Héctor Julián Martínez Olave

Expediente 189/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
189/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
09/07/2021

Partes del expediente

  • Christian Alejandro Vélez Portillo
  • Héctor Julián Martínez Olave
  • Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional Del Distrito Judicial Bravos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A NUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede así como el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia, que sobresee en el presente juicio de amparo, de uno de junio de dos mil veintiuno, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobreseyó el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y agréguese el cuadernillo de antecedentes respectivo. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral 35 (treinta y cinco), primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Por otro lado, hágase conforme a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, la compulsa del expediente electrónico y físico y acorde a las reglas y acuerdos generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Félix Santillanes Cruz, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado ante este Tribunal Federal el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, los promoventes de referencia solicitaron el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión, con incidente de suspensión, contra actos de la autoridad que al efecto señalaron con el carácter de responsable en su demanda de amparo, mismos que hicieron consistir en los siguientes: --- La omisión de la autoridad responsable de indicar por medio de notificación a los ahora quejosos, de la HORA y FECHA que tendría verificativo la AUDIENCIA relativa a la solicitud elevada a la autoridad responsable referente al beneficio de la LIBERTAD ANTICIPADA, ya que, en diversas fechas del año próximo anterior, le han realizado múltiples solicitudes para que la responsable fije hora y fecha para celebrar dicha audiencia, siendo OMISA en acordar dichas solicitudes. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, se pidió el correspondiente informe justificado a la autoridad responsable y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se difirió el veintiuno d abril del año en curso, para tuviera inició al tenor del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver esta controversia, conforme a lo dispuesto por los Artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y así como lo prevenido en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo anterior, en virtud de que los actos reclamados en este juicio atañen a la vía indirecta, por combatirse normas generales con motivo de su primer acto de aplicación, cuya ejecución tuvo lugar donde este tribunal federal ejerce jurisdicción territorial, así como con apoyo en los diversos Acuerdos 21/2020, 25/2020 y 37/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, se atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyo rubro y texto, son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." "AMPARO CONTRA LEYES. PARA DETERMINAR CUAL ES EL PRECEPTO QUE SE COMBATE, DEBEN TENERSE EN CUENTA LOS CONCEPTOS DE VIOLACION. Para determinar el precepto que se combate, tratándose de amparo contra leyes, debe atenderse no sólo al capítulo de actos reclamados sino al estudio integral de la demanda y de manera especial a los conceptos de violación que se aduzcan, pues es atendiendo a los razonamientos que se hacen valer como puede determinarse cuál es la norma que se ataca de inconstitucional." Así, el detenido examen de todas las constancias del juicio que aquí nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte impetrante son los siguientes: --- La omisión de la autoridad responsable de indicar por medio de notificación a los ahora quejosos, de la HORA y FECHA que tendría verificativo la AUDIENCIA relativa a la solicitud elevada a la autoridad responsable referente al beneficio de la LIBERTAD ANTICIPADA, ya que, en diversas fechas del año próximo anterior, le han realizado múltiples solicitudes para que la responsable fije hora y fecha para celebrar dicha audiencia, siendo OMISA en acordar dichas solicitudes. Luego, al no advertirse algún otro acto controvertido por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia de los actos de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad, JUEZ DEL TRIBUNAL DE EJECUCIÓN CON FUNCIONES EN EL SISTEMA TRADICIONAL DEL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, residente en la localidad; al rendir su informe justificado, niega la existencia de los actos reclamados. Y para corroborar su negativa de actos, remitió copia certificada de las constancias respectivas que demuestran sus actuaciones emitidas en las diversas solicitudes que los quejosos le realizaron para referentes a la obtención del beneficio de la libertad anticipada, en lo que se destaca: 1) Los promoventes del amparo Héctor Julián Martínez Olavez y Christian Alejandro Vélez Portillo, fueron sentenciados el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal 2593/2015, Juicio Oral 252/2017, de la cual derivó la carpeta de ejecución 41/2018, donde se les consideró penalmente responsables del delito de robo calificado cometido en perjuicio de las víctimas de iniciales [P.E.P.A.] y [C.G.P] por tal conducta se les impuso la pena de SIETE AÑOS DE PRISIÓN, y una multa por la cantidad de $13,458.00 (trece mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos moneda nacional); se les condenó al pago por concepto de reparación del daño por la cantidad de $3,0000.00 (tres mil pesos moneda nacional); y se les negó el beneficio de la condena condicional. Sentencia radicada bajo la carpeta de ejecución correspondiente, en la cual se tuvo que la fecha probable de compurgación el mes de noviembre de dos mil veintidós. Respecto a esa petición del seis de enero de dos mil veinte, recayó el acuerdo respectivo del cual fueron debidamente notificados los quejosos el nueve de enero del dos mil veinte. 2). Que mediante proveído del dieciséis de enero de dos mil veinte, y en virtud de que obran en la carpeta de ejecución el Plan de Actividades y su cumplimiento, Partida Jurídica y Reporte de conducta de Christian Alejandro Vélez Portillo, se señalaron las once horas del cuatro do febrero de dos veinte, a efecto de llevar a cabo audiencia para debatir sobre la concesión o no de algún beneficio al quejoso de mérito. 3). Respecto al quejoso Héctor Julián Martínez Olavez, se señalaron las diez horas del cuatro de febrero del año dos mil veinte, para audiencia de debate para concesión o no de algún beneficio preliberacional. 4). Que, llegada la fecha de la audiencia, la misma se difirió a petición de la defensora pública Licenciada Emma Martínez Guerra, en virtud de que Christian Alejandro Vélez Portillo, no acreditó el área de trabajo social dentro del Plan de Actividades diseñado para el interno de referencia. Pero se llevó a cabo la audiencia por lo que hace a Héctor Julián Martínez Olavez, en la cual diverso Juez de este Tribunal de Ejecución de Penas resolvió negarle el beneficio de la libertad condicionada contenidos en los artículos 136 y 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal al adolecer de dos de los requisitos como lo son los contenidos en las fracciones IV y V del artículo 137 de la citada Ley. 5) Que, en cuanto a la diversa petición de Christian Alejandro Vélez Portillo, del uno de julio de dos mil veinte, recayó el acuerdo de dos de julio de dos mil veinte, por el cual se ordenó girar oficio de recordatorio al Titular del Centro de Reinserción Social número 3, de esta Ciudad, a efecto de que remitiera el cumplimiento del plan de actividades, partida jurídica e informe de conducta y disciplina. Y de igual manera se acordó el escrito signado por Héctor Julián Martínez Olavez, mediante proveído del veintiuno de agosto de dos mil veinte. 6). Que en fecha veintinueve de septiembre y dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se tuvieron por recibidos los oficios en copia certificada del cumplimiento del plan de actividades, la partida jurídica, actualización de los días laborados y la ficha signalética, tanto de Héctor Julián Martínez Olavez como de Christian Alejandro Vélez Portillo, y en la partida jurídica hace mención la Licenciada Nora Angélica Balderrama Cano, Subsecretaría del Sistema Penitenciario, Ejecución de Penas y Medidos Judiciales, que Christian Alejandro Vélez Portillo, cuenta con el diverso antecedente penal, dentro de la causa penal 621/2013, a disposición del Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, por el delito de robo calificado, que se le condenó a la pena de tres años de prisión concediéndoles el beneficio de la condena condicional; la cual quedó extinta el catorce de marzo de dos mil dieciséis. 7) Que ambos quejosos en diversa causa penal federal 103/2015, quedaron a disposición del Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, por el delito de portación de arma de fuego sin licencia, en fecha diecisiete de noviembre de dos mil quince, se les dictó auto de formal prisión, siendo lo que obra en esa Autoridad Penitenciaria. Y de todo lo anterior, quedaron debidamente notificados los quejosos, según consta en actas circunstanciadas de notificación del catorce de octubre de dos mil veinte y veinticinco de noviembre del mismo año. respectivamente. 8) Que respecto a la tercera petición de los quejosos Héctor Julián Martínez Olavez y Christian Alejandro Veloz Portillo, que fue recibida por la autoridad responsable el cuatro de diciembre de dos mil veinte, recayó el proveído del ocho de diciembre del mismo año, mediante el cual se da oportunidad a que ejerzan su derecho a una defensa técnica por lo que se da vista a la misma. Y el trece de enero de dos mil veintiuno presentan escrito por medio del cual nombran como defensoras particulares a las licenciadas Lesly Lizet Alfaro Moran y a Concepción de Guadalupe Medina Huerta, señalando formas para recibir notificaciones; y se les apercibió que de comparecer por escrito a aceptar y protestar el cargo conferido y que hasta en tanto no lo hicieren, seguiría la defensora publica a cargo de la defensa de los impetrantes de referencia. Que fue el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, cuando se dictó otro proveído para no vulnerar derechos de los quejosos, en el cual se señalaron las once horas con treinta minutos del día veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia en la cual se debatiría acerca de la concesión o no de beneficio preliberacional a favor de los sentenciados y hoy quejosos Héctor Julián Martínez Olavez y Christian Alejandro Vélez Portillo. Por lo que, ese día (veintinueve de marzo de dos mil veintiuno), al estar constituidos en la Sala 08 de audiencias; se hizo constar que la defensora penal pública, solicitó diferir la audiencia para imponerse de los autos y estar en posibilidades de llevar a cabo una defensa técnica adecuada. Por todo lo anterior, se advierte que la parte quejosa no aportó prueba alguna en contrario, para desvirtuar tal negativa, ni las actuaciones de la autoridad responsable, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Apoya lo anterior la Jurisprudencia VI, 2°. J/20, visible en la página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Por lo expuesto y fundado en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los dispositivos 63, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente Juicio de Amparo promovido por Christian Alejandro Vélez Portillo y Héctor Julián Martínez Olavez, de conformidad con los considerandos "TERCERO" de esta resolución. N O T I F Í Q U E S E.

