Hector Lopez Calixto
Expediente 340/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 340/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Hector Lopez Calixto
Actuaciones
- Principal
TRIBUNAL COLEGIADO REMITE TESTIMONIO Y DECRETA INFUNDADO EL RECURSO... SE DECRETA EL ARCHIVO DEFINITIVO... DESTRÚYTASE EL EXPEDIENTE...
- Principal
Agréguese el oficio de cuenta, mediante el cual el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito informa que fue admitido el recurso de queja interpuesto contra el auto que desechó la demanda, el cual se registró con el número 60/2018-V.
- Principal
En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa el auto de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho que en resumen dice: "Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 61, fracción XVIII, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se DESECHA la demanda de amparo promovida por ********, contra actos del juez Sexto Civil del Partido Judicial de León, Guanajuato. En el caso, se materializa la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El precepto reproducido refiere uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo como lo es el de definitividad, virtud al cual, por tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa, solo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. La lectura de la fracción en comento permite concluir que para su actualización, deben concurrir los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se presente dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y/o en cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada. Sostiene lo así expuesto la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, visible en la página 902, de rubro y texto siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Para comprobar la materialización de ese motivo de improcedencia, a continuación se narran los principales antecedentes que se advierten de la demanda de amparo. 1. El juez de origen condenó a la sucesión demandada a cubrir a favor del hoy quejoso la cantidad de ciento setenta y ocho mil pesos, cero centavos, moneda nacional, por concepto de suerte principal, determinación que constituye cosa juzgada. 2. El ocho de enero de dos mil dieciocho, el juez del conocimiento negó la solicitud del hoy peticionario de adjudicare directamente uno de los bienes que forman la masa hereditaria bajo el argumento de que en términos del numeral 1735 del Código Civil Federal esa petición tendría que realizarse en el juicio sucesorio y no en el mercantil. 3. Esa decisión fue impugnada a través del recurso de revocación y en resolución de seis de febrero del año en curso se confirmó. 4. El veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, el juez del conocimiento consideró que el numeral 1735 del Código Civil Federal era convencional, por las razones ya transcritas que se reproducen en obvio de repeticiones. El auto anterior constituye el acto reclamado. Cabe destacar que dicho acuerdo se dictó en la etapa de ejecución de la sentencia dictada en el juicio de origen, donde el quejoso tiene el carácter de actor. En dicho sumario se negó al peticionario la ejecución de dicha resolución bajo el argumento de que primero tendrían que realizarse los inventarios correspondientes en el diverso juicio ****** del Juzgado Noveno Civil del Partido Judicial de León, Guanajuato, que versa sobre la sucesión intestamentaria a bienes de **********, condenado en la controversia natural. Por ello solicitó a la autoridad responsable la inaplicación del artículo 1735 del Código Civil Federal, a efecto de ejecutar la sentencia que tiene a su favor; petición que se negó por las razones ya expuestas, en síntesis, porque la responsable estimó que ese numeral no era inconvencional. Sin embargo, el accionante fue omiso en agotar el medio de defensa ordinario que al efecto prevé el Código de Comercio. En efecto, el artículo 1334 del invocado ordenamiento legal, establece: "Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición". Del numeral se advierte que contra el auto reclamado procede el recurso de revocación, pues de conformidad con el diverso numeral 1345 del código invocado, por la cuantía, no procede el recurso de apelación para contrarrestarlo. Entonces, el quejoso, previo acudir al juicio de amparo, debió controvertir el acuerdo reclamado a través del medio de defensa ordinario en términos del artículo 1334 citado. Bajo ese contexto, si contra el acto reclamado resulta procedente el recurso de revocación, es evidente que en términos de lo establecido en el artículo reproducido de la Ley de Amparo emerge como una cuestión incontrovertible que, para su impugnación, el peticionario debió interponer el medio de defensa de que se trata en los términos que prevé el cuerpo de leyes en cita; de tal suerte que al no hacerlo así, resulta que no respetó el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo. La esencia de la precitada causal de improcedencia consiste en concebir al juicio de amparo como un medio de impugnación extraordinario, esto es, que solo en casos excepcionales se acuda a él, una vez que se agotaran ante la propia autoridad responsable los recursos o medios de impugnación, para que ésta o su superior jerárquico, remediaran la irregularidad existente, y sólo en el supuesto de que no fuera así, promover el juicio de amparo cuando el acto reclamado afectara los derechos fundamentales del gobernado. Sin que la parte solicitante se encuentre relevada de respetar el referido principio de definitividad dado que no se actualiza diverso supuesto de excepción previsto en los incisos a), b) y c) del numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, a saber: a) El acto reclamado no es de los que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; sino que, se reitera, se trata de la decisión que otorgó prórroga para el cierre de investigación en el proceso penal de origen. b) La decisión controvertida no afecta la libertad personal del quejoso porque en ella no se decidió sobre ese aspecto. c) El promovente del amparo no es ajeno al procedimiento de origen puesto que él lo promovió. Además, la procedencia del recurso de revocación no se encuentra sujeta a la interpretación adicional de diverso ordenamiento, ni el que lo prevé es insuficiente para determinarla dado que el artículo 1334 del Código de Comercio, es enfático en prever que ese medio de defensa procede contra las determinaciones que no son apelables. Tampoco es impedimento el hecho de que el quejoso sostenga en la demanda de amparo que la autoridad responsable negó realizar el estudio de convencionalidad de esa norma. Contrario a ello, según lo narrado en la demanda, la autoridad si se pronunció sobre ese tópico dado que aseveró que, a su juicio, las normas aplicadas en el procedimiento de ejecución, entre otros, el numeral 1735 del Código Civil Federal, no resultan inconvencionales. Cierto, si la parte quejosa consideró que en ese auto el juez fue omiso en pronunciarse sobre el tema de convencionalidad, esa circunstancia se podría alegar vía agravio en el recurso de revocación dado en términos de los numerales 1° y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la responsable tiene la facultad constitucional de analizar, incluso oficiosamente, la convencionalidad de esa norma. Es decir, tratándose de cuestiones de convencionalidad no aplica la excepción al principio de definitividad, a diferencia del amparo contra leyes. Ello es así porque, en el primer supuesto, la autoridad responsable si cuenta con la facultad y obligación constitucional de analizar esa convencionalidad. Máxime que el auto reclamado no constituye el primer acto de aplicación de ese numeral. En efecto, como se destacó en el hecho dos del apartado de antecedentes, fue desde el ocho de enero de dos mil dieciocho, cuando juez del conocimiento negó la solicitud del hoy peticionario de adjudicarle directamente uno de los bienes que forman la masa hereditaria bajo el argumento de que, en términos del numeral 1735 del Código Civil Federal, esa petición tendría que realizarse en el juicio sucesorio y no en el mercantil. Sin soslayar que en la resolución reclamada se negara al peticionario del amparo el estudio del control difuso de convencionalidad que solicitó; esa determinación, en sí misma, no se considera una violación directa a la constitución como para estimar que pueda obviarse el recurso ordinario procedente: debe prevalecer la regla general de definitividad que rige el juicio de amparo. Considerar lo contrario sería hacer procedente un juicio de amparo que desde su inicio no lo es, lo que desnaturalizaría este procedimiento. Por tanto, se actualiza dicho motivo de improcedencia pues el quejoso, previamente a la promoción del presente juicio de amparo, no agotó el medio ordinario de defensa concedido por la legislación en comento. En la relatada circunstancia, con fundamento en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda".
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