiento que en derecho corresponda. En términos del artículo 64 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se previene a todas las partes para que comuniquen cuando cesen los efectos del acto reclamado o se actualicen causas notorias de sobreseimiento, asimismo, informen si en relación al acto reclamado se ha promovido diverso juicio de amparo, de ser así, indiquen el número de juicio y el Juzgado de Distrito que conoció del asunto, de incumplirlo, en términos del precepto 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización vigente, lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral segundo transitorio del Decreto por el que se declaran Reformadas y Adicionadas diversas disposiciones (artículo 26) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en concordancia con lo determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil dieciocho, vigente a partir del uno de febrero de esta anualidad. Sin que haya lugar a tener como tercera interesada a la representación social adscrita a este Juzgado, toda vez que no encuentra en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la parte quejosa, las documentales que anexa a su escrito de demanda, consistentes en: 1. Acuse del escrito de tres de noviembre de dos mil diecisiete, dirigido al Jefe de Líneas de Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad Zona Juchitán, Oaxaca; 2. Copia simple del oficio 0319/JUR ZTI2018, de once de enero de dos mil dieciocho, suscrito por el Superintendente de Zona de Transmisión Istmo de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, dirigido a Héctor López Ortiz; y, 3. Acuse del escrito de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, suscrito por Héctor López Ortiz, dirigido al Superintendente de Zona de Transmisión Istmo de la Comisión Federal de Electricidad Transmisión; desahogadas por su propia y especial naturaleza; sin perjuicio de relacionarlas al celebrarse la audiencia constitucional y se tengan por recibidas en ese acto aunque no exista gestión expresa de parte interesada, mismas que se justipreciarán al dictarse el fallo en el presente asunto. Se tiene como domicilio del quejoso para recibir las notificaciones que le correspondan en el presente asunto, el que señala en su escrito de demanda, y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al profesionista que refiere, toda vez que justifica estar legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado, dado que de la certificación de cuenta se advierte que se encuentra registrado en el Módulo de Cédulas Profesionales de la Red Internet de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que de ser incorrecta la denominación de la autoridad señalada como responsable o de no existir, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, que le impone la obligación de precisar en la demanda la autoridad o autoridades responsables, se podrá dejar de tenerla con tal carácter y cesará toda comunicación con ella; lo anterior, acorde con el principio consagrado en el artículo 17 Constitucional, de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Hágase saber a las partes que la sentencia ejecutoria y demás resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, de acuerdo al procedimiento de acceso a la información y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 8, primer párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que dice: "Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional."; por tanto, las partes pueden ejercer en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales, el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para oponerse a que se publiquen sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, para que sea tomado en consideración por la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo, y en su caso, determine si tal oposición puede o no surtir efectos. En la inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8 para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.

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