  3. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado de autos, de los que se advierte que, por auto de fecha ocho de abril del año en curso, se proveyó respecto de los informes justificados que remitió la autoridad responsable, Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones del Sistema Tradicional, del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta Ciudad, por lo que, a la fecha no han transcurrido los ocho días hábiles que marca la ley, para que las partes se impongan de su contenido. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. XXVI/98, consultable en la página 409, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del mes de marzo de 1998, Novena Época y que textualmente dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON LA OPORTUNIDAD DEBIDA DE OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA, Y NI EL QUEJOSO NI EL TERCERO PERJUDICADO TIENEN PLENO CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo, sino que relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que en su caso estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y a la vez se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario. Razón por la que esta Sala no comparte el criterio sustentado por la Primera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte, al resolver la contradicción de tesis 19/89. Por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se señalan las QUINCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL UNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia de ley. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A OCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto lo de cuenta, agréguense a sus autos para que obren como legalmente correspondan. Así atento al contenido del oficio y anexos signado por el Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones del Sistema Tradicional, del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta Ciudad, téngasele rindiendo su informe justificado, mismo que se pone a la vista de las partes a fin de que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación del mismo, así como de la documental que anexa al momento de celebrar la audiencia constitucional; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a Christian Alejandro Vélez portillo y Héctor Julián Martínez Olavez, en el lugar de su reclusión. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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