Hector Lopez Flores
Expediente 459/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 459/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 31/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Hector Lopez Flores
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede que no se recurrió el auto de veinte de abril de dos mil diecisiete, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó la demanda de amparo promovida por Héctor López Flores, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental y que, por tanto, es susceptible de destrucción. Notifíquese.
- Principal
Pachuca, Hidalgo, veintinueve de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio Signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, remitiendo el exhorto 155/2017, por el que devuelve debidamente diligenciado el exhorto 116/2017-4 (334), del índice de este Juzgado mediante el cual se le solicitó notificar al quejoso Héctor López Flores, el proveído de veinte de abril del año en curso. Acúsese recibo vía correo electrónico. En consecuencia, dese de baja el mismo y háganse las anotaciones conducentes en el libro de gobierno que corresponda. Notifíquese.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a once de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio emitido por el Secretario del Juzgado quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México por el cual acusa recibo del exhorto 116/2017-4(334) mismo que fue registrado con el número 155/2017; circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Fredy Francisco Aguilar Pérez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, asistido de la licenciada OFELIA PÉREZ MENDOZA, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Pachuca, Hidalgo, veinte de abril de dos mil diecisiete. Vista la demanda electrónica de cuenta, de la que se advierte que Héctor López Flores promueve juicio de amparo indirecto contra actos de la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia y Juez Tercero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo, ambas autoridades del Estado de Hidalgo, consistente en: La sentencia de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, dictada en el toca civil 324/2016-II; y, La ejecución de dicha resolución. Fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el número 459/2017-4. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, el juez de distrito examinará el escrito de demanda, y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto e indudable de la causa de improcedencia debe entenderse como aquella circunstancia que se advierte de primera mano, claramente y sin mayor raciocinio, por lo que se genera la certeza de que aun superadas las exigencias probatorias en el juicio de amparo, la causa de improcedencia pervive porque no puede ser desvirtuada. Sirve de apoyo, por identidad de sustancia jurídica, la jurisprudencia I.1º.A. J/4 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Los extremos apuntados se actualizan en el caso de nuestra atención, porque este juzgador considera que este juicio es improcedente, en tanto que la demanda de cuenta carece de firma electrónica, lo que conduce a su desechamiento, en términos de lo dispuesto en los artículos 5º y 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción I, del artículo 107 Constitucional. Ello es así, en atención a que en el procedimiento escrito la voluntad de las partes, de ejercer un derecho, se manifiesta a través de su firma; y en la especie, la demanda carece de firma electrónica, requisito indispensable por haber sido presentada en la modalidad de juicio en línea. Por ende, se desconoce si es voluntad del peticionario ejercer la acción constitucional en contra de los actos de las autoridades que señala como responsables, por lo que no se cumple con los extremos de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, que prescribe que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 215, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA. FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 Constitucional no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio." En efecto, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, y 5 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, si la demanda de amparo carece de firma, no puede considerarse ejercida la acción constitucional, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada. Cabe mencionar, que si bien es cierto que la demanda de amparo puede presentarse electrónicamente, como lo prevé el artículo 3 de la ley de la materia, también es verídico que la validez de dicho escrito está condicionada a que se requisite con firma electrónica, misma que se expide conforme a la regulación emitida por el Consejo de la Judicatura Federal. Esto es, la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, y produce los mismos efectos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias. No obstante, en el caso de la demanda electrónica, la Ley de Amparo prevé un caso de excepción en cuanto a que no cuente con firma electrónica. Esto ocurre cuando el juicio de amparo se promueva en los términos del artículo 15 de la citada legislación, es decir, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; incorporación forzosa al Ejército o cuando el agraviado se encuentre imposibilitado para promover. Fuera de esos casos, la demanda de amparo, ya sea que se presente por escrito o electrónicamente, debe estar firmada por quien la formula, en este último caso mediante la firma electrónica, pues tal formalidad es indispensable, por ser la firma lo que le da autenticidad, con todas sus consecuencias legales. Por tanto, si dicha demanda no está suscrita por quien aparece como promovente en su texto, por no plasmarse su firma de su puño o no existir la firma electrónica, reflejada por la evidencia criptográfica, debe considerarse que no se ha promovido legalmente el juicio de amparo. Por lo anteriormente expuesto, se concluye que si la demanda no cuenta con firma electrónica, debe estimarse que no existe instancia de parte agraviada, dado que no se encuentra exteriorizada la voluntad del directamente interesado en la incoación de la instancia constitucional. Se invoca, sólo en lo conducente, la tesis III.4o.T.14 K (10a.) del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PUEDE PROMOVERSE POR PROPIO DERECHO O EN REPRESENTACIÓN DE DIVERSA PERSONA FÍSICA, MEDIANTE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL). Acorde con el artículo 3o. de la Ley de Amparo es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente; los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal. Así, dicho órgano administrativo y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitieron la normativa aplicable para la implementación y uso de esa herramienta en los Acuerdos Generales Conjuntos Números 1/2013 y 1/2014, en los que establecieron la posibilidad de que las demandas de amparo se recibieran por medio de la firma electrónica implementada. En tal virtud, una persona física por sí sola y por su propio derecho, puede presentar escrito de demanda de amparo, siempre y cuando cuente con la aludida firma electrónica "FIREL"; o bien, si lo hace por conducto de su apoderado especial, es necesario que acompañe copia digitalizada del documento que acredita que previamente contaba con esa capacidad jurídica, acorde con el inciso f) del artículo 12 del referido Acuerdo General Conjunto 1/2013, y adjuntarlo al escrito relativo, pues se presume que dicho documento anexo, vía electrónica, es copia íntegra e inalterada del propio documento impreso, al haber sido ingresado al sistema en uso del certificado digital "FIREL", por lo que produce los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa, en términos del artículo 10 de la ley de la materia, el cual establece que en los casos no previstos por dicha legislación, la personalidad se acreditará en la misma forma que determina la ley que rija la materia de la que emana el acto reclamado; además, de estimar lo contrario, se impediría a la quejosa el acceso a la tutela jurisdiccional que puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión." En consecuencia, ha quedado acreditada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia aludida, de ahí que lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo presentada electrónicamente por Héctor López Flores. Sin que haya lugar a ordenar que se notifique electrónicamente esta determinación, por las razones expuestas en párrafos precedentes; habida cuenta que no es posible la tramitación del juicio en la modalidad en línea. Por otra parte, se tienen como autorizado para oír y recibir notificaciones a las personas que indica en su demanda de amparo, toda vez que las dos primeras, no tienen registrada su cédula profesional en el Módulo de Consulta del Consulta del Consulta del Consejo de la Judicatura Federal y las restantes por así haberlo solicitado expresamente. Por otro lado, tomando en consideración que la parte quejosa Héctor López Flores, señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Sur 169, número 2011, Colonia Gabriel Ramos Millán, Delegación Iztacalco, C.P.08000, en la Ciudad de México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, gírese exhorto al Juez de Distrito en Materia Civil en turno en la Ciudad de México, para que en el auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda se sirva notificar el presente proveído a la parte quejosa, requiriéndole para que dentro del término de tres días siguientes a la legal notificación del presente proveído señale domicilio en esta ciudad capital para oír y recibir notificaciones, apercibiéndole que de no hacerlo así, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes se le realizarán por lista que se fije en los Estrados de este Tribunal Federal, de conformidad a lo establecido por el artículo 29 de la Ley de Amparo Vigente Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del diez de mayo del año en curso, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese en sus términos.
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